Julio César Torrez Frías

Expediente 855/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
855/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Julio César Torrez Frías

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 855/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Oficio. Agréguese un oficio del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Piedras Negras, mediante el que acompaña copia autorizada del acuerdo de veintiocho de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 910/2022, de su índice, del que se advierte, se aceptó continuar conociendo del juicio de amparo 855/2022, de la estadística de este órgano de control constitucional promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla a favor de Julio César Torrez Frías; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Se remite promoción. En atención a lo ordenado en acuerdo de veintiuno de julio del año en curso y toda vez que el Juzgado oficiante aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, remítasele el original del oficio del representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, por el que rindió el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo -folio 9977-, para los efectos legales procedentes. 3. Archivo del cuaderno de antecedentes. Por lo expuesto y como en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. 4. Instrucción Secretaría y Actuaria. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la resolución en el que se ordenó remitir este juicio de amparo, por conocimiento previo, sea consultable por internet. 5. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 855/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Se agrega un oficio. Agréguese el oficio 14092/2022-PF, de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Piedras Negras, recibido en línea con firma electrónica, mediante el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto con números de orden 263/2022 y origen 68/2022, que se envió a fin de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el acuerdo de diecinueve de julio del año en curso al directo quejoso Julio César Torrez Frías, lo que se realizó el veinte de julio siguiente. En consecuencia, dése de baja dicho exhorto en el libro del Juzgado relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este Juzgado de Distrito, previas las anotaciones correspondientes. Sin que haya lugar a acusar recibo del citado exhorto, toda vez que ello se genera automáticamente en el momento de su envío por la vía electrónica. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 855/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintidós. 1. Informe. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese un oficio del representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, mediante el que rinde el informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo a favor del directo quejoso Julio César Torrez Frías. En su atención, resérvese remitir el original del oficio de cuenta al Juzgado Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, hasta en tanto se tenga conocimiento si aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional, para conocer de este juicio de amparo. 2. Razón actuarial. En otro aspecto, glósese la razón asentada el veinte del mes actual, por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte no le fue posible notificar en forma personal al promovente de la demanda de amparo Gabriel Domínguez Bobadilla, el proveído dictado el diecinueve de julio último, por el motivo que ahí expone. Notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa. Ante ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte procesal, el acuerdo de referencia y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla a favor de Julio Cesar Torrez Frías, por propio derecho, contra actos del subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, dependiente de la Secretaría de Gobernación, recibida hoy en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 855/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. El promovente del amparo señala que el directo quejoso Julio César Torrez Frías se encuentra privado de su libertad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, entre las cuales se encuentra la siguiente: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Esos supuestos determinan la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Por lo que, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde se realicen o traten de realizarse. Atento a esas consideraciones jurídicas, y dada la naturaleza de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional no es legalmente para conocer de la demanda de amparo que se promovió en favor de Julio Cesar Torrez Frías, por cuestión de territorio, ya que se encuentra privado de su libertad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila; lugar en el que tiene jurisdicción el juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, como se establece en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divida la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el expediente al juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, a quien atentamente se solicita informe si acepta o no la competencia declinada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas. 4. Suspensión de oficio y de plano. En virtud de que los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo consisten, esencialmente, en la detención y deportación; con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano y de oficio la suspensión al quejoso, en los términos siguientes: I. Se decreta, de oficio y de plano, la suspensión de cualquier acto prohibido por los artículos 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, para el efecto de que cesen, de inmediato. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". II. En relación a la deportación, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto que no se ejecute, en virtud de que el promovente manifestó que el referido quejoso es de nacionalidad extranjera; sin embargo, no existen datos que conduzcan estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que el quejoso se encuentre en esa hipótesis. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que, por las características personales del quejoso (extranjero), se encuentre en algún supuesto distinto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio de los actos reclamados, esto es, para el caso de que el quejoso se encuentre en una hipótesis diferente a lo planteado en la demanda de amparo; ello, respecto del acto consistente en la deportación. III. Por cuanto hace la detención, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la autoridad migratoria responsable se ajuste a los parámetros en la Ley de Migración y, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 101, comunique al directo quejoso que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: I. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional (Cubana); o bien, de persona moral (jurídica) o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. II. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. III. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. IV. Deberá otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos cero centavos, moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional por no contar con mayores datos, dadas las particularidades del caso. Garantía que podrá constituirse mediante póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. V. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración. La medida se decreta en los términos citados, en atención al criterio emitido en la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021, de su índice. Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La(s) autoridad(es) responsable(s) debe(n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) rendir su informe a través del correo electrónico 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 5. Notificación por exhorto. Con fundamento en el numeral 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto en línea a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el rubro correspondiente, al juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notifique este acuerdo al quejoso Julio Cesar Torrez Frías, quien se encuentra privado de su libertad, según lo referido por el promovente, en la Estación Migratoria de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Hecho lo anterior, devuelva las constancias respectivas. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa y personalmente a sus autorizados legales en el domicilio señalado en la demanda de amparo. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 855/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla a favor de Julio Cesar Torrez Frías, por propio derecho, contra actos del subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, dependiente de la Secretaría de Gobernación, recibida hoy en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 855/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. El promovente del amparo señala que el directo quejoso Julio César Torrez Frías se encuentra privado de su libertad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, entre las cuales se encuentra la siguiente: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Esos supuestos determinan la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Por lo que, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde se realicen o traten de realizarse. Atento a esas consideraciones jurídicas, y dada la naturaleza de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional no es legalmente para conocer de la demanda de amparo que se promovió en favor de Julio Cesar Torrez Frías, por cuestión de territorio, ya que se encuentra privado de su libertad en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila; lugar en el que tiene jurisdicción el juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, como se establece en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divida la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el expediente al juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, a quien atentamente se solicita informe si acepta o no la competencia declinada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas. 4. Suspensión de oficio y de plano. En virtud de que los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo consisten, esencialmente, en la detención y deportación; con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano y de oficio la suspensión al quejoso, en los términos siguientes: I. Se decreta, de oficio y de plano, la suspensión de cualquier acto prohibido por los artículos 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, para el efecto de que cesen, de inmediato. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". II. En relación a la deportación, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto que no se ejecute, en virtud de que el promovente manifestó que el referido quejoso es de nacionalidad extranjera; sin embargo, no existen datos que conduzcan estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que el quejoso se encuentre en esa hipótesis. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que, por las características personales del quejoso (extranjero), se encuentre en algún supuesto distinto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio de los actos reclamados, esto es, para el caso de que el quejoso se encuentre en una hipótesis diferente a lo planteado en la demanda de amparo; ello, respecto del acto consistente en la deportación. III. Por cuanto hace la detención, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la autoridad migratoria responsable se ajuste a los parámetros en la Ley de Migración y, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 101, comunique al directo quejoso que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: I. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional (Cubana); o bien, de persona moral (jurídica) o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. II. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. III. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. IV. Deberá otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos cero centavos, moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional por no contar con mayores datos, dadas las particularidades del caso. Garantía que podrá constituirse mediante póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. V. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración. La medida se decreta en los términos citados, en atención al criterio emitido en la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021, de su índice. Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La(s) autoridad(es) responsable(s) debe(n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) rendir su informe a través del correo electrónico 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx 5. Notificación por exhorto. Con fundamento en el numeral 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto en línea a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en el rubro correspondiente, al juez Tercero de Distrito en Piedras Negras, Coahuila, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notifique este acuerdo al quejoso Julio Cesar Torrez Frías, quien se encuentra privado de su libertad, según lo referido por el promovente, en la Estación Migratoria de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Hecho lo anterior, devuelva las constancias respectivas. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa y personalmente a sus autorizados legales en el domicilio señalado en la demanda de amparo. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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