Julio Cesar Orozco González
Expediente 386/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Cesar Orozco González
- Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 386/2022, pues transcurrió del cuatro al diecisiete de noviembre del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 386/2022, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, 26/09/23 15:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. EDG Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 22702 a la (s) autoridad (es) correspondiente (s); notificándole (s) el auto que antecede. Conste. 26/09/23 15:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN ??????????????? "2022, Año de Ricardo Flores
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 386/2022, sin la comparecencia de las partes. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las pruebas documentales ofrecida por el juez responsable con su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, comparecieron Julio César Orozco González, por su propio derecho, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Zamora. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 386/2022 y se admitió mediante proveído de ocho de abril dos mil veintidós; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; por último, este juzgado señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Ana Bertha Ramírez Ramírez y Claudia Alejandra Moreno Ramírez, en cuanto víctimas indirectas dentro de la causa penal 1041/2020, así como a Maribel Alejandra Lara Vega, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, que intervino en la causa penal de la que derivan los actos reclamados, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve conforme a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1041/2020, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122, 135, fracción I, inciso B), en relación con los numerales 24, fracción III, 20, fracción I, y 19, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Acto que atribuye al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Zamora. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Zamora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el índice cronológico, y un disco óptico que contiene los registros audiovisuales de la audiencia reclamada y la carpeta administrativa de la causa penal 1041/2020. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye el auto de vinculación dictado contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien aquí resuelve, considera que lejos de beneficiar al peticionario de amparo le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 1041/2020, el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, no transgrede los derechos fundamentales del amparista, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarlo, le perjudica y no le reporta utilidad alguna. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así, el quejoso en su único concepto de violación denominado "PRIMERO", aduce medularmente: - Que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque lo resuelto por el juez responsable es inexacto, ya que el comportamiento del quejoso no es subsumible en el ilícito de homicidio calificado, ya que no se encuentran acreditados los extremos legales necesarios, pues si bien es cierto que están demostrados los dos primeros requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también lo es que el tercer requisito no se encuentra acreditado porque de los antecedentes de la investigación no se prueba que exista la probabilidad de que el quejoso haya participado en su comisión, esto es, ni de la noticia criminal, del acta de reconocimiento e identificación de cadáver, dictamen en criminalística de campo, dictamen pericial en materia de química forense ni de la necropsia médico legal se desprende dato alguno que evidencia que el quejoso hubiere participado en el delito por el cual se le vinculó a proceso. - Que no se justifica el valor otorgado por la responsable a las entrevistas de Ana Bertha Ramírez Ramírez y Claudia Alejandra Moreno Ramírez, porque con ellas no se acredita de manera fehaciente que el quejoso probablemente fue quien físicamente como coautor participó en el evento delictivo que se le imputa ni existe la certeza ni seguridad de su responsabilidad en tal acontecimiento delictivo, lo anterior, porque la primera testigo únicamente mencionó el nombre del quejoso y la segunda su supuesto apodo, pero ambas testigos omitieron mencionar la media filiación del quejoso y el motivo por el cual lo conocían o por qué sabían que se llamaba o le apodaban como declararon, o por qué conocía a la víctima. - Que además tampoco mencionaron características de las otras dos personas que supuestamente intervinieron en el hecho delictivo, por lo que al estar tan cerca de la escena y escuchar lo que supuestamente se habló ese día entre los participantes, pasaron por alto dar esos detalles necesarios para dar credibilidad a su dicho y que por ello, no existe la probabilidad de que el quejoso hubiese participado en el hecho delictivo porque no está identificado como copartícipe y muchos menos que existiere acuerdo previo para cometer ese ilícito con quien mencionan como "pingas", requisito necesario para acreditar su probable responsabilidad. - Por lo anterior, refiere que el codominio del hecho que le es atribuido no se encuentra acreditado ya que con el sólo nombre del quejoso sin otro dato de identificación -media filiación- inclusive puede ser un homónimo la persona que cometió el delito, pues basta ver los datos publicados en documentos o páginas de redes informáticas para determinar que existe sinfín de personas con el mismo nombre del quejoso. - Señala que además, la autoridad responsable al analizar las pruebas mencionadas pasó por alto analizar el principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 20 de la Carta Magna, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y la autoridad responsable lo vinculó a proceso sin toma en cuenta los lineamientos que se han establecido en la Constitución y en los tratados internacionales y al respecto invoca diversos criterios. Así, antes de calificar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa frente a dicho acto, conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de plazo constitucional. Numerales que, por su orden, establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De los artículos transcritos, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: 1) Haberse formulado la imputación. 2) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. 3) Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. 4) Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 5) Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. 6) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A.J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1940 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época, Materia Penal, registro digital 160331, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Como se aprecia del criterio transcrito, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es notoria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Expuesto lo anterior, basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, para advertir que el Agente del Ministerio Público, expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente [Min. 00:04:20 del registro de audio y video, primera parte]: Que aproximadamente a las diecinueve horas del día catorce de octubre de dos mil veinte, la víctima Mario Moreno Reyes, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Juan Escutia número 162, colonia El Porvenir de la ciudad de Zamora, Michoacán, momentos en los cuales se hizo presente el imputado Julio César Orozco González, quien llegó a tocar a la puerta de acceso del domicilio, saliendo la víctima Mario Moreno Reyes y el imputado le dijo "sal poquito quiero preguntarte algo.", por lo la víctima salió y a escasos cuatro metros de la puerta de acceso de su domicilio el investigado le dijo "te lo dije, chingaste a tu madre", por lo que la víctima intentó meterse a su casa, pero en ese instante llegó una motocicleta color negro con dos personas del sexo masculino a bordo; que a uno sólo de ellos se alcanzó a identificar con el apodo de "pingas", quien apresuradamente se bajó de la moto, sacó una pistola y le comenzó a disparar a la víctima causándole la muerte debido a una hemorragia interna por laceración pulmonar y cardiaca, debido a herida por proyectil de arma de fuego penetrante en tórax, momentos en los cuales el imputado Julio César Orozco González se hizo a un lado y el sujeto a quien le apodan "el pingas" le dijo "bien mona"; que después de esto se subió a la moto y se dio a la fuga con su acompañante rumbo a la calle Michoacán, y también el imputado se retiró del lugar. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Noticia criminal de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual Seguridad Pública de Zamora notificó a las 19:56 al policía de investigación José Eduardo Cuello Panuco que en la calle Juan Escutia, por fuera del número 162 de la colonia El Porvenir de esa ciudad se encontraba una persona del sexo masculino fallecida por arma de fuego [Min. 00:08:15 del registro de audio y video]. 2. Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de Mario Moreno Reyes, de quince de octubre de dos mil veinte, por Ana Bertha Ramírez Ramírez y Claudia Alejandra Moreno Ramírez, esposa e hija de la víctima, respectivamente, quienes señalaron que el fallecido contaba con sesenta años de edad y exhibieron el acta de nacimiento respectiva [Min. 00:09:12 del registro de audio y video]. 3. Dictamen en materia de criminalística de campo sobre levantamiento de cadáver, de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, emitido por el perito Ricardo Ruiz Ramírez, [Min. 00:10:00 del registro de audio y video], en la cual se levantó el cadáver de una persona del sexo masculino que fue localizada a las 20:30 horas por fuera del inmueble marcado con el número 162 de la calle Juan Escutia, sobre la banqueta Este de la calle, cuerpo sin vida que correspondía a un masculino de sesenta años que respondía al nombre de Mario Moreno Reyes; que a dos metros de su cuerpo se encontraron cinco cartuchos percutidos con la leyenda en su base .9mm y una bala. 4. Dictamen pericial en materia de química forense, en muestra tomada al cadáver de Mario Moreno Reyes, de fecha quince de octubre de dos mil veinte, suscrito por el perito químico Baltazar Figueroa Delgado, quien señaló que no se encontró presencia de alcohol en la víctima, así como tampoco presencia de metabolitos de marihuana, cocaína, anfetaminas opiáceos, y tampoco se localizó presencia de plomo y bario en las zonas más frecuentes de maculación de las manos derecha e izquierda [Min. 00:11:50 del registro de audio y video]. 5. Necropsia médico legal de Mario Moreno Reyes, realizada por el perito Martín Abraham Tamayo Ruiz, el catorce de octubre de dos mil veinte, quien encontró cinco orificios de entrada y uno de re penetración producidos por proyectil de arma de fuego, señalando además que la causa de muerte de Mario Moreno Reyes se debió a una hemorragia interna por laceración pulmonar y cardiaca producida por proyectil de arma de fuego, lesión que se clasifica como mortal por sí misma [Min. 00:12:25 del registro de audio y video]. 