Karina Vidal Flores

Expediente 1209/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1209/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Karina Vidal Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, por medio del cual, informa la fecha para que acuda la menor quejosa ********************, a la aplicación de la primer dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra el virus SARS-COV2; lo anterior, en virtud que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; asimismo, en proveído de veintitrés de diciembre del mismo año, causó estado dicho auto y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa. Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto, 7.4, y 8.1.2, numeral 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, no obstante que se sobreseyó y carece de relevancia documental, se concedió la suspensión de plano solicitada. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa lo es una menor de dieciséis años de edad, de acuerdo a la fecha de su nacimiento que se contiene en el acta del registro civil que se acompañó a la demanda de amparo, así como el contenido de las publicaciones oficiales del sitio de internet mivacuna.salud.gob.mx de las que se desprende que el gobierno federal ha implementado el pre registro de los menores entre quince y diecisiete años de edad, para ser considerados en el programa de vacunación contra la Covid-19. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio el acto reclamado, sustancialmente se hace consistir en la negativa y/o omisión de aplicar la vacuna BioNtech Pfizer contra el virus SARS-COV2 a la menor de edad de iniciales *****de dieciséis años de edad como parte de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", atendiendo a ello este juzgador considera que se actualiza una causal de improcedencia. Sobreseimiento. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el caso se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Y dijo que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de que se le aplique la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19 en México, pues no se encuentra incluido dentro de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México". Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de año y al setenta por ciento (70%) para junio del siguiente. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', esto es, de junio a agosto, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-fizer-biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para la suscrita, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en ****." -lo destacado es propio de este juzgado-." De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. En este sentido, de lo manifestado por el promovente, se observa que su hija se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia el comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autoriza para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la menor cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dieciséis años de edad, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: ".En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [.] IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19) y aún más en esta Tercera Ola de contagio COVID, pues la variante "Delta" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad no constituyen un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), en el sentido de que a partir del viernes diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno se abriría el pre-registro para vacunar a adolescentes de 15 a 17 años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en el página oficial del Ejecutivo del país, *************, donde se observa lo siguiente: Lo cual se corrobora ya que al ingresar en la página oficial de la Secretaría de Salud, al sitio **********, se observa lo siguiente: Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre quince y diecisiete años de edad. Por lo que, a partir de ese viernes se activó un registro para ese grupo de menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que la directa menor quejosa, a la presente fecha, cuenta con quince años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitor legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19 (aplicación segunda dosis); lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre quince y diecisiete años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma deberá de estar informada de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) o la Secretaría de Salud del Estado de México para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), y que hasta este momento la menor quejosa no ha sido vacunada; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre quince a diecisiete años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los adolescentes de 15 a 17 años, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece la menor peticionaria del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento a nombre de la menor de iniciales S.H.V. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los adolescentes de entre quince y dieciséis años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de la menor quejosa, lo cierto es que ha dejado de surtir efectos, al ser incluido en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del viernes diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se abriría el pre-registro para vacunar a adolescentes de 15 a 17 años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Consecuentemente, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional; estos es, las doce horas con cincuenta minutos del veinte de diciembre del dos mil veintiuno, así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Cobra aplicación en el presente asunto, la tesis V.2o.45 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y, su Gaceta Novena época, con número de registro 176813, de título, subtítulo y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO AL ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." (...)." Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el sobreseimiento fuera de audiencia antes precisado, no las exenta para que den cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de diecinueve de noviembre del año en curso, por lo que, se les reitera que deberán de continuar realizando las gestiones necesarias a efecto de acatar y cumplimentar los efectos para los que se concedió dicha suspensión.

  4. Principal

    ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos, se advierte que en auto de diecisiete de noviembre anterior, el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, mediante oficio 210C0101110000L/5473/2021 informo que la menor de iniciales C.G.G. se encuentra inscrita en el ciclo escolar 2021-2022 en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", con C.C.T. 15DPB0154A, ubicada en barrio San Joaquín Lamillas, Municipio de San José del Rincón, Estado de México. En ese sentido, se levanta la reserva decretada en proveído de once noviembre pasado y se tiene a la parte quejosa por conducto de su representante legal, dando cumplimiento al requerimiento decretado en acuerdo de cuatro de los corrientes, asimismo se deja insubsistente el apercibimiento con el que se le conmino. OFICIO Ahora bien, por otro lado Intégrese el oficio signado por el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de dicha secretaría, por medio del cual, informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento de cuatro de noviembre, por las razones que expone. De igual manera, comunica que mediante misivas DPJA.DA/3263/2021 y DPJA.DA/3264/2021 solicitó al Director General de Servicios Integrados del Estado de México y al Instituto Mexiquense para la Discapacidad a fin de que den cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector. REQUERIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades antes citadas, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado la respuesta dada a los oficios DPJA.DA/3263/2021 y DPJA.DA/3264/2021, por los cuales la Secretaria de Educación Pública, les solicitó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de ser omisas a lo anterior o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y actualización de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de la materia.

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