Karla Alejandra Alpuche Chale

Expediente 2165/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2165/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Karla Alejandra Alpuche Chale

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos los informes con justificación de la Asamblea Ejidal y Comisariado Ejidal, ambos del Municipio de Acanceh, Yucatán. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del Comisariado Ejidal del Municipio de Acanceh las que adjuntó al escrito de cuenta, las cuales se reservan para ser relacionadas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la revisión del registro de audio y video que la responsable remitió como prueba, se aprecia que el disco versátil digital se encuentra vacío. En consecuencia, devuélvase, por conducto de uno de los actuarios de la adscripción, el referido disco al Comisariado Ejidal del Municipio de Acanceh, y requiérasele para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificado de este proveído, remita el disco versátil ofrecido como prueba. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $9, 622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Por otra parte, de los informes de cuenta, se advierte la existencia del expediente TUA 34-388/2021, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad. Por lo tanto, toda vez que resulta necesario para resolver en definitiva el presente asunto, con apoyo en el cuarto párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, no obstante de no ser autoridad responsable en el presente asunto, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificado de este proveído, remita a este juzgado copia íntegra y exacta del juicio TUA 34-388/2021 de su índice. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se les confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1191/2022-IV-B, promovido por ÁNGEL LÁZARO GONZÁLEZ MAGAÑA, en su carácter de defensor particular de MANUEL JESÚS CHI MEDINA; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ÁNGEL LÁZARO GONZÁLEZ MAGAÑA, como defensor particular de MANUEL JESÚS CHI MEDINA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades responsables Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán (Agencia Décimo Séptima). SEGUNDO. En auto de once de mayo de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados, requerimiento que cumplió, por lo que en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán (Agencia Décimo Séptima), y se admitió a trámite por la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable antes señalada; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado por la Juez responsable, en el que ordenó el archivo del expedientillo 60/2022, por considerar que el quejoso no tiene el carácter de víctima u ofendido para interponer el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el caso no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ya sea que las partes la invoquen o que este órgano jurisdiccional la advierta de oficio. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, ya que no existe precepto alguno que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación vertidos por el quejoso, resultan infundados sin que deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, al no advertir motivo para ello. En efecto, en sus motivos de disenso, la parte amparista medularmente refiere que es incorrecta la determinación de la Juez de Control responsable de archivar el expedientillo 60/2022 de su índice, al señalar que al tener el carácter de imputado no puede interponer el recurso que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando puede hacerse una interpretación analógica de dicho numeral para que tal medio de defensa pueda ser utilizado por las partes procesales, en este caso, por el implicado, pues no puede ser limitativo, atento a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad del proceso penal acusatorio y oral. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada adjuntas a su informe de ley, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, derivadas el expedientillo 60/2022 de su registro, se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito fechado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, Ángel Lázaro González Magaña, ostentándose defensor particular del imputado MANUEL JESÚS CHI MEDINA, acudió ante la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, con sede en Kanasín, Yucatán, a solicitar el control judicial en contra de la omisión del Fiscal investigador residente en Izamal, Yucatán, de contestarle la solicitud que realizó por escrito el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para que decretara el no ejercicio de la acción penal, adjuntando copia del citado memorial. 2.- Luego, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el expedientillo 60/2022, la Juez responsable dictó un auto, que es de la literalidad siguiente: "JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO. Kanasín, Yucatán, 26 de abril de 2022. VISTOS: La cuenta que inmediatamente antecede, firmada por la Administradora de este juzgado de control, en el cual informa que a las 12:58 horas del día de ayer, se recibió vía correo electrónico, en la Administración de este juzgado un memorial de fecha 25 del mes y año en curso, suscrito por el licenciado Ángel Lázaro González Magaña, defensor privado del ciudadano Manuel Jesús Chi Medina, por medio del cual solicita la intervención judicial de esta juzgadora en la carpeta de investigación número F7-F7-84/2018 de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público con sede en Izamal, Yucatán, esto con motivo de que a la fecha no le ha dado contestación a su petición de fecha 26 de septiembre del año 2020, atinente al no ejercicio de la acción penal. En mérito de lo anterior, se acuerda: fórmese el expedientillo número 60/2022 y engrósense al mismo el escrito de cuenta y anexos que adjunta, para los efectos legales que correspondan. Ahora bien, considerando que esta juzgadora tiene competencia para ejercer las atribuciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales, le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; en el caso que nos ocupa, si bien es cierto, que el defensor privado, licenciado Ángel Lázaro González Magaña, es quien solicita la intervención de esta juzgadora, por determinaciones de la autoridad ministerial, éstas solamente pueden ser impugnadas por la victima u ofendido, supuesto que no acontece; luego entonces (sic) de emitir alguna resolución, el legitimado en su caso para poder hacer uso del recurso, no lo es el citado promovente licenciado González Magaña; sino la víctima u ofendido, tal y como los dispone el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia, al no existir razón jurídica para la subsistencia del presente expedientillo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL MISMO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Otro sustento de derecho tesis jurisprudencial VI. 2o.P. 56. P (10a), registro digital 2020081. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. [.]". La resolución anterior constituye el acto reclamado. Al respecto, como se anticipó, no tiene razón el inconforme en sus motivos de disenso, aún suplidos en su deficiencia, pues el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que prevé el recurso innominado en relación con el control judicial de que se trata, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Así, del precepto jurídico citado, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Por tanto, es notorio que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que, ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está legitimado para impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre los tópicos ya señalados. En esa guisa, de acuerdo a lo señalado por la norma procesal que rige al acto, es claro que el imputado o quien se ostente con tal carácter, no cuenta con legitimación para promover ese control judicial, precisamente porque el legislador fue claro al prever que solamente sería la víctima u ofendido quienes pueden interponer ese medio de impugnación. Ello, en razón de que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido, por dos razones: a) Porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, b) Porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. En ese contexto, si en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica en forma clara y precisa que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es notorio que el recurso interpuesto por el imputado, deviene notoriamente improcedente, como correctamente lo señaló la Juez de Control responsable, precisamente porque el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente prevé su interposición por parte de la víctima u ofendido. Tales razonamientos encuentran apoyo en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 1841, del Libro 5, Septiembre de 2021, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Cabe precisar que, con lo anterior no se afecta el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, precisamente porque, en relación a la abstención de integrar la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, en su calidad de imputado, se encuentra facultado a promover el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el precitado recurso innominado, precisamente porque, como se determinó en la jurisprudencia antes aludida, condicionarlo a ello representaría imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad, al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa. Así las cosas, ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, solicitados por la parte quejosa en contra del acto que reclamó de la Juez de Control responsable, atento a los motivos expresados a lo largo de esta sentencia. