Julio Hernández Ocaña
Expediente 476/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Julio Hernández Ocaña
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el registro electrónico que se lleva en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron al auto dictado el cinco de junio del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa fue notificada fue notificada en la misma fecha, quedando comprendido dicho plazo del siete al veinte de junio de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 476/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Así, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: a). - De la H, JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE SINALOA, con residencia en esta ciudad, se relama (sic) la omisión en dar cumplimiento con lo acordado el día 30 de noviembre de 2022, en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en la parte relativa en donde textualmente dice: "... de conformidad con los artículos 688 y 753 de la Ley en materia, se gira exhorto mediante oficio con los insertos necesarios al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que en auxilio de las labores de esta Autoridad Laboral, tenga a bien girar oficio con los insertos necesarios al In auto Nacional Electoral, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que en auxilio de la labores de esta Autoridad se sirva informar los siguiente: EL DOMICILIO QUE TENGA REGISTRADO EN SUS ARCHIVOS DE LA DEMANDADA ********************" Ahora bien, tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. Por consiguiente, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad jurisdiccional, la afectación producida por la responsable debe recaer en derechos sustantivos, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad jurisdiccional dentro de un juicio, o en un procedimiento llevado a cabo fuera de él, esto es, antes de la presentación de la demanda o una vez dictada la sentencia, tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en el caso que nos ocupa. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ?como ocurre en la especie?, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, debido a que la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De dicha resolución derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Asimismo, se invoca que la propia Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 294/2018, determinó que para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, deben transcurrir más de 45 días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. De dicha resolución derivó la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. También, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Precisado lo anterior, en la especie tenemos que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la no diligenciación del oficio girado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, Sinaloa, relativo a la búsqueda de domicilio en que pueda ser localizada la codemandada ********************. Ahora, en los antecedentes narrados por la aquí quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que desde hace un mes la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, conoce de la respuesta en sentido negativo a lo solicitado a la diversa autoridad laboral en Culiacán, sin embargo, no ha actuado en consecuencia. Misma manifestación que vuelve a precisar en el capítulo de conceptos de violación, donde textualmente refiere: . desde hace aproximadamente un mes que recibió el oficio-exhorto- (no diligenciado) de parte del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde le comunica que no es competente para girar oficio al Instituto Nacional Electoral en los términos acordados en el proveído de fecha 30 de noviembre de 2022, sin embargo a pesar de ello, no ha resuelto lo conducente en relación a lo acordado por la citada autoridad laboral de Culiacán, Sinaloa, ni tampoco a (sic) expedido y girado de su parte el oficio correspondiente al Instituto Nacional Electoral. De lo anterior, se colige que a la fecha de presentación de su demanda de amparo (uno de junio de dos mil veintitrés), únicamente han transcurrido veintiocho días, contados a partir del día siguiente al en que se estima agotado el plazo para que se acordara la promoción de mérito (cuarenta y ocho horas), conforme a lo que dispone el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo aplicable; de ahí que constituye una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, y por ende, deviene improcedente el juicio de amparo en que se actúa, ya que el tiempo transcurrido, si bien puede considerarse excede del previsto en la legislación para que le recaiga acuerdo; lo cierto es que no refleja una paralización del procedimiento, por ende, no viola derechos sustantivos sino procesales. DESECHAMIENTO. En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad y otra autoridad. En el entendido de que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para promover el medio ordinario o extraordinario de defensa que proceda, en caso de que subsista la dilación reclamada, al grado de constituir una abierta dilación o la paralización total del procedimiento de origen, en los términos expuestos en el presente proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ********************; asimismo, téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional ********************, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho y a ******************** únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del invocado precepto, por así haberlo solicitado. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.
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