Julio Cesar Romero Aguayo
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Julio Cesar Romero Aguayo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Julio César Romero Aguayo no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Esto, debido a que fue notificado el veintidós siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del transcurrió del veinticuatro al veintinueve de junio del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Julio César Romero Aguayo, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 367/2021-II-1. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Así, este juzgador advierte de oficio que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: La fracción del precepto legal en comento establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, dicha fracción prevé la figura jurídica denominada cosa juzgada, la cual es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado; razón por la cual un juzgador de amparo no se encuentra facultado para revisar las decisiones firmes emitidas en un juicio de amparo anterior, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2008, registro 168959, de rubro: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Así las cosas, en el presente juicio de amparo el quejoso Julio Cesar Romero Aguayo señaló como autoridad responsable y actos reclamados lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. Del C. Juez Segundo de primera instancia del ramo civil, como autoridad ordenadora y ejecutora reclamo el ilegal procedimiento seguido en el juicio sumario civil hipotecario 714/2013, promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), juicio que se encuentra adjudicado y en trámite de lanzamiento del inmueble que hoy defiendo y que ilegalmente se siguió el juicio, ya que el avaluó rendido por el ING. JOSE ANTONIO LEON OSUNA perito valuador nombrado por el Juez responsable hizo constar en su avalúo que el inmueble es el identificado como la manzana 120, del fraccionamiento Colinas del Real Plus, Cuando los correcto es MANZANA 19, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL DE ESTA CIUDAD, De igual manera por auto de fecha 10 de febrero del año 2015 (foja (153) el Juez responsable dictó auto de adjudicación a favor de la tercero interesada (INFONAVIT) señalando que el inmueble se encuentra en el fraccionamiento del Real Plus, cuando lo correcto es FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL PLUS, en el mismo auto hizo constar que las colindancias son AL ORIENTE: 16.50 metros con lote número 18, AL PONIENTE: 16.50 metros con lote número 20, cuando lo correcto es: AL ORIENTE: 17.50 metros con lote número 18 y AL PONIENTE: 17.50 metros con lote número 20. Analizando el mismo auto de adjudicación el juez responsable también hizo constar que el inmueble materia de la adjudicación se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio e hipotecado bajo la inscripción 174, tomo 482, sección II (segunda), CUANDO LO CORRECTO ES: QUE SE ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL NUMERO 175, TOMO CD1XXXIII, DE LA SECCVION II (SEGUNDA) tal y como consta en la escritura pública numero 9,199 volumen XXXIV, de fecha 20 de Diciembre del año de 1999 protocolizada ante el notario público LIC. JESUS AGUSTIN NORIEGA GALINDO, mismas que anexo en copia simple v que obran en copia certificada a (FOJAS DE LA 12 A LA 23 DEL JUICIO DE ORIGEN), violándose con ello lo establecido 564, 654 bis y 565 de la ley procesal civil del estado, ya que la autoridad responsable no se percató de dichas inconsistencias, ya que aun con ese error y el procedimiento viciado el Juez responsable dictó auto en donde adjudicó a favor de la tercero interesada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), el inmueble de mi propiedad, lo que demuestro con las copias fotostáticas certificadas que anexo a la presente demanda de garantías para que surta los efectos legales a que haya lugar. Así, en la especie el quejoso reclama el ilegal procedimiento seguido en el juicio sumario civil hipotecario 714/2013, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, promovido en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con el auto de diez de febrero de dos mil quince, en el que la responsable dictó auto de adjudicación a favor de la parte actora respecto del inmueble que defiende el quejoso. Precisado lo anterior, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito advierte que el quejoso Julio César Romero Aguayo, promovió el diverso juicio de amparo 536/2019, del índice de este juzgado, en contra de actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo civil del Distrito Judicial de Mazatlán, y otra autoridad, consistentes en: IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE RECLAMA: a.1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO QUEJOSO, YA QUE NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE SER OIDO NI VENCIDO EN JUICIO; RECLAMANDO ADEMAS TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES JURIDICAS DERIVADAS DEL JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 714/2013 COMO CONSECUENCIA DEL EMPLAZAMIENTO DEFECTUOSO, SEÑALANDO EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA; LO ANTERIOR EN FRANCA VIOLACIÓN A LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS A MI FAVOR POR LA CONSTITUCIÓN. B.1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, reclamo EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL SUSCRITO, debido a que no fueron observados los requisitos legales procesales previstos para tal diligencia, ya que como puede observarse del acta que obra en autos, dicho diligenciario no cumplió con las formalidades y requisitos previstos por los artículos 113, 1145, 118 fracción I, y demás del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el estado de Sinaloa. Dicho juicio fue admitido a trámite en auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, y seguido el trámite correspondiente, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, y se estableció lo siguiente: SEGUNDO. Fijación de la litis. Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda de amparo, se desprende que el quejoso lo hizo consistir en el (i) emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 714/2013, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo civil del Distrito Judicial de Mazatlán, con sede en esta ciudad, y (ii) todo lo actuado con posterioridad dentro de dicho procedimiento. [.] QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. I. