Julio David Arias Potenciano
Expediente 967/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio David Arias Potenciano
Actuaciones
- Principal
En once de diciembre de dos mil veinte, doy cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el seis de noviembre del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Julio David Arias Potenciano, transcurrió del cuatro al diez de diciembre del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
mesa 10. Con fundamento en el artículo 27 Inciso B) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el CITATORIO, el que a la letra dice:- VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Julio David Arias Potenciano, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 apartado B fracción VII constitucionales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 967/2020-10. DESECHAMIENTO Ahora bien, del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, no es procedente admitirla, como se expondrá a continuación. Es de señalarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivos manifiestos e indudables de improcedencia, el de desecharla de plano. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la Jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, así como que éste sea manifiesto e indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que suspende nuevamente la continuación de la audiencia de juicio oral, señalando como nueva fecha el once de noviembre del presente año, dentro del expediente penal 2300/2019, lo que excede el plazo de un año para ser juzgado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna lo transcrito en líneas precedentes. Ahora bien, por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar lo siguiente: El artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo es improcedente: "Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas o nulificadas". Del precepto antes transcrito se advierte que para que se actualice la citada causal de improcedencia se deben satisfacer dos requisitos que son: 1). Que el acto provenga de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo; y, 2). Que la ley conceda un recurso o medio de defensa con el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, excediendo el plazo de un año para ser juzgado. En ese orden de ideas, los supuestos previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, se encuentran actualizados, pues por una parte, el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial, en específico al Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco y a la Juez en calidad de Presidente; aunado a que en contra del acto reclamado consistente en el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, procede el recurso de revocación, conforme a lo dispuesto en el artículo 465 relacionado con el artículo 354 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, que a la letra dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 354. Dirección del debate de juicio El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del Presidente, lo resolverá el Tribunal. Así las cosas, de conformidad con los artículos transcritos, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable, es recurrible mediante el recurso de revocación. Atento a lo anterior y tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama sustancialmente el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, excediendo el plazo para ser juzgado en el paso de un año, respecto del cual procede el recurso de revocación, en términos del precepto antes invocado, por medio del cual la parte quejosa pudo obtener la modificación o revocación del acto que reclama, antes de promover la vía constitucional; por lo que, al no haberse agotado ese recurso, es claro que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, actualizándose en el particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, sin suspender el acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 982, visible en la página 674, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados del quejoso a Luis Alberto Cruz Montero y Javier López Martínez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como medios de comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que dichos medios carecen de eficacia jurídica para oír y recibir citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo indicado en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual, hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales necesarias. Tomando en consideración el contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y en caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Julio David Arias Potenciano, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 apartado B fracción VII constitucionales. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 967/2020-10. DESECHAMIENTO Ahora bien, del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, no es procedente admitirla, como se expondrá a continuación. Es de señalarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivos manifiestos e indudables de improcedencia, el de desecharla de plano. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la Jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS", ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, así como que éste sea manifiesto e indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que suspende nuevamente la continuación de la audiencia de juicio oral, señalando como nueva fecha el once de noviembre del presente año, dentro del expediente penal 2300/2019, lo que excede el plazo de un año para ser juzgado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna lo transcrito en líneas precedentes. Ahora bien, por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar lo siguiente: El artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo es improcedente: "Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas o nulificadas". Del precepto antes transcrito se advierte que para que se actualice la citada causal de improcedencia se deben satisfacer dos requisitos que son: 1). Que el acto provenga de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo; y, 2). Que la ley conceda un recurso o medio de defensa con el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, excediendo el plazo de un año para ser juzgado. En ese orden de ideas, los supuestos previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, se encuentran actualizados, pues por una parte, el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial, en específico al Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco y a la Juez en calidad de Presidente; aunado a que en contra del acto reclamado consistente en el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, procede el recurso de revocación, conforme a lo dispuesto en el artículo 465 relacionado con el artículo 354 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, que a la letra dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 354. Dirección del debate de juicio El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del Presidente, lo resolverá el Tribunal. Así las cosas, de conformidad con los artículos transcritos, se concluye que el acto reclamado a la autoridad responsable, es recurrible mediante el recurso de revocación. Atento a lo anterior y tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama sustancialmente el auto que ordena la suspensión de la audiencia de Juicio Oral para continuarla en otra fecha, excediendo el plazo para ser juzgado en el paso de un año, respecto del cual procede el recurso de revocación, en términos del precepto antes invocado, por medio del cual la parte quejosa pudo obtener la modificación o revocación del acto que reclama, antes de promover la vía constitucional; por lo que, al no haberse agotado ese recurso, es claro que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, actualizándose en el particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, sin suspender el acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 982, visible en la página 674, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados del quejoso a Luis Alberto Cruz Montero y Javier López Martínez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como medios de comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que dichos medios carecen de eficacia jurídica para oír y recibir citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo indicado en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual, hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales necesarias. Tomando en consideración el contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y en caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese personalmente.
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