Karem Isela Quiroga Vargas

Expediente 6/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
6/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • Karem Isela Quiroga Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Visto el escrito de desahogo de prevención, se tiene en tiempo y forma dando cumplimiento al requerimiento de seis de enero de dos mil quince, y al efecto manifiesta ser parte demandada en el juicio natural 176/2015, y que el estado procesal que guarda dicho asunto es en depuración de defensas y excepciones y que aún no se abre la etapa probatoria. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para arribar a dicha conclusión, es menester destacar que el artículo 107 de la Constitución, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Al respecto, debe decirse que, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 4/2001, visible en el Tomo XIII, del mes enero de dos mil uno, Novena Época, página once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Máxime que, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. ACTO RECLAMADO En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, dentro del toca civil número 2172/2015, por la que confirma la sentencia interlocutoria dictada el dos de septiembre de dos mil quince, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de los autos del juicio 176/2015, en la cual se declaró improcedente la excepción de improcedencia de la vía y conexidad de la causa alegada por la parte quejosa. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. Que la quejosa promovió juicio sobre liquidación de copropiedad en contra de Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, bajo el número 492/2014. De igual manera, Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, demando de Karem Isela Quiroga Vargas -parte quejosa-, la liquidación de copropiedad ante el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, radicado bajo el número 176/2015. Motivo por el cual la quejosa promovió dentro de los autos del juicio natural 176/2015, incidente de excepción de improcedencia de vía y conexidad de la causa, mismo que se declaró improcedente mediante sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Por lo que inconforme con dicha resolución, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación que toco conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, dentro de los autos del toca civil 2172/2015, quien confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Siendo ésta resolución el acto reclamado por la parte quejosa. En el caso, como ya se adelantó, la resolución dictada dentro de los autos del toca civil 2172/2015, por Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirma la interlocutoria dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio 176/2015 publicada en dos de septiembre de dos mil quince, no es una resolución que constituya un acto de imposible reparación, ya que el efecto de esa resolución es que el A quo continúe con la tramitación del juicio 176/2015, que promueve Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, en contra de la aquí quejosa; de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; esto es, existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. En efecto, la resolución combatida dictada por la Sala responsable, notificada a la quejosa en diez de diciembre de dos mil quince, no es un acto de imposible reparación, que pueda afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio natural, o que pueda consumarse de forma irreparablemente. Se afirma lo anterior, en razón de que al resolverse el medio de impugnación que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el juez natural en la que se estimó que no era procedente la excepción de improcedencia de la vía ni la conexidad de causas, constituye un acto dictado dentro de juicio que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino meramente procesal, como lo es el hecho que se deba de continuar el juicio del que emana el acto reclamado de manera independiente. De tal modo que esa afectación es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio; y, para el caso de que la sentencia que resuelva en definitiva sea contraria a sus intereses, las violaciones cometidas durante el procedimiento, como puede ser la procedencia de la conexidad de causa, puede ser combatida en amparo directo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada .13o.C.11 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2009885, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, visible en la página 1965, que a la letra dice: "CONEXIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra los actos de autoridad, por los cuales: a) se inhiba o decline la competencia; o, b) se inhiba o decline el conocimiento del asunto. Dentro de esta última categoría se encuentra la excepción de conexidad que, conforme al artículo 39 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene por objeto que se remitan los autos del juicio en el que se opone la excepción respectiva al juzgado que conoció primero de la causa conexa para que se acumulen ambos juicios, se tramiten por cuerda separada y se resuelvan en una sola sentencia. Así, la resolución que la declara fundada, constituye un acto de autoridad por virtud del cual se declina el conocimiento de un asunto, para que otro juzgador lo tramite y resuelva, lo que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción VIII del precepto de mérito. Lo que no ocurriría si se declara infundada dicha excepción, ya que sería improcedente el juicio de amparo indirecto en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no traería consigo una afectación de imposible reparación, ni está prevista expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra". En consecuencia, se advierte que dicho acto, no es de imposible reparación para el quejoso de mérito; en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener con posterioridad sentencia definitiva favorable a sus intereses. Pues, se reitera, dicha determinación no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Es aplicable la jurisprudencia 108/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 176992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, visible en la página 294, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe |ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo".

