Julio Cesar Sanchez Bautista
Expediente 1059/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio Cesar Sanchez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 1059/2020, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 368/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada.SEGUNDO. Se sobresee en el juicio.". Acúsese el recibo de estilo correspondiente, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. SIN INCIDENTE. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión. En consecuencia, y, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tiene por recibido el oficio signado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el que transcribe el proveído de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual comunica que admite el recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en el presente juicio, el cual quedó radicado bajo el número 368/2021; bajo ese orden de ideas, téngase por hecha la comunicación aludida y en términos de los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Iván Emmanuel Chávez Espejel, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa; al respecto, con fundamento, en los artículos 81, 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene al citado autorizado legal interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios y de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre el expediente, remítanse el escrito original de agravios y una copia, así como el expediente principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Décimo Octavo Circuito, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en su fecha, a esta autoridad federal, Julio Cesar Sánchez Bautista, por su propio solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Encargado del despacho de la Policía Estatal Morelos, en el Municipio de Cuautla, Morelos (denominación correcta). Acto reclamado: ".La negación de resguardo domiciliario del suscrito, mismo que solicité a la autoridad demandada en fecha 05 de noviembre de 2020, sin que al momento se me haya otorgado ese derecho". SEGUNDO. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1059/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La negativa de proporcionar resguardo domiciliario -evitar la asistencia a centros de trabajo- concedidas en el Acuerdos de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a grupos vulnerables que incluye a personas con hipertensión arterial y obesidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado negó el acto reclamado, señalando que dio respuesta a la solicitud del quejoso, requiriéndole para que exhibiera constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues el documento exhibido fue expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que no puede ser considerado administrativamente. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de la constancia que adjuntó a su informe justificado se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, recibió la constancia médica expedida por el ISSSTE, firmada por el Médico Luis Mejía Tiempos, con cédula profesional 2422535, con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, asimismo, que en atención a la suspensión de plano concedida al quejoso el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, concedió lo solicitado por el quejoso, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a la responsable. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, de la Octava Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien, expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además expongan razones o circunstancias de las que se desprende que los actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, localizable en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto, El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa, sostiene sustancialmente, que la autoridad responsable, al no ordenar su resguardo domiciliario por ser persona vulnerable, pone en riesgo su integridad física e incluso su vida, puesto que ante la emergencia sanitaria se encuentra en la hipótesis de grupo vulnerable respecto de los Acuerdos y Decretos emitidos por el Consejo de Salubridad General y Presidente de la República, ya que ha sido diagnosticado con hipertensión arterial sistémica. Sostiene, que derivado de los Acuerdos emitidos por el Gobierno Federal para mitigar y controlar los riesgos para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID19), las personas vulnerables no deben ser expuestas, pues tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad; por lo cual, ante su particular situación, se encuentra en peligro su salud, violándose el derecho fundamental que reconoce el artículo 4° constitucional. Para determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, es necesario considerar que el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, dentro de las responsabilidades que incumben al Estado para la protección de la salud de los gobernados, se incluyen acciones y prestaciones indispensables para ese fin, entre las que se deben considerar todas aquellas políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud y oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, mayormente ante casos extraordinarios como la pandemia que aqueja a la comunidad mundial. Apuntado lo anterior, es importante tener en consideración lo que dispone el numeral 4° de la Constitución Federal, que para lo que aquí es de interés, es del tenor siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" El párrafo constitucional preinserto instituye que en el Estado mexicano toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora bien, en la especie se hace patente precisar que los derechos humanos abarcan lo que se conoce como derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, e incumben principalmente a la relación entre las personas y el Estado. Al respecto, las obligaciones de los gobiernos -por lo que hace a los derechos humanos- guardan relación en un sentido amplio con los principios de respetar, proteger y cumplir. En ese contexto, entre la salud y los derechos humanos existen vínculos complejos: a) La violación o la desatención de los derechos humanos pueden tener graves consecuencias para la salud: b) Las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen; c) La vulnerabilidad a la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Cabe significar que, el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, a