Karem Isela Quiroga Vargas
Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2021
Partes del expediente
- Karem Isela Quiroga Vargas
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de junio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se ordena archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, fracción b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de documentos originales. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo diversas documentales que por sus características son considerados como originales, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 3 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se requiere a la citada parte procesal a fin de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger tales documentos, apercibida que en caso de ser omisa, dichos documentos serán destruidos, en términos del antepenúltimo párrafo del citado ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En el entendido de que deberá acudir ante este órgano jurisdiccional, los días viernes hábiles, en el horario que corresponde a este Juzgado, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el diverso 37/2020 que amplió su vigencia, previa cita correspondiente, para lo cual deberá generar el código QR a que alude el mencionado Acuerdo, ello debido a las circunstancias de salud que imperan en la actualidad, para lo cual se deberá acatar en todo momento las medidas preventivas de salud, seguridad y sana distancia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de junio de dos mil veintiuno. I. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito que formula la quejosa ....................; con el que solicita la devolución de los documentos exhibidos en la demanda que dio origen, a este asunto. Al respecto, se provee: II. No ha lugar. Vista la certificación de cuenta, se advierte que aún transcurre el término que establece el artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de queja contra el proveído de veintisiete de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este asunto, por lo que de momento, no es factible acordar favorablemente a la devolución de documentos que solicita, hasta en tanto quede firme el citado proveído. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo aparentemente promovida por .........................................., contra actos del Fiscal de Investigación en Jalpan de Serra, Querétaro y Unidad de Policía de Investigación del Delito en Jalpan de Serra, Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 526/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. VI. Se desecha demanda. Conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así pues, en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto que se reclama corresponde a la citación decretada en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN..................., misma que no constituye un acto que afecte la libertad deambulatoria de la quejosa, pues se trata de una simple comunicación en el sentido de que se requiere de su presencia para llevar a cabo una declaración, tal como se explicará en párrafos siguientes: III. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: a) "LA INCONSTITUCIONAL orden de aprehensión DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, O CUALQUIER MODALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, que pudiera ser violatoria a mis DERECHOS HUMANOS y al DEBIDO PROCESO presuncionalmente decretada en mi contra. Por lo cual reclamo que la suscrita desconoce cuál es el motivo por el cual se me cita y en el CITATORIO en el que me entrega no se sigue la forma sancionada por los Artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni con la formalidad señalada en el artículo 8 de LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA."; y b) "EL ACTUAR NEGLIGENTE Y DOLOSO POR LA OMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CORRECTA que podría causarme perjuicios muy graves tanto persona como profesionalmente e invadir y lesionar mi honra, reputación, patrimonio y derechos, puesto que todo indica que se ha estado violentando mis derechos sin corroborar fehacientemente si se trata o no de mi persona a quien pretenden imputar y que los actos de autoridad que reclamo me llevan a la presunción de que no se ha llevado la cadena de custodia de forma correcta de la investigación desde el inicio de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN ........................... IV. Antecedentes del acto reclamado. Por su parte, en el capítulo de antecedentes de la demanda que aquí se atiende, se advierte, en síntesis, lo siguiente: Que el veinte de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa recibió el citatorio contenido en el oficio ....................., del que deriva la carpeta de investigación ........................., emitido por el Fiscal de Investigación en Jalpan de Serra, Querétaro, mediante el cual se le citó a comparecer a las doce horas del veintisiete de mayo del presente año; bajo apercibimiento que de no comparecer sin justificación, se haría acreedora a la medida de apremio consistente en su presentación forzosa. Que no ha sido llamada con anterioridad con un primer citatorio o algún medio alternativo de solución de controversia Que lo anterior podría tratarse de un procedimiento interno en donde no se sigue el debido proceso y con ello se cometan actos violatorios a su persona. Al respecto, la quejosa acompaña a la demanda que aquí se atiende, el documento respecto del cual hace referencia y con el que señala a las autoridades que refiere, mismo que es del contenido siguiente: De lo antes precisado, se evidencia que el acto reclamado consiste, como ya se dijo, en la citación decretada en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN .........................., misma que no constituye un acto que afecte la libertad deambulatoria de la quejosa, pues se trata de una simple comunicación en el sentido de que se requiere de su presencia para llevar a cabo acto procedimiental, en calidad de imputado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), aplicada por analogía, estableció que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habría de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecta su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se seguía en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin que resulte obstáculo que la orden reclamada, contenga el apercibimiento de orden presentación forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asistiera, sin justificación, y el representante social solicitara que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, contra de la orden de citación para desahogar una declaración es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, con registro 2018828, la cual, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De lo anterior se colige, que en el caso concreto, como ya lo estableció el Máximo Tribunal del país, el juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación que en esta demanda se reclama, expedida por el Fiscal de Investigación en Jalpan de Serra, Querétaro, pues no se considera un acto que afecte la libertad personal de la quejosa, al tratarse de una simple comunicación de la autoridad señalada como responsable, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que en su caso se seguirá en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculada a proceso y, tal vez, sometida a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción I del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue apercibida que en caso de no comparecer injustificadamente, se haría acreedora a la medida de apremio consistente la presentación forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación, y el representante social en uso de sus facultades solicite la presentación de la hoy quejosa, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada; de ahí que contra el auto que ordena la citación de la parte quejosa es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime que la quejosa refiere de manera hipotética, que podría tratarse de cualquier acto que entraña desde una simple comparecencia a declarar, hasta una orden de aprensión, sin señalar como autoridad responsable a alguna autoridad jurisdiccional, que en su caso exista algún procedimiento en su contra. Si bien las ordenes de citación, dictadas en una carpeta de investigación constituyen la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la ley que rige el juicio constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. VII. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. IX. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. X. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ..........................., y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ............................... por no contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y para oír y recibir notificaciones a......................................., por así solicitarlo en su demanda de amparo. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XVI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejos
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