Karina Marisol Hernández Pasos

Expediente 1518/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1518/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Karina Marisol Hernández Pasos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos, el oficio con número 2649 signado por la actuaria adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite a este órgano jurisdiccional el diverso en alcance al informe justificado rendido por la autoridad responsable. Al efecto, téngase por recibido el oficio 2041 signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; informando que el expediente electrónico relativo al juicio ejecutivo mercantil 1021/2022, ha sido debidamente vinculado al presente juicio de amparo; cuestión que le fue requerida en acuerdo de quince de noviembre pasado; relaciónese en alcance a su informe justificado y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del informe justificado, rendido por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; señaló que dejó a disposición de este órgano jurisdiccional el expediente electrónico relativo al juicio ejecutivo mercantil ********************; sin embargo, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que dicho acceso no fue otorgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y a efecto de mejor resolver, solicítese al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, vincule el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, al presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la cuenta que antecede, se desprende que hasta la presente fecha la Presidenta Municipal y el Cabildo, ambos de ********************, no han remitido la copia certificada del acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, en la que se sesionó lo relativo a la aprobación de la propuesta para solicitar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que a cuenta del Municipio realice el pago del laudo con cargo a las participaciones que en ingresos federales correspondan; lo anterior, no obstante los múltiples requerimientos que se les han realizado en ese sentido. Por tanto, toda vez que el acta de Cabildo en comento en atención a lo acordado anteriormente, resulta fundamental para poder realizar los actos subsecuentes y necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en estos autos; con fundamento en los artículos 197 de la Ley de Amparo, 93, fracción V, 161, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia; se comisiona a dos de los actuarios de la adscripción a fin de que se apersonen en las instalaciones del Ayuntamiento de ********************, a efecto de llevar a cabo una inspección en los archivos municipales y den fe de la existencia de la referida acta de Cabildo; debiendo levantar la razón correspondiente, de manera pormenorizada, debiendo obtener registro fotográfico de dicho documento. Diligencia que deberán entender de preferencia con la Presidenta Municipal, de no ser así con el Síndico o Tesorero Municipales, o en su defecto, con cualquier funcionario municipal. En tal virtud, se señalan las doce horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre del año en curso, para el desahogo de dicha diligencia de inspección documental. Para efecto de lo anterior, prevéngase al Ayuntamiento de ********************, por conducto de la Presidenta Municipal, para que otorgue todas las facilidades necesarias a los actuarios de la adscripción, y puedan dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Lo anterior, con el apercibimiento para dicho Ayuntamiento, que de no otorgar las facilidades necesarias para el desahogo de la diligencia, o bien, de NO EXHIBIR EL ACTA DE CABILDO de mérito, con fundamento en el numeral 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE TENDRÁ POR CIERTA LA EXISTENCIA DE DICHO DOCUMENTO, con todas las consecuencias legales que ello implica; y sin que por ello se releve a las autoridades municipales de la responsabilidad que les resulte derivada del procedimiento de ejecución de sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la Presidenta, Síndico, Tesorero Municipal y a cada uno de los integrantes del Cabildo, una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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