Karla Eugenia Heredia Velázquez
Expediente 1094/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karla Eugenia Heredia Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la quejosa Karla Eugenia Heredia Velázquez, mediante el cual solicita copia certificada de las diversas constancias que integran el expediente en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica por duplicado, previo recibo que se deje en autos, a las personas que autoriza. Finalmente, dígasele que para realizar la expedición de copias solicitada deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1094/2019, promovido por Karla Eugenia Heredia Velázquez, por conducto de su apoderado jurídico; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diez de septiembre de dos mil diecinueve, Karla Eugenia Heredia Velázquez, por conducto de su apoderado jurídico, presentó demanda de amparo directo contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; autoridad que remitió los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, ordenó remitir la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, en virtud de que la resolución reclamada no constituye una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por lo que declinó la competencia legal para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito en turno. Segundo. Admisión. Por razón de turno, correspondió a este órgano jurisdiccional el conocimiento del asunto, por lo que en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve se registró bajo el número 1094/2019 y admitió a trámite en los términos propuestos por el promovente, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se estimó innecesario solicitar a la autoridad responsable su informe con justificación dado que el mismo ya obraba en autos. Asimismo, se convalidó el emplazamiento realizado por la autoridad responsable a Hugo Enrique Rosales Morales, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Carlos Alberto Rosales Mendoza; y finalmente, se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca I-256/2019, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el albacea definitivo -aquí tercero interesado-, contra la sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 295/2016. En dicha resolución el magistrado responsable determinó modificar el fallo impugnado para el efecto de aprobar el listado presentado por el albacea definitivo por lo que ve a los inmuebles inventariados, tanto en propiedad absoluta como en sociedad legal, derivados los segundos de los que adquirió el de cujus durante la vigencia del matrimonio que celebró con la aquí quejosa. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley al rendir su informe justificado [Foja 8]. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en los autos originales del toca de apelación 256/2019, que contiene las principales constancias del juicio sucesorio intestamentario 295/2016 [un tomo de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de improcedencia del presente juicio, ni este juzgador, de oficio, advierte la existencia de alguna, por lo que se procede al estudio del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación la parte quejosa aduce, -esencialmente- que el magistrado responsable equivoca el sentido y fondo de su resolución al sostener que la sociedad conyugal y sociedad legal son la misma institución, así como que la sociedad legal se puede liquidar con el mismo inventario y avalúo que contempla la segunda sección del juicio sucesorio, cuando de conformidad con lo que dispone el artículo 282 del Código Civil del Estado de Jalisco, se trata de distinta figura jurídica. Que aun cuando al autor de la herencia le corresponda parte del fondo social, antes de incluirla en la sucesión debe liquidarse para que única y exclusivamente se aporte lo que le pudiera corresponder a la sucesión, ya que la cónyuge supérstite puede seguir administrando el fondo social; lo cual indica no visualizó el magistrado responsable, causando un flagrante agravio a la quejosa, ya que de considerar que se puede disolver la sociedad legal a través de la sucesión, no sólo se deben aportar constancias de que existen los bienes, pretendiendo que ese mismo inventario y avalúo sea el mismo que liquide a la sociedad legal, pues para que esta se pueda liquidar se debe realizar otro inventario en el cual se haga la repartición correspondiente de todos los bienes que formen parte de la sociedad legal, es decir, los de ambos cónyuges, no sólo los de la cónyuge supérstite. Que si bien la muerte de un consorte implica la disolución de la sociedad legal, esta debe continuar surtiendo efectos hasta que se haya disuelto el fondo social, mismo que debe ser inventariado, haciendo con los bienes que se siga una cierta prelación, por tanto, solamente cuando se finaliza el procedimiento de liquidación mediante el inventario y la repartición o partición respectiva es dable considerar que determinados bienes pertenecen a cada uno de los cónyuges, o bien, a la sucesión o de ambos. Motivos de disenso que resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, como se explica a continuación. De las constancias se advierte que mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 295/2016, el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, determinó