Karén Millán Monterrosas

Expediente 977/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
977/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Karén Millán Monterrosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dos de julio de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como totalmente concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como por el Actuario de su adscripción, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Karen Millán Monterrosas, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables:  Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; y,  * Actuario adscrito a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es:  La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen D-4/148/2019; y,  La omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen D-4/148/2019. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de once de abril de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen D-4/148/2019, y el veintiocho de junio de dos mil diecinueve se emplazó a la parte demandada, para lo cual remitieron copia certificada de tales actuaciones, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que KARÉN MILLÁN MONTERROSAS acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado de Puebla, así como del Actuario de su adscripción, de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen D-4/148/2019, y emplazar a la parte demandada. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de once de abril de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen D-4/148/2019, y el veintiocho de junio de dos mil diecinueve se emplazó a la parte demandada; por tanto, es dable concluir que cesaron los efectos de los retardos de los que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Karen Millán Monterrosas reclamó de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado de Puebla, así como del Actuario de su adscripción. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve; y acusa el recibo respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del presente juicio de amparo, por lo que se dejan sin efecto las nueve horas con treinta y dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 4/2012 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro IX, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil doce, de rubro y textos siguientes: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." En tal virtud, gírese atento oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para su conocimiento y surta sus efectos dentro de la queja número Q-181/2019 de los de su estadística. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que ha transcurrido el término concedido a la autoridad sustituta Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, a fin de que proporcionara los datos de localización de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Padres de Familia, sin que lo haya hecho, o en su caso, hubiere manifestado la imposibilidad que tuviere para ello; por tanto, requiérase por última ocasión a la citada autoridad sustituta (Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla), para que en el improrrogable término de tres días contado a partir de que se notifique éste proveído, proporcione los datos requeridos. En otro aspecto, del análisis integral de las constancias que obran en autos, se advierte que las autoridades encargadas de dar cumplimiento a la medida cautelar concedida, han sido omisas en reiteradas ocasiones, ello, pese a que se han realizado diversos requerimientos e impuesto diferentes multas. Sustentan su negativa para acatar los efectos de la medida cautelar concedida, en la consideración toral de que la única autoridad encargada de dar cumplimiento es la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Padres de Familia. No obstante, las Mesas Directivas de las asociaciones de padres de familia, tienen una función específica de representación y otras plenamente determinadas, como se desprende del artículo 31 del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, En ese sentido, de las constancias que obran en el presente incidente, se desprende que en la reunión ordinaria de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, por mayoría de votos de los miembros presentes, se aprobó la destitución del hoy quejoso del cargo de Vicepresidente que ostentaba de la Mesa Directiva de esa asociación, tal como se desprende de la parte conducente del acta relativa, que establece Siendo las once horas con veinte minutos del día diecisiete de enero del año dos mil diecisiete estando reunidos en el lugar denominado estación cuarenta y tres, ubicado en la prolongación Guerrero S/N del municipio de Chignahuapan, Puebla, los C.C. José Alejandro Águila Arguelles (sic), Noé Ramiro Beristaín, Guadalupe Díaz Castro, Florencio Medina Fernández, Sergio Segundo Pérez, Crescencio Bueno Sánchez, Manuel Huerta Moreno, Josefina Ortiz Hernández, José Leopoldo Olvera Galindo y Felipa Gutiérrez Arroyo, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales respectivamente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, con la finalidad de llevar a cabo reunión ordinaria convocada por el Presidente y Secretario de la misma, mediante citatorio de fecha trece del mismo mes y año, por lo que al asistir diez de doce integrantes, existe QUORUM y por lo tanto se declara legalmente instalada la reunión bajo el siguiente orden del día El secretario somete a votación la destitución del cargo de Presidente de la Asociación Estatal de padres (sic) de Familia que ocupa Alejandro Águila Argüelles, resultando cero votos a favor de la destitución, se hace constar que, al momento en que se obtiene el resultado de la votación de la destitución del cargo de Presidente, al no verse favorecido hasta ese momento el vicepresidente Noé Ramiro Beristaín se retira de esta reunión y los C.C. Florencio Medina Fernández, Crescencio Bueno