Juventina Ocampo Flores

Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Juventina Ocampo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el alegato ministerial de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en atención a su contenido dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase las copias fotostáticas certificadas de dicho auto. En el entendido que corresponderá al promovente agendar cita en el módulo denominado Agenda de Visitas a OJ, en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que pueda acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y realizar las gestiones correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en once de julio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3409/2022, que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que remite el auto de doce de julio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1212/2009, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó a su oficio 5474/2022 de fecha catorce de julio de dos mil veintidós, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Juventina Ocampo Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: > La omisión de acordar y notificar el acuerdo de mérito, en relación a las promociones presentadas por escrito de fechas; 12 de marzo de 2021, 10 de enero y 26 de mayo de 2022, dentro del expediente 1212/2009, que se sigue ante la autoridad responsable. > La omisión de dar continuidad al procedimiento en su etapa correspondiente, y en el cual solicito tenerme por desistida de las pruebas confesionales y por consiguiente otorgar el término a las partes para formular sus respectivos alegatos y en consecuencia certificar que ya existen pruebas pendientes por desahogar para así turnar los autos del expediente natural para proyecto de laudo. Lo que se traduce en inactividad procesal y la imprevisión de sujetarse a los términos y plazos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero ley 51 y la Ley Federal de Trabajo. ." Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de acordar los escritos de doce de marzo de dos mil veintiuno, diez de enero y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1212/2009. Lo anterior, en cumplimiento al criterio plasmado en la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de noviembre de dos mil trece, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós, acordó las peticiones presentadas el seis de julio de dos mil veintiuno, once de enero y veintisiete de mayo, de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 1212/2009, y al no haber pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes el término de tres días para que las partes formulen sus alegatos. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al ya haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa, es decir, acordó los escritos de doce de marzo de dos mil veintiuno, diez de enero y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 1212/2009; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 5791/2022, dirigido al Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, derivado del juicio laboral 722/2012, Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, esto es a Filiberto Salmerón Suárez, para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, remita a este juzgado las constancias relativas al desahogo del requerimiento formulado por la autoridad responsable mediante oficio 5791/2022, relativo al pago de la multa de doscientos días de salarios mínimos vigentes en el Estado, impuesta a Gloria Martínez Martínez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a que la fecha de notificación de los oficios expedidos por la autoridad responsable. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que en caso de acatar de manera correcta dicho requerimiento se le harán efectivos los apercibimientos decretados en el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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