Karissa Vianey Ramírez Aragón
Expediente 584/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karissa Vianey Ramírez Aragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de julio del año en curso, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al tercero interesado y a la parte quejosa los días once y dieciséis de julio del año en curso, respectivamente. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el catorce de junio del año en curso, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Dejara sin efectos el acto reclamado. Dictara otra resolución en la que en atención a los lineamientos expresados en la resolución constitucional, señalara que el inmueble materia del contrato pasaría al dominio de la quejosa libre de gravamen, por lo que debería girar el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, para que de existir algún gravamen sobre el inmueble en cuestión, se procediera a su cancelación. Por auto de tres de julio del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable su cumplimiento. Mediante oficio 1668 de cinco de julio del año actual, signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo, para lo cual se remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa misma fecha, en la que se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno la emitida el once de abril de este mismo año en el expediente 797/2016, y en la que haciendo el estudio correspondiente, con relación al auto impugnado por la actora en el juicio de origen, ordenó la cancelación de los gravámenes que pesaren sobre el predio afecto al mismo y pasaran al dominio de la promovente del juicio constitucional, libre de ellos; lo anterior, en razón de que la orden de escrituración derivó de una sentencia firme en la que se reconoció la validez del contrato de promesa de compraventa que firmaran las partes en los términos pactados; y no por provenir de una venta judicial. Lo cual acreditó con las copias certificadas que acompañó a su oficio de mérito. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la responsable se encontraba obligada a dejar sin efectos la resolución de fecha once de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ordinario civil 797/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer por la actora, y en acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, dictara una nueva en la que atendiendo los lineamientos establecidos en el fallo constitucional, ordenara la cancelación de los gravámenes que pesaran sobre el predio en cuestión y pasara libre de ellos a la parte recurrente; lo cual se ajusta a los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de julio del año en curso, se dio vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó al tercero interesado y a la parte quejosa los días once y dieciséis de julio del año en curso, respectivamente. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el catorce de junio del año en curso, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Dejara sin efectos el acto reclamado. Dictara otra resolución en la que en atención a los lineamientos expresados en la resolución constitucional, señalara que el inmueble materia del contrato pasaría al dominio de la quejosa libre de gravamen, por lo que debería girar el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, para que de existir algún gravamen sobre el inmueble en cuestión, se procediera a su cancelación. Por auto de tres de julio del año que transcurre, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable su cumplimiento. Mediante oficio 1668 de cinco de julio del año actual, signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se informó respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo, para lo cual se remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa misma fecha, en la que se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno la emitida el once de abril de este mismo año en el expediente 797/2016, y en la que haciendo el estudio correspondiente, con relación al auto impugnado por la actora en el juicio de origen, ordenó la cancelación de los gravámenes que pesaren sobre el predio afecto al mismo y pasaran al dominio de la promovente del juicio constitucional, libre de ellos; lo anterior, en razón de que la orden de escrituración derivó de una sentencia firme en la que se reconoció la validez del contrato de promesa de compraventa que firmaran las partes en los términos pactados; y no por provenir de una venta judicial. Lo cual acreditó con las copias certificadas que acompañó a su oficio de mérito. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la responsable se encontraba obligada a dejar sin efectos la resolución de fecha once de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ordinario civil 797/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer por la actora, y en acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, dictara una nueva en la que atendiendo los lineamientos establecidos en el fallo constitucional, ordenara la cancelación de los gravámenes que pesaran sobre el predio en cuestión y pasara libre de ellos a la parte recurrente; lo cual se ajusta a los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva. De ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFOMRIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el oficio 1668 de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante los cuales informa las gestiones realizadas con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista de lo anterior, a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se les realice de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el oficio 1668 de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante los cuales informa las gestiones realizadas con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista de lo anterior, a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se les realice de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
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