Sánchez y José Leopoldo Olvera Galindo, primer, tercero y séptimo vocales respectivamente se abstienen de votar al ver que se retiraba Noé Ramiro Beristaín, tomando en consideración que el C. Noé Ramiro Beristaín, Vicepresidente a (sic) actuado ante diferentes instituciones ejerciendo y realizando en exceso las facultades que tiene dentro de esta Representación, esto de acuerdo al Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia, así como los constantes conflictos y agresiones que ha originado dentro de los compañeros de la Asociación, es por esta razón que se somete el secretario a votación la destitución del cargo de Vicepresidente que ostenta el C. Noé Ramiro Beristaín, dando como resultado seis votos a favor de la destitución del cargo de Vicepresidente y tres abstenciones. Toma la palabra el Presidente de la Asociación y manifiesta que tomando en consideración la votación realizada en el punto anterior y la sometida a consideración para la destitución se declara que es procedente la destitución del C. Noé Ramiro Beristaín, ya que así lo decidieron por mayoría en base a la votación de los integrantes de la mesa directiva (sic) por lo tanto manifiesta el Presidente que se encuentran dos cargos vacantes el de Tesorero y el de Vicepresidente, por lo que solicita se nombren para la reestructuración de la Mesa Directiva de la Asociación." De lo que se sigue, que se trató de una decisión mayoritaria de los integrantes presentes a la reunión ordinaria de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, quienes por ende actuaron en un plano de igualdad y coordinación frente a los mismos integrantes de esa Mesa Directiva. Por tanto, para efectos del presente incidente de suspensión, se evidencia que en el caso se trató de la destitución de un cargo de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, con base en el voto mayoritario de los integrantes de la misma, y en esa medida, es incuestionable que tal autoridad es la encargada de restituir al quejoso en el cargo del cual fue destituido. En esa tesitura, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 1222 y 1223), y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, se impone a la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; por lo que se ordena girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" con sede en la ciudad de Puebla, para que realice los trámites necesarios a efecto de lograr el pago de la indicada multa, haciéndole saber a dicha autoridad fiscal, que José Alejandro Águila Argüelles tiene el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, con domicilio conocido en Calle Chopo número 110, segundo piso, de la Colonia Jesús González Ortega de la Ciudad de Puebla, Puebla. Asimismo, se hace del conocimiento de dicha autoridad que está obligada a realizar todas las acciones y gestiones inherentes en acatamiento a la medida cautelar de mérito, incluso ante las instancias y autoridades vinculadas con el mismo, y en caso, de continuar con las evasivas en el cumplimiento, de conformidad con el artículo 209 de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público Federal, para que determine lo que a derecho corresponda ello, tal y como lo indicó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, en la queja 155/2018 (fojas 834 a 849). Al margen de lo anterior, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se comisiona nuevamente a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, y se requiere al quejoso Noé Ramiro Beristain para que se constituyan a las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el domicilio ubicado en "Calle Chopo, Número diez, segundo piso de la Colonia Jesús González Ortega de la Ciudad de Puebla", y la citada actuaria de fe del cumplimiento que la autoridad sustituta Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla dé a la suspensión definitiva concedida, esto es I. Restituya al aquí quejoso NOÉ RAMIRO BERISTAIN, en el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla; y, II. Permita el acceso a las instalaciones que ocupa la misma. Haciendo del conocimiento de la indicada autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Noé Ramiro Beristaín, por propio derecho, y en representación del primero y tercer vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, atento su contenido, dígasele al ocursante que respecto a la imposición de la multa que solicita y el requerimiento a la autoridad sustituta que refiere, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. No obstante, por lo que hace a la diversa petición en el sentido de que se aperciba a la autoridad sustituta que de no dar cumplimiento al requerimiento de cumplimiento a la medida cautelar concedida se le requerirá dicho cumplimiento con auxilio de la fuerza pública, autorizándose para tal efecto el rompimiento de chapas y cerraduras dígase que no ha lugar a acordar de conformidad. Lo anterior, toda vez que dada la naturaleza de los efectos para los que se otorgó la medida cautelar respectiva, en específico, el relativo a restituir al aquí quejoso NOÉ RAMIRO BERISTAIN, en el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, no es factible lograr su cumplimiento a través del rompimiento de chapas y cerraduras, ya que la restitución del quejoso en el cargo de Vicepresidente implica un acto propio de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, que se insiste, no se lograría con el auxilio de la fuerza pública. Finalmente, agréguese a sus autos la copia del oficio 400-47-00-04-00-2019-5680, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla "2", por medio del cual informa que solicitó a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", realizara los trámites respectivos para la imposición de la multa a cargo del sancionado José Alejandro Águila Argüelles de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes.

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