Karen Adriana Pool Gómez
Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karen Adriana Pool Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado signado por el Auxiliar en Funciones del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; ahora bien, es de señalarse que de la revisión de las constancias que remitió con su informe justificada en apoyo al mismo se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en: Asimismo, del informe relativo y constancias anexas a los informes rendidos por el Auxiliar en Funciones del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de trece de mayo del año en curso, se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes; mismo acuerdo que fue notificado a la parte quejosa el veinticuatro de junio del dos mil veintidós, de conformidad con la constancia de notificación expedida por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiséis de abril de la presente anualidad. Por lo que, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez, que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del dos de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante el licenciado Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por Amado Xavier Hernández Aguilar, autorizado de la parte quejosa, el cual se presentó electrónicamente, mediante el cual solicita se le aclare el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de junio del año en curso. En atención a lo solicitado comuníquese a la parte quejosa que el requerimiento de referencia, únicamente está relacionado a que precise si para acceder al predio o lote en el que se desahogará la prueba pericial que ofreció en este juicio, se necesita de autorización de persona alguna o de diversa medida para ingresar al mismo, o si se trata de un predio que se encuentre con acceso libre, esto es, que no se requiere de solicitar a alguna persona el acceso a dicho predio, por tratarse de un lote que se encuentra al aire libre sin construcción y sin restricción o barrera de algún tipo que pueda impedir el ingreso al mismo al momento de llevarse a cabo el desahogo de la prueba solicitada; asimismo, para que manifieste quién es actualmente la persona que se encuentra tanto en propiedad, como en posesión material del mismo y, en su caso, proporcione los datos inherentes a dichas personas, a fin de que de resultar necesario, se notifique a esta o estas personas del desahogo de la diligencia de mérito. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 184/2021 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos, en Suplencia por Ausencia del Suprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del Director General de Amparos contra Leyes, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte; asimismo, devuelve el expediente original; ejecutoria de la que aparece que el cuerpo colegiado en el primer punto resolutivo confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, y en el segundo punto se ampara y protege a la quejosa, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la mencionada sentencia. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese efecto, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio fueron los siguientes: ".Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. Por todo lo antes expuesto, se concede el amparo y protección de la justicia federal que solicita, para el efecto siguiente: El Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad: a) Deje insubsistente el acto de aplicación, consistente en el oficio ISS100.31.300.1.1731.10.2019, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. b) Dejen de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, lo dispuesto en el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) Emitan un nuevo oficio en el que determinen las cantidades a pagar por pensión de viudez y por jubilación, desde la fecha en que se realizó el ajuste a las pensiones de la quejosa, por aplicación de la norma declarada inconstitucional y hasta el momento en que deje de descontarse. d) Acrediten haber pagado la pensión por viudez y por jubilación que corresponde a la aquí quejosa, desde la fecha en que realizó el ajuste a las pensiones de la quejosa, por aplicación la ley reclamada y hasta el momento en que deje de descontarse y en caso de haber efectuado descuento alguno, lo reintegre; asimismo, en caso de no haber realizado ajuste o descuento alguno, lo informe. En ese sentido, deberá remitir a este Juzgado Federal las constancias certificadas relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se les señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Justo Pastor Tzab Tzab1279/2020
- Juvencio Uc Yeh2249/2021
- Juventino Ismael Rosete Xicohténcatl1226/2018
- Kalani Tirie Fernández Barajas1154/2023
- Karely Natividad Bermejo Herrera2941/2022
- Karely Natividad Bermejo Herrera1179/2023
- Karen Belen Mut Haas754/2023
- Karen Itzel Ramírez Chávez135/2021
- Karen López López503/2022
- Karen Marcela Molano Sarria192/2022
- Karen María Paredes Lizárraga2291/2021
- Karen María Paredes Lizárraga185/2021