Karla Fernanda Armas Duran

Expediente 222/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
222/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Karla Fernanda Armas Duran

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 222/2020, promovido por Karla Fernanda Armas Durán, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte [fojas 2-11], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Karla Fernanda Armas Durán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en Morelia, Michoacán. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 222/2020 y, en proveído de tres de marzo de dos mil veinte [fojas 14 a 17], se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se determinó que le asistía el carácter de tercero interesado a César Gabino García Hernández; por ser la contraparte de la quejosa en el juicio especial de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoció tal carácter y se ordenó su emplazamiento. Luego, derivado de la contingencia por el virus COVID-19, y con apoyo en los diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la quejosa al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en Morelia, Michoacán, consiste en lo siguiente: El auto de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial oral familiar 1498/2018, que sobre pago de alimentos definitivos y otras prestaciones promovió la aquí quejosa contra César Gabino García Hernández. Auto en el cual la autoridad responsable, como medida cautelar, decretó una orden de restricción a favor del accionado, para que la actora y su abogada se abstengan de causar daño físico o psicológico al demandado y además, para que no se acerquen al centro de rehabilitación en el que se encuentra dicho demandado, a su domicilio o al de su familia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [fojas 26]. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad, consistentes en copia certificada de las constancias que conforman el juicio especial oral familiar 1498/2018 [constantes de un tomo]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Como se dijo, la parte quejosa se duele de lo resuelto por el juez responsable en auto de cinco de febrero de dos mil veinte, el cual es del tenor siguiente: "Morelia, Michoacán, a 5 cinco de febrero del año 2020 dos mil veinte. Dada cuenta con la promoción suscrita por César Gabino García Hernández, con el carácter que tiene reconocido en autos, en términos de los artículos 712 y 932 del Código Familiar para el Estado, se le tiene haciendo las manifestaciones en la forma y términos que indica, así como exhibiendo las documentales que adjunta a su escrito de cuenta, lo anterior para los efectos a que haya lugar. Por otro lado, queda a disposición de las partes dichas constancias procesales de referencia, para que dentro del término de 3 tres días, contados a partir del día siguiente hábil a aquél en que causa estado el presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Ahora bien no obstante lo anterior este órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar y proteger la seguridad física y psicológica del demandado y atendiendo a los hechos narrados por el accionante este órgano jurisdiccional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 324 y 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y en uso de las facultades otorgadas al Titular de este órgano jurisdiccional por el segundo de los dispositivos legales invocados, decreta la siguiente medida cautelar: Se abstenga la señora Karla Fernanda Armas Durán y la abogada Elizabeth Araluce Facio, de causar molestias, o algún daño físico o psicológico, directamente o a través de terceras personas, al demandado, de este juicio, señor César Gabino García Hernández, ya sea en su persona, en sus bienes y posesiones que pueda tener éste. Tampoco puede el accionado acercarse al domicilio en el que vive su contraparte César Gabino García Hernández, así como tampoco al centro de rehabilitación en el que se encuentra, ni puede sustraerlo de dichos lugares. Que no se acerque al domicilio en el que vive el demandado de este juicio, ni al domicilio de la familia del ciudadano César Gabino García Hernández, a una distancia no menor de 400 cuatrocientos metros. Lo anterior es así, para salvaguardar la integridad física de la parte demandada César Gabino García Hernández, atendiendo a que como lo refiere el demandante, a fin de evitar que se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de las partes, por tanto, en términos de lo ordenado por los numerales 260, 324, 325, 842 y 843 del cuerpo legal en comento. Lo anterior se determina así atendiendo al interés superior de la parte actora César Gabino García Hernández, a fin de salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica, y que además se en uso de las facultades que confiere al Titular de este juzgado el artículo 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en relación con los numerales 324 y 325 del mismo ordenamiento legal en comento; y también tomando como base el principio de la buena fe que opera en esta clase de asuntos legales. Determinación que podría variarse de considerarse necesario, durante el procedimiento, una vez que se lleve a cabo su revisión en la etapa procesal respectiva. Bajo apercibimiento legal que de hacer caso omiso, en términos de lo estatuido en el artículo 925 del cuerpo legal en comento, se dará vista a la Agente