Karemy Sayury Aguilar Gallegos

Expediente 1204/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1204/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Karemy Sayury Aguilar Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse desechado la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ////////////*, autorizada de la parte quejosa, en atención a su contenido, téngase a la promovente por desahogando la prevención de nueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, provéase lo conducente. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por (sic) el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que la parte quejosa en el capítulo del acto reclamado, señalado en la demanda de amparo, aduce como tal el siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO. -De la autoridad responsable señalo como acto reclamado las actuaciones de comparecencia de fecha doce de Julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 172/2021, donde la Jueza de forma unilateral e ilegal violentando derecho humano de la suscrita y de las menores ******************, determina la custodia temporal y resguardo de mis menores hijos en el domicilio del demandado a favor del demandado *****************, de forma inmediata sin que la suscrita haya expuesto lo que a mi interés convenga, custodia que he venido ejerciendo desde que la suscrita me separe del domicilio conyugal por hechos de violencia que sufría por parte del demandado el C. *************, además de que la guarda y custodia de los menores de nombre ***************************, la ostenta la suscrita en un juicio diverso al que se actúa y este ya se encuentra ejecutoriado y declarado como cosa juzgada, es por ello que solicito la protección de la Justicia federal por los motivos que más adelante señalare.." Del análisis de la demanda de amparo de trato, se corrobora que el acto reclamado se hace consistir en la comparecencia de doce de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 172/2021, por el Juez de Primera Instancia en Materia Especializada en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, mediante el cual se le requiere a la quejosa****************, la entrega de sus menores hijos de iniciales *****************. cuya identidad se reserva como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76, de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, a su progenitor Dagoberto de Jesús Adame Rosas. Cabe acotar que contra dicha determinación la quejosa tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual la resolución combatida pudo ser reconsiderada, esto es, debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el recurso de inconformidad previsto por el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Para determinar la procedencia del referido medio de impugnación, resulta necesario citar los artículos 539, 540, 589, 590, 591, 600, 626, 627, 628, 629 del Código Civil del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 539.- Cuándo el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá la custodia del hijo y, en consecuencia, con quien de ellos habitará; y en caso de que no lo hicieren, el juez de primera instancia del lugar, oyendo a los padres, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor". "Artículo 540.- En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por el padre y la madre que no vivan juntos, el que primero lo hubiere reconocido ejercerá la custodia del hijo y éste habitará con aquél, salvo que ambos convinieren otra cosa y siempre que el juez de primera instancia del lugar no creyere necesario modificar el convenio, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. El convenio sólo podrá modificarse en interés del hijo". "Artículo 589.- Las personas que tengan al menor bajo su patria potestad y custodia deberán educarlo convenientemente y tendrán la facultad de corregirlo y castigarlo mesuradamente. Asimismo tendrán la obligación de observar una conducta que les sirva de ejemplo. Las autoridades auxiliarán a los titulares de la patria potestad en el ejercicio de ésta y de las demás facultades que les concede la ley, haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente. El derecho de castigar no implica infligir al menor golpes o malos tratos, pudiendo, en su caso, tipificarse el delito de lesiones. Cuando llegue al conocimiento del juez que aquellas personas que tienen al menor bajo su guarda y cuidado no cumplen con las obligaciones que les corresponden, maltratan al menor, le infieren golpes o le causen lesiones, aunque no constituyan un delito, lo hará saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda para la protección del menor. El Ministerio Público deberá actuar aunque tales hechos lleguen a su conocimiento por otro medio distinto a la información del juez". "Artículo 590.- Los descendientes, cualquiera que fuere su estado, edad o condición, deberán honrar y respetar a sus ascendientes, igual obligación tienen éstos para con sus descendientes y entre ellos". "Artículo 591.- Los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponda aquélla, según la ley". "Artículo 600.- Cuando llegue a conocimiento del Juez que quiénes ejercen la patria potestad incumplen con los deberes que ella les impone o incurren en violencia intrafamiliar, lo hará saber al Ministerio Público, quien promoverá lo que corresponda en interés del sujeto a la patria potestad. El Ministerio Público deberá hacer esta promoción cuando los hechos lleguen a su conocimiento por otro medio distinto a la información del Juez". "Artículo 626.- Si el padre y la madre viven separados, se observará respecto de la guarda y custodia del hijo, lo dispuesto en los artículos 539 y 540". "Artículo 627.