Karen Viridiana Guerrero Ramírez

Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
112/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Karen Viridiana Guerrero Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Inexistencia de documentos y devolución de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no existen documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito de demanda. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Se reciben constancias solicitadas. Téngase por recibido el oficio 1772/2021 suscrito por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite la constancia que le fuera solicitada en proveídos de veinticuatro de febrero y dieciséis de marzo del año en curso, consistente en la evidencia criptográfica de la firma electrónica de **********, quien se ostenta apoderado legal de **************; en consecuencia, acúsese recibo mediante oficio que al efecto se gire y envíe vía interconexión, esto a través del Sistema de Seguimiento de Expediente, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento de plano. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por**************, quien se ostenta como apoderado legal de *************, contra actos de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede su desechamiento, conforme a las siguientes consideraciones. El citado numeral impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En ese sentido, en primer término importa precisar que el acto reclamado de forma destacada consiste en la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, mediante la que se declaró improcedente la acumulación de juicios solicitada dentro del expediente laboral 30/2019/1D. En efecto, no es óbice que en la demanda de amparo se refieran diversas actuaciones irregulares del personal que labora en la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que a consideración del promovente del amparo implican violaciones ocurridas durante la tramitación del juicio laboral de origen; sin embargo, del examen integral de la aludida demanda de amparo se advierte que el acto que se reclama de forma destacada es la referida resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en tanto que las demás circunstancias que se narran en realidad constituyen vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen al referido acto y que, en todo caso, están relacionados con el juicio laboral de origen, pero por el momento no constituyen actos que puedan ser reclamados a través del juicio de amparo indirecto. En efecto, las referidas circunstancias alegadas por el justiciable están circunscritas a violaciones procedimentales que, de ser el caso, podrían ser reclamadas a través del amparo directo que haga valer con el laudo definitivo, siempre que este no sea favorable a la parte quejosa; por ende, no es dable estimar que dicha actuaciones puedan controvertirse a través del juicio de amparo indirecto, pues su trascendencia en la controversia de origen solamente se puede apreciar hasta que se dicte el fallo definitivo. Así, se reitera, el acto reclamado de forma destacada es la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, mediante la que se declaró improcedente la acumulación de juicios solicitada dentro del expediente laboral 30/2019/1D. En relación con dicho, a consideración de este Juzgado de Distrito se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que tal acto no es de imposible reparación. Ciertamente, el precepto legal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: " III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a)Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio " Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De conformidad con las disposiciones transcritas, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictar sentencia. En el caso, la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, mediante la que se declaró improcedente la acumulación de juicios solicitada por el aquí quejoso, dentro del expediente laboral 30/2019/1D, constituye una cuestión de índole meramente procesal, que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, y, en su caso, podrá ser combatida al impugnar el fallo definitivo pronunciado en el controvertido de origen, una vez agotado en su caso los recursos ordinarios. Sobre la base expuesta, debe estimarse que dicha interlocutoria no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para advertir lo anterior, es necesario tener presente que al resolver la contradicción de tesis 96/2016, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formuló los siguientes razonamientos: La acumulación de juicios se define como la reunión material de dos o más expedientes conexos o afines en poder de un mismo juez a fin de continuar la substanciación de manera conjunta y ser decididos en una misma sentencia, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias. Se trata de una institución procesal que otorga solo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento tanto de acumular o no diversos juicios pudiera afectar derechos de las partes, estos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivado de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. La decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, tampoco puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación al derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. Los actos relacionados con la acumulación de juicios, se tratan de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible. La acumulación de juicios se trata de una figura jurídica procesal que solo genera afectaciones a derechos adjetivos y, por tanto, la sola naturaleza del acto permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto, ya que no se requiere de prueba alguna, para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios solo afectan derechos adjetivos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2013364, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". La