Julio Eduardo Espinosa Molina

Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Julio Eduardo Espinosa Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, formándose por tal motivo el toca ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    onformidad con lo acordado en proveído de cuatro de agosto del año en curso, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por Julio Eduardo Espinosa Molina, contra actos del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; me permito remitirle el presente expediente, con un anexo y tres discos en formato DVD, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia de diecisiete de julio del año en curso, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito suscrito por el quejoso Julio Eduardo Espinosa Molina, con el cual interpone el recurso de revisión contra la sentencia firmada en este juicio y formula agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del escrito de revisión y de expresión de agravios a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, así como a la parte tercero interesada María Gabriela del Jesús Broca Barrera. En mérito de lo anterior, una vez notificadas la totalidad de las partes en el presente asunto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, así como la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, envíese de forma física, el anexo exhibido por la responsable, a fin de que la Superioridad tenga todos los elementos para resolver el recurso de revisión en cita. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo IV.132/2023, promovido por JULIO EDUARDO ESPINOSA MOLINA; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, La Jueza, declara abierta la audiencia. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda de amparo, auto admisorio de once de abril de dos mil veintitrés, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que anexó la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente 342/2022, en la que se emitió el acuerdo impugnado; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, la cual será tomada en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta de que no fueron formulados por las partes, por lo que se cierra este periodo. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente que desahogar, al haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, la Jueza declara vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 132/2023-IV. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado, JULIO EDUARDO ESPINOSA MOLINA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la audiencia incidental de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se modificó la pensión alimenticia provisional y se fijó la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, de forma mensual, a cargo del quejoso. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, al considerar que en el caso, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que en contra de dicha determinación procedía el recurso de revocación. Inconforme con el desechamiento de la demanda de amparo, el quejoso Espinosa Molina, interpuso el recurso de queja, mismo que le tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, siendo que mediante acuerdo de once de abril del año dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado, a efecto de que se admitiera la demanda de amparo, por lo que en esa fecha se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada María Gabriela del Jesús Broca Barrera, lo que se hizo oportunamente, tal y como se advierte del cuaderno de amparo. Ahora bien, en contra del auto admisorio la tercero interesada interpuso el recurso de queja, por lo que se suspendió el procedimiento, hasta en tanto se resolviera dicho recurso; siendo que el trece de junio del año en curso, se tuvo por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado con residencia en esta ciudad; la resolución pronunciada en el toca 125/2023, del índice del referido Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la tercero interesada María Gabriela del Jesús Broca Barrera, por sí y en representación de sus hijas menores de edad M.J.E.B. y M.L.D.J.E.B, contra el acuerdo de once de abril del presente año; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo declara infundado el recurso de que se trata; por lo que se continuó con el trámite del presente amparo, y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado tiene ejecución en la demarcación territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La audiencia incidental de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se modificó la pensión alimenticia provisional y se fijó la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, de forma mensual, a cargo del quejoso. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad porque así lo afirmó expresamente al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de origen 342/2022, relativo al procedimiento especial del divorcio incausado promovido por María Gabriela del Jesús Broca Barrera, en contra del quejoso, así como tres DVDs, entre los que se encuentra la audiencia incidental reclamada, mismos que remitió la autoridad responsable como justificación de su acto, documentales por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidos por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital: 2017816, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2381, bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se permite a la autoridad responsable rendir su informe con justificación en medios magnéticos; lo mismo ocurre cuando el órgano jurisdiccional, al recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable, éstas sean exhibidas por medios electrónicos, ópticos o magnéticos. Por lo que si bien la averiguación previa de la que emana el acuerdo impugnado, es conforme al sistema tradicional, lo cierto es que no por ello se debe cerrar y limitar la posibilidad de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, o bien, remita las constancias de la indagatoria, éstas deban ser presentadas físicamente en copia certificada -es decir, en un documento escrito-, pues al ser parte del avance tecnológico y científico, pueden adoptarse medios electrónicos que prescindan el gasto innecesario de papel y eviten el exceso de volumen de tomos que sólo ocupan espacio, pues esos documentos pueden ser consultados en un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), lo cual tendrá pleno valor probatorio siempre que esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad ministerial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental." CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, es pertinente destacar que el impetrante de amparo, reclama la audiencia incidental de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se modificó la pensión alimenticia provisional y se le fijó la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, de forma mensual; siendo que en contra de dicho acto reclamado, al autoridad responsable manifestó que el impetrante de amparo no agotó el recurso de revocación en contra de dicha determinación. Así, esta Juzgadora coincide con la Jueza responsable, pues en el caso, se actualiza de manera indudable, la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser notificadas, revocadas o nulificadas." La fracción del dispositivo transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos, o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo para los terceros extraños; exceptuándose de la disposición anterior, los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución General de la República. Esto es, el numeral en comento dispone uno de los principios rectores del juicio de derechos humanos, que es el de definitividad, mismo que versa en el sentido de que antes de acudir a la vía constitucionalidad es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinaria establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o revocación del mismo, teniendo como excepciones al referido principio las señaladas en el párrafo anterior. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así esta Juzgadora considera que se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio familiar, en el caso, un procedimiento especial del divorcio incausado promovido por la tercero interesada María Gabriela del Jesús Broca Barrera, en contra del quejoso, siendo que la resolución reclamada, es proveniente del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. En ese sentido, los artículos 421, 423, 424 y 425, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: Resuelva excepciones; No admita pruebas; Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y, Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." En lo que interesa de dichos numerales se advierte que el Código adjetivo, sólo reconoce dos recursos el de apelación y revocación. Asimismo, el artículo 423, refiere que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. Que el recurso de revocación, procede en contra del auto que resuelva excepciones; no admita pruebas; declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y, resuelva sobre la revisión de medidas provisionales; siendo que tal medio de impugnación sólo podrá plantearse en la audiencia en que se haya emitido tales actos. En el caso, se advierte que el acto reclamado, constituye una audiencia incidental celebrada el cinco de enero del año en curso, en el expediente 342/2022, relativo al juicio de divorcio sin causales, promovido en contra del aquí quejoso, por la tercero interesada María Gabriela del Jesús Broca Barrera, en la que se modificó la medida provisional de alimentos dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitida a favor de sus menores hijas M.J.E.B. y M.L.D.J.E.B. pasando de la cantidad de cuatro mil pesos mensuales a la de quince mil pesos moneda nacional mensuales. En efecto, de las constancias que remitió la Jueza responsable, relativas al juicio de origen, así como del DVD, que contiene la audiencia incidental, en cuanto a la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia, en el minuto 19:37, se advierte que la Jueza, modifica dicha medida provisional, y fija en concepto de pensión alimenticia provisional en favor de las citadas menores de edad, la nueva cantidad de quince mil pesos, en forma mensual, y a cargo del quejoso. De ahí que el recurso procedente contra dicha determinación es el de revocación, normado por el artículo 424 del propio Código de Procedimientos Familiares, cuenta habida que dicha determinación fue emitida con motivo de la revisión de la medida provisional fijada primigeniamente en concepto de pensión alimenticia; por lo que, se reitera, el acto reclamado fue dictado dentro de audiencia, según de se advierte del DVD, que remitió la autoridad responsable, de ahí que al tratarse de una resolución que no se encuentra en los supuestos contra de los cuales procede la apelación, entonces procede el recurso de revocación en su contra; por tanto, se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, dado que es parte en el procedimiento natural, además de que dicho medio de impugnación se encuentra establecido en el propio Código de Procedimientos Familiares del Estado. Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo que puede hacerse valer contra esa revisión de la medida provisional, relativa a la pensión alimenticia, pues ésta previsto en el numeral 424, del Código invocado y con el mismo puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado; lo anterior, cuenta habida que es muy claro en precisar la procedencia del medio de impugnación, esto es del recurso de revocación en contra del acto que se impugna, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa pudiera quedar en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Máxime, que el recurso no se sujeta a una interpretación adicional para entender que el recurso de revocación sea el procedente, pues éste es muy claro en establecer que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado, por lo que el quejoso debió interponer el citado recurso antes de acudir al juicio de amparo y, por tanto, tampoco estaría en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII. Tiene aplicación jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2005039, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En conclusión, debe decirse que el quejoso al ser parte dentro del procedimiento de origen; esto es, no es tercero extraño, se estima que antes de acudir al juicio constitucional, debió de impugnar oportunamente la determinación que por esta vía reclama, a través del recurso de revocación, que es el medio por el cual la Jueza que la emitió puede nulificar o modificar el acto reclamado y sus consecuencias. Asimismo, la tesis aislada VI.2°. CJ/259, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2006, visible en la página 1654, Novena Época, con número de registro IUS 175974, cuyo rubro y texto es: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Bajo esa consideración, al no haberse agotado dicho medio de impugnación, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que hace notoriamente improcedente el presente juicio de amparo. Conclusión a la que se arriba, tomando en consideración lo señalado en las ejecutorias relativas a las quejas 33/2023 y 125/2023, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, interpuestas por el quejoso y la tercero interesada, contra el auto de desechamiento de treinta de enero de dos mil veintitrés y auto admisorio de once de abril de este año, dictados en este juicio, en las que en esencia, se indicó que para la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no observarse el principio de definitividad, era necesario obtener la información conducente del informe justificado para determinar si el acto provino o fue resultado de una revisión de medidas provisionales. Lo que en la especie aconteció una vez que se tuvieron a la vista las documentales relativas al juicio de origen, así como el DVD, que contiene la audiencia incidental de cinco de enero del año en curso, de la que se puede advertir, que efectivamente el acto reclamado deriva de una revisión de medidas provisionales, por lo que el quejoso, estuvo en aptitud, de interponer el recurso de revocación en su contra, de ahí que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, tal y como quedó precisado en párrafos precedentes. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, promovido por JULIO EDUARDO ESPINOSA MOLINA, contra el acto que reclamó de la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la audiencia incidental de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se modificó la pensión alimenticia provisional y se le fijó la cantidad de quince mil pesos, moneda nacional, de forma mensual, a cargo del quejoso; ello, atento a lo expuesto en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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