Karina Casanova Rico

Expediente 1922/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1922/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Karina Casanova Rico
  • Karina Casanova Rico y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. En acatamiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 numeral 2 y 8.1.2, numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental; y, de depuración el incidente, pues se concedió la suspensión definitiva. Sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la representante legal de las autoridades responsables, por medio del cual informa el cumplimiento al a suspensión definitiva, y para acreditar su dicho adjunta copia del recibo de pago de quince de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte el pago de la pensión correspondiente a la primera quincena de febrero del presente año a favor de la quejosa; circunstancia de la que toma conocimiento este juzgado federal.

  3. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1922/2022-IIA, promovido por Karina Casanova Rico; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Karina Casanova Rico, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PENSIONES Y COMITÉ DE PENSIONES, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. UNIDAD DE ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE TOLUCA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. IV. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de las autoridades responsables de emitir una respuesta fundada, motivada y congruente a la solicitud de pago por concepto de pensión que realicé por escrito, de manera pacífica y respetosa el veintiséis de julio de dos mil veintidós." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1922/2022-IIA; asimismo, por auto dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la quejosa Karina Casanova Rico, para que en el término de cinco días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, se daría trámite a la demanda en los términos en que fue planteada. Luego, mediante proveído de dos de enero del año en curso, ante la omisión de la parte quejosa de pronunciarse en torno a la prevención formulada, se hizo efectivo el apercibimiento con que fue conminada, por lo que la demanda de amparo fue admitida en los términos que fueron inicialmente planteados; por lo que se requirió el informe de ley; seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material, y el libelo constitucional fue presentado ante este Juzgado de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad." y la tesis de rubro "Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo." De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que Karina Casanova Rico, reclama del Director General, Presidente del Comité de Pensiones y de la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios lo siguiente: Es la omisión de emitir el pago correspondiente en cumplimiento al dictamen de pensión CP/74745/21, otorgado a la quejosa por concepto de jubilación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, cuyo contenido es el siguiente: "Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Director General, Presidente del Comité de Pensiones y la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe negaron el acto que les fue atribuido. Así, para establecer si existe o no la omisión de pago de la pensión por parte de las autoridades responsables a la quejosa, es necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que más adelante se transcribe, señaló que cuando se atribuyen actos omisivos a la autoridad responsable, no basta acreditar que la autoridad no ha actuado en el sentido que se le atribuye, ni son suficientes las manifestaciones de la autoridad en las que acepta o niega la certeza de lo reclamado; sino que es necesario verificar si dentro de las obligaciones legales de la responsable, se encuentra aquélla cuya omisión se le imputa, ya que de lo contrario, se llegaría al absurdo de tener por ciertas omisiones sobre actuaciones que no le corresponde efectuar a la autoridad responsable. El criterio a que se hizo alusión, se identifica con el número 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto siguientes: "Actos de naturaleza omisiva. Para estar en aptitud de precisar su certeza o falsedad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para determinar si existe o no la obligación de actuar en el sentido que indica el quejoso. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En ese sentido, debemos tener en cuenta que las atribuciones del Director General y Presidente del Comité de Pensiones, ambas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se encuentran contenidas dentro del Manual de Operación del Comité de Pensiones, en sus artículos 11 y 12, los cuales establecen: "Artículo 11.- El Comité de Pensiones tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Analizar y dictaminar las solicitudes de pensión o del estímulo por permanencia; II. Conceder, negar, modificar o suspender las pensiones y el estímulo por permanencia en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y otras determinaciones aprobadas por el H. Consejo Directivo del Instituto; III. Expedir o modificar su Manual de Operación y ordenar su publicación en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno", por conducto de su Presidente; IV. Resolver los recursos administrativos de inconformidad que se presenten en contra de sus dictámenes o resoluciones; V. Proporcionar la información que le sea solicitada por las áreas competentes del Instituto; VI. Requerir a los servidores públicos o pensionados la información, documentación o cualquier otro elemento necesario, para determinar sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de pensión o de estímulo por permanencia; VII. Verificar en cualquier momento la autenticidad de los documentos que integran el expediente de la pensión o estímulo por permanencia solicitado; VIII. Aprobar o modificar los formatos o instrumentos legales que sean necesarios en el trámite de pensión o de estímulo por permanencia; IX. Acordar las medidas administrativas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones; y X. Las demás que le señale la Ley, el Reglamento, el presente Manual de Operación y otras disposiciones reglamentarias. "Artículo 12.- Los integrantes del Comité de Pensiones tendrán las siguientes funciones y atribuciones: I. Del Presidente: a) Presidir las sesiones del Comité de Pensiones; b) Representar al Comité de Pensiones en todos los asuntos que le competan; c) Aprobar y firmar las actas de las sesiones; d) Emitir su opinión y voto en forma directa en el pleno de la sesión sobre las solicitudes de pensiones y de estímulo por permanencia así como en los asuntos que en el ámbito de su competencia se sometan a la consideración del Comité de Pensiones; e) Presentar al Consejo Directivo el informe de las actividades realizadas por el Comité de Pensiones; f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, el Reglamento y del presente Manual de Operación; y g) Las demás que le confieran la Ley y sus disposiciones reglamentarias. Mientras que, respecto de la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, el aludido Manual la refiere como: "Unidades Receptoras. A las unidades, oficinas o áreas administrativas del Instituto, encargada de la recepción solicitudes para el otorgamiento de pensiones o estímulo por permanencia." Como se advierte de la normativa citada, las autoridades responsables Director General, Presidente del Comité de Pensiones y Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no cuentan con facultades legales para atender la petición de la quejosa, sin que ésta última haya desvirtuado dicha circunstancia; de ahí que los actos que la omisión que se les reclama debe tenerse por inexistente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "Acto reclamado, la carga de la prueba del. Corresponde al quejoso. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En mérito de lo anterior, se sobresee en el juicio de amparo por los actos atribuidos a las responsables citadas, ello en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "Informe Justificado, falta de. Se desvirtúa la presunción de certeza si el acto reclamado no existe. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Cuando de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, aun cuando opere la presunción de certeza derivada del artículo 149 del propio ordenamiento legal en cita por haber omitido las autoridades responsables rendir su informe justificado". Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En efecto, éste órgano de control constitucional estima que el presente sumario deviene improcedente, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por las razones que se enseguida se exponen. Los preceptos en comento disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" En efecto, en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se le hizo saber a la peticionaria de amparo, el derecho y término que se le concedía, para señalar como autoridad responsable a la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en virtud que de la consulta del Manual de Operación del Comité de Pensiones, se observa que es ella la autoridad competente para atender su solicitud; proveído en el que se le apercibió que, para el caso de no realizar manifestación al respecto, se admitiría la demanda en los términos planteados. Proveído que se le notificó por medio de las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. En ese tenor, al no haberse designado como autoridad responsable a la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), y por ende, al haberse dejado de llamar a la presente instancia constitucional, es evidente que no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos, es decir, la omisión de no dar cumplimiento al pago de la pensión que le fue otorgada a través del dictamen de número CP/74745/21 de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizar dicha cuestión medular, para determinar si se violó en su perjuicio sus garantías constitucionales. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número VI. 3o. J/44 que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Febrero de 1994, página 67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "Autoridades responsables no designadas, sobreseimiento del juicio de amparo. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Por lo que, conforme a las disposiciones que norman el juicio de amparo, no puede decidirse sobre actos de ésta autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo para emitir sus actuaciones. En lo conducente, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXXVIII, página 2572, que versa: "Sobreseimiento. Procede el sobreseimiento, por no haberse acreditado la existencia del acto reclamado, en los términos precisados en la demanda, si el acto reclamado emana de una autoridad que no fue designada como ordenadora, sino como simple ejecutora, y no reclamándose directamente de quién emana, única, que pudo defenderlo, sino de la autoridad ejecutora, no puede, conforme a las disposiciones que norman el juicio de garantías, decidirse sobre actos de esa otra autoridad, pues equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia constitucional, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo; por tanto, solicitada la protección federal contra autoridad distinta de la que ordenó el acto, la sentencia solamente podría ocuparse de los vicios de ejecución." A mayor abundamiento, cabe precisar que en el juicio de amparo, se suscita en una controversia entre la quejosa y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tienen que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado o no alguna garantía constitucional y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa si no se designa a las autoridades con las facultades para atender el escrito presentado por la quejosa, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de esta; por tanto, se debe sobreseer en el juicio de amparo cuando se incurra en tal omisión. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XLVIII, página 206, que establece: "Autoridades responsables, falta de señalamiento de las en el amparo. El juicio de amparo es una controversia que se suscita entre el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así como la tesis sustentada por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XLVIII, página 1194, que cita: "Autoridad responsable, omisión de la. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por lo tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." Atento a lo asentado en líneas precedentes, se aprecia que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor de la quejosa, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en contra el mismo, una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse por la solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Tiene aplicación al respecto el criterio que sostuvo la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, página 236, en la tesis 2a. LV/95, que dice: "Queja, suplencia de la. No comprende la designación de autoridades responsables. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." En esa tesitura, al haberse actualizado las causales de improcedencia antes precisadas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R e s u e l v e: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Karina Casanova Rico, por propio derecho, contra la omisión del pago de la pensión, otorgada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, atribuida al Director General, Presidente del Comité de Pensiones y Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos asentados el considerando tercero y cuarto de la presente sentencia.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que suscribe el apoderado legal de las autoridades responsables, mediante el cual en cumplimiento a la suspensión definitiva de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, solicita una prórroga de un día hábil a partir del quince de febrero de esta anualidad, para efecto de remitir el comprobante de pago de pensión de la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y 253 de la Ley de Amparo, por única ocasión se concede al oficiante la prórroga que solicita, con el apercibimiento de no hacerlo se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los citados numerales.

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