del Ministerio Público adscrita para que actúe en consecuencia ante la desobediencia a un mandato de autoridad. Finalmente, en uso de las facultades que a este Juzgador le otorga el numeral 932 del Código en consulta, se conmina a las partes, para que se conduzcan con respeto en todos los actos tendientes al cumplimiento del convenio y la sentencia ordenada en autos, sean responsables de sus actos, de su conducta y eviten tratarse con palabras denostativas, no molestarse en forma personal ni a través de otras personas, evite ejercer violencia verbal y psicológica; bajo el apercibimiento que en caso de hacer caso omiso se aplicarán en su contra los medios de apremio que establece la ley. Así, por lo expuesto y fundado." Al respecto, en sus conceptos de violación la quejosa señala que la autoridad responsable no funda ni motiva la causa legal del procedimiento, porque está poniendo por encima un derecho del demandado y omitiendo los derechos de los menores involucrados que tienen la necesidad de alimentos por parte de su progenitor, por lo que no está siendo garante de los derechos de los menores a recibir alimentos. Refiere que el juez responsable la está limitando a que ejecute la sentencia dictada en el juicio, actuando contra los menores y protegiendo al obligado alimentista, cuando fue el demandado quien ejerció violencia durante el concubinato; que se extralimitó en el uso de sus atribuciones imponiendo una medida cautelar arbitraria para proteger el interés superior del demandado, cuando el juez debe velar por el interés superior del menor. Señala también que el fundamento legal que invoca la responsable para justificar su determinación no corresponde a lo que ordena, dado que en el juicio natural ya existe sentencia firme y no se está en la etapa del procedimiento, además de que el numeral 260 que invoca el juez natural dice que actuará de manera oficiosa tratándose de los niños, pero se está actuando a favor del deudor alimentista decretando una medida tendiente a no ejecutar la sentencia, porque el simple hecho de apersonarse para requerir el cumplimiento de la obligación alimentaria estaría causándole un acto de molestia al demandado. Aduce que con la medida decretada se le impide convivir con su familia cuyo domicilio se ubica en la acera de enfrente del domicilio del demandado; y finalmente, que la actuación del juez responsable viola las reglas esenciales del procedimiento, al ponderar el interés superior del demandado por encima del derecho de los menores a recibir alimentos. Los anteriores argumentos devienen infundados en una parte e inoperantes en otra más, como se explica a continuación. En primer lugar, resultan infundados porque el auto de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, en el cual la autoridad responsable, como medida cautelar, decretó una orden de restricción a favor del accionado en el juicio natural, se considera apegada a derecho. Para precisar la razón de ello, se considera necesario traer a contexto lo que disponen los artículos 314, 315, 322, 324 y 325 del Código Familiar para el estado de Michoacán, que a la letra expresan: "Artículo 314. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar. Artículo 315. Para los efectos del artículo anterior, se entiende por integrante de la familia, a la persona que se encuentre o haya estado unida a otra por matrimonio, concubinato, relación de hecho, o por parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral hasta el cuarto grado, así como por parentesco civil o de afinidad." "Artículo 322. La persona que sufra de violencia familiar, podrá acudir ante la autoridad judicial en forma verbal o escrita a solicitar se decrete alguna de las medidas cautelares previstas en este capítulo a fin de evitar su reiteración." "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: [.] II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, [.] Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, ." MEDIDAS CAUTELARES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES "Artículo 842. Se consideran medidas cautelares los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio. [.]" "Artículo 843. Se reconocen como medidas cautelares: I. Providencias precautorias; II. Separación de personas; III. Custodia provisional de menores de edad y personas con discapacidad; y IV. Restitución de menores." "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior." Del contenido de los numerales transcritos se obtiene en lo de interés, lo siguiente: Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar. Se entiende por integrante de la familia, entre otros, a la persona que haya estado unida a otra por concubinato. Que siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar, entre otras, las medidas consistentes en prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; o bien, prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente. Además, el juez podrá imponer medidas diversas a las anteriormente señaladas, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados. Luego, de las constancias del juicio de origen se desprende que mediante escrito presentado ante el juez responsable el veintinueve de enero de dos mil veinte el demandado, aquí tercero interesado, ratificó su escrito presentado el dieciocho de diciembre anterior, en el que realizó diversas manifestaciones y solicitó una medida cautelar de restricción, en virtud de