Julio César Zurita López
Expediente 209/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio César Zurita López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por -----------; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes
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VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Julio César Zurita López; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 209/2022-5, promovido por Julio César Zurita López, contra los actos que reclama del Pleno de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diecisiete siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho posterior, Julio César Zurita López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "A). - LA FALTA DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCION, PARA LA DEBIDA Y LEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS LO QUE FUE ORDENADA POR SEPTIMA OCASIÓN, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA LOGRADO LA MISMA. B). - LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS QUE DEBERA EFECTUAR EL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCION, RESPECTO A LA NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS, ORDENADA MEDIANTE AUTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021. C).- LA DENEGACION DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A FAVOR DEL GOBERNADO EN TERMINOS DE LO ORDENADO EN EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE HASTA LA FECHA HA INCUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA O LITIS PROCESAL SUBCITADA EN EL PLANTEAMIENTO DEL JUICIO LABORAL, PUESTO QUE NO HAN TRAMITADO NI RESUELTO EL JUICIO EN LOS PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES QUE LA PROPIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ. D). - LA DILACION PROCESAL, QUE SE DERIVA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL, MISMAS QUE SON ATRIBUIBLES A LA AUTORIDAD LABORAL; Y QUE SE TRADUCEN EN FALTA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LAS PARTES DEMANDADAS, ASI COMO QUE NO HA TRAMITADO NI RESUELTO EL JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES QUE LA PROPIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ, YA QUE EN EL PRESENTE CASO EL AUTO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ES CONTRARIO A LO ORDENADO EN EL ARTICULO 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, YA QUE SEÑALAN FECHA Y HORA LEJANA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Pleno, Presidente y Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Coordinador de Actuarios y Actuario adscrito a la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado radicó y admitió la demanda en estudio bajo el registro 209/2021-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; dada la naturaleza del acto negativo reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; no se ordenó tramitar incidente de suspensión en virtud de no haberlo solicitado expresamente la parte impetrante en términos del artículo 125 de la Ley de Aparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de notificar y emplazar a los demandados en el expediente 1463/2020 del registro de la Junta responsable. El auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1463/2020 del índice de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por medio del cual señaló las once horas del siete de julio de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la omisión de notificar el propio auto. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados señalado en el considerando precedente, aun cuando lo haya negado la presidente de la Junta responsable, al rendir el informe justificado, ya que de la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 1463/2020 de su índice, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de febrero de dos mil veintidós- efectivamente no había notificado y emplazado a las demandadas y además, había señalado fecha y hora lejana (once horas del siete de julio de dos mil veintidós) para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el citado procedimiento laboral. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso a. del considerando precedente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se dice lo anterior, dado que de las constancias que la presidente de la Junta responsable acompañó a su informe, se advierte que el dos de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la práctica de la notificación y emplazamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como del legítimo propietario de la fuente de trabajo denominada Lavadora de Autos "Astros" [Fojas 24 a 26]. Para mejor proveer, se reproduce digitalmente las constancias de notificación citadas. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -dieciséis de febrero de dos mil veintiuno-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que el dos de diciembre de dos mil veintiuno ordenó la notificación y emplazamiento de la parte demandada, dentro del procedimiento laboral de origen; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado ha cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por otro lado, también se advierte que, respecto al acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando SEGUNDO de esta ejecutoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, del ordenamiento jurídico precitado, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Para ese efecto, es de tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que instituyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. b) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea. En ese contexto normativo, podemos colegir que el presente caso encuadra en la primera hipótesis del precitado artículo 18, que establece que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada, al no actualizarse ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el numeral 17 de la ley en cita. En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable [Foja 23] se advierte que en la diligencia de dos de diciembre de dos veintiuno, celebrada en los autos del expediente laboral 1463/2020, se señalaron las once horas del siete de julio de dos mil veintidós para que tuviese verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, también se desprende de la propia constancia que, por parte del actor Julio César Zurita López -aquí quejoso- compareció la licenciada Lucero Cruz Hernández, quien también funge como autorizada en el presente juicio constitucional, por lo que resulta incontrovertible que el impetrante, desde ese momento tuvo conocimiento del acto génesis de la presente controversia y conforme al artículo 733 de la Ley Federal del Trabajo, surtió sus efectos el tres de diciembre de dos mil veintiuno. En ese tenor, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para el efecto de la presentación de la demanda de protección de derechos constitucionales le transcurrió del seis al veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, sin tomar en cuenta los días inhábiles en términos del numeral 19 del citado ordenamiento jurídico. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno [Foja 3], tal y como se advierte del sello de recepción de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, es evidente que fue presentada fuera del plazo de quince días previsto por la ley de la materia; por lo que resulta extemporánea, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 del propio ordenamiento, al hacerse consentido tácitamente la resolución reclamada. Cobra aplicación la tesis 193, visible en la página 165, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. TCC, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". A efecto de clarificar lo anterior, se reproduce digitalmente, la constancia citada. En mérito de lo antes acotado, resulta evidente que en el caso concreto se verifica la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa, y por ende cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 1463/2020 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintiuno de febrero del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones e informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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