Karina Campa Díaz de León

Expediente 1745/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1745/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
20/06/2019

Partes del expediente

  • Karina Campa Díaz de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (fojas 131 a 156), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: ".a) Realice las actuaciones necesarias para dictar la interlocutoria del incidente de liquidación presentado por la parte quejosa dentro del juicio de divorcio voluntario 119/2011, de su estadística. b) Emita la interlocutoria del incidente de liquidación invocado." Asimismo, mediante oficio recibido el cinco de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copias certificadas de la resolución relativa al incidente de liquidación de tres de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 119/2011 (fojas 164 a 166). Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el doce del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copias certificadas de la resolución relativa al incidente de liquidación de tres de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 119/2011. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca R-528/2018, derivado del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1745/2018; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal y un anexo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Queda intocado el primer resolutivo de la sentencia recurrida, respecto del sobreseimiento decretado por lo que hace al acto atribuido al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la omisión de acordar la solicitud presentada por la quejosa con la finalidad de requerir a GEZA EMERICK SOLAR SÁNCHEZ el pago de alimentos dentro del expediente 119/2011. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a KARINA CAMPA DÍAZ DE LEÓN, por su propio derecho, y en representación de la menor S.S.C., contra el diverso acto atribuido al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación interpuesto dentro del expediente 119/2011". Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a María Gabriela Durán Gaspar, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la Titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, las copias certificadas que remitió como justificante del informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este Juzgado que fue admitido el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo, quedando registrado bajo el toca R-528/2018. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran las constancias de la notificación realizada a las partes del proveído por el que se hace de su conocimiento el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio. En consecuencia, fórmese expedientillo de antecedentes. Con fundamento en los artículos 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con el escrito original de expresión de agravios y con una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al tribunal revisor que corresponda conocer del recurso de revisión interpuesto, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Sexto Circuito, a fin de que sustancie el mismo. Notifíquese.

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