Julio Cesar Rodriguez Santamaria
Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Rodriguez Santamaria
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de seis de febrero del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III.Vista la demanda de amparo promovida por JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, contra actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Radicación. Fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 141/2019-III. Procedencia de la demanda. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal; 35 y 37 y 112, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver acerca de la admisión o no de la demanda de amparo. El quejoso JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y del Director del Archivo Notarial de la Entidad, la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, que emitió por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, misma que le fue notificado en fecha diecisiete del mismo mes y año y del Consejero Jurídico del Estado de Yucatán Mauricio Tapan Silveira, la declaración emitida en rueda de prensa en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, derivada de dicha resolución y sus consecuencias . Por lo que se estima que debe desecharse la demanda de amparo indirecto al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues se ejercitó el medio de control constitucional sin colmar de forma previa contra el acto reclamado, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, toda vez que en la especie se debió agotar el juicio contencioso administrativo, como se explicará. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, c) Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún juicio, recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; I. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; II. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; III. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; IV. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; V. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VI. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VII. Los que carezcan de fundamentación; VIII. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y IX. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Sentado lo anterior, cabe recordar que el quejoso reclama la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, misma que le fue notificado en fecha diecisiete del mismo mes y año, así como la declaración emitida en rueda de prensa en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, derivada de dicha resolución. Reflexionando sobre todo lo expuesto, este tribunal considera que en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de amparo, en virtud de que el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa respectivo antes de acudir al presente juicio de amparo, toda vez que contra el acto que reclama en este asunto, procede el juicio contencioso administrativo. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: Código de la Administración Pública de Yucatán Artículo 2. Para cumplir con la responsabilidad de desarrollar la función administrativa del Gobierno del Estado, consistente en realizar actos jurídicos, materiales y administrativos, en prestar los servicios públicos y en promover la producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas, el Poder Ejecutivo cuenta con dependencias y entidades que, en su conjunto, integran la Administración Pública Estatal. La Administración Pública Estatal se organiza en centralizada y paraestatal. Artículo 3. La Administración Pública Centralizada se integra por el Despacho del Gobernador y las dependencias contempladas en el artículo 22 de este Código. Artículo 12. El Gobernador del Estado es titular originario de todas las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo, las que por razones de división del trabajo podrán encomendarse a otros servidores públicos, excepto aquellas indelegables por mandato expreso de la Constitución Política del Estado de Yucatán y las leyes. Artículo 22. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, el Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias: I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Administración y Finanzas; III.- Consejería Jurídica;... De igual forma, el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, dispone: "Articulo 1.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles de Estado." Asimismo, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: "Competencia del tribunal Artículo 64. Corresponde al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial, a través del Pleno, conocer y resolver lo siguiente: (.) III.- De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios y organismos públicos descentralizados, las Empresas de Participación Estatal mayoritaria y los Fideicomisos Públicos estatales o municipales; IV.- De los juicios que se promuevan en contra de los actos fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios; V.- De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios en los recursos ordinarios establecidos por las Leyes y Reglamentos respectivos." Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, y el artículo 64, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra de las determinaciones que dicten las autoridades del Poder Ejecutivo, cuyo titulares el Gobernador del Estado y entre las que se encuentra el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, procede el juicio contencioso administrativo. Se afirma lo anterior, en atención a que el acto reclamado en este asunto, se trata la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, misma que le fue notificado en fecha diecisiete del mismo mes y año y así como la declaración emitida en rueda de prensa en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, derivada de dicha resolución. Asimismo, conviene acotar que contra el acto que reclama el justiciable, no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que éste hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado de violación a leyes secundarias; tal acto se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el referido precepto 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a través del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado que se señala en la demanda de amparo que se intenta; tampoco existe afectación a derechos sustantivos del agraviado, pues estos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce en contra del acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo indirecto, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultara su argumento relativo a la competencia de la autoridad responsable para dictar el acto de autoridad que se reclama, pues tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori; dicha norma prevé la suspensión de los actos reclamados, cuando éste la solicite, en suma a que acorde a lo dispuesto por los preceptos 23 y 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; en estas condiciones, es claro que el demandante de amparo indirecto podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia", pues de la resolución de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, misma que le fue notificada en fecha diecisiete del mismo mes y año y los actos derivados de la misma, tales como la declaración emitida en rueda de prensa en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se advierte que se fundamentó en los artículos 12, 13 último párrafo, y 14 fracción XVI, del Código de la Administración Pública de Yucatán. Luego, si el quejoso no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos, debió de agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la vía constitucional, y si tal medio de defensa no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Asimismo, si el acto fue emitido por una autoridad administrativa integrante del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, en este caso su Titular, es claro que contra dicho acto procede el juicio contencioso administrativo, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de la Octava Época, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 152 del tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." En las relatadas condiciones, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el transcrito numeral 107, fracción V, aplicado "a contrario sensu" de la Ley de Amparo; y, por ende, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, contra actos del Consejero Jurídico en carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo. Finalmente cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el predio que señala en su demanda de amparo. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Julio César Ortíz Rosado2137/2022
- Julio Cesar Pech Cepeda722/2019
- Julio Cesar Peniche Ruiz2668/2022
- Julio Cesar Quej Delgado1287/2017
- Julio Cesar Ramos Morales409/2021
- JULIO CESAR RAMOS MORALES y Otros.410/2021
- Julio del Jesus Cuytun Kantun2702/2022
- Julio Eduardo Chan Xool616/2023
- Julio Eduardo Espinosa Molina132/2023
- Julio Enrique Noverola Gamboa704/2018
- Julio Eustaquio Uc Peraza483/2018
- Julio Eustaquio Uc Peraza169/2018