Julio César Mercado Aguilar

Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
16/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Julio César Mercado Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    INC.16/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 1.Estado de autos. Vistos los autos, y toda vez que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de esta fecha causó ejecutoria la sentencia que negó la protección constitucional a la parte quejosa el veintiuno de abril del año en curso y se ordenó el archivo respectivo, del que se agrega copia autorizada a este expediente. 2. Archivo del expediente. Ante ello, como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existe asunto pendiente por diligenciar, ni documentos originales exhibidos por las partes, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Instrucción sobre certificación. Y en atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL, como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 4. Destino (incidente original depurable). Y por haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Destino del duplicado (destruible). Respecto del destino del duplicado del incidente de suspensión, se ordenó lo procedente mediante interlocutoria emitida el diecinueve de enero de este año. 6. Sello en carátula. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente, tanto original como duplicado, conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.16/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Julio César Mercado Aguilar, sin que se hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 8. Incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 9. Devolución. Por otra parte, la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitió a) el original de actuaciones del toca penal 153/2021 y b) un disco con registro de audio y video de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno y un archivo en formato pdf, como justificación al informe que rindió; por tanto, se ordena devolver esa documental por resultar innecesario que continúe en resguardo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.16/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 16/2022; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, Julio César Mercado Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en la toca penal JOTP/153/2021, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por la que se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 112/2020 por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 16/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Jesús Carmona Pérez, así como del agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que actuó en el toca penal JOTP/153/2021, y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Apersonamiento de parte tercera interesada. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós se tuvo por apersonándose a juicio a la agente del Ministerio Público comisionada a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercera interesada, por actuar en el toca penal del que derivó el acto reclamado. Cuarto. Audiencia constitucional. Y previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, en el que se ejecuta el acto reclamado, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo es: - La resolución que emitió la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/153/2021, por la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra Julio César Mercado Aguilar, el dieciocho de junio de ese mismo año, en la causa penal 112/2020, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez, que pronunció el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del magistrado presidente, convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que al resolver el toca penal JOTP/153/2021, relativo al recurso de apelación formulado por la licenciada Flor de Liz Martínez Guerrero y el imputado Julio César Mercado Aguilar, contra la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso, contra Julio César Mercado Aguilar, por su probable intervención en el hecho que la ley tipifica como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez; en la causa penal 112/2020, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, confirmó la resolución apelada. Y como justificación de su informe se tienen los autos originales del toca penal 153/2021, así como un disco versátil certificado que contiene los registros de audio y video de la audiencia oral de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, un archivo en formato pdf con resolución de vinculación a proceso de esa misma fecha y de la relativa a la imposición de la medida cautelar, y acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con sus respectivas notificaciones, en la causa penal 112/2020. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello . Y de la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos: a) Se haya formulado imputación; b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales, es claro que no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad de la resolución reclamada por la que se confirma el auto de vinculación se constatará con base en las actuaciones del toca penal, así como de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en que se basó aquella resolución, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, en las que aparece que: 1º Se individualizaron las partes (00 horas, 01 minuto, 58 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 2º El agente del Ministerio Público formuló imputación contra el aquí quejoso (00 horas, 05 minutos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 3º El juez de Control responsable preguntó al imputado si deseaba declarar, señalando este último que en ese momento no haría ninguna declaración (00 horas, 08 minutos, 20 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 4º El fiscal solicitó la vinculación a proceso y refirió cuál era el hecho atribuido al imputado (00 horas, 11 minutos, 58 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). Ahora, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, como lo estimó la Sala responsable, determinó correctamente que 1º era legalmente competente para conocer y resolver del asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 19 constitucional; 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales (00 horas, 01 minuto, 43 segundos, del disco 1, carpeta 2, que contiene el archivo "008123_2021_P02"); 2º la agente del Ministerio Público incorporó diversos datos de investigación en la audiencia de dieciocho de junio de ese año dos mil veintiuno, contenidos en el disco digital certificado remitido por la responsable, con valor probatorio de una documental pública, en términos de los artículos 197, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" . Hecho que la ley señala como delito. En la resolución reclamada (fojas 52 reverso y 53 del toca penal) se estableció que fue correcto que el juez de Control considerara en la audiencia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que era procedente vincular a proceso al imputado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retenciòn, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 379. Se equipara al delito de retención y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimientos judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años". Ahora, el hecho atribuido es el que el imputado y otras personas, son socios de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien sin causa legal se negó a devolver al ofendido Jesús Carmona Pérez, la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos cero centavos) que invirtió en esa empresa, pues el diez de junio de dos mil diecinueve, al acudir a las oficinas de la cita empresa, destinadas a la atención al público, ya se encontraban cerradas. Al respecto, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca estuvo en lo correcto al considerar que los datos de prueba expresados en la audiencia y tomados en cuenta por la juez de para vincular a proceso al imputado, son:  Denuncia de Jesús Carmona Pérez, presentada el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, en la que dijo que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, después de escuchar en la radio un anuncio para invertir dinero en una empresa dedicada a franquicias con el nombre comercial de Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, s.de.r.l., en la que ofrecían una ganancia de diez mil pesos mensuales por cada cien mil pesos de inversión, en compañía de su hija Michelle Carmona Martínez acudió a las oficinas de la empresa para solicitar información, la que le fue proporcionada por Ana Mirelle Vásquez Ojeda, mostrándose el acta constitutiva y la cédula de identificación fiscal de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que realizó inversión el diez de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos), y al depositársele las ganancias y bono ofrecido, llevó a cabo otras dos inversiones, el catorce de enero de dos mil diecinueve, por el monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos cero centavos) y el diez de abril de dos mil diecinueve por $500,000.00 (quinientos mil pesos cero centavos), mediante transferencia a la cuenta bancaria cuyo titular es la empresa, en BBVA Bancomer, entregándosele un contrato y un pagaré por cada una de las inversiones que realizó, mediante papel membretado a nombre de la empresa, así como copia del acta constitutiva de la empresa; que el diez y catorce de mayo de dos mil diecinueve, le realizaron los depósitos de las ganancias de sus dos primeras inversiones, no así de la última inversión, ni en días posteriores, por lo que al no obtener el bono, acudió con su hija el diez de junio de dos mil diecinueve a las oficinas de la empresa, para tratar sobre el tema, pero ya estaban cerradas, pues las ventanas estaban cubiertas con papel periódico y al asomarse vio que estaban vacías, por lo que procedió a llamar a los números telefónicos proporcionados sin que le contestaran, y cuando se pudo comunicar con Edith Erika Águilar López, ésta dijo que no podía hacer nada por el cierre de las oficinas de la empresa, ya que solo era empleada y no contaba con más información; al no saber que hubiere cambiado