interpretación del Tribunal Pleno es contundente en señalar que los actos relacionados con la acumulación de juicios, son resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales. Por tanto, toda vez que en el acuerdo aquí reclamado se desecha el incidente de acumulación planteado por la parte actora en el juicio de origen, debe estimarse que esa actuación no comporta una afectación a derechos sustantivos, sino en todo caso que puede producir afectaciones de carácter adjetivo. Es así, pues lo cierto es que la afectación que podría resentir sólo incide en derechos de naturaleza adjetiva; ya que cualquier violación derivada de la acumulación afecta sólo al procedimiento en el que se plantea y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas. Luego, toda vez que la afectación que podría producir el acto reclamado es de índole procedimental, no se justifica la promoción del juicio de amparo, pues la intervención de la Justicia de la Unión está reservada para actuaciones que vulneren derechos sustantivos, respecto de acto que por su trascendencia en la esfera de derechos de los gobernados, se consideran de imposible reparación; que en el caso concreto se podrá apreciar hasta el dictado de la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 49/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 200222 Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 5 ACUMULACION. LA RESOLUCION SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como apoderado legal de Karen Viridiana Guerrero Ramírez, contra actos de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Anotación en libro de gobierno y SISE. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que de no tener inconveniente alguno y conforme las cargas de trabajo se lo permitieran, tuviera a bien remitir la foja en la que se advierta la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ********************, quien se ostenta como apoderado de ********************, misma que permite advertir la vigencia de dicha firma, así como la correspondencia de los datos contenidos en la leyenda inscrita en los costados del escrito de demanda, con la información proporcionada por la autoridad certificadora intermedia sobre la identidad del firmante. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con lo solicitado; en consecuencia, mediante respetuoso oficio que al efecto se gire, solicítese al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que de no existir impedimento legal alguno, tenga a bien remitir la foja en la que se advierta la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ********************, quien se ostenta como apoderado de ********************, radicada, bajo el número de expediente de juicio de amparo directo ********************de su índice; lo anterior, para que este órgano jurisdiccional este en posibilidad de proveer respecto de la demanda de amparo. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Se reciben constancias por incompetencia legal. Téngase por recibido el oficio 841/2021 suscrito por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ***********, quien se ostenta como apoderado de **********, radicada, bajo el número de expediente de juicio de amparo directo 78/2020 de su índice; en consecuencia, acúsese recibo mediante oficio que al efecto se gire a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********, quien se ostenta como apoderado legal de **********, contra actos de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 112/2021-I. Cuestión previa. De la revisión integral del escrito inicial de la demanda se advierte que no obra la foja correspondiente a la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente, pues a pesar de que la totalidad de las fojas que conforman la demanda de trato, contienen en el costado interno una leyenda que se inscribe cuando se firma electrónicamente un documento, en la que se observa el nombre del promovente, una cadena de texto alfanumérico, así como una fecha y hora en especifico; de conformidad con el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, para estimar que dicho documento está firmado electrónicamente, debe apreciarse la evidencia criptográfica que permita advertir la vigencia de la firma electrónica, así como la correspondencia de los datos contenidos en la leyenda antes aludida, con la información proporcionada por la autoridad certificadora intermedia sobre la identidad del firmante. Se solicita Por tanto, dado que en el ocurso de cuenta la Superioridad estableció que la demanda que nos ocupa está firmada electrónicamente, a fin de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito que de no tener inconveniente alguno y conforme las cargas de trabajo se lo permitan, se sirva remitir la foja en la que se advierta la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ********* quien se ostenta como apoderado de **********, misma que permita advertir la vigencia de dicha firma, así como la correspondencia de los datos contenidos en la leyenda inscrita en los costados del escrito de demanda, con la información proporcionada por la autoridad certificadora intermedia sobre la identidad del firmante. ( Proporciona número telefónico. Por otra parte, se tiene a la parte promovente proporcionando el número telefónico móvil ********como una forma pronta y expedita a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. ( Autorización para consultar expediente electrónico y para recibir notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta al expediente electrónico con el usuario jorgemix. Por tanto, se comisiona a la oficial judicial A para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 55, 57 y 58 del acuerdo general en cita, se ordena que este proveído y todos los subsecuentes, cuya notificación no se ordene por lista, le sean notificados electrónicamente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista.

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