Julio Cesar Ortiz Rodriguez

Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Julio Cesar Ortiz Rodriguez
  • Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes este auto, asimismo al notificar el presente proveído a las autoridades responsables córrase traslado con copia de la sentencia definitiva dictada en este expediente; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que deberá conservarse dicho expediente por el plazo de TRES AÑOS, y una vez haya concluido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el mismo conservando únicamente la demanda, la sentencia dictada y el presente proveído, en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el Capítulo Octavo Artículo 21, inciso C), del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido toda vez que tanto en la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Julio Cesar Ortiz Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos y Segundo Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".La ilegal notificación y emplazamiento a juicio supuestamente realizado dentro del expediente 176/2018 . y por tal motivo las subsecuentes audiencias, diligencias la posterior sentencia definitiva dictada y en general la totalidad del procedimiento tramitado ante la autoridad responsable." SEGUNDO. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 943/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo emplazo a juicio a la tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, y todo lo actuado en el juicio familiar 176/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, y segundo actuario de su adscripción, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, señalando que la parte quejosa fue notificada y emplazada a juicio. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de las constancias que adjuntaron a su informe justificado, se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende el juicio familiar 176/2018, así como las constancias de emplazamiento a juicio, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a las responsables. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Previo al análisis de los conceptos de violación, en el caso, se considera relevante hacer una breve relatoría de algunas actuaciones del expediente de donde derivan los actos reclamados, esto es, del juicio de controversia familiar 176/2018-2, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, los cuales, en lo que interesa, son los siguientes: 1.- Mediante escrito recibido por la responsable el quince de junio de dos mil dieciocho, María de los Ángeles Cabrera Herrera, en representación de su menor hija de iniciales A.Y.O.C., promovió juicio de controversia familiar en contra de Julio Cesar Ortiz Rodríguez, alimentos definitivos, guarda y custodia de su menor hija, que fue admitido por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. 2.- Mediante cédula de notificación personal de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el actuario responsable emplazó a juicio al demandado Julio Cesar Ortiz Rodríguez, en el domicilio ubicado en calle Ferrocarril sin número colonia centro de Cazahuatlán, Municipio de Amacuzac, Morelos. (foja 11 a 16 del anexo). 3.- Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el juez responsable acuso la rebeldía del demandado. 4.- En diligencia de doce de octubre de dos mil dieciocho, tuvo lugar la audiencia de conciliación y depuración. 5.- El siete de enero de dos mil diecinueve, tuvo lugar la audiencia de pruebas y alegatos. 6.- El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la responsable dictó sentencia definitiva donde determinó: PRIMERO.- Este Juzgado Mixto. SEGUNDO.- La actora María de los Ángeles Cabrera Herrera, probó el ejercicio de su acción y el demandado Julio Cesar Ortiz Rodríguez, no compareció a juicio, siguiéndose éste en rebeldía; en consecuencia, TERCERO.- Se confirma la medida provisional de GUARDA Y CUSTODIA que ahora se convierte en definitiva de la menor. CUARTO.- Se confirma la pensión provisional decretada el auto de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, a cargo del demandado Julio Cesar Ortiz Rodríguez,. QUINTO.- Se decreta un régimen de convivencia familiar entre el demandado. 7.- Mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, la sentencia definitiva antes citada, causó ejecutoria para los efectos legales procedentes. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme lo prevé el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, página 263, con número de registro electrónico 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El quejoso alega esencialmente que el emplazamiento no se llevó a cabo conforme las formalidades esenciales del procedimiento, previstos en el artículo 14 Constitucional, así como lo establecido en los ordinales 131 y 134 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, pues aduce en ningún momento fue legalmente emplazado o notificado del juicio de controversia familiar pues jamás recibió personalmente alguna notificación por lo que niega que dicho emplazamiento se le haya realizado. Además, que no cercioro ni dejo constancia de cómo llegó al cercioramiento de que efectivamente habita el domicilio donde realizó la diligencia de emplazamiento la cual aduce desconocer y por ende refiere que la misma fue simulada ya que lleva habitando el domicilio ubicado en carretera Cuernavaca-Taxco en el poblado de Cazahuatlán del Municipio de Amacuzac, Morelos, por lo que la diligencia se realizó en diverso domicilio. Dichos motivos de disenso son infundados. Para justificar la calificativa de dichos argumentos, es necesario partir de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Página 33, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Del criterio anterior, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. Ello