Karina Guadarrama Colin

Expediente 30/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
30/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Karina Guadarrama Colin

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda promovida por **, regístrese bajo el número 30/2019-IV-D. DESECHAMIENTO. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse el escrito de demanda y si existiera alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia; debe desecharse. Así las cosas, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la citación a la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa **/2018 y la posible privación de su libertad, como consecuencia de asistir. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De los preceptos y jurisprudencia antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra la citación reclamada, pues por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del accionante del amparo, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición de formulación de imputación del Ministerio Público; sin que obste a lo anterior el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la citación a la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa **/2018 y la posible privación de su libertad, como consecuencia de asistir; luego se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la hoy quejosa, es la privación de la libertad por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que la promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues la parte quejosa únicamente manifiesta que en la audiencia de formulación de imputación el Ministerio Público solicitará la imposición de medida cautelar y en consecuencia quedará sujeta a prisión preventiva. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta únicamente es probable; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que la quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", por ende, resulta evidente que la quejosa solo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la posible privación de libertad de la quejosa, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la accionante del amparo, pues no se tiene certeza de que las responsables actúen como lo refiere, ya que no se ha emitido resolución alguna. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la posible privación de la libertad de la parte quejosa, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar la demanda de que se trata por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles..

  3. EN ATENCION AL AVISO DE DOCE DE LOS CORRIENTES, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIUGENTE: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda promovida por **, regístrese bajo el número 30/2019-IV-D. DESECHAMIENTO. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse el escrito de demanda y si existiera alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia; debe desecharse. Así las cosas, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la citación a la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa **/2018 y la posible privación de su libertad, como consecuencia de asistir. Luego, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De los preceptos y jurisprudencia antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra la citación reclamada, pues por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del accionante del amparo, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición de formulación de imputación del Ministerio Público; sin que obste a lo anterior el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la citación a la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa **/2018 y la posible privación de su libertad, como consecuencia de asistir; luego se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la hoy quejosa, es la privación de la libertad por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que la promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto, pues la parte quejosa únicamente manifiesta que en la audiencia de formulación de imputación el Ministerio Público solicitará la imposición de medida cautelar y en consecuencia quedará sujeta a prisión preventiva. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta únicamente es probable; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que la quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", por ende, resulta evidente que la quejosa solo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que la posible privación de libertad de la quejosa, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la accionante del amparo, pues no se tiene certeza de que las responsables actúen como lo refiere, ya que no se ha emitido resolución alguna. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la posible privación de la libertad de la parte quejosa, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar la demanda de que se trata por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles..

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