Karina Diaz Carlos
Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Karina Diaz Carlos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 1702/2021/S-PAR signado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele comunicando el contenido del acuerdo dictado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, dentro del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8° de su índice. De lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes y sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se archivó el presente asunto como totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 1562/2021/S-PAR signado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele comunicando el contenido del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8° de su índice. De lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes y sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se archivó el presente asunto como totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 879/2021/SEC-PAR signado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele comunicando el contenido del acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dentro incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8° de su índice, mediante el cual -entre otras cuestiones- acordó lo siguiente: ( Dio trámite al recurso de apelación interpuesto por el agente del ministerio público de su adscripción en contra determinación emitida el diecinueve de mayo del actual, por la que dejó sin efectos el acto reclamado en este juicio de amparo y declaró procedente la sustitución de la prisión preventiva como medida cautelar y, en ese sentido, impuso a la quejosa unas diversas, a saber: i) la presentación periódica los miércoles de cada semana para firmar el libro de procesados que gozan de libertad cautelar; ii) la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional); iii) la prohibición de salir del País y de la ciudad de Puebla sin previa autorización judicial; y, iv) la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. ( Señaló las trece horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de revisión de las medidas cautelares, ante el incumplimiento de la quejosa -imputada de origen- en exhibir de la garantía económica fijada dentro del plazo de cinco días concedido en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno. De lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de junio pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que se dio al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Karina Díaz Carlos, respecto de la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, dentro incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8° del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdos de veinte y veinticuatro de mayo, ambos la presente anualidad, se tuvo al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla -autoridad no responsable- informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el siete de junio del año en curso, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con los oficios con números de registro 8814, 8919, 8957 y 8958 de 2021 con sus respectivos anexos -remitidos por las referidas autoridades-, se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la resolución dictada el tres de febrero del año en curso -acto reclamado-, en donde el juez responsable, mantuvo subsistente la prisión preventiva como medida cautelar, por contravenir los principios de imparcialidad, igualdad procesal, proporcionalidad y presunción de inocencia, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró lo siguiente: ( Que el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado. ( Que, bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. ( Que de esta manera, la prisión preventiva termina siendo una genuina medida de última ratio que -fuera de los casos previstos en el texto constitucional- procederá excepcionalmente y sólo cuando otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar: i) la presencia del imputado en el procedimiento, ii) la integridad o seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o iii) que no se obstaculice el procedimiento. ( Que, contrario a lo resuelto por el juez responsable, se consideró que los cuatro supuestos contenidos en el artículo 167, primero párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales para la imposición de la prisión preventiva justificada, no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva. ( Que, en ese sentido, se dijo que no se probó la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esta medida era las más idónea para asegurar la comparecencia de la quejosa al procedimiento, tomando en cuenta que su defensa acreditó un arraigo domiciliar y familiar y que resultaron ineficaces la falta de arraigo laboral, la penalidad del delito, la falta de garantizar la reparación del daño y la inexistencia de una evaluación de riesgos, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa de la imputada ante la pena o la falsedad en el domicilio proporcionado. ( De igual forma, se señaló que no se justificó por qué la prisión preventiva es la medida cautelar idónea para mitigar un posible riesgo para garantizar el desarrollo de la investigación y/o para proteger a la víctima, los testigos y la comunidad, tomando en cuenta que existen diversas medidas que sirven para ese fin, distintas y menos lesivas que la prisión preventiva. ( Se precisó que no obstante la carga probatoria y contra argumentativa que pesa sobre el Ministerio Público, éste no combatió los medios de prueba ofrecidos para acreditar tanto el arraigo domiciliario como familiar, pues sólo se limitó en manifestar que la quejosa no garantizó a la víctima la reparación del daño, argumento que -como bien lo indicó la defensa de forma oral en audiencia de tres de febrero de dos mil veintiuno- no es un factor a considerar para la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar relativa a la exhibición de una garantía económica. ( En ese contexto, se dijo que tampoco fue correcto que el juez, en la resolución reclamada, haya indicado a la quejosa que, a pesar de la improcedencia de la modificación de la prisión preventiva, contaba con el derecho de gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, intentado equiparar ese beneficio con la medida cautelar relativa a la exhibición de una garantía económica; ello, porque conforme a lo dispuesto en el artículo 350, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla es requisito que el imputado garantice la reparación del daño para gozar del referido beneficio, en cambio -como se vio- la garantía económica como medida cautelar no requiere que se garantice ese derecho constitucional de la víctima para que se imponga en lugar de otras medidas más gravosas. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: 1. Dejara insubsistente la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, dentro incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8° del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -acto reclamado-. 2. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia y con plenitud de jurisdicción, resolviera la solicitud planteada en el incidente propuesto, en donde debería tener por acreditado tanto el arraigo domiciliario como el familiar de la quejosa y, luego, analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distintas a la prisión preventiva - que tendría que imponerle. Finalmente, se precisó que la concesión del amparo no implicaba que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pudiera imponer nuevamente a la quejosa la medida cautelar de prisión preventiva o diversas que tuvieran mayor rigor, ya sea porque ésta incumpliera con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante determinación emitida el diecinueve de mayo del actual, dentro de la causa penal 132/2012-8° de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el tres de febrero de dos mil veintiuno, dentro incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la citada causa penal -acto reclamado-. 2. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia de amparo y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada en el incidente propuesto, en donde tuvo por acreditado tanto el arraigo domiciliario como el familiar de la quejosa y, luego, declaró procedente la sustitución de la prisión preventiva como medida cautelar y, en ese sentido, impuso a la quejosa unas diversas, a saber: i) la presentación periódica los miércoles de cada semana para firmar el libro de procesados que gozan de libertad cautelar; ii) la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional), la cual, -precisó- una vez exhibida, la quejosa podría gozar de su libertad; iii) la prohibición de salir del País y de la ciudad de Puebla sin previa autorización judicial; y, iv) la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. No obstante, mediante acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno este juzgador consideró que los efectos del amparo se cumplieron con un defecto. Justamente, se indicó que si bien se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para decidir la imposición de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, lo cierto es que al momento de dejarla insubsistente, no podía existir otra determinación que sujetara la libertad material de la quejosa, por lo que fue incorrecto que el juez de la causa condicionara su libertad hasta en tanto exhibiera la garantía económica impuesta. En efecto, se dijo que ello no era ajustado a los parámetros expuestos en la sentencia de amparo, puesto que esa condicionante derivaba de reglas del sistema penal tradicional, en específico de los requisitos que la mayoría de los códigos procesales estatales de la República establecían para que el procesado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Al respecto, se señaló que el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en su artículo 350, fracciones I, II y III, dispone que todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución inmediatamente que lo solicite, si garantiza el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; esto es, previo a que el procesado obtuviera su libertad, debía exhibir garantizar económicamente tales aspectos. Sin embargo, se precisó que el juez de la causa debió ceñirse a lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la imposición, revisión y vigilancia de las medidas cautelares, lo que significa que debió otorgar un plazo razonable para que la quejosa exhibiera la cantidad fijada como garantía económica, conforme a lo dispuesto por el artículo 172 del código nacional, y no condicionar su libertad personal a su exhibición. Asimismo, hacer del conocimiento de las partes que en la hipótesis de que la quejosa no cumpliera con la citada medida cautelar o las demás impuestas, con fundamento en el artículo 174, segundo párrafo, del código nacional, se tendría la oportunidad y la aptitud de solicitar una audiencia para la revisión de las medidas cautelares impuestas en el plazo más breve posible y, en su caso, la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. Después, y sólo para el supuesto de que la imputada no compareciera a la referida audiencia a pesar de que se le haya notificado la cita por cualquier medio, con fundamento en el artículo 174, tercer párrafo, del código nacional, el juez debía dar oportunidad a su contraparte para que solicitaran la orden de aprehensión o comparecencia, momento en el que el juez podrá emitir el mandamiento respectivo, declarar a la imputada sustraída de la acción de la justicia y, por ende, suspender el procedimiento. Por el contrario, -se reiteró- el juez responsable ajustó su actuación con base en lo establecido en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es decir, conforme a las reglas que dicho ordenamiento prevé para los sujetos que gozan de la libertad provisional