- En el caso previsto por el artículo anterior, cuando, por cualquiera circunstancia cese de tener la custodia del hijo el ascendiente a quien corresponda y deje aquél de habitar con éste, entrará a ejercer dicha custodia el otro ascendiente, con el cual habitará entonces el hijo". "Artículo 628.- Si se separasen los padres que vivían juntos al hacer el reconocimiento del hijo, convendrán quién de los dos ejercerá su custodia y en caso de que no se pusieren de acuerdo sobre este punto, el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo, designará a la persona que deba hacerlo. El hijo habitará con el ascendiente al que se encargue la custodia". "Artículo 629.- Las disposiciones relativas al ejercicio de la patria potestad se aplicarán al ejercicio de la guarda y custodia del menor, teniendo siempre en cuenta el interés de éste así como su óptimo desarrollo físico-psíquico". Así como los diversos 199 bis y 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 199 bis.- Reincorporación de los menores a la residencia habitual. Cuando los menores de dieciséis años de edad sean sustraídos o retenidos ilícitamente en un lugar distinto al de su residencia habitual, el cónyuge que haya obtenido para sí la guarda y custodia provisional o definitiva de los hijos, podrá solicitar al Juzgador que conozca del asunto la reincorporación de los menores mediante incidente por cuerda separada, observándose para tal efecto lo dispuesto por el Título Quinto Libro Segundo del presente Código, pudiendo el Juzgador decretar provisionalmente el depósito de los menores ante el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". "Artículo 200.- Inconformidad. Si se presentare inconformidad por alguno de los interesados sobre la resolución o disposiciones decretadas, el juzgador citará a una audiencia que deberá celebrarse en el término de tres días, en la que oirá a las partes y dictará la resolución que corresponda, sin ulterior recurso". El artículo 200 señala que el auto en el cual se requiere a la quejosa*************, la entrega de sus menores hijos de iniciales************** de identidad reservada, puede ser impugnable a través de la inconformidad. Precisa destacar que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis, no se acató. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, cuenta habida de que la inobservancia al principio de definitividad que rige la acción del amparo hace improcedente el mismo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables. Cabe destacar, que la irreparabilidad del acto reclamado es trascedente para la procedencia del juicio de amparo, precisamente porque tiene la consecuencia de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Federal, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, posesiones, entre otros, en el entendido de que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En resumen, son actos de imposible reparación producidos en juicio, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, que se traducen en derechos fundamentales, los cuales son derechos públicos subjetivos que salvaguardan las prerrogativas fundamentales cuya observancia es factible reclamarla a través de la acción constitucional de amparo. En ese sentido, la irreparabilidad del acto dispensa a la parte quejosas de esperar al dictado de una sentencia definitiva, ante la premura de que se estudie la constitucionalidad del acto que le genera la afectación de un derecho sustantivo; sin embargo, por disposición constitucional, aun en ese supuesto, el gobernado tiene la carga de cumplir con el principio de definitividad, según la regla prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. La regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto, impone que cuando se trata del amparo pedido contra actos dictados dentro del proceso jurisdiccional, se tiene como presupuesto necesario que el acto reclamado constituye un acto de ejecución irreparable, ya que de no tener esa naturaleza se trataría de una mera violación procesal, susceptible de ser analizada hasta el amparo directo que se llegara a promover contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio y, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto ni siquiera sería procedente. Es sobre esa base que el Juez de amparo debe verificar que la quejosa haya cumplido con la carga de agotar los recursos ordinarios o que se encuentre en un caso de excepción, según la regla de definitividad contemplada en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 61, fracción XVIII, contenido en la ley reglamentaria. Por tanto, el agotamiento de los recursos ordinarios, antes de promover el juicio de amparo, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, implica fijar plazos, requisitos y momentos de oportunidad, sin que deba ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. Es decir, el orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares, sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Colmar el principio de definitividad, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen el control constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tesitura, si la regla de la definitividad, como se dijo, exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. El recurso previo que los justiciables deben agotar antes de recurrir a la jurisdicción constitucional, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, deberá estar en condiciones de fungir como garantía de protección de los derechos fundamentales de quienes han sometido una disputa bajo el conocimiento de las autoridades jurisdiccionales ordinarias. Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica. Es, además, eficaz, si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Por tanto, al establecerse en la ley de donde deriva el acto reclamado, un medio de defensa en contra de la determinación que constituye dicha exigencia, que no fue intentado previamente a la instauración del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que es indudable y manifiesta. En consecuencia, por virtud de sus efectos el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento, es evidente que el quejoso debió agotar la inconformidad prevista en el artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis XXI.3°. 10 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182178, cuyo rubro y texto precisa: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EL JUZGADOR DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares, en los procedimientos familiares relacionados con la guarda y custodia de menores, el tribunal está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada; sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé la figura de la inconformidad, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, con citación de la contraria, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sin que obste al efecto la irreparabilidad que ocasiona esa clase de providencias, toda vez que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario observar el principio de definitividad, incluso, cuando se reclaman actos de imposible reparación. Sin que pase desapercibido para el suscrito y sin que sea óbice a lo determinado, que en el presente tema existan involucrados dos menores de edad, por lo que en relación a ello, el suscrito analiza el tópico del interés superior de la niñez. Esta institución jurídica está reconocida en el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A partir de lo dispuesto en los enunciados normativos transcritos, el interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. De consiguiente, este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas. El objetivo general de proteger el principio del interés superior de la niñez es, por sí mismo, un fin legítimo, necesario e imperioso. Los Estados deben asegurarse que el interés superior de la niñez prevalezca, como mandato de optimización, en la mayor medida posible, por lo que los niños y las niñas deberán ser sujetos de cuidados especiales o medidas especiales de protección, según lo disponen tanto el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. Los cuidados especiales o las medidas especiales de protección deberán definirse a partir de los hechos que determinan las circunstancias en las que se encuentren los niños y las niñas, en cada caso particular, considerando su especial manera de ser, esto es, su "debilidad, inmadurez o inexperiencia". Dichos cuidados o medidas se deberán adoptar con la finalidad de prevenir, o bien, eliminar el eventual estado de vulnerabilidad en que pudieran estar. Quienes son menores pueden ubicarse en una situación de vulnerabilidad por las circunstancias en las que se encuentren, teniendo como referente su manera sui géneris de ser. Por tanto, y como conclusión en este apartado, el interés superior de la niñez es un criterio orientador que permite analizar los hechos que dan forma a las circunstancias que rodean a los niños y las niñas en cada caso concreto. A partir de dicho análisis, es posible determinar si quien es menor está en una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de adoptar las medidas de protección que lo alejen de tal situación, pero que, al mismo tiempo, lo ubiquen en otras circunstancias distintas, que sean las más favorables para su desarrollo y pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Todo lo cual tendrá como finalidad que los niños y niñas ejerzan sus derechos en un plano auténtico de igualdad a partir de la valoración jurídica de su alteridad ontológica. Una vez expuesto el sentido de los actos de imposible reparación como criterio de procedencia del juicio de amparo indirecto, los alcances de la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto, así como del interés superior de la niñez, procede analizar si la excepción a la regla de la definitividad también es válida en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la niñez, ante alegadas violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad. Las excepciones al principio de definitividad no solamente se presentan en el juicio de amparo directo, respecto de las violaciones al procedimiento como lo prescribe el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo reproduce el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; antes bien, tales excepciones se presentan también en amparo indirecto, en casos específicos en donde los derechos de una persona menor están involucrados en la contienda judicial y existen razones justificadas para liberar al quejoso de la carga de interponer los recursos ordinarios. Debe precisarse que cuando se aleguen violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad, no se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque la irreparabilidad del acto no es, por sí misma, una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, a pesar de que los derechos de una persona menor se encuentren involucrados en un litigio, cuando el recurso ordinario es apto para cumplir con los objetivos de los que se han hablado en párrafos precedentes. En relación con lo anterior, es necesario precisar que la irreparabilidad del acto reclamado, por un lado, y el principio de definitividad, por otro, son dos presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. Lo anterior es así, porque el primero de esos requisitos se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera en la esfera jurídica del quejoso, con hincapié en los derechos sustantivos, a la trascendencia de la afectación y a su no reparación, aunque se llegue a dictar una sentencia definitiva favorable a los intereses de la peticionaria del amparo, y que obliga a la autoridad de control constitucional a intervenir de inmediato, sin esperar a que se llegue a promover el juicio de amparo directo (que no reparará la afectación), pero siempre que se encuentren satisfechos los restantes presupuestos de procedencia prescritos en la ley. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Es decir, la citada regla existe con relación a la naturaleza de los recursos ordinarios. En esas circunstancias, en los supuestos que aquí se analizan sobre juicios en que intervienen menores o ven afectada su esfera jurídica, el primer supuesto de procedencia que debe verificar el Juez de control constitucional, cuando se reclaman actos dentro del juicio, es que éstos tengan una ejecución irreparable, pues sólo entonces estará en aptitud de analizar si se ha cumplido con el principio de definitividad, o si, en el caso que examina, se justifica su inobservancia, sin que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación, sea la excepción a la regla, máxime si se considera que la norma constitucional 107, fracción III, inciso b), es clara en así considerarlo. Entonces, es inconcuso que no es la irreparabilidad del acto reclamado el elemento fundamental para decidir cuándo es el caso de exentar a la parte quejosa de interponer el recurso ordinario prescrito en la ley, cuando los derechos de una persona menor de edad estén involucrados en una contienda judicial, dado que ha de considerarse que, siempre que se trate de actos dentro del juicio reclamables en amparo indirecto, éstos son de ejecución irreparable (de lo contrario, su reclamo debe verificarse hasta que se llegue a promover el juicio de amparo directo). Por ende, lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad, ya que la regla de la definitividad está referida, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, cuya irreparabilidad, como ya se dijo, se debe dar por sentada cuando se reclaman actos dentro del juicio, de manera que el argumento relativo a la observancia del interés superior del menor no constituye un argumento válido para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que si bien en el juicio de amparo indirecto existen casos de excepción a la regla de definitividad, éstos no se identifican con la mera circunstancia de que el acto tenga una ejecución de imposible reparación para el menor, ya que esas excepciones a la regla se dan en supuestos específicos, que son los indicados en el precepto 61, fracción XVIII, párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor, ya transcrito. Los argumentos antes expuestos, conllevan a establecer lo infundado de los agravios expresados, cuya fuente jurídica se contiene en la tesis de jurisprudencia 113/2013 (10a.), que derivó al resolver la Contradicción de tesis 265/2013, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350. SIMILAR CRITERIO SOSTUVO EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN CIVIL 285/2019, EN SESIÓN PÚBLICA DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Apoyo lo expuesto, al jurisprudencia 11/2018 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito presentado por Karemy Sayury Aguilar Gallegos, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Antonio Di María y Santiago Abdiel de apellidos Adame Aguilar, quien promueve demanda de amparo contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Familiar Especializada en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 1204/2022 y fórmese expediente. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 114, fracción III y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba copia certificada del acta de nacimiento de los menores Antonio Di María y Santiago Abdiel de apellidos Adame Aguilar, con las que acredite la personalidad que dice ostentar como madre de los mismos, en virtud de que no adjunta constancia alguna para acreditar tal personalidad; y en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, corresponde a las partes acreditar esa circunstancia con las constancias respectivas. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis: V.2o.P.A.10 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, con número de registro 2019771, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIR COPIAS DE LAS DOCUMENTALES ANEXAS A ÉSTA, SALVO QUE SE TRATE DE LAS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD DE QUIEN PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA. De los artículos 108, 110, párrafo primero y 114 de la Ley de Amparo, no se advierte que impongan al quejoso la carga de exhibir una copia de cada uno de los documentos ofrecidos y exhibidos como pruebas anexas a la demanda, con el objeto de correr traslado con ellas a las partes, sino que únicamente se refieren a copias de la demanda de amparo indirecto, lo cual no genera la imposibilidad para éstas de ejercer una defensa adecuada, en tanto que, eventualmente, tendrán hasta la audiencia constitucional para imponerse del expediente en que dichas documentales obran agregadas y, en su caso, objetarlas de falsas, en términos del artículo 122 del propio ordenamiento. Lo anterior, salvo que quien presenta la demanda comparezca en representación de otra persona pues, en ese supuesto, sí debe exhibir copias de las documentales que acrediten la personalidad con que promueve, para que las partes puedan tener una oportuna defensa de sus intereses, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." Se le apercibe a la promovente de cuenta, que de no cumplir con la anterior exigencia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de Jesús Castillo Hernández, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Melquiades Molina Sánchez, por no contar con cédula profesional registrada en el consabido sistema. Notifíquese personalmente.

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