Karely Natividad Bermejo Herrera
Expediente 1179/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karely Natividad Bermejo Herrera
- Elmy del Carmen Bermejo Herrera
- Elmy del Carmen Bermejo Herrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1179/2023-I, promovida por Elmy del Carmen Bermejo Herrera y Karely Natividad Bermejo Herrera, en contra del Titular y/o Jefe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Mérida, por violación a los artículos 1 y 4,párrafo séptimo, Constitucionales, artículo 11 párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y remitido el veintisiete del mismo mes y año, a este juzgado de Distrito por razón de turno, las promoventes solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del Titular y/o Jefe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos, empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Mérida. Segundo. Mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó en términos del acta que antecede, y; C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues las determinaciones reclamadas tienen ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto que reclama la quejosa, es el siguiente: - El oficio SSB/PEN-08/01369/2023 de cuatro de julio de dos mi veintitrés, mediante el cual, el apoderado legal CFE Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, comunicó a la quejosa Karely Natividad Bermejo Herrera, la negativa de otorgar un contrato de suministro de energía eléctrica, a su nombre, respecto del predio número trescientos treinta letra "A", de la calle treinta y dos, por calles treinta y cinco y cuarenta y uno, departamento uno, edificio "C" denominado Plantinum Luxury Condos, de la colonia San Antonio Cucul, de esta ciudad. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el apoderado legal de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Mérida, admitió la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias digitalizadas que remitió con dicho informe y en alcance del mismo, con la debida protesta de ser fiel de sus originales, a las cuales se reconoce pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2º del propio ordenamiento legal; por tanto, se tiene por existente el acto atribuido. Cuarto. Análisis de causal de improcedencia. En principio, debe examinarse si surge en el presente juicio alguna causal de improcedencia, ya que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, pueden analizarse de oficio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable el apoderado legal de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, esbozó no ser autoridad responsable, esto es, aludió a la improcedencia de este juicio de amparo, en virtud de que la vía procedente es la mercantil, pues los actos de la Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, derivan de actos comerciales, por lo que no puede estimarse violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa al tratarse el acto reclamado. La causal invocada es infundada. La improcedencia argumentada por la responsable se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En relación con dichas disposiciones legales, cabe destacar que todas las autoridades -federales, estatales o municipales; ejecutivas, legislativas o jurisdiccionales-, de derecho o de hecho, pueden tener el carácter de responsables, estableciéndose como único requisito para ello que por circunstancias legales o de hecho, estén en posibilidades de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para sustentar lo anterior, y para formar el concepto vigente de autoridad para efectos del amparo, resulta útil tener presente la siguiente tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Y para que el acto de un órgano estatal adquiera el carácter de autoridad, se requiere que se desempeñe a propósito o en relaciones de supra a subordinación, es decir, en aquellas que se entablen entre sujetos colocados en planos diferentes, o sea, entre los particulares, por un lado, y el Estado, por el otro, en ejercicio de sus funciones de imperio desplegadas a través de sus diversas dependencias gubernativas. Por otro lado, cabe indicar que los numerales 2, 4, 5 y 30 de la Ley de la Industria Eléctrica, disponen: "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." "Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia." "Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero." "Artículo 30. El Estado, a través de la Secretaría, los Transportistas o los Distribuidores podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica." La normativa anterior establece que el servicio de energía eléctrica, cuya titularidad corresponde al estado, sin perjuicio de que pueda prestar el servicio a través de particulares, por lo que de conformidad con el numeral 5, antes transcrito, los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y de manera supletoria el Código Civil Federal. De lo anterior puede inferirse que la relación comercial que pueda darse entre el prestador de servicios y el usuario, se actualiza