Julio Cesar Quej Delgado
Expediente 1287/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1287/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Quej Delgado
Actuaciones
- Principal
MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por JULIO CESAR QUEJ DELGADO, contra actos que reclama del Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; de la que se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que hace procedente desecharla por notoriamente improcedente, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. De la lectura integral de la demanda de amparo se desprende, que la parte quejosa reclama en esencia, el auto de admisión de demanda de fecha tres de mayo del año en curso, dictado por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, en autos del expediente marcado con el número 365/2017, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra del referido quejoso; al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, la parte promovente del juicio constitucional reclama el auto admisorio de demanda de fecha tres de mayo del año en curso, dictado por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, en autos del juicio extraordinario hipotecario número 365/2017, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en contra del referido quejoso. Aseveraciones expresas que tienen el carácter de una confesión, y que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del diverso 199, ibídem, que determina: "la confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: --- I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación establecido en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En efecto, dicho numeral a la letra dice: "Artículo 369. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior". Como se indicó párrafos precedentes, la parte quejosa se duele del acuerdo de fecha tres de mayo del año en curso, dictado por el Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio extraordinario hipotecario 365/2017, mediante el cual, admitió dicha demanda, y ordenó correrle traslado únicamente con la copia de la misma, toda vez, que los documentos exhibidos excedían de veinticinco fojas útiles. Dicha determinación, debió ser impugnada mediante recurso de apelación que la ley procesal civil otorga, pues el citado medio de defensa, tiene por objeto, que el superior de la juez natural, esto es, el Tribunal Superior de Justicia, revise dicha determinación, para que la confirme, revoque o modifique, antes de acudir al juicio de amparo. No escapa a este juzgador federal señalar, que no se desatiende el contenido del artículo 376 de la legislación procesal en cita, cuyo contenido dice: "Artículo 376. Salvo especial disposición en contrario, las sentencias definitivas son apelables. Las demás resoluciones sólo son apelables, cuando la ley lo establezca, expresamente, y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impida en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en la sentencia". Del numeral transcrito se desprende lo siguiente, que los autos serán apelables cuando la ley lo establezca, cuando la disposición que se apela impida en términos absolutos la continuación del procedimiento, o cause un gravamen que no pueda repararse en sentencia definitiva. Ahora bien, el auto que aquí se reclama, la ley de la materia no señala que pueda ser apelado, tampoco impide en términos absolutos la continuación del procedimiento; sin embargo, sí causa un gravamen que no puede ser reparado en sentencia definitiva. Lo anterior es así, pues el acuerdo reclamado dictado en el juicio extraordinario hipotecario, no sólo tiene como efecto llamar a la parte demandada para que comparezca a hacer valer sus defensas, que estime pertinentes, sino que también ocasiona, el que se expida una cédula hipotecaria, con la consiguiente sujeción del inmueble a la contienda deducida, a través de su fijación e, inclusive, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, que produce el efecto de secuestro judicial. De ahí que es evidente que al fijarse dicha cédula hipotecaria, el propietario pierde la posesión de la finca, sea porque acepte la responsabilidad de depositario, en cuyo caso no posee a nombre propio, sino de quien obtenga en el juicio, o bien en el caso de que el demandado no acepte, debe entregar desde luego la tenencia material al actor o al depositario que éste nombre. Por ende, dicho acuerdo sí afecta de modo cierto e inmediato derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales inmersas en los derechos humanos del aquí quejoso, que lo son todos los derechos inherentes al bien inmueble del deudor sujeto a juicio, sin que la afectación sea susceptible de ser reparada por el hecho de obtener una sentencia favorable, ya que en el supuesto de que se cancelara la cédula y en su caso, se devolviera el bien a la parte reo, no podría restituírsele del daño de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el efecto del secuestro judicial, dado que la privación en el disfrute de la garantía durante ese tiempo, queda irreparablemente consumada. Por esa razón, es que el mencionado acuerdo aquí reclamado, sea susceptible de ser impugnado mediante el recurso de apelación contemplado en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1381, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, ADMISIÓN DE, EN UN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS Y CONTRA LA RESOLUCIÓN EN APELACIÓN QUE LA CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El acto reclamado que trata sobre la resolución que tiene por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que admite la demanda en un juicio especial hipotecario, constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación contra el cual procede el amparo indirecto, en virtud de que al confirmarse prácticamente el acuerdo de radicación mencionado, no sólo tiene como efecto llamar a la parte demandada para que comparezca a la controversia y plantee las defensas que estime pertinentes, sino que también ocasiona, el que se expida una cédula hipotecaria, con la consiguiente sujeción del inmueble a la contienda deducida, a través de su fijación e, inclusive, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, que produce el efecto de secuestro judicial. De ahí que es evidente que al fijarse dicha cédula hipotecaria, el propietario pierde la posesión de la finca, sea porque acepte la responsabilidad de depositario, en cuyo caso no posee a nombre propio, sino de quien obtenga en el juicio, o bien en el caso de que el demandado no acepte, debe entregar desde luego la tenencia material al actor o al depositario que éste nombre. Por ende, la interlocutoria que resuelve la apelación declarándola improcedente o infundada, en su caso, confirma el auto que admite la demanda en el juicio especial hipotecario y en esa tesitura el mandamiento relativo a la expedición, fijación y registro de la cédula hipotecaria correspondiente, con las precisadas consecuencias, sí afecta de modo cierto e inmediato derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, que lo son todos los derechos inherentes al bien inmueble del deudor sujeto a juicio, sin que la afectación sea susceptible de ser reparada por el hecho de obtener una sentencia favorable, ya que en el supuesto de que se cancelara la cédula y en su caso, se devolviera el bien a la parte reo, no podría restituírsele del daño de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el efecto del secuestro judicial, dado que la privación en el disfrute de la garantía durante ese tiempo, queda irreparablemente consumada". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo aplicable, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por JULIO CESAR QUEJ DELGADO, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el predio marcado con el número setenta y seis de la calle catorce de la colonia México de esta ciudad, y como autorizados a Reina Isabel Molina Bonilla y Wilmer Manuel Mendoza mejía, pero con las limitaciones que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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