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 22/01/2016, QUE CONTIENE EL AUTO DE 18/01/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: . . .Visto el escrito de desahogo de prevención, se tiene en tiempo y forma dando cumplimiento al requerimiento de seis de enero de dos mil quince, y al efecto manifiesta ser parte demandada en el juicio natural 176/2015, y que el estado procesal que guarda dicho asunto es en depuración de defensas y excepciones y que aún no se abre la etapa probatoria. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para arribar a dicha conclusión, es menester destacar que el artículo 107 de la Constitución, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Al respecto, debe decirse que, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones definitivas que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. Así se estableció en la jurisprudencia P./J. 4/2001, visible en el Tomo XIII, del mes enero de dos mil uno, Novena Época, página once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Máxime que, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. ACTO RECLAMADO En ese orden de ideas, se tiene que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, dentro del toca civil número 2172/2015, por la que confirma la sentencia interlocutoria dictada el dos de septiembre de dos mil quince, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de los autos del juicio 176/2015, en la cual se declaró improcedente la excepción de improcedencia de la vía y conexidad de la causa alegada por la parte quejosa. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para dar claridad al sentido del presente proveído conviene citar los hechos que relató la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado. 1. Que la quejosa promovió juicio sobre liquidación de copropiedad en contra de Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, bajo el número 492/2014. 2. De igual manera, Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, demando de Karem Isela Quiroga Vargas -parte quejosa-, la liquidación de copropiedad ante el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, radicado bajo el número 176/2015. 3. Motivo por el cual la quejosa promovió dentro de los autos del juicio natural 176/2015, incidente de excepción de improcedencia de vía y conexidad de la causa, mismo que se declaró improcedente mediante sentencia interlocutoria de dos de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 4. Por lo que inconforme con dicha resolución, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación que toco conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, dentro de los autos del toca civil 2172/2015, quien confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Siendo ésta resolución el acto reclamado por la parte quejosa. En el caso, como ya se adelantó, la resolución dictada dentro de los autos del toca civil 2172/2015, por Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirma la interlocutoria dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del juicio 176/2015 publicada en dos de septiembre de dos mil quince, no es una resolución que constituya un acto de imposible reparación, ya que el efecto de esa resolución es que el A quo continúe con la tramitación del juicio 176/2015, que promueve Francisco Javier Sánchez Camarena y Hernández, en contra de la aquí quejosa; de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; esto es, existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. En efecto, la resolución combatida dictada por la Sala responsable, notificada a la quejosa en diez de diciembre de dos mil quince, no es un acto de imposible reparación, que pueda afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio natural, o que pueda consumarse de forma irreparablemente. Se afirma lo anterior, en razón de que al resolverse el medio de impugnación que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el juez natural en la que se estimó que no era procedente la excepción de improcedencia de la vía ni la conexidad de causas, constituye un acto dictado dentro de juicio que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino meramente procesal, como lo es el hecho que se deba de continuar el juicio del que emana el acto reclamado de manera independiente. De tal modo que esa afectación es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio; y, para el caso de que la sentencia que resuelva en definitiva sea contraria a sus intereses, las violaciones cometidas durante el procedimiento, como puede ser la procedencia de la conexidad de causa, puede ser combatida en amparo directo. Apoya a lo anterior, la tesis aislada .13o.C.11 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2009885, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, visible en la página 1965, que a la letra dice: "CONEXIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra los actos de autoridad, por los cuales: a) se inhiba o decline la competencia; o, b) se inhiba o decline el conocimiento del asunto. Dentro de esta última categoría se encuentra la excepción de conexidad que, conforme al artículo 39 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene por objeto que se remitan los autos del juicio en el que se opone la excepción respectiva al juzgado que conoció primero de la causa conexa para que se acumulen ambos juicios, se tramiten por cuerda separada y se resuelvan en una sola sentencia. Así, la resolución que la declara fundada, constituye un acto de autoridad por virtud del cual se declina el conocimiento de un asunto, para que otro juzgador lo tramite y resuelva, lo que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción VIII del precepto de mérito. Lo que no ocurriría si se declara infundada dicha excepción, ya que sería improcedente el juicio de amparo indirecto en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no traería consigo una afectación de imposible reparación, ni está prevista expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra". En consecuencia, se advierte que dicho acto, no es de imposible reparación para el quejoso de mérito; en razón de que no afecta sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que existe la posibilidad de que pueda obtener con posterioridad sentencia definitiva favorable a sus intereses. Pues, se reitera, dicha determinación no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable, y de resultarle adversa puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Es aplicable la jurisprudencia 108/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 176992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, visible en la página 294, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." En base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe |ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". . . I

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de garantías promovida ; por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 6/2016-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. PREVENCIÓN Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, en relación con el numeral 108 fracción V de la nueva Ley de Amparo, prevéngase a la promovente KAREM ISELA QUIROGA VARGAS, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y bajo apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional conforme lo señalado en el artículo 261 fracción I, de la Ley de la materia, a efecto de integrar debidamente la litis constitucional, bajo protesta de decir verdad: 1.- Abunde respecto de los antecedentes que narra en su escrito de demanda, y en su caso, indique quienes son las partes que intervienen en el juicio natural 176/2015, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Asimismo, señale el estado procesal que guarda dicho juicio, debiendo exhibir copias simples o certificadas, de las actuaciones derivadas de tal procedimiento que obren en su poder. De igual manera exhiba copia simple o certificada de la resolución dictada dentro del toca civil 2172/2015, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que constituye el acto reclamado. En la inteligencia de que, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no acatar los requerimientos señalados en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del ordinal 114, segundo párrafo, de dicha ley especial. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a Karem Natalia Serrate Quiroga, sin perjuicio que una vez que acredite ante este juzgado estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, se le otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído...I

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