una vez que se haya celebrado el contrato de energía eléctrica respectivo, en tanto que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica son áreas estratégicas para el Estado. En ese sentido, debe establecerse que la falta de celebración de contrato respectivo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, excluye cualquier tipo de relación entre particulares, por lo que se estaría en presencia de un acto del Estado. Precisado lo anterior, en este asunto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la emisión del oficio SSB/PEN-08/01369/2023 de cuatro de julio de dos mi veintitrés, a través del cual le comunicó que para celebrar un contrato de suministro a su favor, era necesario realizar el pago del adeudo por ajuste a la facturación número 1286/2022, por la cantidad de $ 149,683.00 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), a nombre de Luis Enrique Azarcoya Barbachano, ya que dicho adeudo fue emitido en el servicio de energía eléctrica ubicado en el domicilio "32 33ØA Dep C1 35 41 33ØA CPØ", predio en el que refiere habitar dicha quejosa. Esto es, que hecho lo anterior, se procedería a otorgarle el contrato de suministro, como titular de este, conforme a lo dispuesto en el contrato de suministro de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintiuno, lo que a criterio de este juzgador crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que sí afectan la esfera legal del particular, de ahí que contrario a lo señalado por la autoridad responsable, se considera que en el presente juicio sí es autoridad para efectos del acto reclamado. En ese sentido es aplicable al caso, en lo que interesa, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, consultable en la página 2156, del rubro y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE NIEGA A PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la negativa a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica solicitado por el quejoso, la Comisión Federal de Electricidad actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque se cumplen los requisitos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, en virtud de que aquélla es un organismo del Estado, regulado por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento que, al negarse a celebrar un contrato de suministro crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Además, ese acto puede llegar a conculcar el derecho humano contenido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa, es decir, los que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, entre los que se encuentran la electricidad, iluminación y ventilación adecuadas, máxime que la comisión mencionada es el único organismo estatal que puede prestar ese servicio, de acuerdo con la invocada ley y con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Con base en las anteriores consideraciones, es por lo que no son aplicables al caso las interpretaciones que la Segunda Sala del alto Tribunal del país ha emitido considerando que la citada Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable. Al respecto, las tesis de jurisprudencia emitidas por la Segunda Sala, conforme a las cuales el juicio de amparo es improcedente contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, se refieren a los casos en que los actos sean los consistentes en la emisión del aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica y el corte o suspensión de tal servicio, ya que ha sostenido que dichos actos no son de autoridad, ni se equiparan a los actos de autoridad. Además, la citada Sala del Máximo Tribunal del país ha sostenido en tesis de jurisprudencia, que en relación con los actos antes señalados, el juicio de amparo es improcedente. En efecto, aun cuando la Segunda Sala del alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 4/2014, consideró que deben permanecer vigentes en el régimen de la actual Ley de Amparo, ya que continuó sosteniendo su criterio en el sentido de que no son actos de autoridad, ni se equiparan a los mismos, la emisión del aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica y el corte o suspensión de tal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y consiguiente improcedencia del juicio de amparo; situación que es diversa al acto que reclama el impetrante de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior las consideraciones emitidas en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis recién citada, y que a su vez dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 43/2014 y 2a./J. 43/2014, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013", de las cuales se advierte que en lo medular la Segunda Sala sostuvo lo siguiente: ".El contenido de las jurisprudencias transcritas continúa vigente, pues la Comisión Federal de Electricidad, a la luz de las disposiciones de la abrogada Ley de Amparo y de las contenidas en la Ley de Amparo en vigor no ha cambiado su naturaleza jurídica y por ello no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica y de la suspensión o corte de tal servicio, puesto que las características de esos actos siguen siendo las mismas, a saber: Su origen (acuse de recibo) es un acuerdo de voluntades. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. Así, la Comisión Federal de Electricidad, en casos como los que dieron origen a esta contradicción de tesis, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación.". Así, es evidente que la materia de la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, y por la que se consideró que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, refería a actos consistentes en la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica y de la suspensión o corte de tal servicio, atribuidos a dicho organismo público, esto con base en cuatro características identificadas en esos actos, siendo las dos primeras, su origen (aviso de recibo) es un acuerdo de voluntades y, la relación jurídica existente entre este organismo y la otra parte, sin que en el caso del presente acto reclamado concurran dichos caracteres. En este asunto, el acto del que se duele la parte quejosa consiste en que la Comisión Federal de Electricidad, se negó a celebrar con ella un contrato de suministro de energía eléctrica de un bien inmueble del que se ostenta propietaria, pues la citada responsable negó celebrar el contrato debido a que el predio presentaba un adeudo a nombre de la diversa persona Luis Enrique Azarcoya Barbachano, por lo que es claro que entre la quejosa y la responsable no existe un acuerdo de voluntades. En consecuencia, si no existe un contrato tampoco puede haber relación jurídica entre el organismo responsable, y la parte quejosa, para que pudiera afirmarse que entre ellos exista una relación de coordinación; lo que evidencia que por la naturaleza del acto reclamado de atención, no reviste de las aquellas características: que son, tener origen en un acuerdo de voluntades y, la relación jurídica existente entre este organismo y la parte quejosa, por las que la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consideró que cuando se atribuyan a la Comisión Federal de Electricidad actos que revistan entre otras, de tales características, no tendría el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, la negativa de celebrar un contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al no existir un acuerdo de voluntades suscrito entre la peticionaria de amparo, con el carácter de usuario y la empresa paraestatal, como suministradora, del que derive una relación de coordinación que implique derechos y obligaciones como entes de derecho privado y, como consecuencia de ello, el juicio de amparo no es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con al numeral 5o, fracción II, ambos de la ley de la materia, por lo que dicha causal debe declararse infundada. De ahí que se desestime la causal de improcedencia señalada por la autoridad responsable. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo diversa causal de improcedencia que invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se tienen por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa se duele de la violación de los artículos 1, 4, párrafo séptimo, 25, 27 y 28 Constitucionales, derivado de la negativa de la responsable transgrede en su perjuicio el derecho a una vivienda digna y decorosa, por la importancia de la energía eléctrica, debido a que la falta de ésta afecta actividades esenciales, como la salud, educación, trabajo y sociales, e iluminación del domicilio. Que no existe a la fecha algún contrato o relación jurídica o comercial con CFE Suministrador de Servicios Básicos, del que pudiera originarse obligaciones a su cargo con dicha empresa subsidiaria. También se dice agraviada de que la autoridad expresara que existe un adeudo por un servicio a nombre de Luis Enrique Azarcoya Barbachano, que se suministraba en dicho predio, lo que es incorrecto e ilegal, por negar la celebración de un contrato; en tanto que las quejosas son personas diversas al deudor, cuestión que aduce, transgrede su derecho de acceder al suministro de energía. Que se le pretende imponer a su persona un adeudo de un anterior usuario, lo que transgrede en su perjuicio el derecho humano reconocido de acceder al servicio de energía eléctrica. Señala la parte quejosa que las obligaciones que se pactan son recíprocas y exigibles únicamente entre las partes contratantes, esto es, entre quienes suscribieron del acuerdo de voluntades, de ahí que únicamente conciernen a las partes contratantes, pues se trata de obligaciones personales y no reales; de tal manera que CFE Suministrador de Servicios Básicos no puede imponer el pago de una deuda ajena, condicionando de ese modo la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica, cuando se cumplen con todos los requerimientos técnicos y jurídicos para ello. Adujeron que dicha afirmación es así, en términos de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, y que rigen a la Comisión Federal de Electricidad, que