saber: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." De lo expuesto se pone de manifiesto que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. De modo que, el concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por tanto, el derecho a la protección de la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del artículo 4° de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía; lo cierto es que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Lo que antecede, encuentra sustento en las tesis LXVIII/2009, P. XVI/2011 y P. XVIII/2011, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del contenido siguiente: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica." "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad." En suma, es dable afirmar que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que, la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. De la misma manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana, en las oportunidades de las personas y, sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Tal criterio se encuentra inmerso en la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), consultable a foja 1192 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, que dice: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En relación con lo expuesto, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se confirma que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, que entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (i) la reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños; (ii) el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y (iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Como se advierte, el precepto convencional referido reitera que el derecho a la salud impone deberes positivos a los Estados parte, entre los que se destacan la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; lo cual, evidentemente, conlleva la creación de un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos (de salud) estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. En ese orden, puede válidamente concluirse que el Estado, en materia de salud, se encuentra obligado a supervisar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo; a lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde un tratamiento médico integral; así como, a propiciar y mantener condiciones sanitarias adecuadas y óptimas, procurando la debida capacitación y calificación de su personal médico. Cabe mencionar que, conforme al artículo 2° del citado pacto internacional, cada uno de los Estados parte se compromete a adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales- especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive con la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos. Para atender a esa obligación, tendente a lograr una plena efectividad del derecho humano a la salud, en los artículos 2°, 23, 27, fracciones III y VIII, 28 y 29, la Ley General de Salud, el Estado Mexicano dejó establecido que tal prerrogativa tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, los cuales se entienden como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Mientras que, en el artículo 134 de ese mismo ordenamiento queda establecido que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las diversas enfermedades que ahí se enlistan, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General (fracción XIV). En tal sentido, resulta relevante mencionar que el once de marzo del año dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad por virus COVID-19 era oficialmente una pandemia; por lo que, ante dicho panorama y con apoyo en el artículo 134 de la Ley General de Salud, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), en cuyos artículos primero y segundo se estableció lo siguiente: "Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción XIV de la Ley General de Salud, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)" Además de esas medidas, a través del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal implementó diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, en cuyo artículo primero, fracción V), estableció como una obligación para los sectores públicos, sociales y privados, permitir el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial, como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: (.) V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; (.)" En tal sentido, la omisión o negativa a esa medida podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, también existe el acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del estado de Morelos, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que en sus artículos CUARTO y QUINTO, disponen lo siguiente: "(.) ARTÍCULO CUARTO. De manera específica y derivado de las funciones prioritarias en materia de salud, seguridad, administración, transporte público y hacienda, las personas titulares de las Secretarías, Dependencias y Entidades que ejercen dichas atribuciones, mantendrán la prestación de servicios tendientes a la atención médica, protección y seguridad pública, pago de nóminas, servicios generales esenciales, movilidad y transporte y recaudación, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad tanto de los servidores públicos como del público en general, promoviendo el uso de medios electrónicos y digitales, así como la atención por vía remota, en los casos a que haya lugar. ARTÍCULO QUINTO. Para la prestación de servicios a que se refiere el numeral anterior, no deberá considerarse a las personas que cumplan con las siguientes condiciones: Enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones; Mayores de 60 años de edad, y Mujeres en periodo de lactancia y mujeres embarazadas." Luego, el veintinueve de mayo del referido año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, en el que se estableció, en lo que aquí interesa, que el uno de junio de dos mil veinte, inició la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones (estatal o municipal), que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la autoridad federal. En el punto 4.1., se precisó que los centros de trabajo deberán identificar si la actividad que realizan es considerada o no como esencial en concordancia con lo establecido en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días treinta y uno de marzo, seis de abril, catorce