Karina Erazo Rodríguez y Otros.
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Karina Erazo Rodríguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de enero de dos mil veintiuno. ( Consideraciones previas. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se acordó lo conducente a la firmeza del auto que desecho la demanda, por virtud de la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de la CIRCULAR CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se determinó que durante el periodo citado los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresaban al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Ahora bien, el ocho de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, emitió la CIRCULAR SECNO/1/2021, en la que se dio a conocer la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en la áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Coviod-19", y en la que se determinó que del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, únicamente los circuitos mencionados en el punto I, continuarían con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los restantes operarían bajo el esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del citado Pleno (punto ll), cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, al pertenecer este órgano de control constitucional a un circuito diverso a los mencionados en el punto I de la supracitada circular, en términos del numeral II de ésta, el ordenamiento aplicable a partir de la presente data, es el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En esa tesitura, conforme al citado Acuerdo General 21/2020 en cita, se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo. Ahora bien, a fin de realizar el acuerdo correspondiente, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante ese período -veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-, no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del artículo 2º y 20 del Acuerdo General 21/2020, pero estableciendo que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Causa estado desechamiento. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de diciembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueven **********, por propio derecho; contra la omisión que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 727/2020-I. Estudio de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese contexto, cabe señalar que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos de "imposible reparación" emitidos en un juicio, se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. El artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir sustancialmente el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de acordar y notificar su escrito presentado el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 137/2015-A, y como consecuencia de tal abstención, la dilación en la impartición de justicia. Por tanto, se estima que dicha abstención no constituye un acto de imposible reparación, porque no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Así es, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se duela de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; ni puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo que no afectan derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado el acuerdo correspondiente a su escrito presentado el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 137/2015-A. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. No se pasa por alto que, sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimó que afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. Empero, con la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, se estableció claramente que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra violaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos, no así las denominadas intraprocesales. Lo anterior fue establecido por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 48/2016, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total del juicio natural que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad laboral debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. Así lo plasmó en la jurisprudencia 2a./J.33/2019, con registro 2019400 y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese contexto, se reitera que las quejosas manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, presentaron escrito ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, de cuya abstención de su acuerdo reclaman. Por tanto, el término de cuarenta y cinco días naturales para considerar que ha acontecido una dilación excesiva en el trámite del juicio laboral, transcurre del treinta de octubre de dos mil veinte, al trece de diciembre del mismo año. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, para que se considere paralizado el procedimiento, aun no ha fenecido a la fecha de presentación de la demanda, de ahí que se estime que el Tribunal responsable se encuentra dentro de los plazos que la ley le confiere para dar respuesta al escrito multireferido. Por tanto, la dilación reclamada no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y la falta de acuerdo al escrito antes precisado, no afecta sus derechos sustantivos, sino solamente normas procesales relativas a la tramitación del juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Designación de representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común de las quejosas a KARINA ERAZO RODRÍGUEZ, sin perjuicio de que con posterioridad las quejosas designen a una diversa promovente para tal efecto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita la ocursante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle 5 de junio, número 1210, carretera a Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala; lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en tanto que el presente asunto es de materia laboral y el promovente del amparo es la parte trabajadora. Proporciona correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se le tiene sen~alado como medio de contacto - u´nicamente para ser localizado- los correos electrónicos ABOGADO_FER@HOTMAIL.COM y ALISMG_25@HOTMAIL.COM así como los números telefónicos 2461356470 y 2461289178 lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a trave´s del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido debera´ registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificacio´n, con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 22, fraccio´n II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudacio´n de plazos y al regreso escalonado en los o´rganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
*****Apizaco, Tlaxcala, tres de diciembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueven **********, por propio derecho; contra la omisión que reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 727/2020-I. Estudio de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese contexto, cabe señalar que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos de "imposible reparación" emitidos en un juicio, se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. El artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir sustancialmente el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de acordar y notificar su escrito presentado el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 137/2015-A, y como consecuencia de tal abstención, la dilación en la impartición de justicia. Por tanto, se estima que dicha abstención no constituye un acto de imposible reparación, porque no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Así es, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se duela de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; ni puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo que no afectan derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha dictado el acuerdo correspondiente a su escrito presentado el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 137/2015-A. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. No se pasa por alto que, sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimó que afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. Empero, con la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, se estableció claramente que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra violaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos, no así las denominadas intraprocesales. Lo anterior fue establecido por la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 48/2016, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total del juicio natural que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad laboral debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. Así lo plasmó en la jurisprudencia 2a./J.33/2019, con registro 2019400 y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese contexto, se reitera que las quejosas manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, presentaron escrito ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, de cuya abstención de su acuerdo reclaman. Por tanto, el término de cuarenta y cinco días naturales para considerar que ha acontecido una dilación excesiva en el trámite del juicio laboral, transcurre del treinta de octubre de dos mil veinte, al trece de diciembre del mismo año. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, para que se considere paralizado el procedimiento, aun no ha fenecido a la fecha de presentación de la demanda, de ahí que se estime que el Tribunal responsable se encuentra dentro de los plazos que la ley le confiere para dar respuesta al escrito multireferido. Por tanto, la dilación reclamada no puede entenderse como una paralización total del procedimiento, y la falta de acuerdo al escrito antes precisado, no afecta sus derechos sustantivos, sino solamente normas procesales relativas a la tramitación del juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Designación de representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común de las quejosas a KARINA ERAZO RODRÍGUEZ, sin perjuicio de que con posterioridad las quejosas designen a una diversa promovente para tal efecto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita la ocursante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle 5 de junio, número 1210, carretera a Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala; lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizado en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en tanto que el presente asunto es de materia laboral y el promovente del amparo es la parte trabajadora. Proporciona correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se le tiene sen~alado como medio de contacto - u´nicamente para ser localizado- los correos electrónicos ABOGADO_FER@HOTMAIL.COM y ALISMG_25@HOTMAIL.COM así como los números telefónicos 2461356470 y 2461289178 lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a trave´s del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido debera´ registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificacio´n, con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 22, fraccio´n II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudacio´n de plazos y al regreso escalonado en los o´rganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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