de domicilio, contrariamente, supo que esa empresa había cerrado en el mes de mayo de dos mil diecinueve (00 horas, 09 minuto, 52 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Declaración de Michel Carmona Martínez, de catorce de octubre de dos mil diecinueve, quien declaró en similares términos que el ofendido (00 horas, 25 minutos, 38 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de diez de noviembre de dos mil dieciocho, por la suma de $200,000.00 (doscientos mil pesos), celebrado entre Transnational Franchise y el denunciante (00 horas, 36 minutos, 35 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Copia simple del acta constitutiva de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (00 horas, 37 minutos, 54 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Cédula de identificación fiscal a nombre de la empresa, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (00 horas, 38 minutos, 08 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de la segunda inversión que realizó el ofendido, el catorce de enero de dos mil diecinueve, con Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por el monto de $300,000.00 -trescientos mil pesos cero centavos- (00 horas, 38 minuto, 55 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de la tercera inversión de diez de abril de dos mil diecinueve, celebrado entre el ofendido y Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, certificado ante notario público ciento siete, como pago inicial de aportación, por $500,000.00 -quinientos mil pesos cero centavos - (00 horas, 44 minutos, 20 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Acta de inspección ocular de treinta y uno de enero de dos mil veinte, realizado por el agente estatal de Investigaciones adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, en la que hizo constar que se hizo presente en el local que ocupaban las oficinas de la referida empresa, vacía, con cristales transparentes, viendo en su interior letras incompletas del nombre de la empresa, y que estaba vacía (00 horas, 47 minutos, 42 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Copia cotejada de un cuadernillo de diez fojas útiles, deducidas de la carpeta de investigación 9631/FDC/OAXACA/2019, en la que existe el acta constitutiva de la empresa de que se trata, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se advierte su constitución, domicilio, nombre de la persona que es gerente general, y que el imputado, aquí quejoso, es miembro del Consejo de Vigilancia (00 horas, 49 minutos, 35 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Oficio de uno de febrero de dos mil veinte, por el jefe del Departamento de Estadística de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el que informa sobre las diversas carpetas de investigación contra el imputado y otros, por fraude y equiparado a la retención, con el mismo modos operandi que el atribuido por el imputado (00 horas, 53 minutos, 47 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). Análisis. Ahora, es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Ahora, los elementos de ese hecho que la ley señala como delito, como correctamente lo consideró la Sala Penal en el considerando tercero de la resolución reclamada, quedaron demostrados de acuerdo a la ponderación de los datos de prueba que realizó el juez de Control e incorporados por el representante social, en el que se aplicó la sana crítica racional, lógica y libre, suficiencia y congruencia, que son idóneos y pertinentes en términos de los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hacen suponer razonablemente que: El imputado y otras personas, son socios de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien sin causa legal se negó a devolver al ofendido Jesús Carmona Pérez, la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos cero centavos) que invirtió en esa empresa, pues el diez de junio de dos mil diecinueve, al acudir a las oficinas de la cita empresa, destinadas a la atención al público, ya se encontraban cerradas (foja 51 reverso del toca penal). * Por ello, se estima no asiste razón al quejoso al señalar en el primer concepto de violación, que el artículo 379 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, determina cuáles son los elementos del hecho que señala como delito de equiparado a la retención, entre los que aparece el que la empresa, organismo o negocio se dedique a las actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en la que se haya constituido; no obstante, dice el quejoso, la responsable no consideró que en el acta constitutiva no es ese su objeto, el de ahorro e inversión, conforme a lo dispuesto por los artículos 16, 33 y 33 bis, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de lo que se infiere, señala el quejoso, que no era socio de la empresa u organismo dedicado a actividades financieras de ahorro e inversión. Ya que, contrario a ese razonamiento vertido vía concepto de violación, que también fue hecho valer como agravio al interponerse el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, la Sala Penal responsable estuvo en lo correcto al determinar que aunque en el acta constitutiva no se establecía ese objeto, cierto era que se dedicaba a realizar actividades financieras, desde el momento en que aceptaron la cantidad de dinero que les transfirió el pasivo, sobre la que le ofrecieron ganancias (fojas 54 reverso y 55 del toca penal); aunque a que, como lo refirió el denunciante, al entrevistarse con Ana MIrelle Vásquez Ojeda, quien se ostentó como representante en el Estado de esa empresa, proporcionó al ofendido información de los detalles de la inversión y ganancias que generaría (foja 55 del toca penal). De ahí que la empresa hizo del conocimiento del ofendido que se dedicaba a esas actividades financieras de inversión, para lograr que invirtiera su dinero en dicha empresa, no obstante que al constituirse en sociedad no se determinara como su objeto, sin que ello lo excluya como socio, como así aparece en el acta constitutiva. Además, el quejoso omite señalar el motivo por el cual el razonamiento de la Sala responsable sería incorrecto. * También dice el quejoso, vía concepto de violación, que las sociedades mercantiles deben estar inscritas en el Registro Público de Comercio para que queden legalmente constituidas, como lo disponen los artículos 18 y 19 del Código de Comercio, para establecer la responsabilidad de los socios, conforme al diverso precepto 15 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, sin que lo justipreciara así la responsable, vulnerando el principio de exhaustividad previsto en el artículo 16 constitucional, pues con ello se actualizó la causa de exclusión del delito previsto en la fracción II del precepto 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. No asiste razón al quejoso, porque la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio de la empresa, no actualiza causa de exclusión del delito; contrariamente, el referido artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca establece que si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años. * El quejoso menciona que el artículo 379 del código sustantivo estatal requiere que el local, oficina o sucursal destinados a la atención al público se encuentre temporal o definitivamente cerrada, pero que, en el caso, dice el quejoso, de la declaración del ofendido, corroborado con la inspección del agente estatal de investigaciones, aparece que se encontraba cerrado, sin que en la fecha en que se hizo presente la víctima en dicho lugar, tuviera facultades para solicitar la devolución de su inversión; argumento que se hizo valer como agravio ante la responsable, sin que fuere analizado, violando los numerales 16 y 17 constitucionales. Es cierto que la responsable no analizó ese agravio, sin embargo, no es posible jurídicamente conceder la protección constitucional para que se pronuncie al respecto, en la medida que de los razonamientos que realizó la Sala responsable al confirmar el auto de vinculación a proceso, aparece que cuando acudió al local que ocupaba la oficina de la empresa en la que invirtió su dinero y la encontró cerrada, fue porque le generó incertidumbre el que no le depositaran las ganancias de la tercera inversión, no así para solicitar la devolución de la misma inversión (foja 53 reverso del toca penal). * Señala el quejoso que el incumplimiento al contrato celebrado para invertir, es de naturaleza civil, que no da lugar a la prisión, sino a exigir su cumplimiento o a la rescisión del contrato, como lo dispone el artículo 1819 del Código Civil del Estado de Oaxaca. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en los procesos penales se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una de las partes, y que la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. Sin embargo, sostuvo, una conducta con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal, por lo que para considerar, dice, que si el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, es preciso que el juez de la causa cuente con elementos que permitan establecer que celebró el contrato haciéndole creer a la otra parte que cumpliría con lo convenido, consumándose así la conducta delictiva. Además, también refirió que de adoptar criterio distinto conduciría a la consideración de que basta que dos personas celebren una operación regulada en principio por el derecho privado para que su conducta, no obstante la falacia y mala fe de que esté viciada, no puede ser regulada por el derecho penal, con el consecuente perjuicio para la sociedad; atento a la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 245276 Instancia: Sala Auxiliar Séptima Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 199-204, Séptima Parte, página 415 Tipo: Aislada DOLO PENAL Y DOLO CIVIL. SUS DIFERENCIAS. En cuanto al problema que plantea el quejoso en el sentido de que se trata en el caso de una cuestión civil derivada de incumplimiento de contratos, cabe considerar que en los procesos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una de las partes, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. La delimitación existe, sin embargo, y una conducta con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal. Para considerar que