Julio César Zurita López

Expediente 1766/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1766/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Julio César Zurita López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Incidental

    MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1766/2022-5, promovido por **********, contra los actos que reclama del Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de octubre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el catorce posterior, Julio César Zurita López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO EL ACUERDO DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022, DICTADO EN LOS AUTOS D EL JUICIO LABORAL 1462/2020, EN DONDE EN FORMA CONTRARIA A DERECHO PROCEDE AL SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 2 Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 3 Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1766/2022-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El señalamiento de fecha y hora lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 1463/2020, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, por sí y en representación de la junta responsable y del pleno de la misma, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, de las documentales que adjuntó al mismo, en lo que aquí interesa, se aprecia la copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones desahogada el siete de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 1463/2020, de su índice, se advierte su existencia. Constancia a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables al encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Son fundados pero inoperantes, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, sin que esta juzgadora advierta motivo alguno para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. El impetrante esencialmente reclama el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1463/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que señala fecha distante -treinta de noviembre de dos mil veintidós- para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Por lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por reproducido en este apartado el concepto de violación expresado por la parte quejosa en su libelo de amparo; sin que sea el caso transcribirlo pues no existe precepto legal alguno que obligue al Juzgador a ello, además que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la impetrante del amparo dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 1340 en la página 1502 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Medularmente alega el peticionario de garantías, que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, toda vez que la fecha establecida por la responsable para la aludida audiencia, se encuentra fuera de término previsto por la ley para ese efecto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Así pues, el artículo constitucional en cita dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. - - - Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. - - - Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.". Del análisis del precepto de referencia, se advierte que la garantía de acceso a la administración de justicia, consiste en: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para efecto de obtener resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, esto es, dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. En consonancia con ese derecho fundamental, el numeral 878 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo instituye que al celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tendrá verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los diez días siguientes. Asimismo, del ordinal 685 de la ley laboral en cita, se deduce que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Sobre el particular, es aplicable la tesis X.1o.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página 373, cuyo rubro y texto es: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS, EXCEDIENDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse". Como se precisó en líneas anteriores, el artículo 17 constitucional consagra el derecho de prontitud en la administración de justicia; en congruencia con tal disposición, los preceptos legales secundarios transcritos, establecen, en principio, que el proceso del derecho del trabajo será inmediato y que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; asimismo, que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos y se desahoguen dentro de los términos y plazos previstos por la ley, proveyendo como corresponda respecto de las pruebas ofrecidas hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Conforme a lo anterior, es claro que la determinación de la responsable al señalar como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1463/2020 de su índice, vulnera el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, porque constituye una fecha que excede el plazo previsto para ese efecto en la legislación laboral precitada. Esto, tomando en cuenta que entre la data del acuerdo reclamado y la programada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas median más de tres meses. Aunado a ello, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución o trámite de los asuntos, el párrafo 1 del artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instituye que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso. Para determinar la razonabilidad del plazo, es de tomar en cuenta el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha sido denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en examinar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En el caso particular, el legislador determinó un plazo de diez días para que la junta señalara la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a partir de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, la fecha señalada por la autoridad responsable para la audiencia de mérito, además de exceder el plazo establecido por el legislador para ese efecto, tampoco resulta razonable. Es de tomar en cuenta, lo expuesto en la tesis I.4o.A.5 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1453, cuyo rubro y texto es; "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". En el caso, la junta responsable, el siete de julio de dos mil veintidós, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 1463/2020; contraviniendo así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto en el numeral 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo. Con base en lo anterior, son fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso; sin embargo, devienen inoperantes debido a la proximidad de la fecha señalada para la audiencia de ley en la controversia laboral 1463/2020, del índice de la junta responsable. Efectivamente, aun cuando la fecha establecida para la audiencia de mérito, excede los plazos y términos que la legislación laboral establece para ese efecto, conceder el amparo para que la responsable ajuste la misma a lo ordenado por el legislador en el numeral 878, fracción VIII, resultaría prácticamente imposible debido a la cercanía de la misma (treinta de noviembre de dos mil veintidós). Además, en atención a que una vez que se dicta la sentencia de amparo, para requerir a la autoridad responsable cumpla con la misma, es menester que aquélla cause ejecutoria, lo que ocurre una vez que vence el término de diez días previsto para la impugnación de la misma, más los relativos a la notificación y los concedidos para el cumplimiento del fallo protector. Lo anterior haría ineficaz la concesión del amparo para que la autoridad deje sin efecto el acto reclamado y fije una fecha para la audiencia en cuestión, que se ajuste a los plazos determinados por el legislador, pues de hacerlo así, conllevaría el riego de que las partes no puedan ser notificadas con la anticipación debida y tenga que reprogramarse para otra fecha aún más distante. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 114, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, Materia Común, con rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Consecuentemente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a **********, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Presidente de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de siete de julio de dos mil veintidós, que obra en el expediente laboral 1463/2020 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de diecisiete de octubre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente laboral 1463/2020 que remitiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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