aprobar parcialmente el inventario y avalúo formulado por el albacea definitivo, al estimar que no era factible aprobar la parte alícuota de los bienes inmuebles inventariados propiedad de Karla Eugenia Heredia Velázquez, toda vez que -en su concepto- no se tiene la certeza de que en vida el autor de la sucesión contrajo matrimonio con aquélla sujeto al régimen de sociedad legal, en virtud de que en autos no se acreditó la existencia de dicha sociedad, por lo que reprobó la parte alícuota que se dijo corresponde al autor de la sucesión, derivado de la sociedad conyugal. Luego, al resolver la apelación interpuesta por el albacea definitivo contra dicha sentencia interlocutoria, el magistrado responsable determinó modificar el fallo apelado y sostuvo que -contrario a lo que señaló el juez natural- debieron aprobarse los bienes inmuebles inventariados por el albacea, referentes a la parte alícuota que le correspondía al autor de la herencia, respecto de los adquiridos en sociedad legal con su cónyuge Karla Eugenia Heredia Velázquez, consistentes en: La casa habitación ubicada en la calle Julián Carrillo número 70, colonia Terla, construida sobre el lote número 24, manzana E, de esta ciudad capital; y, El predio rústico denominado "Los Tanques", situado en la ranchería conocida como Ojo de Agua, de la localidad de Santiago Undameo, perteneciente a este municipio. Ello, al considerar que, en primer lugar, el proceder del juez natural implicó una infracción al principio de adquisición procesal, dado que estimó que los documentos exhibidos en el juicio por tratarse de copias simples carecen de valor demostrativo, pues tendrían que contener folio y sello y únicamente contienen sello y firma original del Oficial del Registro Civil Número 2, de Puente Grande, Jalisco; sin embargo, adujo que el juez primigenio soslayó que, además de los documentos que desestimó, desde que se radicó la denuncia del intestado se exhibió el acta de matrimonio concertado entre el finado Carlos Alberto Rosales Mendoza y Karla Eugenia Heredia Velázquez, la cual sirvió para que se le reconociera a la segunda el carácter de cónyuge supérstite; documento que al contener sello y firma de la autoridad que lo emitió, satisfizo los requisitos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, para considerarlo público. Y en segundo lugar, dijo que el hecho de que no se haya acreditado que las capitulaciones matrimoniales estuvieran inscritas en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, de ninguna manera afectaba la validez en el contenido de la partida nupcial, en el sentido de que el régimen matrimonial respecto del patrimonio de los consortes, era el de sociedad legal, ya que tal inscripción únicamente tiene efectos publicitarios pero no constitutivos de derechos, merced a que en tratándose de las relaciones entre cónyuges, debe entenderse que la sociedad conyugal o legal, según se le denomine, producirá plenos efectos entre ellos, porque así lo convinieron y, por tanto, los bienes pertenecen a ambos, existan o no capitulaciones matrimoniales y éstas se encuentren o no inscritas en el Registro Público de la Propiedad, correspondiéndoles a cada cónyuge el porcentaje o proporción del total de los bienes que señalen dichas capitulaciones cuando las haya o, en caso contrario, en un cincuenta por ciento cada uno de ellos, atento a lo señalado por el artículo 166 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Para sustentar su fallo, el magistrado responsable invocó la tesis aislada de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL, CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CASO DE". Así, el magistrado responsable resolvió que los bienes inmuebles señalados en los incisos a) y b) que anteceden, debían incluirse en el inventario y avalúo correspondiente a la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, de acuerdo a lo que dispone el artículo 166 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 166. Salvo pacto en contrario, que conste en las capitulaciones matrimoniales, los bienes y utilidades a que se refiere el artículo anterior, corresponden por partes iguales a ambos cónyuges." En efecto, el precepto 166 transcrito establece que los bienes y utilidades obtenidos por los cónyuges, pertenecen por partes iguales a ambos; sin embargo, dicho numeral debe relacionarse con los diversos 159 y 165 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 159. El matrimonio podrá celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes." "Artículo 165. Mientras no se pruebe, en los términos establecidos por este Código, que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges pertenecen sólo a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal." Lo anterior evidencia que el precepto 166 que invocó la autoridad responsable en la resolución combatida, regula lo relativo a la sociedad conyugal prevista en el artículo 159 del Código Familiar de esta Entidad Federativa, el cual dispone que el matrimonio puede celebrarse bajo los regímenes de sociedad conyugal o separación de bienes, y por ello, en términos del diverso numeral 165, mientras no se pruebe que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges pertenecen sólo a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, como