y quince de mayo del dos mil veinte, según la tabla siguiente: Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales No. ACTIVIDAD ESENCIAL Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria gen erada por el virus SARS-CoV2 (31 de marzo de 2020) 1 Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud 2 Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias) 3 La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud 4 Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI) 5 Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención 6 Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia 7 Actividad legislativa en los niveles federal y estatal 8 Financiera 9 Recaudación tributaria 10 Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas 11 Generación y distribución de agua potable 12 Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos 13 Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados 14 Servicios de transporte de pasajeros y de carga 15 Producción agrícola 16 Producción pesquera 17 Producción pecuaria 18 Agroindustria 19 Industria química 20 Productos de limpieza 21 Ferreterías 22 Servicios de mensajería 23 Guardias en labores de seguridad privada 24 Guarderías y estancias infantiles 25 Asilos y estancias para personas adultas mayores 26 Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos 27 Telecomunicaciones y medios de información 28 Servicios privados de emergencia 29 Servicios funerarios y de inhumación 30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales 31 Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles) 32 Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno 33 Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de abril de 2020) 34 Empresas de producción de acero, cemento y vidrio 35 Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social 36 Empresas y plataformas de comercio electrónico 37 Minas de carbón 38 Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias (14 de mayo de 2020) 39 Industria de la construcción 40 Minería 41 Fabricación de equipo de transporte De acuerdo con los niveles de riesgo epidemiológico, en los niveles de riesgo alto y máximo, sólo pueden operar las actividades esenciales, según la tabla 3 que se inserta enseguida: Tabla 3. Niveles de riesgo epidemiológico Nivel de riesgo epidemiológico Descripción Ejemplos de medidas Máximo Sólo se encuentran en operación las actividades esenciales Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se dotará de Equipo de Protección Personal (EPP) a las personas trabajadoras. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. El personal vulnerable debe trabajar desde casa. Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos. Filtro de ingreso y egreso de trabajadores. Alto Operación plena de actividades esenciales y operación reducida en actividades no esenciales Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa. Presencia de personal al 30% de las actividades no esenciales. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se dotará de EPP a las personas trabajadoras. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos. Prestar atención permanente en la población vulnerable. Reforzar de ingreso y egreso de trabajadores. Intermedio Actividades acotadas en el espacio público y actividad económica plena Favorecer el trabajo desde casa. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. Prestar atención permanente a la población vulnerable. Mantener activo el filtro de ingreso y egreso de trabajadores. Cotidiano Reanudación de actividades Presencia de todo el personal en el centro de trabajo. Implementación de medidas de protección de la salud. Prestar atención permanente a la población vulnerable. Luego, cabe precisar que el Estado de Morelos, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, fue determinado por las autoridades sanitarias en semáforo rojo, así la Secretaria de Salud al día veinte de enero de dos mil veintiuno, informa se han confirmado 1,678 casos de coronavirus COVID-19, 251 activos, descartando 1,538 sospechosos 289, y se han registrado 326 defunciones. Asimismo, informa que las nuevas defunciones se registraron 5 hombres de Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan y Jonacatepec, así como en la Ciudad de México, que presentaron diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, igualmente en una mujer de Tlaltizapán con comorbidades tales como obesidad y asma. En tal sentido, la omisión o negativa a la observancia de esas medidas y en las que pudieran incurrir las autoridades responsables podría implicar una contravención al derecho, al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Ello implica que aquéllas deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Ahora, en el caso que nos ocupa, mediante oficio de quince de diciembre de dos mil veinte, la responsable, al rendir el informe justificado informó a esta autoridad que la parte quejosa en razón a que exhibió constancia medica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentara otra pero expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), ya que por cuestiones administrativas no puede ser considerado para los efectos solicitados, cuestión que fue subsanada mediante escrito recibido por ella el veintiséis de noviembre de ese año -anexo constancia médica con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, expedida por el ISSSTE-, asimismo el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, informó que giro el oficio SSPyTM/DJ/2177-2020, instruyendo al quejoso guardar resguardo domiciliario y acatar las medidas sanitarias para prevenir el contagio por el virus COVID-19, en acatamiento a la suspensión de plano emitida en el juicio de amparo en que se actúa. Como puede apreciarse, del oficio de mérito en donde se adujo que derivado de la presentación del juicio de amparo 1059/2020, del índice de esta autoridad federal, la responsable, instruyó para que el ahora quejoso quede en resguardo domiciliario, empero, no tomó en consideración que la parte quejosa padece hipertensión arterial sistémica, por ello, dentro del grupo de personas vulnerables, lo que demuestra con la documental públicas que la responsable recibió el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, constancia que anexo al informe justificado que ha sido valorada con anterioridad, es apto y suficiente para concluir que la quejosa cursa con enfermedad de hipertensión arterial