6. Entrevista de Ana Bertha Ramírez Ramírez, quien refirió sustancialmente que el catorce de octubre de dos mil veinte se encontraba en su casa aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos cuando iba llegando con su hija Claudia Alejandra Moreno Ramírez, después de realizar compras y el taxi las dejó frente a su casa; que en el momento en que empezaron a llevar las bolsas de mandado hacia la puerta de la casa y de ahí al interior, vio cuando llegó caminando un vecino que visitaba a su esposo constantemente, de nombre Julio César Orozco González, de apodo "la mona" que es una persona viciosa y su esposo lo ayudaba en ocasiones con dinero; que su hija escuchó que tocaban la puerta y preguntó quién tocaba, a lo que la declarante respondió que era el vecino mencionado; que en ese momento vieron que su esposo Mario Moreno Reyes ya estaba en la puerta atendiendo a "la mona" y escuchó cuando éste le dijo "sal poquito, quiero preguntarte algo", y su esposo confiado salió, pero a escasos cuatro metros de la puerta principal de la casa "la mona" le dijo "te lo dije, chingaste a tu madre", que al mismo tiempo su esposo intentó meterse a la casa pero llegaron dos personas a bordo de una motocicleta negra y a una de ellas le alcanzó a decir "pingas", quien bajó de la moto, sacó una pistola y empezó a dispararle a su esposo; que en ese momento la mona se hizo a un lado y después de disparar a su esposo la citada persona le dijo a la pasada "bien mona", que se subió a la moto y se retiraron el atacante junto con su acompañante rumbo a la calle Michoacán, "la mona" se quedó viendo para todos lados y luego se fue corriendo con dirección a su casa; también señaló que Julio César Orozco González es de complexión delgada, tez clara, barba y bigote pelirrojos, cejas poblada, cabello lacio negro, ojos negros grandes, nariz ancha, boca mediana, labios y orejas medianas, frente amplia, quien era amigo de su esposo y lo frecuentaba para platicar; que al conductor de la motocicleta y su acompañante no los podía describir porque traían cubierto el rostro [Min. 00:14:00 del registro de audio y video]. 7. Entrevista de Claudia Alejandra Moreno Ramírez, quien dijo ser hija de la víctima y señaló que se dio cuenta de los hechos en los mismos términos narrados por su madre y de igual forma, proporcionó la misma media filiación [Min. 00:18:22 del registro de audio y video]. Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, y toda vez que el imputado asesorado por su defensa se abstuvo de rendir declaración y solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en ese momento, por lo que el juez responsable [Min. 00:33:00 del registro de audio y video], primeramente señaló que es competente para conocer del asunto en virtud de que el hecho sucedió dentro de la demarcación territorial de Zamora, Michoacán donde se encuentra adscrito y además se trata de un hecho que la ley contempla como delito del fuero común. Luego, en atención a los requisitos para dictar un auto de vinculación dijo que se encuentran satisfechos toda vez que se formuló imputación a Julio César Orozco González, se le dio la oportunidad de declarar o guardar silencio y además los datos de investigación merecen una ponderación positiva en términos de los artículos 265 y 259 del Código Nacional, son suficientes para establecer que hay un hecho delictivo, en este caso, un homicidio calificado, y también indicios razonables para sostener a manera de probabilidad que el imputado así como otras dos personas intervinieron en la materialización de ese hecho delictivo. Por tanto, a efecto de tener por acreditados los delitos atribuidos a los investigados [Min. 00:34:00 del registro de audio y video], continuó diciendo el juez oral que dichos actos de investigación son lícitos, legales y coincidentes y de los que se desprende que el día catorce de octubre de dos mil veinte, la víctima Mario Moreno Reyes, perdió la vida, lo cual se deriva de la necropsia que le fue practicada donde un médico al analizar su cuerpo señaló que tenía menos de tres horas de haber fallecido. Así también -señaló el juez responsable- se advierte de la diligencia de reconocimiento de cadáver que realizaron tanto la esposa de la víctima como su hija quienes indicaron que el cuerpo sin vida era de su familiar [Min. 00:34:30 del registro de audio y video]. Lo que a su vez corroboró la responsable [Min. 00:34:45 del registro de audio y video] con el acta de levantamiento de cadáver, donde un perito acudió al lugar del hecho y constató que en ese lugar ubicado en la calle Juan Escutia, frente al número 162 de la colonia El Porvenir de Zamora, Michoacán, se encontraba el cuerpo de la víctima ya sin vida y ese deceso es atribuible a la conducta externa de la persona que disparó un arma de fuego contra Mario Moreno Reyes; situación que también se acredita con los señalamientos de la esposa de la víctima, Ana Bertha Ramírez Ramírez, así como de su hija Claudia Alejandra Moreno Ramírez, donde ellas indican que la muerte de su familiar ocurrió cuando la víctima estaba por fuera de su domicilio, esto cuando el ahora investigado fue a tocar la puerta y le indicó que saliera porque tenía algo que decirle, y luego señaló "te lo dije, chingaste a tu madre", momento en el que llega una motocicleta con otros dos varones a bordo, siendo el que iba de copiloto quien le realiza los disparos a la víctima. Que lo anterior también se corrobora con las demás actuaciones [Min. 00:36:18 del registro de audio y video], como la necropsia donde se asienta que la causa de muerte es por lesiones que provocaron los proyectiles de arma de fuego, y a su vez con el