Juventino Bustamante Veledias

Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
463/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Juventino Bustamante Veledias
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Juventino Bustamante Veledias y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado y por ofrecidas las documentales relativas al juicio laboral de origen 706/2014; de las que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 10/2003, con Registro digital: 184572, desde este momento es procedente analizar las causales de improcedencia, como se lee de lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora, con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de contestar la promoción presentada el catorce de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 706/2014. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales tiene valor probatorio pleno conforme al contenido de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que implica que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso reclama la omisión de dar contestación a su promoción presentada el catorce de febrero de dos mil veinte en el juicio laboral 706/2014, en donde solicita se haga efectivo el apercibimiento en relación a la inspección, se cierre la instrucción y se turnen las constancias para la elaboración del laudo. De las constancias remitidas por la autoridad laboral, se advierte que en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en atención a lo solicitado por el promovente, tuvo por desahogada la inspección, puso a la vista de las partes las actuaciones del juicio de origen para que formulen sus alegatos y estimó que una vez que ocurriera lo anterior se acordaría lo procedente. . Por tanto, la omisión reclamada de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno dio contestación a lo solicitado por el quejoso, en tal virtud que, procedió a la siguiente etapa, en la que ordenó poner a la vista de las partes las actuaciones del juicio de origen para que formulen sus alegatos. Ello trae como consecuencia que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, en virtud que, la omisión reclamada dejó de existir al habérsele otorgado la respuesta a su petición, en tanto que, la autoridad responsable consideró dar vista para la formulación de alegatos y una vez fenecido el plazo, se procedería a la siguiente etapa, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Entonces, al quedar acreditado de manera fehaciente la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de lo que se advierte que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día en el presente juicio de amparo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad señalada como responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, tal y como se advierte del diverso acuerdo de doce de julio de dos mi veintiuno, por el que se tuvo por hecha la notificación del oficio número 8605/2020, mediante el cual se le solicitó dicho informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos la razón actuarial firmada por Braulio Fernández Nava, Actuario Judicial adscrito a este órgano Jurisdiccional, por medio de la cual da cuenta al suscrito juzgador con la notificación del oficio 14975/2021; de la que se advierte que se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de hacer entrega del mencionado oficio, lugar donde lo atendió el oficial de partes, quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse Manuel García Palacios y, al que le explicó el motivo de su presencia. Situación por la cual el oficial de partes, le manifestó que solo podía recibir diez oficios por autoridad los días miércoles de cada semana, ello, por instrucciones de la Presidenta del mencionado tribunal; motivo por el cual el actuario judicial adscrito a este juzgado, le hizo saber al servidor público las consecuencias y alcances del artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo; no obstante, el mismo se negó a recibir el oficios de referencia, por lo que procedió a dejarlo fijado en la puerta de la autoridad responsable, dándola por notificada del contenido del mismo; ello, con las facultades que le confiere el segundo párrafo del citado numeral. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción l de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del oficio que señala el actuario en su razón de cuenta y, por tanto, la misma surtió plenos efectos legales conforme al citado numeral. Lo anterior, resulta acorde a la facultad garante de este juzgado de distrito, para salvaguardar la garantía a la tutela jurisdiccional de las partes en el presente juicio, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no pueden supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales; asimismo, atendiendo a que, el juicio de amparo es reconocido por la Corte Interamericana, por su naturaleza, en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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