algunas conductas de la parte actora y su abogada hacia su persona y su familia, y además, porque refirió encontrarse anexado en un Centro de Rehabilitación y Tratamiento para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, para ser tratado de las adicciones que padece, virtud de las cuales no se encuentra en condiciones de resolver situaciones personales o legales. En esa virtud, es correcto que la autoridad responsable, en atención a lo que dispone el precepto legal 324 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, al hacerse sabedor de conductas de violencia familiar, actuará en consecuencia y acordará favorable la petición del accionado en el juicio natural, en el sentido de decretar una medida cautelar para que la actora y su abogada se abstengan de causar algún daño físico o psicológico al demandado; de igual forma, para que se abstengan de acercarse al centro de rehabilitación donde se encuentra aquél, a su domicilio o al de su familia, o a sustraerlo de dichos lugares, con el objeto de salvaguardar su integridad; ello, acorde a las facultades que para ese efecto le otorga el numeral 932 del ordenamiento legal en cita, y tomando como base el principio de buena fe que opera en los asuntos de índole familiar. Lo que no implica, en modo alguno, que se haya dejado en estado de indefensión a la parte actora, dado que independientemente de la medida cautelar decretada para salvaguardar la integridad física del demandado, puede solicitar al juez de los autos proceda a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio familiar, acorde con el procedimiento que para ello establece la ley de la materia. Aunado a ello, como lo estableció el propio juez responsable en el auto combatido, la determinación decretada puede variase una vez llevada a cabo su revisión, lo cual significa que, si cambian las condiciones, o bien, la actora acredita que el demandado ya no se encuentra anexo al centro de rehabilitación indicado, momento en el cual puede pedir la revisión de la medida cautelar decretada. Es decir, en ningún caso la tramitación de una medida cautelar tiene incidencia sobre el proceso principal o afecta su desarrollo y además, dichas medidas son dictadas con flexibilidad, en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Más porque, en los procedimientos relativos al derecho familiar, las medidas cautelares, de ser necesario, implican profundas modificaciones a como son entendidas en otras materias, porque lo primordial a asegurar es la integridad de las personas o la satisfacción de las necesidades urgentes desvinculándose, incluso, aquéllas de la acción principal; luego, aunque por regla general las medidas provisionales decretadas en el juicio perviven sólo hasta el dictado de la sentencia, tratándose de materia familiar, cuando existe un riesgo para la salud e integridad de alguna de las partes, el juzgador deberá mantenerlas o adoptar las necesarias que el caso exija mientras prevalezca dicha situación; ello al margen de lo que se decida en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XXIII.1o.5 C, visible en la página 1375 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 179860, del rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES EN JUICIOS DE DIVORCIO. SU VIGENCIA. En los procedimientos relativos al derecho familiar, las medidas cautelares en los juicios de divorcio, de ser necesario, implican profundas modificaciones a como son entendidas en otras materias, porque lo primordial a asegurar es la integridad de las personas o la satisfacción de las necesidades urgentes desvinculándose, incluso, aquéllas de la acción principal para proteger a los hijos del matrimonio en conflicto, con independencia de que se obtenga o no la disolución del vínculo matrimonial, pues las diferencias de la pareja conyugal no deben perjudicar los intereses superiores de los hijos menores. Luego, aunque por regla general las medidas provisionales decretadas en el juicio perviven sólo hasta el dictado de la sentencia, tratándose de materia familiar, cuando la extinción de las mismas genera un riesgo cierto para la salud e integridad de los hijos menores del matrimonio, el juzgador deberá mantenerlas o adoptar las necesarias que el caso exija mientras prevalezca dicha situación; ello al margen de lo que se decida en el juicio de divorcio." Y deben declararse inoperantes por inatendibles, pues este juzgador no está facultado para realizar pronunciamiento acerca de las diversas circunstancias que indica la quejosa, en relación a la distancia señalada por el juez responsable al decretar la medida cautelar, y el hecho de que su familia viva frente al domicilio del accionado en el juicio natural, toda vez que dichas cuestiones en su caso deberán hacerse del conocimiento del juzgador de origen, a efecto de que con base en su conocimiento del asunto, así como en las pruebas y constancias que obren en el mismo, resuelva lo que en derecho proceda. En las condiciones apuntadas, lo que se impone es negar el amparo y protección constitucional solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. Toda vez que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Karla Fernanda Armas Durán, por su propio derecho, contra los actos y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cuatro de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo.

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