el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, es preciso acreditar que dicha persona, desde que celebró el contrato había decidido dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente civil fue engendrada por el dolo penal de una de las partes. La prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos que, debidamente analizados en relación con el contrato de referencia, engendren en el juzgador la convicción plena de que el contratante pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir. Si los elementos de prueba sometidos a la consideración del Juez no poseen esa fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos pueda establecerse la existencia de un engaño en el pretérito, es decir, en la época en que se celebró el contrato, el Juez no puede atribuir al simple incumplimiento, carácter penal. Pero, si por el contrario, aquellos elementos permiten establecer que el contratante, mediante el engaño o aprovechamiento del error produjo en la otra parte la falsa creencia de que cumpliría con lo convenido, debe considerarse su conducta como penal. En tales casos, el incumplimiento no es otra cosa que la consumación de la conducta delictiva. Así pues, no todo incumplimiento de contrato constituye una mera conducta civil. Adoptar criterio distinto conduciría a la consideración de que basta que dos personas celebren una operación regulada en principio por el derecho privado para que su conducta, no obstante la falacia y mala fe de que esté viciada, no puede ser regulada por el derecho penal. Dicha postura desvirtuaría el derecho civil convirtiéndolo aberrantemente en un escudo para todos aquellos que con el pretexto de celebrar convenios civiles tratan de obtener en forma ilegítima y en perjuicio de otra persona algún lucro indebido, y que al amparo del derecho privado escaparían, con el consecuente perjuicio para la sociedad, a la represión del derecho penal, encargado de defenderla". Entonces, contrario a lo que afirma el quejoso, y como lo determinó la Sala Penal responsable, en el caso no debía inaplicarse el artículo 379 invocado, ni es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que ninguna persona debe ser privada de la libertad por deudas civil, porque ese precepto 379, sanciona la conducta desplegada por una persona cuando atenta contra la propiedad o posesión, mediante el engaño o la sustracción, estando interesado el legislador en proteger a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando su buena fe, ignorancia, engaño o error en que se encuentran, otorgándose la tutela penal mediante la tipificación de los delitos que repriman las agresiones, aun cuando se utilicen sistemas contractuales y, en el caso, ese contrato celebrado por el ofendido y la empresa de la que es socio el quejoso y miembro del Consejo de Vigilancia, fue utilizado para obtener un lucro indebido. En efecto, como lo señala la responsable, el delito de equiparado a la retención previsto en el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, sanciona la conducta que lleva implícita un dolo penal, consistente en negarse a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tiene derecho a recibirlas, luego de que la entidad que se dedica a actividades financieras se genera confianza en la sociedad respecto a que su inversión o depósito le será devuelto en la fecha pactada, y no en sí el incumplimiento del contrato. Y, en el caso, como lo señaló la responsable, se incorporaron los datos de prueba que demuestran que al ofendido no se le ha devuelto el dinero que invirtió en la empresa en la que el imputado es socio y miembro del Consejo de Vigilancia, pues las oficinas están cerradas y una de las personas le dijo por llamada telefónica que no podía hacer nada al respecto, porque sólo era empleada; máxime que este último tampoco ofreció dato de prueba que permita establecer que las oficinas cerraron por cuestión diversa al hecho que se le atribuye, como es el de negarse a devolver ese dinero. * Por otra parte, sostiene el quejoso, el legislador del Estado de Oaxaca carece de atribuciones para regular cualquier aspecto que concierne a los servicios financieros, porque ello sólo es facultad del Congreso de la Unión, como lo señala el numeral 73, fracción X, de la Constitución Federal, siendo inconstitucional, dice, el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, porque invade la competencia que corresponde al Congreso de la Unión. Los numerales 73, fracción X, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123". "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Así, el Congreso Federal tiene facultad para legislar en materia de intermediación y servicios financieros, entre otras, y las entidades federativas no pueden atribuirse competencias que la Ley Suprema otorga expresamente a la Federación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 56/96, declaró la invalidez del Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria expedida por el municipio de Guadalajara, Jalisco, y expresó, por cuanto al tema que interesa, artículo 73, fracción X, de la Carta Magna, lo siguiente: ". El artículo 73, fracción X, constitucional, dispone: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123." En torno a los antecedentes de la referida fracción X constitucional, conviene destacar los siguientes: Mediante reforma de catorce de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres a la fracción X del artículo 72 de la Constitución Política de la República Mexicana de mil ochocientos cincuenta y siete, se otorgó al Congreso la facultad para "expedir códigos obligatorios en toda la República, en materia de minería y comercio, comprendiendo en éste último a las instituciones bancarias.". En el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza de primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, se incluyó como fracción X del artículo 73 (que corresponde al 72 de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete) la facultad "para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo.". El texto original, aprobado sin discusión alguna por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, quedó como sigue: "Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución." El veintisiete de abril de mil novecientos treinta y cuatro, el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y cinco, el catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta y el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas realizadas a la fracción X del artículo constitucional en comento, modificando la expresión instituciones de crédito por la de servicios de banca y crédito y no fue sino hasta que la iniciativa de reformas formulada por el presidente de la República a los artículos 28, 73 y 123 constitucionales, de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres, que se sustituyó la expresión servicios de banca y crédito por la de intermediación y servicios financieros. De la referida iniciativa presidencial, conviene resaltar lo siguiente: "... Esta iniciativa propone, asimismo, diversas modificaciones a la fracción X del artículo 73 constitucional. Los servicios que prestan tanto las instituciones de crédito como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios financieros. Por tal razón se propone sustituir la expresión servicios de banca y crédito por servicios financieros ..." De ello se sigue que la actual redacción de la fracción X del artículo 73 constitucional, obedece a la mencionada reforma cuyo objetivo primordial, en relación con el tema que se trata, fue la de establecer facultades concurrentes e integradoras a efecto de globalizar en un concepto genérico la instauración del Banco de Emisión Único a los servicios que prestan tanto las instituciones de crédito como los intermediarios financieros no bancarios, esto es, globalizar todo lo referente a las instituciones de crédito. Cabe destacar que el examen de la facultad genérica, conforme a la fracción X del mismo precepto, que tiene la Federación "Para legislar en toda la República sobre ... intermediación y servicios financieros ...", hace llegar a la conclusión de que la materia de seguridad de dichas instituciones debe entenderse reservada, en principio, a la Federación, ya que las facultades del legislador federal para expedir normas reguladoras de la banca, en su condición de depositaria y custodia de recursos del público, incluyen, además de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a su organización, dentro de la que queda comprendido el aspecto de seguridad y protección, según deriva de la interpretación armónica del referido precepto de la Ley Fundamental, en relación con las diversas disposiciones que rigen en la materia. Ciertamente, entre los antecedentes de la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene destacar los siguientes: En la 64a. sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, la Segunda Comisión de Constitución presentó un dictamen referente a las fracciones X, XVII y XIX del artículo 73, en el que, entre otras cosas, se dijeron las siguientes: "Respecto a la fracción X del proyecto, la Comisión ha variado su redacción para dar cabida con ella a las modificaciones impuestas por la aprobación de los artículos 5o. y 28; el primero, porque las bases de él revisten carácter constitucional y, por tanto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre ellas, sino como parte del Poder Constituyente; en cuanto al Distrito Federal, no es necesario hacer mención de esta materia, porque la fracción VI del propio artículo le da facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios; el segundo, o sea el 28, influye sobre la redacción de la fracción X, porque establecido en dicho artículo el monopolio de la emisión de billetes por medio de un banco, debe darse en la parte correspondiente al Poder Legislativo de la Federación, la facultad para legislar sobre dicho banco, expidiendo las leyes de su organización y demás que fueren necesarias ..." Las diversas reformas a la referida fracción X, se han llevado a cabo, por lo general, en forma conjunta con las diversas al artículo 28 de la propia Carta Magna, lo cual obedece a que la materia financiera constituye un aspecto fundamental en la economía nacional. Así, cabe mencionar la