Julio César Serrano Reyna
Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio César Serrano Reyna
Actuaciones
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1150/2023, promovido por Julio César Serrano Reyna, por conducto de su apoderado legal Lino Velázquez Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Julio César Serrano Reyna, por conducto de su apoderado legal Lino Velázquez Martínez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos.La omisión de la responsable de ceñirse a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del trabajo y dictar las medidas necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen.". SEGUNDO. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1150/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas, dentro del juicio laboral 01/434/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 01/434/2018; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el citado precepto. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa argumenta que la autoridad responsable no ha desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 01/434/2018, y señala que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 735, 750, 776, 883, y 884, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. "Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: Confesional; Documental; Testimonial. Pericial; Inspección; Presuncional; Instrumental de actuaciones; y Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley.". Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. En ese contexto normativo, la responsable exhibió diversas constancias que integran el expediente laboral 01/434/2018, que hacen prueba plena de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de las que se desprende que por auto de doce de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen. Por otra parte debe indicarse, que la autoridad responsable ha diferido en múltiples ocasiones el desahogo de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, ello, al no encontrarse preparadas las mismas para su desarrollo; quedando pendientes por desahogar las pruebas siguientes: PRUEBAS PENDIENTES OFRECIDAS PRUEBA PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA RESPONSABLE 1. La testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de los CC. Oscar Tapia Benítez y Gustavo Almazán Rodríguez. Pendiente 2. La confesional para hechos propios a cargo de Nancy Merlo, ofertada por la parte actora. Pendiente 3. La confesional para hechos propios a cargo de Genaro Jaimes Aguilar, ofrecida por la parte actora. Pendiente 4. Medio de perfeccionamiento ofrecido por la parte demandada consistente en la ratificación de contenido y firma respecto a las documentales ofrecidas en su escrito de pruebas. Pendiente 5. Prueba Pericial ofrecida por las partes en Materia de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopia. Pendiente 6. Informe de Autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofertada por la parte demandada. Pendiente Así, resulta innegable que la autoridad laboral ha sido omisa en realizar los actos necesarios a efecto de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el expediente 01/434/2018, lo que constituye una dilación del procedimiento laboral en contravención al citado artículo 17 constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el desahogo de las pruebas causa un retraso que afecta el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose de la materia laboral, para estimar que se ha causado una abierta dilación en el procedimiento, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así las cosas, resulta inconcuso que ha transcurrido en demasía el plazo de diez días previsto en la Ley Federal del Trabajo para la audiencia de desahogo, y el periodo de cuarenta y cinco días fijado por el Máximo Tribunal. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J.33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Julio César Serrano Reyna, por conducto de su apoderado legal Lino Velázquez Martínez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Deberá realizar las gestiones necesarias para preparar el desahogo de las pruebas que se encuentran pendientes dentro del juicio laboral de origen, mismas de las que se hace relación en el cuadro reproducido con anterioridad, e incluso de aquellas que no se hubiesen señalado pero que se encuentren admitidas, debiendo notificar a las partes que deban intervenir en el desahogo de las pruebas confesional, testimonial, pericial, medio de perfeccionamiento, así como girar los oficios correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social para el desahogo de la prueba de informe de autoridad; Deberá, informar y acreditar el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/434/2018, o informar la imposibilidad con que conto para ello. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio César Serrano Reyna, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe justificado rendido; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que refiere, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien y dada la voluminosidad de las constancias antes referidas y para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar un anexo debiendo tenerlo a la vista durante el tiempo que dure este juicio. Ahora bien, se precisa que el anexo referido en el párrafo que antecede no será digitalizado ni formará parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Finalmente, de conformidad con las manifestaciones que vierte y las copias certificadas que remite, de conformidad con el artículo 11, de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad a ********************, como apoderado legal de la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), por Lino Velázquez Martínez, quien se ostenta como apoderado legal de Julio César Serrano Reyna, contra actos de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. La omisión de la responsable de ceñirse a lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del trabajo y dictar las medidas necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen.". Del incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Requerimiento de constancias de personería Asimismo, deberá remitir adjunto a su informe justificado las constancias relativas en donde se reconoce al promovente la personalidad que ostenta, en el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado. Se apercibe a dicha autoridad que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada No existe. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Domicilio procesal y autorizados En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene por autorizadas a las personas que se propone, en los términos que refiere. Se exhorta a las personas profesionistas en Derecho para que realicen el registro de su cédula profesional en el mencionado Registro Único, ante cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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