sistémica; aunado al hecho la responsable tiene conocimiento de tal constancia tan es así que la anexó a su informe justificado, sin que haya acordado al respecto, de donde se desprende qué el oficio de resguardo domiciliario concedido a la quejosa fue acatado con motivo del juicio de amparo que nos ocupa. Sustenta estas consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 152/2017 (10a.), que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 581, libro 49, tomo I, diciembre de 2017, materia laboral, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CERTIFICADOS MÉDICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2012. SON VÁLIDOS AUNQUE NO ESPECIFIQUEN EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL TÍTULO PROFESIONAL AL MÉDICO PARTICULAR QUE LOS EMITIÓ. Conforme al numeral citado, los únicos requisitos de validez exigibles en los certificados médicos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje son: 1) nombre del médico, 2) número de cédula profesional, 3) fecha de emisión del certificado, y 4) descripción del estado patológico que impide la comparecencia de la persona requerida; lo que implica que en los juicios laborales iniciados después del 30 de noviembre de 2012 son inaplicables las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 74/95 y 2a./J. 76/2001, pues desentrañaron el sentido normativo del precepto mencionado anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha referida; de ahí que con base en los principios de especialidad, economía y sencillez que rigen el proceso laboral, los únicos elementos que deben contener los certificados médicos indicados son los exigidos por la Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que son válidos aunque no especifiquen el nombre de la institución que otorgó el título profesional al médico particular que los emitió." No obstante, que el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas a implementar para mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID, en cuyo artículo segundo se estableció lo siguiente: "."ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;.". Y el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal implementó diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, en cuyo artículo primero, fracción V, se estableció como una obligación para los sectores públicos, sociales y privados, permitir el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Bajo tales circunstancias, es posible concluir que no existe razón para que el quejoso Julio Cesar Sánchez Bautista, acuda de manera física o presencial a su centro de trabajo mientras dure la contingencia, pues está demostrado que pertenece a un grupo vulnerable ante los riesgos que conlleva la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a los acuerdos y medidas de observancia general implementadas por el Gobierno Federal, y de las que se aparta el oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte -SSPyTM/DJ/2177-2020-, al emitir el resguardo domiciliario en acatamiento a la suspensión de plano del juicio de amparo que nos ocupa, sin tomar en cuenta los acuerdos generales emitidos por las autoridades de salud federal. Considerar su eficacia, pondría en riesgo la salud, la vida del impetrante, en una franca violación al derecho fundamental que consagra el artículo 4° constitucional. Además, debe precisarse que, de conformidad con el multireferido acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el resguardo domiciliario se aplica, a los sujetos ahí mencionados, independientemente de si su actividad sea considera esencial; de ahí que, aun cuando el quejoso sea policía, dada la presumible situación de vulnerabilidad ante la pandemia originada por el virus SAR-CoV2, procede se resguarde en su domicilio para la protección de su salud personal. Bajo tales circunstancias, es posible concluir que no existe razón para que el quejoso acuda de manera física o presencial a su centro de trabajo mientras dure la contingencia, pues, está demostrado que pertenece a un grupo vulnerable ante los riesgos que conlleva la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); resultando obligatorio para las responsables respetar las medidas de prevención que ha impuesto el Estado Mexicano. Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: de conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud del quejoso, a través del resguardo domiciliario del trabajador, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. Cobra aplicación, la tesis 1a.CCCXLIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 969 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo I, registro 2010420, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". Asimismo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la misma, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 159, registro 394192 cuyo rubro establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO". Finalmente, debe invocarse como un hecho notorio que de acuerdo a la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, la implementación de dicha medida para inmunizar a la población en contra de este virus inició a partir de diciembre de dos mil veinte con el personal de salud de primera línea de control de la Covid-19; mientras que el personal de salud restante así como personas mayores de sesenta años iniciaron en febrero del presente año, para así continuar con adultos de cuarenta y nueve a cincuenta y nueve años y actualmente de cuarenta a cuarenta y nueve años.. Expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa la vacuna a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma o hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable, esto es, hasta en tanto el semáforo de riesgo epidemiológico semanal se modifique a un riesgo menor (distinto al máximo), y que permita autorizar que las personas vulnerables puedan regresar al centro de trabajo presencial. Por lo antes expuesto, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio Cesar Sánchez Bautista, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, consistente en la negativa de resguardo y/o confinamiento domiciliario realizado, en razón de pertenecer al grupo vulnerable por cursar con enfermedad de hipertensión arterial sistémica, con goce de sueldo y demás prestaciones laborales, en los términos y para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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