de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuya iniciativa se señaló que: "Si el Estado tiene la responsabilidad constitucional de regular y fomentar la actividad económica de acuerdo con el sistema de economía mixta que contiene la Carta Fundamental, por razones de congruencia debe dotársele de todos los instrumentos necesarios para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos, pues sin tales facultades, como lo muestra la historia, la vida económica del país resulta sumamente vulnerable. A través de un largo proceso evolutivo, las actividades de banca y crédito se han convertido en un servicio esencial para la comunidad; es un factor de imprescindibles necesidades sociales, porque han penetrado en el modo de vida de la sociedad, por lo que ya no pueden quedar al arbitrio de los particulares y deben salir de la órbita de éstos, para entrar en la del Estado con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad, y no las de un grupo minoritario elitista e injusto. Incorporando por disposición constitucional a las actividades de la administración pública, el servicio de banca y crédito permitirá adicionalmente que el Estado cuente con los instrumentos necesarios para defender la economía nacional ... la iniciativa propone la modificación a la fracción X del artículo 73 de nuestra Ley Fundamental a fin de que las facultades que venía ejerciendo el Congreso de la Unión para legislar en materia de instituciones de crédito se extiendan explícitamente a todos los servicios de banca y crédito..." Posteriormente, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa (reprivatización de la banca), se sometió a consideración de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas a los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se destacan las siguientes consideraciones: "Debemos ser claros, la banca no pierde su arraigo ni compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos para enfrentar con éxito la transformación financiera ... El Estado ejercerá la rectoría económica en el ámbito financiero ya no a través de la propiedad exclusiva de la banca múltiple, sino por medio de la banca de desarrollo, de los bancos comerciales que conserve y de sus organismos encargados de establecer la normatividad, regulación, supervisión del sistema financiero. Las reformas financieras aprobadas por ese honorable Congreso de la Unión en el mes de diciembre pasado, suponen un considerable fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria. Se establecieron derechos y responsabilidades legales más amplias de los particulares y una mejor vigilancia y supervisión de las autoridades. Buscamos garantizar la máxima seguridad y fortalecer la confianza de los ahorradores en los bancos ..." Al discutirse el decreto de reformas aludido, la diputada Guerra Díaz hizo uso de la palabra, manifestándose a favor de la reforma y señalando que: "... lo cierto es que las condiciones han cambiado de 1982 a 1990, y a reserva de hacer una reflexión más extensa sobre este punto, yo sí quiero recalcar aquí que los elementos de la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional existen en materia de regulación, de normatividad, de supervisión y vigilancia y que éstos fueron ampliados con el fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores ..." Por otro lado, de la discusión al proyecto aludido en el seno de la Cámara de Senadores, se destaca la participación del C. senador Rodríguez y Rodríguez, quien manifestó: "... Se refirió el senador Robles Garnica a la ley que propiamente no será reglamentaria; no es tan importante entrar a estos distingos, pero ya no sería ley reglamentaria; no reglamentaría ningún artículo concretamente. Sería una ley secundaria, federal, basada en la fracción X del artículo 73 constitucional; ya no sería ley reglamentaria, sería una ley federal cualquiera, digo, de la categoría o de la jerarquía de ley federal pero ya no reglamentaria. Creo que aquí sí es muy importante es la ley que regule sustantivamente a lo que hemos llamado hasta ahora indistintamente bancos, sociedades de crédito, instituciones nacionales de crédito ... En esta legislación, sí, por más que el senador Robles Garnica ve con escepticismo esta posibilidad, en ella sí debemos ser muy cuidadosos, pues ésta sí es una responsabilidad nuestra: tutelar eficazmente los intereses de los inversionistas y ahorradores que son los verdaderos dueños de los activos de los bancos ... En esa futurización sobre la materia y en las disposiciones administrativas que dicta el Poder Ejecutivo, y en la supervisión que realice a través de sus órganos de policía financiera que los tiene y muy buenos como es la Comisión Nacional Bancaria, de un prestigio muy bien ganado. La Comisión Nacional Bancaria, que con las nuevas tecnologías que hoy se tienen, que permiten supervisar cotidianamente las operaciones, con sistemas informáticos que permiten detectar casi instantáneamente cualquier desviación de las operaciones, está en posibilidad de cuidar todo esto que le preocupa al señor senador y que nos preocupa a todos ..." De ahí que resulte infundado el concepto de violación que, al respecto, expresa el quejoso, porque, como lo determinó la responsable, el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca sanciona la conducta de hacerse de una cantidad de dinero y se niega su devolución, sin causa legal, agravando la pena si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes o que no hubiere concluido o iniciado sus trámites de registro, esto es, no es una norma de carácter financiero, porque no se establece la forma en que debe prestarse el servicio financiero ni determina qué autoridades son las facultades para desarrollarlo, sino que instrumenta los mecanismos para combatir actividades ilícitas mediante la celebración de operaciones contractuales. Probabilidad. Como correctamente lo estimó la responsable (foja 54 del toca penal), de esos mismos datos de prueba, así como con el acta constitutiva de la empresa, queda establecido que Julio César Mercado Aguilar es socio y miembro del Consejo de Vigilancia de la empresa "Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, s. de r.l. de c.v., en el que la víctima invirtió la cantidad de $1´000,000.00 (un millón de pesos cero centavos), y al no depositársele las ganancias obtenidas por su inversión, acudió a las oficinas donde lo atendieron y celebró el contrato relativo, pero ya se encontraban cerradas, sin que le fuera devuelta la suma invertida. Por lo que queda justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho atribuido, a título de dolo, en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, siendo autor material de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II del numeral 11 de dicho ordenamiento legal, porque el imputado realizó la conducta atribuida, que pudo abstenerse de realizarlo, pero optó por llevarla a cabo, pese a saber y conocer que ese comportamiento está prohibido por la norma penal, pues el artículo 397 del Código Penal del Estado tipifica y sanciona al sujeto que se niegue a devolver las inversiones a las personas, sin causa legal alguna. De ahí que es apegado a derecho que la Sala responsable considerada que la juez de Control señaló con razonable grado de aproximación, que posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delito, y el imputado posible autor, suficiente para confirmar la vinculación a proceso. Ahora, debe decirse que por probabilidad de su intervención debe entenderse la concurrencia de datos suficientemente eficaces para considerar viable la demostración futura, de lo que en una etapa procesal preliminar representa al menos una razonable deducción de intervención en los hechos, al grado de justificar el potencial juicio de reproche más allá de la simple posibilidad o eventualidad; de esa manera, en forma adecuada refirió la Sala responsable fue correcto que la juez de Control estimara que existen datos de prueba con los que quedó justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho delictuoso citado. Además, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia señalada con anterioridad, la oralidad en el sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad; principios que fueron observados durante la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, pues la juez de Control responsable permitió que las partes conocieran, controvirtieran y confrontaran los datos de prueba, escuchó las refutaciones, las audiencias se desarrollaron en su presencia e intervención y fueron públicas, como así fue considerado por la Sala Penal responsable (foja 49 del toca penal). Por tanto, fue apegado a derecho que la responsable confirmara la decisión de la juez de Control respecto de que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo y la probable participación del quejoso en su comisión, sin que se hubieren vulnerado sus derechos fundamentales. Además, para la emisión del auto de vinculación no se exige la comprobación del hecho que la ley señale como delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que el juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Y de acuerdo con el proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juez de control para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de referencia; luego, la videograbación de las audiencias permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente, la fundamentación y motivación que debe contener. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 34/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". En consecuencia, al no existir materia de queja que suplir, ni se vulneraron derechos fundamentales del quejoso, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Julio César Mercado Aguilar, contra la resolución que emitió la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/153/2021, por la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra Julio César Mercado Aguilar, el dieciocho de junio de ese mismo año, en la causa penal 112/2020, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez, que pronunció el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy, veintiuno de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓIN PIARTE QUEJOSA Número de expediente: 16/2022 Acuerdo: PRAL.16/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 16/2022; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, Julio César Mercado Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en la toca penal JOTP/153/2021, por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por la que se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 112/2020 por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo en el libro de gobierno. Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 16/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Jesús Carmona Pérez, así como del agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que actuó en el toca penal JOTP/153/2021, y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Apersonamiento de parte tercera interesada. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós se tuvo por apersonándose a juicio a la agente del Ministerio Público comisionada a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercera interesada, por actuar en el toca penal del que derivó el acto reclamado. Cuarto. Audiencia constitucional. Y previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza penal y porque el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, en el que se ejecuta el acto reclamado, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo es: - La resolución que emitió la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/153/2021, por la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra Julio César Mercado Aguilar, el dieciocho de junio de ese mismo año, en la causa penal 112/2020, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez, que pronunció el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del magistrado presidente, convino en la existencia del acto reclamado. Al respecto, señaló que al resolver el toca penal JOTP/153/2021, relativo al recurso de apelación formulado por la licenciada Flor de Liz Martínez Guerrero y el imputado Julio César Mercado Aguilar, contra la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso, contra Julio César Mercado Aguilar, por su probable intervención en el hecho que la ley tipifica como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez; en la causa penal 112/2020, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, confirmó la resolución apelada. Y como justificación de su informe se tienen los autos originales del toca penal 153/2021, así como un disco versátil certificado que contiene los registros de audio y video de la audiencia oral de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, un archivo en formato pdf con resolución de vinculación a proceso de esa misma fecha y de la relativa a la imposición de la medida cautelar, y acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con sus respectivas notificaciones, en la causa penal 112/2020. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello . Y de la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos: a) Se haya formulado imputación; b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el numeral 44 de dicha legislación, la formalidad que distingue al sistema es la oralidad de las actuaciones procesales, es claro que no deben desvincularse una de otra; esto es, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito. Además, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, se estudiará la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso. Y aunque ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, pues la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la diligencia. Entonces, el análisis de la constitucionalidad de la resolución reclamada por la que se confirma el auto de vinculación se constatará con base en las actuaciones del toca penal, así como de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en que se basó aquella resolución, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, en las que aparece que: 1º Se individualizaron las partes (00 horas, 01 minuto, 58 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 2º El agente del Ministerio Público formuló imputación contra el aquí quejoso (00 horas, 05 minutos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 3º El juez de Control responsable preguntó al imputado si deseaba declarar, señalando este último que en ese momento no haría ninguna declaración (00 horas, 08 minutos, 20 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). 4º El fiscal solicitó la vinculación a proceso y refirió cuál era el hecho atribuido al imputado (00 horas, 11 minutos, 58 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). Ahora, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, como lo estimó la Sala responsable, determinó correctamente que 1º era legalmente competente para conocer y resolver del asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 19 constitucional; 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales (00 horas, 01 minuto, 43 segundos, del disco 1, carpeta 2, que contiene el archivo "008123_2021_P02"); 2º la agente del Ministerio Público incorporó diversos datos de investigación en la audiencia de dieciocho de junio de ese año dos mil veintiuno, contenidos en el disco digital certificado remitido por la responsable, con valor probatorio de una documental pública, en términos de los artículos 197, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en la jurisprudencia de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" . Hecho que la ley señala como delito. En la resolución reclamada (fojas 52 reverso y 53 del toca penal) se estableció que fue correcto que el juez de Control considerara en la audiencia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que era procedente vincular a proceso al imputado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retenciòn, previsto y sancionado por el artículo 379 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que señala: "Artículo 379. Se equipara al delito de retención y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión, al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por sí o por sus subordinados se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimientos judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años". Ahora, el hecho atribuido es el que el imputado y otras personas, son socios de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien sin causa legal se negó a devolver al ofendido Jesús Carmona Pérez, la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos cero centavos) que invirtió en esa empresa, pues el diez de junio de dos mil diecinueve, al acudir a las oficinas de la cita empresa, destinadas a la atención al público, ya se encontraban cerradas. Al respecto, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca estuvo en lo correcto al considerar que los datos de prueba expresados en la audiencia y tomados en cuenta por la juez de para vincular a proceso al imputado, son:  Denuncia de Jesús Carmona Pérez, presentada el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, en la que dijo que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, después de escuchar en la radio un anuncio para invertir dinero en una empresa dedicada a franquicias con el nombre comercial de Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, s.de.r.l., en la que ofrecían una ganancia de diez mil pesos mensuales por cada cien mil pesos de inversión, en compañía de su hija Michelle Carmona Martínez acudió a las oficinas de la empresa para solicitar información, la que le fue proporcionada por Ana Mirelle Vásquez Ojeda, mostrándose el acta constitutiva y la cédula de identificación fiscal de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que realizó inversión el diez de noviembre de dos mil dieciocho por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos), y al depositársele las ganancias y bono ofrecido, llevó a cabo otras dos inversiones, el catorce de enero de dos mil diecinueve, por el monto de $300,000.00 (trescientos mil pesos cero centavos) y el diez de abril de dos mil diecinueve por $500,000.00 (quinientos mil pesos cero centavos), mediante transferencia a la cuenta bancaria cuyo titular es la empresa, en BBVA Bancomer, entregándosele un contrato y un pagaré por cada una de las inversiones que realizó, mediante papel membretado a nombre de la empresa, así como copia del acta constitutiva de la empresa; que el diez y catorce de mayo de dos mil diecinueve, le realizaron los depósitos de las ganancias de sus dos primeras inversiones, no así de la última inversión, ni en días posteriores, por lo que al no obtener el bono, acudió con su hija el diez de junio de dos mil diecinueve a las oficinas de la empresa, para tratar sobre el tema, pero ya estaban cerradas, pues las ventanas estaban cubiertas con papel periódico y al asomarse vio que estaban vacías, por lo que procedió a llamar a los números telefónicos proporcionados sin que le contestaran, y cuando se pudo comunicar con Edith Erika Águilar López, ésta dijo que no podía hacer nada por el cierre de las oficinas de la empresa, ya que solo era empleada y no contaba con más información; al no saber que hubiere cambiado de domicilio, contrariamente, supo que esa empresa había cerrado en el mes de mayo de dos mil diecinueve (00 horas, 09 minuto, 52 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Declaración de Michel Carmona Martínez, de catorce de octubre de dos mil diecinueve, quien declaró en similares términos que el ofendido (00 horas, 25 minutos, 38 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de diez de noviembre de dos mil dieciocho, por la suma de $200,000.00 (doscientos mil pesos), celebrado entre Transnational Franchise y el denunciante (00 horas, 36 minutos, 35 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Copia simple del acta constitutiva de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (00 horas, 37 minutos, 54 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Cédula de identificación fiscal a nombre de la empresa, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (00 horas, 38 minutos, 08 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de la segunda inversión que realizó el ofendido, el catorce de enero de dos mil diecinueve, con Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por el monto de $300,000.00 -trescientos mil pesos cero centavos- (00 horas, 38 minuto, 55 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Contrato de la tercera inversión de diez de abril de dos mil diecinueve, celebrado entre el ofendido y Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, certificado ante notario público ciento siete, como pago inicial de aportación, por $500,000.00 -quinientos mil pesos cero centavos - (00 horas, 44 minutos, 20 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Acta de inspección ocular de treinta y uno de enero de dos mil veinte, realizado por el agente estatal de Investigaciones adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, en la que hizo constar que se hizo presente en el local que ocupaban las oficinas de la referida empresa, vacía, con cristales transparentes, viendo en su interior letras incompletas del nombre de la empresa, y que estaba vacía (00 horas, 47 minutos, 42 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Copia cotejada de un cuadernillo de diez fojas útiles, deducidas de la carpeta de investigación 9631/FDC/OAXACA/2019, en la que existe el acta constitutiva de la empresa de que se trata, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se advierte su constitución, domicilio, nombre de la persona que es gerente general, y que el imputado, aquí quejoso, es miembro del Consejo de Vigilancia (00 horas, 49 minutos, 35 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01").  