Karen Millán Moterrosas
Expediente 759/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2019
Partes del expediente
- Karen Millán Moterrosas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y toda vez que las partes ya se encuentran debidamente notificadas del auto de siete de mayo reciente, donde se tuvo al tercero interesado Enrique Alfonso Escartín Galindo, interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia; con fundamento en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con el escrito original de expresión de agravios y con una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Revisor que corresponda conocer de dicha revisión, remítanse copias certificadas derivadas del presente sumario al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Sexto Circuito, a fin de que substancie el recurso de revisión interpuesto. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de dieciséis de mayo reciente (foja 163), se tuvo por recibido el escrito del quejoso HELIODORO ÁVILA MARTÍNEZ, mediante el cual dio contestación al recurso de revisión interpuesto; en consecuencia, remítase el original del citado ocurso con número de registro 8750, a la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados en Materia Civil en turno del Sexto Circuito, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Karen Millán Moterrosas, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 759/2019-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Karen Millán Moterrosas se duele esencialmente de la omisión en que incurre la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito inicial de demanda presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, como ya se dijo, Karen Millán Moterrosas se duele de la omisión en que incurre la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, de acordar el escrito inicial de demanda presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve; lo cual, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la promovente, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. En tales condiciones, si bien la promovente manifestó en el capítulo correspondiente que con fecha ocho de abril de dos mil diecinueve presentó su escrito de demanda y hasta la fecha la autoridad responsable no ha emitido el acuerdo correspondiente respecto a la radicación de la misma, lo cierto es que no han transcurrido los cuarenta y cinco naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente el Tribunal responsable debió pronunciarse al respecto, ello, tomando en consideración el término genérico contemplado en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que establece que la autoridad laboral dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Consecuentemente, no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio; lo que de ninguna manera hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no la deja sin defensa, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Karen Millán Moterrosas al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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