se señalan en su numeral 17, fracciones XIV y XV, el Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos usuarios finales cargos que precedan la fecha de celebración del contrato de suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros usuarios finales, en la misma instalación eléctrica independiente. Por último, la parte quejosa invocó como precedente de sus pretensiones en este asunto, la resolución emitida en el amparo directo 521/2021, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimocuarto Circuito. Son infundados los conceptos de violación. La calificación anterior es con base en que no se consideran vulnerados derechos fundamentales. Lo que así se considera respecto al posicionamiento de la parte quejosa, que se duele de que la autoridad responsable para negarle la celebración de un contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica, actuó de manera incorrecta e ilegal, pues se trata de personas diversas al deudor, y que a su parecer eso le genera una ilegalidad jurídica, porque su solicitud no fue atendida en sentido favorable. Adicionalmente, que las obligaciones pactadas son recíprocas y exigibles únicamente entre las partes contratantes, es decir, entre los suscriptores del acuerdo de voluntades, por lo que solo a ellos atañe, ya que versa sobre obligaciones personales y no reales, de ahí que CFE Suministrador de Servicios Básicos no puede imponer el pago de una deuda ajena, para condicionar la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica, cuando se cumplen todos los requerimientos técnicos y jurídicos. Y que de acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, que norman a la Comisión Federal de Electricidad en su artículo 17, fracción XV, el Suministrador de Servicios Básicos no podrá cobrar a los solicitantes o nuevos usuarios finales cargos que precedan la fecha de celebración del contrato de suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros usuarios finales, en la misma instalación eléctrica independiente. Contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, no se considera de ninguna manera la autoridad responsable se haya conducido en contra de la normativa que la rige, pues como se expuso en el oficio reclamado, de acuerdo a la resolución de la Comisión Reguladora de Energía, por el que se aprobó el nuevo modelo de contrato para el suministro de energía eléctrica, en la cláusula décima novena, la cual estipula los casos en los que procede el mismo. En esos términos es por lo que a criterio de este resolutor de amparo se aprecia que es correcta la determinación de la autoridad responsable apoderado de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios básicos, que se digitaliza a continuación: De la determinación reclamada se advierte que respecto al predio número trescientos treinta letra "A", de la calle treinta y dos, por calles treinta y cinco y cuarenta y uno, departamento uno, edificio "C" denominado Plantinum Luxury Condos, de la colonia San Antonio Cucul, de esta ciudad, existe un adeudo por servicio de energía eléctrica, por concepto de ajuste a la facturación número 1286/2022, por la cantidad de $ 149,683.00 (ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), a nombre de Luis Enrique Azarcoya Barbachano, por el periodo que abarca del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve al tres de junio de dos mil veintidós, en dicho predio, en la que resultó que en el inmueble se consumía energía eléctrica, sin que estuviera facturada a nombre de las quejosas, esto es, no estaban autorizadas en un contrato de suministro. Dicha afirmación es porque, si bien es verdad que como resultado de una revisión efectuada el tres de junio de dos mil veintidós, se detectó una actividad que impedía el funcionamiento correcto de las redes que impedía que los instrumentos de medición funcionara normal, respecto del predio antes referido, se encuentra a nombre de diversa persona, que es Luis Enrique Azarcoya Barbachano, lo cierto es que, corresponde al predio propiedad de las aquí quejosas Elmy del Carmen Bermejo Herrera y Karely Natividad Bermejo Herrera. Esto se desprende del documento que las impetrantes exhibieron con la demanda de amparo, que es la copia certificada del acta número cuarenta, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, pasada ante el Notario Público número veintidós del Estado, relativa a la dación en pago otorgado por Ana Cristina Barbachano Herrero, a favor de las aquí quejosas Elmy del Carmen Bermejo Herrera y Karely Natividad Bermejo Herrera y de otras personas, respecto del bien inmueble departamento en condominio en nivel uno, número "uno", del edificio "C", del conjunto habitacional denominado "Platinum Luxury Condos", perteneciente al predio número trescientos treinta letra "A", de la calle treinta y dos, de la colonia San Antonio Cucul, de esta ciudad; de lo que se advierte que desde el treinta de mayo de dos mil dieciséis, ya eran propietaria de dicho inmueble las impetrantes de amparo,. En ese orden de consideraciones, si