Oficio de uno de febrero de dos mil veinte, por el jefe del Departamento de Estadística de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el que informa sobre las diversas carpetas de investigación contra el imputado y otros, por fraude y equiparado a la retención, con el mismo modos operandi que el atribuido por el imputado (00 horas, 53 minutos, 47 segundos, del disco 1, carpeta 1, que contiene el archivo "008123_2021_P01"). Análisis. Ahora, es de señalarse que existe cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exigen pruebas, ni comprobar que aconteció un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, es decir, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema tradicional, con lo que se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, en consecuencia, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; ello, atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Ahora, los elementos de ese hecho que la ley señala como delito, como correctamente lo consideró la Sala Penal en el considerando tercero de la resolución reclamada, quedaron demostrados de acuerdo a la ponderación de los datos de prueba que realizó el juez de Control e incorporados por el representante social, en el que se aplicó la sana crítica racional, lógica y libre, suficiencia y congruencia, que son idóneos y pertinentes en términos de los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hacen suponer razonablemente que: El imputado y otras personas, son socios de la empresa Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, dedicada a las actividades financieras de ahorro e inversión, con domicilio en avenida Universidad número quinientos uno, colonia Exhacienda Candiani, Centro, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien sin causa legal se negó a devolver al ofendido Jesús Carmona Pérez, la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos cero centavos) que invirtió en esa empresa, pues el diez de junio de dos mil diecinueve, al acudir a las oficinas de la cita empresa, destinadas a la atención al público, ya se encontraban cerradas (foja 51 reverso del toca penal). * Por ello, se estima no asiste razón al quejoso al señalar en el primer concepto de violación, que el artículo 379 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, determina cuáles son los elementos del hecho que señala como delito de equiparado a la retención, entre los que aparece el que la empresa, organismo o negocio se dedique a las actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en la que se haya constituido; no obstante, dice el quejoso, la responsable no consideró que en el acta constitutiva no es ese su objeto, el de ahorro e inversión, conforme a lo dispuesto por los artículos 16, 33 y 33 bis, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de lo que se infiere, señala el quejoso, que no era socio de la empresa u organismo dedicado a actividades financieras de ahorro e inversión. Ya que, contrario a ese razonamiento vertido vía concepto de violación, que también fue hecho valer como agravio al interponerse el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso, la Sala Penal responsable estuvo en lo correcto al determinar que aunque en el acta constitutiva no se establecía ese objeto, cierto era que se dedicaba a realizar actividades financieras, desde el momento en que aceptaron la cantidad de dinero que les transfirió el pasivo, sobre la que le ofrecieron ganancias (fojas 54 reverso y 55 del toca penal); aunque a que, como lo refirió el denunciante, al entrevistarse con Ana MIrelle Vásquez Ojeda, quien se ostentó como representante en el Estado de esa empresa, proporcionó al ofendido información de los detalles de la inversión y ganancias que generaría (foja 55 del toca penal). De ahí que la empresa hizo del conocimiento del ofendido que se dedicaba a esas actividades financieras de inversión, para lograr que invirtiera su dinero en dicha empresa, no obstante que al constituirse en sociedad no se determinara como su objeto, sin que ello lo excluya como socio, como así aparece en el acta constitutiva. Además, el quejoso omite señalar el motivo por el cual el razonamiento de la Sala responsable sería incorrecto. * También dice el quejoso, vía concepto de violación, que las sociedades mercantiles deben estar inscritas en el Registro Público de Comercio para que queden legalmente constituidas, como lo disponen los artículos 18 y 19 del Código de Comercio, para establecer la responsabilidad de los socios, conforme al diverso precepto 15 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, sin que lo justipreciara así la responsable, vulnerando el principio de exhaustividad previsto en el artículo 16 constitucional, pues con ello se actualizó la causa de exclusión del delito previsto en la fracción II del precepto 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. No asiste razón al quejoso, porque la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio de la empresa, no actualiza causa de exclusión del delito; contrariamente, el referido artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca establece que si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes, o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años. * El quejoso menciona que el artículo 379 del código sustantivo estatal requiere que el local, oficina o sucursal destinados a la atención al público se encuentre temporal o definitivamente cerrada, pero que, en el caso, dice el quejoso, de la declaración del ofendido, corroborado con la inspección del agente estatal de investigaciones, aparece que se encontraba cerrado, sin que en la fecha en que se hizo presente la víctima en dicho lugar, tuviera facultades para solicitar la devolución de su inversión; argumento que se hizo valer como agravio ante la responsable, sin que fuere analizado, violando los numerales 16 y 17 constitucionales. Es cierto que la responsable no analizó ese agravio, sin embargo, no es posible jurídicamente conceder la protección constitucional para que se pronuncie al respecto, en la medida que de los razonamientos que realizó la Sala responsable al confirmar el auto de vinculación a proceso, aparece que cuando acudió al local que ocupaba la oficina de la empresa en la que invirtió su dinero y la encontró cerrada, fue porque le generó incertidumbre el que no le depositaran las ganancias de la tercera inversión, no así para solicitar la devolución de la misma inversión (foja 53 reverso del toca penal). * Señala el quejoso que el incumplimiento al contrato celebrado para invertir, es de naturaleza civil, que no da lugar a la prisión, sino a exigir su cumplimiento o a la rescisión del contrato, como lo dispone el artículo 1819 del Código Civil del Estado de Oaxaca. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en los procesos penales se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una de las partes, y que la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. Sin embargo, sostuvo, una conducta con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal, por lo que para considerar, dice, que si el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, es preciso que el juez de la causa cuente con elementos que permitan establecer que celebró el contrato haciéndole creer a la otra parte que cumpliría con lo convenido, consumándose así la conducta delictiva. Además, también refirió que de adoptar criterio distinto conduciría a la consideración de que basta que dos personas celebren una operación regulada en principio por el derecho privado para que su conducta, no obstante la falacia y mala fe de que esté viciada, no puede ser regulada por el derecho penal, con el consecuente perjuicio para la sociedad; atento a la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 245276 Instancia: Sala Auxiliar Séptima Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 199-204, Séptima Parte, página 415 Tipo: Aislada DOLO PENAL Y DOLO CIVIL. SUS DIFERENCIAS. En cuanto al problema que plantea el quejoso en el sentido de que se trata en el caso de una cuestión civil derivada de incumplimiento de contratos, cabe considerar que en los procesos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato cuyo cumplimiento no realiza una de las partes, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos. La delimitación existe, sin embargo, y una conducta con naturaleza aparentemente civil puede tener, por el contrario, carácter penal. Para considerar que el contratante que no cumplió el contrato ha incurrido en una infracción de carácter penal, es preciso acreditar que dicha persona, desde que celebró el contrato había decidido dolosamente no cumplirlo; tiene que demostrarse, por lo tanto, que la operación aparentemente civil fue engendrada por el dolo penal de una de las partes. La prueba de ese dolo original sólo puede consolidarse por medio de aquellos elementos que, debidamente analizados en relación