lo aduce la parte quejosa, el autor de la herencia y Karla Eugenia Heredia Velázquez, contrajeron matrimonio el diez de abril de dos mil ocho, en el municipio de Tonalá Jalisco, estableciendo que dicho matrimonio estaría sujeto al régimen de sociedad legal, acorde a lo que dispone el artículo 282 del Código Civil del Estado de Jalisco, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 282. El matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial, bajo el régimen de sociedad legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. El régimen de sociedad legal será presunto en los matrimonios que se celebren. En la sociedad conyugal o voluntaria, y en el régimen de separación de bienes, se requiere expresamente de capitulaciones matrimoniales para su establecimiento. Al celebrarse el matrimonio los cónyuges deberán indicar cuál de los dos tendrá la administración." Como se observa, el numeral transcrito establece tres formas de régimen del matrimonio, a saber: Sociedad legal, el cual será presunto en los matrimonios que se celebren en dicho Estado; Sociedad conyugal o voluntaria; y, Separación de bienes. Estos últimos en los cuales se requiere expresamente de capitulaciones matrimoniales para su establecimiento. Luego, de acuerdo al numeral 287 del mismo ordenamiento legal del Estado de Jalisco, el régimen de la sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración y dominio corresponde a ambos cónyuges indistintamente, con las limitaciones que se establecen en la ley. De igual forma, acorde a lo que dispone el artículo 337 de la ley en comento, en los casos de divorcio por mutuo consentimiento o de simple separación de bienes, se observarán, para la liquidación, los convenios que hayan celebrado los consortes; las capitulaciones matrimoniales y lo dispuesto en el capítulo relativo a la liquidación de la sociedad, en sus respectivos casos. Por su parte, el artículo 340 del mismo ordenamiento establece que disuelta o suspendida la sociedad, se procederá desde luego a formar inventario. Asimismo, el diverso precepto 347, señala que muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición. De modo que, para resolver lo relativo a si los bienes adquiridos por el de cujus dentro del matrimonio que celebró con la aquí quejosa, y que quedaron precisados en el cuerpo de la presente resolución, debían incluirse en el inventario que formuló el albacea definitivo en la segunda sección del juicio sucesorio de origen, el magistrado responsable debió acudir a lo que al efecto dispone el Código Civil del Estado de Jalisco, que contiene un capítulo especial de la sociedad legal y otro relativo a su liquidación, pues si el matrimonio del de cujus se celebró bajo ese régimen previsto en aquella legislación, no resultan aplicables las disposiciones del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Sin que sea el caso de que, en esta instancia constitucional, este juzgador analice si los bienes inmuebles en comento deben pertenecer al fondo común de la sociedad legal, o si son propiedad de alguno de los cónyuges, porque esa cuestión es propia de la autoridad común, y sólo cuando la vía de amparo se abre respecto de lo resuelto concretamente sobre este particular por alguna autoridad judicial, la Justicia Federal puede examinar si, en efecto, el bien disputado es común o propio, atentas las pruebas rendidas en el procedimiento ordinario y exclusivamente, con la mira de calificar la constitucionalidad en la aplicación de la ley por el tribunal sentenciador. En las relatadas condiciones, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos que se indican en la siguiente consideración. Sexta. Efectos de la concesión. Conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, realicen lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de veintiuno de agosto, pronunciada en el toca 256/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el albacea definitivo contra la sentencia interlocutoria dictada en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario 295/2016; y, En su lugar, emita nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción analice si, conforme a la ley aplicable, deben aprobarse los bienes inventariados por el albacea definitivo, precisados en el cuerpo de esta resolución, referentes a la parte alícuota que le correspondía al autor de la herencia respecto de los bienes adquiridos en sociedad legal con la cónyuge supérstite Karla Eugenia Heredia Velázquez. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Karla Eugenia Heredia Velázquez, por conducto de su apoderado jurídico, por los motivos expuestos en la consideración quinta de la presente sentencia, y para los efectos que se indican en la diversa sexta. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de nueve de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Karina Tapia Anguiano12/2021
- Karina Tapia Anguiano422/2018
- Karina Tapia Baez100/2021
- Karina Viridiana Huerta Ortiz1340/2022
- Karla Atenea Arciga Anzo781/2018
- Karla Carrillo Guido928/2019
- Karla Fernanda Armas Duran222/2020
- Karla Georgina Smith Pérez1076/2021
- Karla Isabel Cornelio García923/2019
- Karla Isabel Cornelio García105/2019
- Karla Liliana Avalos Lagunas452/2023
- Karla Lilina Avalos Lagunas871/2023