Karen Romero Gutiérrez
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Karen Romero Gutiérrez
- Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de doce de enero de dos mil veintidós, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia, ordenándose el archivo definitivo del juicio en que se actúa, sin que se haya realizado pronunciamiento alguno respecto del billete de depósito N 913727, exhibido en el incidente de suspensión. Por lo anterior, toda vez que la parte quejosa exhibió el billete de depósito número N 913727, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), para que surtiera efectos la suspensión provisional; en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, póngase a disposición de la parte quejosa el billete de depósito indicado, y se le hace del conocimiento que a partir del día siguiente en que quede debidamente notificado de la presente determinación, cuenta con el término de dos años, para que comparezca ante el personal actuante de este Juzgado, para que se le haga entrega de dicho certificado de depósito; apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, que prevé: "Artículo 50. Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios". Cobra aplicación al respecto el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 195190 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Penal Tesis: IX.2o.9 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998, página 533 Tipo: Aislada GARANTÍA. DEVOLUCIÓN DE LA OTORGADA PARA LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD. Sí procede la devolución del billete de depósito exigido como garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida contra una orden de reaprehensión, la cual se condicionó a que se presentara el quejoso ante las autoridades responsables dentro del término de setenta y dos horas, en el caso de que haya causado ejecutoria la sentencia dictada en lo principal que otorgó el amparo, pues dicha medida de aseguramiento, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, tiene el fin de que el quejoso pueda ser devuelto a la autoridad responsable, de no concedérsele el amparo. Máxime si no obra en los autos constancia del incumplimiento por parte del quejoso" En el entendido de que, para comparecer a este juzgado, deberá tener en cuenta que debe realizar una cita través del sistema Agenda OJ del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Haciéndole del conocimiento, que la entrega de billetes de depósito en este órgano jurisdiccional, se realiza únicamente los días miércoles de cada semana. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de dos de diciembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, por cuanto hace al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su depuración conforme al artículo 18, fracción I inciso a), del citado ordenamiento. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa, tanto de los catalogados como originales, como de los catalogados como no originales. Por otra parte, toda vez que por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se formó por separado un tomo de pruebas con el expediente original de la causa penal 75/2016 remitidas por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón de cuenta levantada por el Actuario Judicial adscrito, en la cual asienta su imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada ******, sin que resulte necesario emitir mayor proveído al respecto, toda vez que en acuerdo de dos de diciembre del año en curso se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veinticuatro de noviembre del presente año, informa que dentro de la causa penal 75/2016 la hoy quejosa Karen Romero Gutiérrez, quedó bajo los efectos del auto de formal prisión de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, y sometida al procedimiento, por lo que procedió a girar el oficio correspondiente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para dejar sin efecto la orden de reaprehensión, remitiendo para tal efecto copia certificada del oficio 1579/2021. Antecedentes del Juicio de Amparo En tales condiciones, visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la lectura de la demanda de amparo que la quejosa Karen Romero Gutiérrez, por propio derecho, señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora; reclamo: La orden de Busca, Aprehensión y/o Reaprehensión y Detención girada en mi contra. De las ejecutoras; El cumplimiento que pretenden dar a la orden emitida por las responsables ordenadoras, y en su caso una orden de presentación que pretenda cumplimentar." Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en su ocurso de cuenta, obra el oficio 1579/2021 por el cual informa a la Procuradora General de Justicia del Estado, que dentro del proceso 75/2016, instruido en contra de la hoy quejosa, se ha dejado sin efectos la orden de reaprehensión de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en razón de que la procesada Karen Romero Gutiérrez, compareció a sujetarse al procedimiento bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida dentro del presente juicio de amparo, documental pública a la que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Se sobresee el presente juicio de amparo, al cesar los efectos del acto reclamado. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Con lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado la parte quejosa en su libelo de amparo la orden de busca, aprehensión y/o reaprehensión y detención, así como su ejecución, la autoridad responsable, comunicó que con fecha diecinueve de noviembre del presente año, se dejó sin efecto legal la orden de reaprehensión de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, girada en contra de Karen Romero Gutiérrez. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Se deja sin efectos audiencia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron la DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.
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