con el contrato de referencia, engendren en el juzgador la convicción plena de que el contratante pactó a sabiendas de que no llegaría a cumplir. Si los elementos de prueba sometidos a la consideración del Juez no poseen esa fuerza retroactiva, en cuanto que mediante ellos pueda establecerse la existencia de un engaño en el pretérito, es decir, en la época en que se celebró el contrato, el Juez no puede atribuir al simple incumplimiento, carácter penal. Pero, si por el contrario, aquellos elementos permiten establecer que el contratante, mediante el engaño o aprovechamiento del error produjo en la otra parte la falsa creencia de que cumpliría con lo convenido, debe considerarse su conducta como penal. En tales casos, el incumplimiento no es otra cosa que la consumación de la conducta delictiva. Así pues, no todo incumplimiento de contrato constituye una mera conducta civil. Adoptar criterio distinto conduciría a la consideración de que basta que dos personas celebren una operación regulada en principio por el derecho privado para que su conducta, no obstante la falacia y mala fe de que esté viciada, no puede ser regulada por el derecho penal. Dicha postura desvirtuaría el derecho civil convirtiéndolo aberrantemente en un escudo para todos aquellos que con el pretexto de celebrar convenios civiles tratan de obtener en forma ilegítima y en perjuicio de otra persona algún lucro indebido, y que al amparo del derecho privado escaparían, con el consecuente perjuicio para la sociedad, a la represión del derecho penal, encargado de defenderla". Entonces, contrario a lo que afirma el quejoso, y como lo determinó la Sala Penal responsable, en el caso no debía inaplicarse el artículo 379 invocado, ni es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que ninguna persona debe ser privada de la libertad por deudas civil, porque ese precepto 379, sanciona la conducta desplegada por una persona cuando atenta contra la propiedad o posesión, mediante el engaño o la sustracción, estando interesado el legislador en proteger a la sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando su buena fe, ignorancia, engaño o error en que se encuentran, otorgándose la tutela penal mediante la tipificación de los delitos que repriman las agresiones, aun cuando se utilicen sistemas contractuales y, en el caso, ese contrato celebrado por el ofendido y la empresa de la que es socio el quejoso y miembro del Consejo de Vigilancia, fue utilizado para obtener un lucro indebido. En efecto, como lo señala la responsable, el delito de equiparado a la retención previsto en el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, sanciona la conducta que lleva implícita un dolo penal, consistente en negarse a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tiene derecho a recibirlas, luego de que la entidad que se dedica a actividades financieras se genera confianza en la sociedad respecto a que su inversión o depósito le será devuelto en la fecha pactada, y no en sí el incumplimiento del contrato. Y, en el caso, como lo señaló la responsable, se incorporaron los datos de prueba que demuestran que al ofendido no se le ha devuelto el dinero que invirtió en la empresa en la que el imputado es socio y miembro del Consejo de Vigilancia, pues las oficinas están cerradas y una de las personas le dijo por llamada telefónica que no podía hacer nada al respecto, porque sólo era empleada; máxime que este último tampoco ofreció dato de prueba que permita establecer que las oficinas cerraron por cuestión diversa al hecho que se le atribuye, como es el de negarse a devolver ese dinero. * Por otra parte, sostiene el quejoso, el legislador del Estado de Oaxaca carece de atribuciones para regular cualquier aspecto que concierne a los servicios financieros, porque ello sólo es facultad del Congreso de la Unión, como lo señala el numeral 73, fracción X, de la Constitución Federal, siendo inconstitucional, dice, el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca, porque invade la competencia que corresponde al Congreso de la Unión. Los numerales 73, fracción X, y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123". "Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Así, el Congreso Federal tiene facultad para legislar en materia de intermediación y servicios financieros, entre otras, y las entidades federativas no pueden atribuirse competencias que la Ley Suprema otorga expresamente a la Federación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 56/96, declaró la invalidez del Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria expedida por el municipio de Guadalajara, Jalisco, y expresó, por cuanto al tema que interesa, artículo 73, fracción X, de la Carta Magna, lo siguiente: ". El artículo 73, fracción X, constitucional, dispone: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123." En torno a los antecedentes de la referida fracción X constitucional, conviene destacar los siguientes: Mediante reforma de catorce de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres a la fracción X del artículo 72 de la Constitución Política de la República Mexicana de mil ochocientos cincuenta y siete, se otorgó al Congreso la facultad para "expedir códigos obligatorios en toda la República, en materia de minería y comercio, comprendiendo en éste último a las instituciones bancarias.". En el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza de primero de diciembre de mil novecientos dieciséis, se incluyó como fracción X del artículo 73 (que corresponde al 72 de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete) la facultad "para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo.". El texto original, aprobado sin discusión alguna por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, quedó como sigue: "Para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y para establecer el Banco de Emisión Único, en los términos del artículo 28 de esta Constitución." El veintisiete de abril de mil novecientos treinta y cuatro, el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y cinco, el catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta y el veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas realizadas a la fracción X del artículo constitucional en comento, modificando la expresión instituciones de crédito por la de servicios de banca y crédito y no fue sino hasta que la iniciativa de reformas formulada por el presidente de la República a los artículos 28, 73 y 123 constitucionales, de fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres, que se sustituyó la expresión servicios de banca y crédito por la de intermediación y servicios financieros. De la referida iniciativa presidencial, conviene resaltar lo siguiente: "... Esta iniciativa propone, asimismo, diversas modificaciones a la fracción X del artículo 73 constitucional. Los servicios que prestan tanto las instituciones de crédito como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios financieros. Por tal razón se propone sustituir la expresión servicios de banca y crédito por servicios financieros ..." De ello se sigue que la actual redacción de la fracción X del artículo 73 constitucional, obedece a la mencionada reforma cuyo objetivo primordial, en relación con el tema que se trata, fue la de establecer facultades concurrentes e integradoras a efecto de globalizar en un concepto genérico la instauración del Banco de Emisión Único a los servicios que prestan tanto las instituciones de crédito como los intermediarios financieros no bancarios, esto es, globalizar todo lo referente a las instituciones de crédito. Cabe destacar que el examen de la facultad genérica, conforme a la fracción X del mismo precepto, que tiene la Federación "Para legislar en toda la República sobre ... intermediación y servicios financieros ...", hace llegar a la conclusión de que la materia de seguridad de dichas instituciones debe entenderse reservada, en principio, a la Federación, ya que las facultades del legislador federal para expedir normas reguladoras de la banca, en su condición de depositaria y custodia de recursos del público, incluyen, además de las actividades financieras propiamente dichas, las relativas a su organización, dentro de la que queda comprendido el aspecto de seguridad y protección, según deriva de la interpretación armónica del referido precepto de la Ley Fundamental, en relación con las diversas disposiciones que rigen en la materia. Ciertamente, entre los antecedentes de la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene destacar los siguientes: En la 64a. sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de mil novecientos diecisiete, la Segunda Comisión de Constitución presentó un dictamen referente a las fracciones X, XVII y XIX del artículo 73, en el que, entre otras cosas, se dijeron las siguientes: "Respecto a la fracción X del proyecto, la Comisión ha variado su redacción para dar cabida con ella a las modificaciones impuestas por la aprobación de los artículos 5o. y 28; el primero, porque las bases de él revisten carácter constitucional y, por tanto, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre ellas, sino como parte del Poder Constituyente; en cuanto al Distrito Federal, no es necesario hacer mención de esta materia, porque la fracción VI del propio artículo le da facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y territorios; el segundo, o sea el 28, influye sobre la redacción de la fracción X, porque establecido en dicho artículo el monopolio de la emisión de billetes por medio de un banco, debe darse en la parte correspondiente al Poder Legislativo de la Federación, la facultad para legislar sobre dicho banco, expidiendo las leyes de su organización y demás que fueren necesarias ..." Las diversas reformas a la referida fracción X, se han llevado a cabo, por lo general, en forma conjunta con las diversas al artículo 28 de la propia Carta Magna, lo cual obedece a que la materia financiera constituye un aspecto fundamental en la economía nacional. Así, cabe mencionar la de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, en cuya iniciativa se señaló que: "Si el Estado tiene la responsabilidad constitucional de regular y fomentar la actividad económica de acuerdo con el sistema de economía mixta que