Julio Eustaquio Lopez Valenzuela

Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 36 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
21/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Julio Eustaquio Lopez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por ********************, autorizada de la tercera interesada ********************; en atención a su contenido, en relación con las copias certificadas que solicita, deberá estarse a lo acordado en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se autorizó la expedición de las mismas, facultando para recibirlas a ******************** y ********************. Asimismo, se hace de su conocimiento que los ejemplares que requiere de este expediente podrá obtenerlos a su costa previa solicitud de una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre Servicios Jurisdiccionales, al que podrá acceder en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/Servicios Jurisdiccionales, dentro del cual encontrara el sistema de "Agenda OJ", la generación de citas con la finalidad de consultar expedientes o desahogo de requerimientos o comparecencias exigidas por este juzgado, esto último, en los casos previstos en el numeral 6º del Acuerdo General 21/2020. Así también, dada la limitación del personal asignado para atención al público en el horario escalonado asignado para llevar a cabo la jornada presencial en este órgano jurisdiccional, la referida cita tendrá que programarse en día jueves de cualquier semana y de las ocho y media a diez de la mañana, para designar a la persona que lo acompañará a obtener dichos ejemplares.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, fueron notificadas en primer y último lugar, esto es, el ocho y nueve de noviembre de este año, quedando comprendido dicho plazo del diez al veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, en la inteligencia de que el lapso para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el plazo de tres días para que, acudiera a este juzgado a recoger los edictos a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado Julio César López Padilla, y para que, en el plazo de otros tres días contado a partir del día siguiente del en que los recogiera, acreditara que realizó su pago o, en su caso, informara su imposibilidad económica para ello, bajo apercibimiento que, de no recoger y pagar los edictos o, en su caso, realizar manifestación al respecto en el término antes referido, se entendería que no tiene interés en su publicación y por ende, en la debida integración de este juicio, lo cual ocasionaría la paralización del mismo, retardándose la solución del conflicto y, ante esa situación, tomando en cuenta que el interés particular no puede estar por encima del interés público, su omisión podría conducir al sobreseimiento del asunto, atendiendo a las circunstancias del caso; mismo que les fue notificado el treinta de septiembre del año en curso, sin que haya atendido el requerimiento que se le formuló en dicho proveído en torno a la entrega para el pago y publicación de los edictos. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo a las circunstancias del caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó (.)." De igual manera, conviene precisar lo que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (...) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Del análisis literal de los numerales antes transcritos se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Ahora bien, del examen minucioso de las constancias de autos revela que, mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al presente juicio constitucional al tercero interesado Julio César López Padilla, mediante publicación de edictos por tres veces, de siete en siete días, tanto en el "Diario Oficial de la Federación", como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de acuerdo a lo que establece el precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, se apersonara al juicio. En dicho acuerdo se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo legal, previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, compareciera al local que ocupa este Juzgado de Distrito, a recoger los edictos de referencia, para su publicación; apercibiéndolo que en caso de no acreditar la publicación de los mismos, se proveería lo conducente, en torno al sobreseimiento aplicable al caso en estudio, sin que a la fecha dicha parte haya comparecido a recoger esos edictos, no obstante que quedó debidamente notificada de dicho proveído; por lo que el término concedido transcurrió sin que así lo hicieran. De manera que, tomando en consideración la fecha en que la parte quejosa quedó notificada del auto en el que se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado de referencia por medio de edictos, esto es, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se estima que el término de veinte días que la ley otorgó a la parte quejosa para acreditar haber entregado para publicación los edictos, transcurrió del cuatro de octubre al cinco de noviembre de dos mil veintiuno; sin que lo haya acreditado. En ese sentido, ante la omisión de la parte quejosa, es dable considerar que no se emplazó al tercero interesado, en los términos ordenados por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en razón de que hasta el momento no obra constancia de que la parte quejosa haya recogido los edictos, mucho menos que los haya publicado como está ordenado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, Novena Época, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a foja doscientos once, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así las cosas, cabe señalar que este Juzgado de Distrito realizó lo que legalmente estuvo a su alcance para investigar los domicilios a fin de que se llamara a juicio al tercero interesado Julio César López Padilla; y al no lograrlo, se ordenó la publicación de los respectivos edictos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que, como se apuntó, en autos obre constancia alguna de que al menos se haya iniciado el trámite para la publicación de aquéllos. Entonces el sobreseimiento anterior, tiene lugar al haberse acreditado que la parte quejosa fue omisa en realizar el trámite necesario para la publicación de los edictos respectivos, incumplimiento que provoca el no llamamiento a juicio de un gobernado al que la ley le otorga el carácter de tercero interesado, lo que ocasiona imposibilidad para integrar la relación jurídica procesal, consecuentemente, impide resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio la tesis II.2o.C.J/27, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible a foja mil ochocientos sesenta y ocho, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia Tesis: XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 1859, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional, por la falta de publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento al tercer interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Sin que lo anterior contravenga la jurisprudencia 3/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.", ya que la parte quejosa no acreditó ser una persona de escasos recursos, a quien el Consejo de la Judicatura Federal, debiera de cubrir el pago de los edictos correspondientes, lo cual se ponderó a analizando las particularidades del caso; como así se desprende de la ejecutoria emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que sustentó la jurisprudencia en cita. Así pues, como se adelantó, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que el veintinueve de septiembre pasado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Julio Cesar López Padilla, por medio de edictos, sin que a la fecha haya transcurrido el término de veinte días a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a partir de que fueron puestos a su disposición, para que acredite haberlos entregado para su publicación; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere a fin de que tenga verificativo a las once horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

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