Karina Calva Alvarado
Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Karina Calva Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés), se establece que el presente asunto en el cual se concedió el amparo constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión -provisional y definitiva- solicitada, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es destruible, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. FALLO CUMPLIDO Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a ********************, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que ********************agente del Ministerio Público adscrita al Unidad Especializada de Investigación de Secuestros, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación ******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Emitirá un proveído donde dejará insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, única y exclusivamente en la parte en que negó la solicitud de acceso a la carpeta de investigación de referencia a las personas que autorizó la quejosa. II. En ese nuevo acuerdo, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de ********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, ciñendo su resolución a lo expuesto en esta sentencia, esto es, verificará si en el escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se cumplen con los lineamiento establecidos por el más alto tribunal del país para conceder la consulta y acceso a la indagatoria en cita a las personas que para tal efecto autorizó la aquí quejosa, resolviendo lo que en derecho corresponda. III. Notificará a la víctima, aquí quejosa de su determinación, a través de los medios que aquella hubiera autorizado en la carpeta de investigación de origen. IV. Remitirá las constancias y registros que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se declaró que la sentencia de referencia había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento. En proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido un oficio con terminación 4389/2023, signado por la agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ********************mediante el cual, en observancia a la ejecutoria de amparo, informó las gestiones tendentes a su cumplimiento y anexó las documentales que a su juicio lo corroboraban, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa con ellas. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de tales constancias se aprecia que la fiscal responsable: -En la carpeta de investigación ********************el diez de mayo de dos mil veintitrés, dictó una resolución en la que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés únicamente en la parte en que dicha autoridad, señaló que no había lugar a conceder el acceso a dicha carpeta a ******************** personas a quienes la parte quejosa autorizó para tal fin y afirmó eran defensores de derechos humanos, integrantes de la ********************. -Previo análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos en la sentencia de marras, determinó nuevamente improcedente la solicitud de la víctima, aquí quejosa ********************, respecto de dar acceso a los registros de Investigación a las personas que señaló, esencialmente porque a su juicio la solicitante no aportó datos mínimos que acreditaran que las personas que señaló en efecto fueran defensores de derechos humanos y que pertenecieran a la asociación que indicó. Y, al respecto citó la tesis: "DERECHO DE ASESORÍA. LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA PUEDEN AUTORIZAR A QUIENES SE DEDIQUEN A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA AUXILIARLAS EN EL PROCESO Y ACCEDER A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. Hechos: La representante y asesora jurídica de la madre de un migrante desaparecido promovió amparo con el fin de combatir la negativa de los agentes del Ministerio Público de la Federación para autorizar la consulta de las carpetas de investigación a las personas que fueron expresamente facultadas para ese efecto. En la sentencia constitucional se indicó que la autoridad había negado el acceso a la carpeta de investigación a los activistas autorizados por no ser parte del procedimiento penal, pero no se hizo pronunciamiento alguno respecto del argumento relativo a que debía llevarse a cabo una interpretación en sentido amplio del derecho a la coadyuvancia y a estar debidamente informado del contenido de la investigación, contenidos en el artículo 20, apartado C, fracciones I y II, de la Ley Fundamental, para favorecer en mayor medida los derechos de las víctimas. Criterio jurídico: Cuando las víctimas u ofendidos del delito de desaparición forzada consideren necesario que alguien que esté especializado y se dedique a la protección de derechos humanos les brinde asesoría y acompañamiento en ámbitos distintos al estrictamente jurídico, la autoridad judicial deberá reconocerles este carácter y permitirles acceder de manera directa a la información que obre en las carpetas de investigación respectivas, para lo cual, será condición indispensable que se les autorice de forma expresa con el nombre y datos mínimos que resulten relevantes para acreditar dicha circunstancia y, además, observen las obligaciones de reserva y secrecía previstas en la normativa aplicable, a la cual tendrán que sujetarse. Justificación: El artículo 20, apartado C, fracciones I y II, de la Ley Fundamental reconoce que, dentro del proceso penal acusatorio, las víctimas u ofendidos cuentan con una serie de derechos encaminados a garantizar que tengan una participación más activa dentro de éste, entre los que se encuentra el de asesoría. Sobre el particular, es importante destacar que las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ponen de relieve que, en los casos que involucran a personas desaparecidas, la asesoría de las víctimas no se agota en una dimensión técnica jurídica, sino que debe entenderse en términos complejos o multidisciplinarios para poder garantizarles, en todo momento, una atención integral, connatural a la labor de asistencia, orientación y acompañamiento que comprende este derecho." - Proveído que notificó el diez de mayo del año en curso a la aludida víctima, a través de mensajería instantánea, por haberse señalado esa vía como medio de notificación. Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió el juez responsable, se obtiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES SUPERIOR JERÁRQUICO. Agréguese a los autos el oficio terminación 3410/2023-REQ, signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, del cual se advierte que en cumplimiento al requerimiento de ocho de mayo pasado, requirió a su subalterna, la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ********************, cumpliera con la ejecutoria de amparo, y para acreditar su dicho remite copia de los oficios FGE/CGAJ/DPC/3300/2023-REQ, FGE/CGAJ/DPC/3299/2023-REQ y FEISE/70/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. De lo que toma conocimiento este órgano de control constitucional. SE INFORMA NUEVA DENOMINACIÓN DE ESTE JUZGADO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. VISTA CUMPLIMIENTO Agréguese el oficio terminación 4389/2023, signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Yareli Aguilar Castellano, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que por resolución dictada el diez de mayo de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/SECUESTRO-I/004508/2021/FEISE/SECUESTRO-I determinó lo siguiente: -Dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés -únicamente en la parte precisada en el apartado considerando fracción II, de dicho acuerdo-. -Decretó improcedente la solicitud de la víctima, aquí quejosa ********************respecto de dar acceso a los registros de Investigación a las personas que señaló, por los motivos que expone. -Ordenó la notificación de dicho acuerdo a través de los medios de notificación autorizados por la referida víctima. -Finalmente, remite copia cotejada de la determinación de referencia, así como de la constancia de notificación correspondiente. En ese sentido, con el contenido del oficio de cuenta con número de registro 6988 y anexos, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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