Justo Pastor Tzab Tzab

Expediente 1279/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Justo Pastor Tzab Tzab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    (.) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO (.) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS (.)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de enero del presente año y remite copias certificadas conducentes del expediente 148/2020 de su índice e informa que ante el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar en el expediente *****del índice de dicho Juzgado, se nombró interventor de la sucesión de ******************************************************************. Sin embargo, hágase de su conocimiento al Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, que de las constancias que integran el presente expediente, mediante proveído de dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido las constancias relativas que obran en el expediente ***** relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovida por ************************* endosatario en procuración de la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil de origen, con la finalidad de que se nombre un interventor a la sucesión de la ahí demandada *************************************, en la que se acordó lo siguiente: "(.) Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la solicitud de la parte actora de nombrar interventor en el juicio ejecutivo mercantil se realizó con fundamento en el artículo 562 del Código de Procedimientos Familiares en relación con los diversos 878 y 882 del Código de Familia de Yucatán, mismos que por su orden establecen: "Artículo 562.- El interventor debe recibir los bienes por inventario y únicamente tiene el carácter de simple depositario, por lo cual sólo puede desempeñar las funciones administrativas para la conservación de los bienes y las que se refieren al pago de deudas mortuorias, impuestos fiscales o alimentos, esto último mediante autorización judicial. ." "Artículo 878. Cuando alguna persona tenga una acción en contra de la sucesión y no hubiera albacea designado en relación a ésta, puede solicitar al juez que nombre un interventor para que la represente en juicio, hasta en tanto se nombra albacea." "Artículo 882. Los interventores deben ser mayores de edad, capaces de obligarse y contar con buena reputación pública." Como se ve el interventor antes nombrado únicamente tiene el carácter de auxiliar en la administración de justicia, siendo un simple depositario para guardar los bienes de la herencia y cuidar su conservación, con la única excepción del pago de las deudas mortuorias, para lo cual requiere de autorización judicial; lo anterior en tanto no exista un representante de la herencia, por lo que no es la persona idónea para representar a los herederos de la sucesión de la tercero interesada en el juicio de amparo. (.)" En consecuencia, a fin de proveer lo que legalmente corresponda, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Juez Primero de Oralidad Familiar del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, para que en el término de tres días informe a través del correo institucional de este juzgado que lo es 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, las diligencias realizadas a fin de nombrar un representante legal de la sucesión de Minerva Baqueiro Cetz, relativo a la tramitación de las Diligencias de Jurisdicción Voluntarias *************************de su índice y remita las constancias conducentes; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por otra parte, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Por lo que se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. De igual forma, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las trece horas con treinta minutos del seis de enero de dos mil veintiuno, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con diez minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 163/2020IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, la secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con el acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, que proveyó sobre su admisión, con las constancias de notificación a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables los cuales obran agregados a los presentes autos, con los que oportunamente se dio vista a las partes. Asimismo, le informo que de autos se advierte que ha fenecido el término que se concedió a la parte quejosa por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin que hubiese hecho manifestación alguna con relación a su voluntad de ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable a lo solicitado, que obra en los oficios números ISS/SPGF/OS/291/2020, ISS/SPGF/OS/127/2020, ISS/SPGF/OS/126/2020, ISS/SPGF/OS/110/2020 y ISS/SPGF/OS/111/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes, y respecto a la prevención realizada a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda de amparo, dado que no realizó manifestación alguna, en consecuencia, no se tiene por ampliada su demanda respecto de la contestación emitida por la autoridad responsable. Se abre el período de pruebas, en el que la secretaría da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo, así como con las constancias que la Apoderada General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), acompañó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas reseñadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaria da cuenta con el alegato ministerial 163/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. En atención a lo cual el Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos vertidos en el alegato de cuenta, para ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 163/2020-IV promovido por Dalia Margarita Escalante Castillo, Graciela Rodríguez Borges, Lino Enrique Maldonado, Trinidad Carolina Lizárraga Pérez y Concepción Margarita Pérez Castillo, contra el acto que reclama del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y otra autoridad, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Dalia Margarita Escalante Castillo, Graciela Rodríguez Borges, Lino Enrique Maldonado, Trinidad Carolina Lizárraga Pérez y Concepción Margarita Pérez Castillo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra omisiones que no tiene una ejecución material pero fue presentado dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el acto que en apariencia señaló como tal. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar respecto de cinco memoriales presentados ante dichas responsables. Tercero. Existencia del acto reclamado. La apoderada General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional ambas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada de las constancias que remitió con su informe justificado la primera de las mencionadas, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tienen por ciertos los actos que se les reclaman. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar respecto de cinco memoriales presentados ante las autoridades responsables. Sin embargo, de las constancias que la apoderada General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), remitió en apoyo a su informe justificado a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veinte la nombrada responsable emitió diversos oficios en los que hace del conocimiento de los ahora quejosos la respuesta a lo solicitado en sus memoriales de referencia, mismos oficios que les fueran notificados de manera personal el trece de febrero de dos mil veinte, según se desprende de los acuses de mérito. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintinueve de enero de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las responsables Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán de proveer sobre los memoriales presentados por los ahora amparistas, es inconcuso que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que el veintinueve de enero de dos mil veinte, se emitieron diversos oficios en los cual se da contestación a las solicitudes planteadas, y se notificó a la parte quejosa el trece de febrero de dos mil veinte, dejando de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que el auto de mérito repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: Se r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dalia Margarita Escalante Castillo, Graciela Rodríguez Borges, Lino Enrique Maldonado, Trinidad Carolina Lizárraga Pérez y Concepción Margarita Pérez Castillo, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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