es así, sostuvo el Máximo Tribunal del País, ya que el principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado y demás datos como la señalización de la calle, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Ahora bien, en la especie, tenemos que de las copias fotostáticas certificadas relativas al juicio de controversia familiar, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el actuario responsable, adscrito al Juzgado responsable, con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, emplazó de manera personal al demandado Julio Cesar Ortiz Rodríguez, al aludido juicio natural, en términos del acta que obra a fojas 11 a 16 del anexo, en los siguientes términos: ".CEDULA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL. EXP. CIVIL NÚMERO 176/2018-2 ACTOR: MARIA DE LOS ANGELES CABRERA HERRERA DEMANDADO: JULIO CESAR ORTIZ RODRIGUEZ. JUICIO: CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR. C. JULIO CESAR ORTIZ RODRÍGUEZ DOMICILIO: CALLE FERROCARRIL SIN NÚMERO. COLÑONIA CENTRO, POBLADO DE CAZAHUATLAN, DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. PRESENTE. EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO AL RUBRO CITADO SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Puente de Ixtla, Morelos, a dieciocho de junio del año dos mil dieciocho.- (transcribe auto) leyenda Recibí célula de notificación personal y copias simples de traslado y anexos a la misma Julio Cesar Ortiz Rodríguez. . Lo que notifico a Usted por medio de la presente célula de notificación que dejo el día de hoy siendo las 10 horas con 20 minutos del día, en poder de Julio Cesar Ortiz Rodríguez, quien dijo ser la persona buscada y habitante del lugar y se identifica con licencia para conducir folio MC-12476 y en virtud de si estar presente, por este conducto le notifico el contenido total del auto que antecede; asimismo y con el juego de copias simples de la demanda y documentos que se acompañan, se le emplaza y se le corre traslado para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, conteste la demanda entablada en su contra, asimismo se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la competencia por territorio de este juzgado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán y surtirán efectos a través de publicación en el boletín judicial, así también deberá nombrar abogado patrono que lo represente, asimismo desde este momento se autorizan días y horas inhábiles a fin de practicar las notificaciones de las resoluciones que se dicten durante la substanciación del presente juicio.- MEDIDAS PROVISIONALES: Guarda y Custodia de la menor. en favor de la actora, así como el depósito de la menor y la promovente en el domicilio ubicado en. .-Pensión alimenticia a favor de la menor por la cantidad de $2,450.00 (.), mensuales, por lo que la cantidad debe ser depositada por el deudor alimentista ante este juzgado, los primeros cinco días de cada mes, para que por conducto de. sea allegada a la menor de referencia, mediante certificado de entero que expida el fondo auxiliar para el efecto de que sea entregado a la parte actora, cantidad que pude ser modificada cuando exista un cambio de circunstancias en el presente juicio.- así mismo se le previene al demandado Julio Cesar Ortiz Rodríguez a fin de que se abstenga de agredir física, psicológica y emocionalmente a la promovente y a su menor hija, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a una medida de apremio establecida por la ley de la materia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del Código Procesal familiar en vigor.- Lo anterior para su conocimiento y efectos legales, a que haya lugar.- De enterada la persona dijo que oye y si firma de enterado para constancia legal.- doy fe. PUENTE DE IXTLA, MOR. A 22 DE AGOSTO DEL 2019. LA ACTUARIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. LIC. REBECA ARANDA. FIRMA ILEGIBLE SELLO DEL JUZGADO". De la transcripción anterior relativa al emplazamiento de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que la fedataria judicial se constituyó en el domicilio ubicado en calle Ferrocarril sin número, colonia centro Cazahuatlán, Municipio de Amacuzac, Morelos, lugar en el que entendió personalmente la diligencia con el demandado ahora quejoso Julio Cesar Ortiz Rodríguez, quien según diligencia se identificó con licencia para conducir folio MC-12476, quien recibió cedula de notificación y le corrió traslado con copia simple de la demanda y los anexos, y firmó con su nombre (foja 11 del anexo). De lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que la diligencia de emplazamiento se encuentra ajustada a derecho, porque como quedó evidenciado con anterioridad, la misma se llevó a cabo personalmente con el demandado ahora quejoso, incluso se le corrió traslado con las copias de ley para que estuviera en aptitud de comparecer al juicio de origen a contestar la demanda entablada en su contra; de ahí que no se vulneran sus derechos humanos. Se sostiene lo anterior, pues debe tomarse en cuenta que la institución del emplazamiento a juicio de controversia familiar es aplicable lo previsto por los artículos 131, 134 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, pues de éstos se desprenden los requisitos formales de las notificaciones, particularmente del emplazamiento. "ARTÍCULO 131.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN. Las notificaciones se harán personalmente, por estrados, por cédula, por boletín judicial, por edictos, por correo con acuse de recibo, por telégrafo, o por los medios de comunicación efectivos que autoricen las leyes, de acuerdo con lo que se dispone en este ordenamiento. ARTÍCULO 134.