el lapso del adeudo comprende del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve al tres de junio de dos mil veintidós, según el ajuste de facturación 1286/2022 de tres de junio de dos mil veintidós, resulta evidente que las accionantes de amparo, tienen la obligación de regularizar el importe solicitado por la autoridad responsable, por ser copropietarias desde el año dos mil dieciséis, del inmueble respecto del cual existe el adeudo del consumo de energía eléctrica, con motivo de que el tres de junio de dos mil veintidós, se realizó una revisión al sistema de medición e instalación eléctrica del servicio de energía eléctrica. Además, que de la referida revisión se detectó que en el bien inmueble se consumía energía eléctrica por medio de instalaciones que evitaban, alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, utilizándola en forma y cantidad que no estaba autorizada en el contrato de suministro. No se soslaya que las quejosas argumentan que la autoridad responsable infringe la normativa que la rige, dado que las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, en su artículo 17, fracción XV, se establece que el Suministrador de Servicios Básicos, no puede cobrar a los solicitantes nuevos usuarios finales cargos que precedan la fecha de celebración del contrato de suministro, ni cobrar adeudos generados con anterioridad por otros usuarios finales en la misma instalación; sin embargo, desde el treinta de mayo de dos mil dieciséis, las impetrantes son copropietarias del predio en el que se presenta un adeudo por el suministro de energía eléctrica, durante el periodo comprendido del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve al tres de junio de dos mil veintidós; por lo que se presume que omitió llevar a cabo el cambio de propietario ante la Comisión Federal de Electricidad, respecto del suministro de energía eléctrica, en el inmueble donde se advirtió el uso de instalaciones que evitaban, alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, y por tanto, es que existe dicho adeudo. Así, de lo antes expuesto resulta que la autoridad responsable no violó el derecho una vivienda digna protegido en los artículos 1 y 4 Constitucionales, en perjuicio de las quejosas, porque acreditaron ser copropietarias del bien inmueble desde el treinta de mayo de dos mil dieciséis, al haberlo adquirido de un tercero y que el nombre de ellas no aparece en el contrato respectivo, infiriéndose por tanto que, a pesar de que el contrato de suministro de energía eléctrica se encuentre a nombre de diversa persona, desde la citada fecha de la adquisición del citado bien inmueble, se beneficiaron directamente del consumo de energía eléctrica en ese domicilio, el cual presenta el adeudo por suministro de energía eléctrica. Destacándose que la parte quejosa no objetó que el adeudo se hubiera generado dentro del periodo referido por la autoridad responsable; por tanto, se considera que es ésta quien debe responder del mismo, por la razón de que si bien es verdad, que la energía eléctrica es un servicio necesario para la existencia de la humanidad dentro de la vida actual; sin embargo, también es cierto que existe una fuerte tendencia al uso desmedido, sin consciencia de los costos ambientales implicados en su generación y consiguiente uso; razón por la que sea la dueña del predio que al ser usuaria directa del suministro eléctrico utilizado dentro de su inmueble, debe ser responsable de su uso ambientalmente racional, y por tanto, se encuentra obligada a pagarlo, por ser quien se ha beneficiado directamente de ese insumo, ya que en el caso, desde el año dos mil dieciséis es copropietaria del citado predio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2026109, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO CONTAMINADOR-PAGADOR, LA PERSONA QUE HACE USO DIRECTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DENTRO DE UN INMUEBLE ARRENDADO, ES QUIEN DEBE PAGARLA. Hechos: Dentro de una controversia de arrendamiento inmobiliario en la que se demandó el pago de pensiones rentísticas, la parte actora -arrendadora- solicitó entre sus prestaciones el pago del adeudo por uso del servicio de energía eléctrica; se dictó sentencia a su favor y contra dicho fallo el demandado interpuso recurso de apelación, declarándose infundado y firme aquélla, dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en el amparo directo, en el cual, previamente al estudio del fondo del asunto, se consideró que se debe priorizar un uso adecuado de la energía eléctrica, tomando en cuenta que existe una corresponsabilidad por parte de quien se beneficia directamente de ese bien. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención a los principios rectores que sostienen el derecho humano a un medio ambiente sano, en particular el relativo a contaminador-pagador, quien utiliza el servicio de energía eléctrica dentro de un inmueble arrendado debe ser quien pague por él. Justificación: Lo anterior, porque dos terceras partes de las emisiones responsables del cambio climático provienen de la producción y uso de la energía eléctrica, pues para su generación se utilizan en su mayoría fuentes primarias de energía, en particular la quema de combustibles fósiles. Por tanto, una de las maneras en las que se puede contribuir a revertir o al menos parar el aumento en la temperatura del planeta tierra es a partir del uso racional de la energía eléctrica. Así, la obligación de cada poder público de todos los países debería ser, en principio, encontrar medios de producción a partir de fuentes renovables, como la radiación solar o el viento, pero también generar los incentivos necesarios para el uso racional de la energía eléctrica. En ese tenor, debe priorizarse el uso adecuado de la energía eléctrica, tomando en cuenta que existe una corresponsabilidad por parte de quien se beneficia directamente de este bien. Por tal motivo, el uso racional de la energía eléctrica resulta de la más alta importancia, pues si bien es un insumo necesario para la existencia de la humanidad dentro de la vida moderna, lo cierto es que existe de igual manera una fuerte tendencia a su uso desmedido, sin pensar en los costes ambientales implicados en su generación y consiguiente uso; de ahí que el arrendatario, al ser usuario directo de la corriente eléctrica utilizada dentro del inmueble arrendado, sea el responsable de su uso ambientalmente racional; además, las personas que utilizan los servicios de energía eléctrica son las que se encuentran obligadas a pagarlos, pues son quienes se benefician directamente de los mismos." En consecuencia de las consideraciones expuestas, ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa. Por último, no pasan inadvertidas las manifestaciones que en forma de alegatos hizo valer la parte quejosa, en virtud que no es imperativo para este resolutor de amparo, analizar las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues no forman parte de la litis en este juicio; esto con apoyo en la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 14, del Tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Elmy del Carmen Bermejo Herrera y Karely Natividad Bermejo Herrera, en contra del acto del apoderado legal de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Mérida, por los motivos y efectos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, hasta hoy, once de octubre de dos mil veintitrés, que las labores lo permitieron.
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Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes cuaderno incidentales, y toda vez que se advierte que la autoridad responsable señalada como Comisionado General de la Policía Federal, con sede en Ciudad de México, cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, no ha rendido su correspondiente informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 31089/2021, con el que se le solicitó; por lo tanto, reexpídase por telegrama, indicándose el acto que se le reclama, a fin de que esté en condiciones de rendir su informe previo respectivo. Por tanto, a fin de permitir que dicha autoridad tenga la oportunidad de rendir su respectivo informe previo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con treinta y un minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. (...) Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido en línea por ******************** quien se ostenta apoderado legal de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. De conformidad con los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta el nombrado ******************** lo anterior, en cuanto se advierte de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en la copia certificada del testimonio de la escritura pública número cuarenta y tres mil novecientos treinta y seis de once de enero de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del notario público número ciento setenta y cuatro, con residencia en la Ciudad de México, de la cual manifestó bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterada de su original. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de dicha autoridad a los profesionistas que cita en el informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones de la citada autoridad, el señalado en el mismo. Respecto a la clave de usuario RicardoCT, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza a dicho usuario el acceso al expediente electrónico; para tal efecto, instrúyase al Oficial Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las gestiones necesarias para tal fin. Lo anterior siempre y cuando el nombre de usuario proporcionado sea correcto. Por otro lado, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se accede a su petición de que se les permita a sus delegados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que señala la autoridad oficiante, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe justificado de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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