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL JESÚS CHI MEDINA MANUEL, por conducto de su abogado particular Ángel Lázaro González Magaña, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 1288/2022-VI-B, promovido por Pablo Humberto Escalante Molina, a favor de los directos quejosos RICHARD ARMANDO GONZÁLEZ y MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ RIOFRIO, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Humberto Escalante Molina, a favor de los directos quejosos RICHARD ARMANDO GONZÁLEZ y MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ RIOFRIO, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Pablo Humberto Escalante Molina, a favor de los directos quejosos RICHARD ARMANDO GONZÁLEZ y MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ RIOFRIO, contra los actos de la autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con quince minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda de amparo y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados con conocimiento a las partes. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los indicados informes justificados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional, las cuales anexó a su informe justificado (fojas 19 a 22) y las ofrecidas como pruebas de la parte quejosa (fojas 4 a 6). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, al no existir más pruebas, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes; por lo que se declara cerrada dicha fase procesal. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 1402/2022-IX-B, promovido por Roberto Canul Pech, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el tres de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Roberto Canul Pech a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como del Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental, estos últimos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de seis de junio de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 1402/2022-IX-B; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo, previo diferimiento, verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: a) De la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 1. La omisión de expedir, inscribir y poner a su disposición el título de propiedad correspondiente a la parcela 291 Z1 P1/6, del ejido de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, que solicitó el ocho de noviembre de dos mil veintiuno; solicitud a la que le recayó el número de folio 31210010476. b) Del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. 2. La omisión de realizar, en el ámbito de sus competencias, los trámites relativos a la calificación y liberación de clave para la inscripción del trámite de dominio pleno de la parcela 291 Z1 P1/6, del ejido de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama de la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 15137, fojas 17 y 18), así como del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (promoción 17857, fojas 42 a 44), pues así lo señalaron al rendir sus respectivos informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable con residencia en esta ciudad (fojas 19 a 22); documental que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTO. Conceptos de violación. No advirtiendo algún motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, aunque para ello deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, en la página 38, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En la especie, la parte quejosa reclama primordialmente de la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, la omisión de emitir calificación registral, para que se encuentren en posibilidad de culminar el procedimiento de inscripción de adopción de dominio pleno, iniciado mediante solicitud 31210010476, relativo a la parcela 291 Z1 P1/6, del ejido de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán. Y refiere que, con motivo de ello, se contraviene en su perjuicio básicamente el derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que, en su caso, le haya formulado éste. Por ende, la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Por su parte, el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Federal prevé la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, atendiendo a la naturaleza del acto tildado de inconstitucional, es necesario acotar que los principios de prontitud, eficacia y expeditez que contempla el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, resulta atribuible tanto a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, como a los realizados en procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo, tal y como acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1691, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Así como, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, visible en la página 1655, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes." Consecuentemente, no puede estimarse que se violente directamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando su pretensión es que la autoridad concluya el procedimiento registral correspondiente, sino en todo caso, el derecho transgredido en su perjuicio, es el contenido en el artículo 17 constitucional; corrección que se hace con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo que se reitera, atendiendo la causa de pedir, debe concedérsele el amparo y protección de la justicia federal. Para llegar a tal conclusión es necesario establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El indicado ordinal constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que la fecha de presentación de la correspondiente solicitud ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional (ocho de noviembre de dos mil veintiuno), a la data en que se promovió la demanda (dos de junio de dos mil veintidós), ya habían transcurrido más de seis meses; lo que excede el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que la solicitud del quejoso no ha sido calificada, pues así lo afirmaron las responsables. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, se emita la calificación registral correspondiente a la solicitud 31210010476, y, en su caso, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. No es obstáculo a lo anterior que la Encargada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, haya señalado en su informe justificado que en el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) aparecen dos certificados activos sobre la parcela 291 Z1 P1/6, pues si bien dicha circunstancia podría actualizar un impedimento para concluir el procedimiento de adopción de dominio pleno relativo, lo cierto es que, la propia responsable también indicó que se trata de un error, por lo cual solicitó a la Dirección General de Registro y Control Documental la cancelación del certificado 1013402; de ahí que dicha circunstancia no podrá ser alegada por las responsables, en el momento procesal oportuno, para no acatar el cumplimiento inmediato del presente fallo. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso Roberto Canul Pech, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en la consideración tercera de este fallo, por la razón y para los efectos señalados en la diversa consideración quinta. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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