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderada Ana Lucía Luna López, demandó en la vía sumaria civil hipotecaria al quejoso Julio César Romero Aguayo, así como a Erika Judith Tiznado Olguín, el pago de las prestaciones consistentes en la declaración judicial de vencimiento anticipado del plazo para el pago del contrato de crédito base de la acción, y como consecuencia, que se hiciera efectiva la garantía hipotecaria, la cantidad correspondiente a suerte principal, intereses ordinarios, moratorios, gastos y costas, y la ejecución y venta del bien hipotecado. II. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Mazatlán, con sede en esta ciudad, y en auto de seis de septiembre de dos mil trece, la radicó con el expediente 714/2013, la admitió en la vía y forma propuesta, y ordenó emplazar a la parte demandada Julio César Romero Aguayo y Erika Judith Tiznado Olguín para que dentro del término de siete días, en su caso, diera contestación a la aludida demanda (fojas 59 y 60 del legajo de pruebas). [.] VI. Posteriormente, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Mazatlán, con sede en esta ciudad, dictó sentencia el veintisiete de noviembre de dos mil trece, en el aludido juicio sumario civil 714/2013, declaró procedente la vía sumaria civil hipotecaria y condenó a la parte demandada Julio César Romero Aguayo y Erika Judith Tiznado Olguín, al pago de la cantidad de 61.9020 veces el salario mínimo mensual vigente en el otrora Distrito Federal, más los intereses ordinarios y moratorios vencidos y no pagados, así como los gastos y costas (fojas 82 a 85 ídem). VII. Posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia, mediante auto de diez de febrero de dos mil quince, el juez responsable adjudicó en favor del Instituto actor el inmueble hipotecado (fojas 153 y 154 ídem). VIII. Finalmente, mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, el juez responsable ordenó escriturar en rebeldía el bien inmueble adjudicado en favor del Instituto actor; orden que se materializó mediante escritura pública 5916, a cargo del Notario Público 140, con sede y ejercicio en Culiacán, Sinaloa (fojas 158 y 163 ídem). SÉPTIMO. Estudio de fondo. [.] De ahí que el emplazamiento realizado al quejoso al juicio natural fue conforme a la legislación aplicable y, por ende, estuvo en aptitud de conocer que existía un juicio sumario civil hipotecario en su contra y, en su caso, ejercer su derecho de defensa en la forma y términos que estimara conducentes; de ahí que el aludido emplazamiento no es violatorio de sus derechos humanos de audiencia y defensa, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] Así las cosas, ante lo infundado del concepto de violación del quejoso, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Julio César Romero Aguayo, contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento del que fue objeto en el juicio sumario civil hipotecario de origen. Negativa que se hace extensiva a todas las actuaciones posteriores a dicho emplazamiento reclamadas en vía de consecuencia, ya que la quejosa no las combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hizo derivar de la que en su opinión adoleció el emplazamiento reclamado. Sentencia que fue recurrida por el ahora quejoso y en sesión ordinaria virtual de diecinueve de febrero del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el cuaderno auxiliar 25/2021, derivado del amparo en revisión 585/2019 de su índice interno, resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, que emitió el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en el juicio de amparo 536/2019- II-2. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio César Romero Aguayo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de la sentencia recurrida. Así las cosas, entre el aludido juicio de amparo 536/2019 y la demanda de amparo que nos ocupa, existe identidad de quejoso -Julio César Romero Aguayo-, autoridad responsable -Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad- y actos reclamados - auto de diez de febrero de dos mil quince, en el que la responsable dictó auto de adjudicación a favor de la parte actora respecto del inmueble que defiende el quejoso, en el juicio sumario civil hipotecario 714/2013-; por tanto, se actualiza la figura de cosa juzgada en razón de lo resuelto en el juicio de amparo primigenio 536/2019, de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, obedece a que desde que el quejoso promovió el juicio de amparo 536/2019 (seis de agosto de dos mil diecinueve), y señaló como acto reclamado todo lo actuado juicio sumario civil hipotecario 714/2013, debió combatir por vicios propios, en su caso, la etapa de ejecución de dicho sumario, en específico el auto de adjudicación que ahora pretende reclamar, pues el mismo fue dictado desde el diez de febrero de dos mil quince, es decir, no es un acto novedoso o superveniente a su primera demanda de amparo; sin embargo, al no haberlo hecho deberá estar a lo resuelto en la sentencia ejecutoriada emitida en dicho sumario en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y se hizo extensiva a todas las actuaciones posteriores a dicho emplazamiento reclamadas en vía de consecuencia (entre ellas el auto de adjudicación), ya que el quejoso no las combatió por vicios propios. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con el diverso 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Julio Cesar Romero Aguayo, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Con motivo de lo anterior, se apercibe y se hace del conocimiento del quejoso Julio Cesar Romero Aguayo y sus autorizados Felipe Mayorquín Ahumad, Jesús Alfonso Monterrey Guerra y Luis Felipe Mayorquín Mijangos, que en caso de que existan indicios que hagan suponer que él o sus abogados autorizados, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, hayan afirmado en su demanda de amparo hechos falsos u omitido los que le consten en relación con los actos reclamados; este órgano jurisdiccional tiene expedita su facultad de dar vista al Ministerio Público de la Federación, a fin de que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, investigue de inmediato si dichos hechos son constitutivos del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2017, registro 2014917, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones ubicado en Avenida Cruz Lizárraga, número 712 Altos, de la colonia Palos Prietos, en esta ciudad; y para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, como autorizados a los licenciados Felipe Mayorquín Ahumada y Jesús Alfonso Monterrey Guerra, quienes tienen sus cédulas profesionales reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Luis Felipe Mayorquin Mijangos, por no contar con dicho registro. De igual forma, proporciona correo electrónico licfelipemayorquin@gmaol.com a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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