- EMPLAZAMIENTO. En las notificaciones de emplazamiento deberán cumplirse las siguientes reglas: I. El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indican: a) Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezca de capacidad procesal, pues en este caso, se hará el emplazamiento a su representante legal. Solo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando este radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada radique fuera de este lugar o se ignore su paradero o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio o se ignore su domicilio. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; b) Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien de dependencias o servicios de la administración pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si los representantes fueren varios, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellos. Si la representación corresponde a una junta o colectividad bastará que se haga a la persona que la ostente; II. El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habite el emplazado, si es persona física. Si se trata de persona moral en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, ya que en este caso sólo podrá recibir el emplazamiento el representante facultado para comparecer en juicio. Las sociedades sin personalidad jurídica, las asociaciones no reconocidas y las colectividades similares, se considerarán que tienen su domicilio en el lugar en donde desarrollen sus actividades en forma continuada. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarlo, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándose copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio y demás para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará la notificación por cédula. La célula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción de auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no se encuentre presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente, aún en el lugar en donde el demandado se encuentre, previa identificación; IV. Cuando la persona a quien deba emplearse radique dentro de la República, pero fuera del Estado de Morelos, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por despacho o exhorto de acuerdo con la forma prevista en el capítulo anterior. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto basando que así lo pida la parte interesada ente (sic) el juez exhortado; V. Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento podrá radicar en el extranjero, el emplazamiento podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto, o por correo certificado con acuse de recibo, contándose en este ultimo caso el emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el juzgado, de la oficina de correos, el acuse de recibo debidamente firmado por el interesado; VI. Si se ignorase el domicilio de la persona emplazada, el emplazamiento se hará por edictos que se publicarán por tres veces de tres en tres días en el periódico diario de los de mayor circulación y en el Boletín Judicial, haciéndose saber al interesado que deberá presentarse en un término que no bajará de quince días ni exceda de sesenta, a partir de la fecha de la última publicación. En este caso, si el juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la persona emplazada, o apareciese que el que pidió indicó maliciosamente ignorar el domicilio, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y se mandará practicar en el domicilio del emplazado, y VII. Cuando se trate de personas inciertas o ignoradas, el emplazamiento se hará por edictos en forma que se prescribe en la fracción anterior de este artículo; pero en este caso los edictos deberán contener, además, datos bastantes para que las personas inciertas o ignoradas puedan identificar su interés en el negocio de que se trate. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con la noticia del mismo pudo (sic) razonablemente llegar al interesado y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites. Para el caso único del juicio especial de pérdida de patria potestad de menores acogidos por algún centro asistencial público o privado, cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser emplazada, o ésta sea incierta o desconocida, una vez agotados los medios de investigación por parte de la autoridad jurisdiccional, el emplazamiento se hará por edictos que se publicarán en el Boletín Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y en un periódico diario de los de mayor circulación que se publican en el Estado de Morelos, por dos veces, con un intervalo entre una y otra publicación de seis días naturales sin contar los correspondientes a las publicaciones. Si el día en que se deba hacer la segunda publicación, corresponde a un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente." Así es, el dispositivo 131 invocado se refiere a las notificaciones en general. Por su parte el diverso 134 del propio código adjetivo, establece las formalidades a que debe sujetarse el emplazamiento al juicio que en el caso particular es la notificación de la demanda que se hace a la parte demandada, para que comparezca ante el órgano jurisdiccional a contestarla dentro de determinado plazo; del citado precepto se advierten las reglas siguientes: El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indican. Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, si estuviere presente, entregándose copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habite el emplazado, si es persona física La citada notificación se debe realizar en su casa habitación o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo y finalmente donde se encuentre. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio y demás para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará la notificación por cédula. La célula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Por lo que, conforme a lo dispuesto en dichos numerales, el emplazamiento llevado a cabo por la diligenciaria responsable a la aquí parte quejosa, sea legal, pues éste se llevó a cabo personalmente en su domicilio, tal y como lo indica la ley; sin que para ello obste lo aducido por dicha parte en sus conceptos de violación en el que refiere que la fedataria la realizó en diverso domicilio, ni señaló como se percató de encontrarse en el domicilio del quejoso, pues como quedó justificado con anterioridad en los numerales citados, concretamente en los artículos 131 y 134 del citado Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, esa cuestión queda superada cuando el emplazamiento se entienda personalmente con la parte demandada, como ocurrió en el caso concreto, pues en dichos dispositivos señala que se llevara a cabo el emplazamiento en el domicilio proporcionado por la actora o en el lugar de trabajo o en cualquier lugar donde se encuentre, como así aconteció, tan es así, que el demandado fue encontrado en ese domicilio y se identificó con licencia para conducir folio MC-12476, señalando ser la persona buscada y domicilio correcto. Por identidad de razón se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 34/90 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 207124; Instancia: Tercera Sala; Octava Época; del Semanario Judicial de la Federación; Tomo VI, Primera Parte, Julio_Diciembre de 1990, página 195 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia." De ahí que por las razones antes expuestas es que no sea aplicable al caso concreto el criterio que la parte quejosa cita en su demanda de amparo con el rubro: "EMPLAZAMIENTO. CONCEPTO DE DOMICILIO DEBE PRACTICARSE (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO)." Registro 197587; pues como se sostuvo, en el caso concreto los preceptos legales invocados con anterioridad, no exigen tal cercioramiento cuando el emplazamiento se lleva en los términos en que fue realizado al quejoso, esto es, personalmente, además que al tratarse de una tesis aislada, este órgano de control no se encuentra obligado a observar. Aunado a todo lo anterior, no está por demás señalar que el fedatario adscrito al juzgado responsable cuenta con fe pública, de la que está investido un funcionario público, en ejercicio de su encargo, por lo que no basta aseverar que lo asentado por él no es acorde a la realidad de los hechos, y que fue simulada, porque corresponde a quien impugna su actuación demostrar con los medios de prueba idóneos los vicios de forma o materiales que contiene la actuación que se combate, en el entendido de que el notificador goza de fe pública; circunstancia que en el caso no aconteció. Por lo que, la razón de emplazamiento tiene pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ella se consignan, ello al no existir prueba idónea en contrario que desvirtúe el emplazamiento realizado, es evidente que conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado respecto a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/222 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 187235, que se consulta en la página 1053 del Tomo XV, Abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia I.6o.C. J/17, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 212447, que se consulta en la página 56 del Tomo 77, Mayo de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los Secretarios Actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." De igual forma, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con número de registro 216814, se consulta en la página 202 del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En esas condiciones, es de concluirse que si la parte quejosa no aportó medio de convicción orientado a probar sus manifestaciones, ni a desvirtuar la fe pública del funcionario judicial que practicó la diligencia tildada de ilegal o cualquier otro dato que desvirtuara la presunción de veracidad de los datos asentados en esa actuación; entonces, debe prevalecer lo asentado por la ejecutora responsable en el acta respectiva. Apoya las consideraciones expuestas, la Jurisprudencia IV.2o. J/4, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 205152, se localiza en la página 265 del Tomo I, Mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Así, ante lo infundado de los conceptos de violación de la parte quejosa, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados por Julio Cesar Ortiz Rodríguez, contra el emplazamiento reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y Actuario de su adscripción. Negativa que se hace extensiva a todas las actuaciones posteriores a dicho emplazamiento en el sumario natural reclamadas, ya que la parte quejosa no los combatió por vicios propios, sino que su constitucionalidad la hizo derivar de la que en su opinión adoleció el emplazamiento reclamado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Julio Cesar Ortiz Rodríguez, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en la parte considerativa de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la Encargada de Despacho del Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la Actuaria adscrita al juzgado de mérito, mediante el cual rinden informe previo; sin emitir mayor acuerdo al respecto, toda vez que, dentro de la incidencia que nos ocupa el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe previo que rinde el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y la Actuaria adscrita al Juzgado de mérito, por tanto, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido para los efectos legales a que haya lugar. Por cuanto al Actuario de mérito, informa que se adhiere al informe previo que en su momento rinda el titular de ese juzgado; al respecto, se tiene por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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