contiene la Carta Fundamental, por razones de congruencia debe dotársele de todos los instrumentos necesarios para orientar y corregir la marcha de los fenómenos económicos, pues sin tales facultades, como lo muestra la historia, la vida económica del país resulta sumamente vulnerable. A través de un largo proceso evolutivo, las actividades de banca y crédito se han convertido en un servicio esencial para la comunidad; es un factor de imprescindibles necesidades sociales, porque han penetrado en el modo de vida de la sociedad, por lo que ya no pueden quedar al arbitrio de los particulares y deben salir de la órbita de éstos, para entrar en la del Estado con objeto de que el mismo pueda asegurar su funcionamiento de un modo continuo, regular y congruente con las necesidades de la colectividad, y no las de un grupo minoritario elitista e injusto. Incorporando por disposición constitucional a las actividades de la administración pública, el servicio de banca y crédito permitirá adicionalmente que el Estado cuente con los instrumentos necesarios para defender la economía nacional ... la iniciativa propone la modificación a la fracción X del artículo 73 de nuestra Ley Fundamental a fin de que las facultades que venía ejerciendo el Congreso de la Unión para legislar en materia de instituciones de crédito se extiendan explícitamente a todos los servicios de banca y crédito..." Posteriormente, con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa (reprivatización de la banca), se sometió a consideración de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas a los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se destacan las siguientes consideraciones: "Debemos ser claros, la banca no pierde su arraigo ni compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos para enfrentar con éxito la transformación financiera ... El Estado ejercerá la rectoría económica en el ámbito financiero ya no a través de la propiedad exclusiva de la banca múltiple, sino por medio de la banca de desarrollo, de los bancos comerciales que conserve y de sus organismos encargados de establecer la normatividad, regulación, supervisión del sistema financiero. Las reformas financieras aprobadas por ese honorable Congreso de la Unión en el mes de diciembre pasado, suponen un considerable fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria. Se establecieron derechos y responsabilidades legales más amplias de los particulares y una mejor vigilancia y supervisión de las autoridades. Buscamos garantizar la máxima seguridad y fortalecer la confianza de los ahorradores en los bancos ..." Al discutirse el decreto de reformas aludido, la diputada Guerra Díaz hizo uso de la palabra, manifestándose a favor de la reforma y señalando que: "... lo cierto es que las condiciones han cambiado de 1982 a 1990, y a reserva de hacer una reflexión más extensa sobre este punto, yo sí quiero recalcar aquí que los elementos de la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional existen en materia de regulación, de normatividad, de supervisión y vigilancia y que éstos fueron ampliados con el fortalecimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores ..." Por otro lado, de la discusión al proyecto aludido en el seno de la Cámara de Senadores, se destaca la participación del C. senador Rodríguez y Rodríguez, quien manifestó: "... Se refirió el senador Robles Garnica a la ley que propiamente no será reglamentaria; no es tan importante entrar a estos distingos, pero ya no sería ley reglamentaria; no reglamentaría ningún artículo concretamente. Sería una ley secundaria, federal, basada en la fracción X del artículo 73 constitucional; ya no sería ley reglamentaria, sería una ley federal cualquiera, digo, de la categoría o de la jerarquía de ley federal pero ya no reglamentaria. Creo que aquí sí es muy importante es la ley que regule sustantivamente a lo que hemos llamado hasta ahora indistintamente bancos, sociedades de crédito, instituciones nacionales de crédito ... En esta legislación, sí, por más que el senador Robles Garnica ve con escepticismo esta posibilidad, en ella sí debemos ser muy cuidadosos, pues ésta sí es una responsabilidad nuestra: tutelar eficazmente los intereses de los inversionistas y ahorradores que son los verdaderos dueños de los activos de los bancos ... En esa futurización sobre la materia y en las disposiciones administrativas que dicta el Poder Ejecutivo, y en la supervisión que realice a través de sus órganos de policía financiera que los tiene y muy buenos como es la Comisión Nacional Bancaria, de un prestigio muy bien ganado. La Comisión Nacional Bancaria, que con las nuevas tecnologías que hoy se tienen, que permiten supervisar cotidianamente las operaciones, con sistemas informáticos que permiten detectar casi instantáneamente cualquier desviación de las operaciones, está en posibilidad de cuidar todo esto que le preocupa al señor senador y que nos preocupa a todos ..." De ahí que resulte infundado el concepto de violación que, al respecto, expresa el quejoso, porque, como lo determinó la responsable, el artículo 379 del Código Penal del Estado de Oaxaca sanciona la conducta de hacerse de una cantidad de dinero y se niega su devolución, sin causa legal, agravando la pena si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes o que no hubiere concluido o iniciado sus trámites de registro, esto es, no es una norma de carácter financiero, porque no se establece la forma en que debe prestarse el servicio financiero ni determina qué autoridades son las facultades para desarrollarlo, sino que instrumenta los mecanismos para combatir actividades ilícitas mediante la celebración de operaciones contractuales. Probabilidad. Como correctamente lo estimó la responsable (foja 54 del toca penal), de esos mismos datos de prueba, así como con el acta constitutiva de la empresa, queda establecido que Julio César Mercado Aguilar es socio y miembro del Consejo de Vigilancia de la empresa "Franquicias y Globalización de Mercados de Éxito, s. de r.l. de c.v., en el que la víctima invirtió la cantidad de $1´000,000.00 (un millón de pesos cero centavos), y al no depositársele las ganancias obtenidas por su inversión, acudió a las oficinas donde lo atendieron y celebró el contrato relativo, pero ya se encontraban cerradas, sin que le fuera devuelta la suma invertida. Por lo que queda justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho atribuido, a título de dolo, en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, siendo autor material de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II del numeral 11 de dicho ordenamiento legal, porque el imputado realizó la conducta atribuida, que pudo abstenerse de realizarlo, pero optó por llevarla a cabo, pese a saber y conocer que ese comportamiento está prohibido por la norma penal, pues el artículo 397 del Código Penal del Estado tipifica y sanciona al sujeto que se niegue a devolver las inversiones a las personas, sin causa legal alguna. De ahí que es apegado a derecho que la Sala responsable considerada que la juez de Control señaló con razonable grado de aproximación, que posiblemente se perpetró un hecho que la ley señala como delito, y el imputado posible autor, suficiente para confirmar la vinculación a proceso. Ahora, debe decirse que por probabilidad de su intervención debe entenderse la concurrencia de datos suficientemente eficaces para considerar viable la demostración futura, de lo que en una etapa procesal preliminar representa al menos una razonable deducción de intervención en los hechos, al grado de justificar el potencial juicio de reproche más allá de la simple posibilidad o eventualidad; de esa manera, en forma adecuada refirió la Sala responsable fue correcto que la juez de Control estimara que existen datos de prueba con los que quedó justificada la probabilidad de la intervención del quejoso en la comisión del hecho delictuoso citado. Además, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia señalada con anterioridad, la oralidad en el sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad; principios que fueron observados durante la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, pues la juez de Control responsable permitió que las partes conocieran, controvirtieran y confrontaran los datos de prueba, escuchó las refutaciones, las audiencias se desarrollaron en su presencia e intervención y fueron públicas, como así fue considerado por la Sala Penal responsable (foja 49 del toca penal). Por tanto, fue apegado a derecho que la responsable confirmara la decisión de la juez de Control respecto de que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo y la probable participación del quejoso en su comisión, sin que se hubieren vulnerado sus derechos fundamentales. Además, para la emisión del auto de vinculación no se exige la comprobación del hecho que la ley señale como delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que basta con que el juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio. Y de acuerdo con el proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juez de control para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de referencia; luego, la videograbación de las audiencias permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente, la fundamentación y motivación que debe contener. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 34/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". En consecuencia, al no existir materia de queja que suplir, ni se vulneraron derechos fundamentales del quejoso, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se r e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Julio César Mercado Aguilar, contra la resolución que emitió la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTP/153/2021, por la que se confirma el auto de vinculación a proceso dictado contra Julio César Mercado Aguilar, el dieciocho de junio de ese mismo año, en la causa penal 112/2020, por el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la retención, cometido en perjuicio de Jesús Carmona Pérez, que pronunció el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy, veintiuno de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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