bajo caución dentro de un procedimiento del sistema tradicional, cuando lo cierto era que a partir de la sustitución de la prisión preventiva derivada del auto de formal prisión, la vigilancia y cumplimiento de las nuevas medidas cautelares debían regirse según a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. De no ser así, -se concluyó- el incidente innominado promovido en términos del artículo 5° transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales -publicada el 17 de junio de 2016- perdería eficacia en cuanto a garantizar el derecho de los indiciados que fueron sujetos a un auto de formal prisión a tener la posibilidad de enfrentar su proceso en igualdad de circunstancias a las que los imputados del nuevo sistema penal tienen, siempre que no se tratara de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional y en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla para que de forma inmediata, realizara lo siguiente: 1. Emitiera una resolución, dentro del incidente no especificado de revisión, modificación y cese de medida cautelar de prisión preventiva promovido en términos del artículo 5° transitorio del decreto por el que se reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos -publicado el 17 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación-, derivado de la causa penal 132/2012-8°, en la que aclarara que la exhibición de la garantía económica fijada como medida cautelar en determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no era una condicionante para que la quejosa obtuviera su libertad personal, por lo que debía otorgarle un plazo razonable para que exhibiera la cantidad fijada como garantía económica, conforme a lo dispuesto por el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. De no existir impedimento legal alguno y bajo su más estricta responsabilidad, ordenara la libertad personal de la quejosa únicamente por cuanto a la citada causa penal, tomando en consideración que la prisión preventiva fue sustituida por diversas medidas cautelares que no implicaban la restricción directa de su libertad personal. Se precisó que si la quejosa no cumplía con las medidas cautelares que le fueron impuestas en determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el juez debía ceñir su actuación conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; además, se reiteró que la concesión del amparo no implicaba que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pudiera imponer nuevamente a la quejosa la medida cautelar de prisión preventiva o diversas que tuvieran mayor rigor, ya sea porque ésta incumpliera con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en cumplimiento a dicha determinación, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo dictado el veinte de mayo de la presente anualidad, aclaró que la exhibición de la garantía económica -fijada como medida cautelar en determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno-, no era una condicionante para que la quejosa obtuviera su libertad personal, por lo que le otorgó un plazo de cinco días para que la aquí quejosa la presentara, por lo que ordenó su libertad personal, únicamente por cuanto a la citada causa penal, tomando en consideración que la prisión preventiva fue sustituida por diversas medidas cautelares que no implicaban la restricción directa de su libertad personal. 2. Giró y notificó el oficio 679/2021/S-PAR al Director del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla -autoridad no responsable- para que de manera inmediata dejara en libertad a Karina Díaz Carlos únicamente por lo que respecta a la causa penal de origen. 3. Remitió copias certificadas de las notificaciones efectuadas de la resolución de diecinueve de mayo del año en curso, dictada dentro de la causa penal de origen. Por su lado, el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla -autoridad no responsable- comunicó que la quejosa Karina Díaz Carlos fue puesta en libertad material el día veinte de mayo pasado. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada. 2. Resolvió la solicitud planteada en el incidente propuesto, en donde tuvo por acreditado tanto el arraigo domiciliario como el familiar de la quejosa y, luego, declaró procedente la sustitución de la prisión preventiva como medida cautelar y, en ese sentido, impuso a la quejosa unas diversas, a saber: i) la presentación periódica los miércoles de cada semana para firmar el libro de procesados que gozan de libertad cautelar; ii) la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional); iii) la prohibición de salir del País y de la ciudad de Puebla sin previa autorización judicial; y, iv) la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 3. Aclaró que la exhibición de la garantía económica -fijada como medida cautelar en determinación de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno-, no era una condicionante para que la quejosa obtuviera su libertad personal, por lo que le otorgó un plazo de cinco días para que la aquí quejosa la presentara, por lo que ordenó su libertad personal, únicamente por cuanto a la citada causa penal, tomando en consideración que la prisión preventiva fue sustituida por diversas medidas cautelares que no implicaban la restricción directa de su libertad personal. 4. Ordenó de manera inmediata la libertad de Karina Díaz Carlos únicamente por lo que respecta a la causa penal de origen, lo cual tuvo lugar el veinte de mayo de dos mil veintiuno. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Karina Díaz Carlos, por conducto de su defensor particular Roberto Apanco Meléndez, en el domicilio señalado en el proemio de la demanda de amparo, así como al tercero interesado Benjamín Alejandro Calva Rodríguez, en su carácter de albacea definitiva de la víctima y ofendida del delito Patricia Emilia Rodríguez Cantero; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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