Julio Josué Arellanes Matadamas
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Josué Arellanes Matadamas
Actuaciones
- Principal
PRAL 840/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la resolución de cuatro de septiembre de este año, por la cual se desechó la demanda de amparo; no obstante la notificación electrónica de seis del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo. En virtud que en resolución de cuatro de septiembre en curso se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, fracción IV, y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo. Conforme al artículo 20, fracción IV, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y 2º que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 840/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo enviada mediante firma electrónica el treinta y uno de agosto pasado, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada a este órgano jurisdiccional el uno de septiembre en curso por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovida por********************, por propio derecho, contra una omisión que atribuye a Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 840/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Antecedentes. El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En esas condiciones, para emitir el pronunciamiento que en derecho corresponde, se considera necesario, primero, señalar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado; los cuales se conocen de lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad: A)********************, el treinta y uno de enero de dos mil veinte demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. B) Seguido el juicio en su trámite, el catorce de junio de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción ordenándose turnar los autos al auxiliar dictaminador de la Junta para elaborar el proyecto de resolución, proveído que le fue notificado a la parte quejosa el veinte de junio de este año; sin que a la fecha se haya dictado el laudo respectivo. Omisión que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 4. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; además, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Para tales efectos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, se estima que, por ahora, dada la fecha en que se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos para la elaboración de proyecto de laudo, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del mismo, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser, precisamente, la omisión de dictar sentencias o resoluciones dentro de los plazos que fijen las leyes aplicables. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora, como se expuso en el capítulo que antecede, el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar laudo dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. 4.1 Ley Federal del Trabajo aplicable. Tomando en consideración que la demanda que dio origen al juicio laboral del que derivan los actos reclamados se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veinte, a tal controversia resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve (en lo subsecuente se citará como Ley Federal del Trabajo aplicable). Ello, toda vez que en términos del artículo octavo transitorio de ese Decreto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del propio Decreto; y dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del Decreto. Y, en el caso, el juicio laboral de origen inició con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto de referencia, pero antes de que entraran en funciones los Tribunales locales laborales. Por ello, en lo subsecuente se hará referencia a dicho ordenamiento como Ley Federal del Trabajo aplicable. Al respecto, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal aplicable disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.) Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Como se ve, tales preceptos normativos establecen los tiempos para dictar los laudos en los juicios labores; así, se advierte que, una vez cerrada la instrucción dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo; hecho lo anterior, se correrá vista a cada uno de los miembros de la Junta para que dentro del plazo de cinco días siguientes a aquel en que se hubiera recibido copia del proyecto, puedan solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, misma que deben ser desahogas dentro de un término de ocho días. De ahí que, una vez desahogadas las diligencias solicitadas el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez día siguientes. En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza en este asunto, porque este juicio de amparo se promueve contra la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro de los plazos que establecen los preceptos normativos antes citados, pero al menos por ahora, no se advierte del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total. Lo anterior es así, en razón que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó el que el catorce de junio de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para proyecto de laudo; entonces, el termino de diez días previsto en el artículo 885 de la Ley del Trabajo aplicable, transcurrió del quince al veintiocho de junio de este año. Asimismo, el artículo 886 contempla que se entregará copia a cada uno de los integrantes con el proyecto, para que dentro del plazo de cinco días cualquiera de los integrantes puedan solicitar se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad; en ese orden, suponiendo sin conceder, que el veintinueve de junio de este año se haya entregado a los integrante de la Junta responsable la copia de proyecto de laudo, el plazo de cinco días debió transcurrir del treinta de junio al seis de julio de dos mil veintitrés. Ahora, presumiendo que los integrantes de la Junta no hayan ordenado ninguna diligencia para el esclarecimiento de la verdad, el plazo de diez días para la discusión y aprobación de laudo debió transcurrir del siete de junio al veinte de julio de dos mil veintitrés. Sin embargo, en el cuaderno varios 2023 de índice de este Juzgado, obra el oficio 1053 de diez de julio de dos mil veintitrés, signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado por el que informó que del diecisiete al treinta y uno de julio gozaría de su primer periodo vacaciones, no obstante debido a los quinquenios los empleados de las Juntas, el primer día hábil sería el siete de agosto del año en curso. De modo que el plazo de diez días para la discusión y aprobación de laudo se interrumpió el diecisiete de julio de este año, reanudándose el siete de agosto pasado, para mayor ilustración se acude al calendario siguiente: Para mayor ilustración se acude a la gráfica siguiente. JULIO 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Inhábil Inhábil 1 2 3 4 5 6 7 (día 1) 8 9 10 (día 2) 11 (día 3) 12 (día 4) 13 (día 5) 14 (día 6) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AGOSTO 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Inhábil Inhábil 1 2 3 4 5 6 7 (día 7) 8 (día 8) 9 (día 9) 10 (día 10) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por ello, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo (31-agosto-2023) no se advierte una abierta paralización en el dictado del laudo. Por lo expuesto, se concluye que, por ahora, la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantiva; en consecuencia, no reclama un acto que sea de imposible reparación, por no producir una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis de jurisprudencia III.3o.T.J/3 (10a), registro 2013301, de rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA". Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Máxime que si la autoridad responsable no abandona su conducta omisiva, la parte quejosa está en condiciones de promover nuevamente el juicio de amparo, cuando así lo estime oportuno. 5. Actuación mediante juicio en línea. 5.1. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 16, 19, 35, 36 y 38 a 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico 840/2023 a través del usuario "********************". 5.2. Notificaciones electrónicas. Además, como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo se ordena notificarle mediante la vía electrónica, a través del usuario "********************", únicamente los autos que deban ser notificados personalmente y que deban comunicarse por la importancia para dicha parte; de ahí que en este expediente los autos de mero trámite se notificarán por lista de acuerdos. Ello, en observancia a la jurisprudencia con registro 2026122, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que, para el caso de que existiera alguna situación tecnológica que impida el envío electrónico de la notificación respectiva al usuario autorizado, se podrá emplear para tales efectos el domicilio físico que proporciona. 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado con las facultades amplias previstas en ese numeral a los licenciados ******************** y ********************, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho. Y con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas señaladas en la demanda de amparo, por no encontrase registro a su favor. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..
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