Juvenal Rios Nieves

Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
594/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Juvenal Rios Nieves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de octubre de dos mil veintiuno. I. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene precisar que mediante sentencia dictada el treinta de junio dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se hace necesario precisar los efectos de la concesión del amparo a que se refiere el considerando precedente de este fallo, esto es, la Legislatura del Estado de Querétaro, deberá: a) Dejar insubsistente el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se concedió pensión por vejez al quejoso ......... b) Emitir otro en el que reitere el otorgamiento de la pensión por vejez y aplique el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Querétaro, y por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, que en su quinta, establece que se requieren diecinueve años de servicio para efecto de obtener el setenta y cuatro por ciento (74%) por concepto de pensión por vejez, de su salario diario. c) De ser el caso, deberá ordenar que se cubra a la parte quejosa las diferencias que se actualicen en su favor con motivo de la determinación que emita en términos del inciso que antecede." Resolución que causó ejecutoria por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se requirió su cumplimiento. Así, mediante acuerdos de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, se tuvo al Delegado autorizado del Gobernador del Estado de Querétaro, remitiendo copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector; esto es, el decreto por el que se concede la pensión por vejez a ........., Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el cual, en la parte que nos interesa determina lo siguiente: "(.) Se deja insubsistente el "DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE POR PENSIÓN POR VEJEZ AL ........" publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga en fecha 19 de mayo del 2021.(.) (.) se concede la pensión por vejez al ........., quien el último cargo que desempeñara era el de jardinero, adscrito a la Coordinación de Parque y Jardines, pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de ........, mensuales, equivalentes al 74% (setenta y cuatro por ciento) del sueldo mensual que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, y sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que correspondan. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto su cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Destino archivístico. De tal modo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. IV. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que la partes no allegaron al presente asunto documentos que por sus particularidades estén considerados como originales. Notifíquese.

  2. Principal

    El Secretario. Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por el Delegado autorizado del Gobernador del Estado de Querétaro, en atención a su contenido, se provee: II. Exhibió publicación. Téngase a la citada autoridad exhibiendo la publicación del decreto de pensión por vejez relativo, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". III. Vista. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio que se provee y sus anexos, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables en la etapa de ejecución de este juicio, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio ............, suscrito por la Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Legislatura del Estado de Querétaro, en atención a su contenido, se acuerda: II. Allega el Decreto Téngase a dicha autoridad dando cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, y al efecto allega el acuse de recibido del "DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL C. .........." presentado ante el Gobernador del Estado en mención para su publicación, se provee lo siguiente: III. Requerimiento En aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo,1 se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro. 1 Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo. Ahora, en razón a que de la consulta realizada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, en la página de internet https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/, no se advierte la publicación del decreto relativo al trámite de pensión del quejoso ............, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo,2 requiérase a la citada autoridad, para que en el término de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Deberá informar si con motivo de que declaró procedente la solicitud de pensión por vejez de la parte quejosa, resulta procedente ordenar que le sean cubiertas las diferencias que se actualicen en su favor y de ser así, realice los trámites conducentes. 2. Acredite la publicación del decreto de pensión por vejez relativo, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga". Lo anterior, a fin de contar con las constancias necesarias a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de calificar el cumplimiento de la sentencia concesoria. No se soslaya considerar que las publicaciones en Periódico Oficial del Estado de Querétaro, resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, las cuales pueden verificarse en su página oficial; sin embargo, constituye una obligación para la autoridad responsable dar cabal cumplimiento con el fallo protector, sin que dicho deber pueda ser delegado al órgano jurisdiccional que calificará su 22 "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. (.)"acatamiento, por lo que es la autoridad quien debe allegar la totalidad de las constancias con las que acredite el cumplimiento encomendado, que, en el caso concreto, comprende la acreditación de la publicación del decreto de pensión por vejez otorgado a la parte quejosa en el Periódico Oficial del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." (Énfasis añadido). IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." V. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. otifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de agosto de dos mil veintiuno. I. Sentencia causa ejecutoria. Según se advierte del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veinte de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requerimiento. En esa virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido; plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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