levantamiento de cadáver donde además de asentarse la anterior situación, el perito indicó que recabó indicios balísticos consistentes en cinco cartuchos percutidos calibre .9 milímetros y una bala lo cual corrobora que el deceso fue por disparos de arma de fuego y que esos disparos provenían de tercera persona. A continuación estableció el juez oral, [Min. 00:36:56 del registro de audio y video] que con lo antes expuesto se subsume el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en términos de los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado. Asimismo, [Min. 00:38:56 del registro de audio y video] sostuvo que la calificativa agravante estipulada en el último numeral citado, también se encuentra acreditada, toda vez que para privar de la vida a la víctima existió ventaja, porque uno de los hechores, quien disparó, portaba el arma de fuego, lo cual lo coloca en ventaja en relación con la víctima quien al menos en ese momento no se encontraba en las mismas condiciones para repeler esa agresión. Probable participación. En cuanto a la probable participación del imputado en el hecho delictivo, [Min. 00:37:40 del registro de audio y video] contrario a lo que aduce el quejoso, acertadamente destacó el juez oral que, la misma se encuentra acreditada en calidad de coautor, en términos del artículo 24, fracción III, del Código Penal del Estado, dado que existen indicios razonables que así lo suponen, como lo son las entrevistas de Ana Bertha Ramírez Ramírez y Claudia Alejandra Moreno Ramírez, quienes vieron a Julio César Orozco González, cuando fue a tocar la puerta del domicilio de Mario Moreno Reyes, le dice que salga porque quiere comentarle algo y que cuando ya se encuentra con él en la parte exterior del domicilio le comentó "te lo dije, chingaste a tu madre", y fue en ese momento cuando llegan otros dos varones en una motocicleta, el copiloto le hace los disparos a la víctima, y antes de retirarse dicho sujeto le indica al imputado "bien mona". En ese tenor, -como correctamente precisó la autoridad responsable- [Min. 00:38:50 del registro de audio y video] se advierte que existe coautoría, esto es, un previo acuerdo pues al menos la dinámica del hecho así lo expresa pues el imputado va y saca a la víctima de su domicilio para que posteriormente llegue otra persona y le haga los disparos, de donde se desprende que hay un reparto de funciones, específicamente en cuanto al imputado, el ir al domicilio de la víctima, sacarlo de ese lugar y esperar a que otra persona llegue y le dispare mientras otra tercera persona tripula la motocicleta en la que finalmente se dan a la fuga esas dos personas, lo que como bien consideró la responsable, integra un codominio funcional del hecho. También señaló el resolutor primario, que lo anterior se advierte de lo señalado por las entrevistadas, quienes dan cuenta de esas actividades y hasta el momento no se advierte motivo por el cual dichas personas quisieran perjudicar al imputado, sino que acudieron al Ministerio Público a indicar lo que pudieron apreciar, lo cual ya fue calificado por el Representante Social y el juez responsable corroboró esa calificación tanto del hecho delictivo como de la coautoría atribuida al imputado conforme al artículo 24, fracción III ya citado. Finalmente, señaló la responsable que no se encuentra acreditada alguna causa de exclusión del delito [Min. 00:36:56 del registro de audio y video], y además de que a este hecho en su comisión se aplica el dolo en términos del artículo 20, fracción I, del Código Penal del Estado y es de comisión instantánea y en esas condiciones, al cumplirse la totalidad de los requisitos el juez oral responsable determinó dictar auto de vinculación a proceso por el hecho cometido en agravio de la víctima ya indicados, y como consecuencia jurídica, aplicarle la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, ello con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional, por el tiempo que dure el proceso sin que pueda exceder de dos años. En esas condiciones, se comparte la decisión del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación a proceso del imputado, por su probable participación penal en la comisión del delito que le atribuyó el agente del Ministerio Público. De igual forma, se estima correcto -como puntualizó la responsable- la forma de participación del imputado tal como lo estableció el ministerio público, que es a título de coautor, en términos del artículo 24, fracción III, del Código Penal del Estado, para lo cual tomó en cuenta las entrevistas de Ana Bertha Ramírez Ramírez y Claudia Alejandra Moreno Ramírez, esposa e hija de la víctima, respectivamente. Se estima de esa manera, porque en oposición a lo que aduce el quejoso en su demanda, las aludidas testigos sí proporcionaron de forma coincidente la media filiación de la persona que conocen como Julio César Orozco González, alias "la mona", quien además dijeron conocer porque es su vecino; que saben que es una persona viciosa y que la víctima en ocasiones lo ayudaba con dinero, además, señalaron también que el imputado acostumbraba frecuentar a la citada víctima en su domicilio para platicar. En efecto, y contrario a lo que sostiene el quejoso, quien esto resuelve considera apegado a la legalidad el ejercicio de ponderación que realizó el juzgador natural cuando sostuvo que existen datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, así como la probable intervención del imputado en su comisión. Lo anterior, porque el juez oral expuso las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos que exige tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las razones por las cuales, a su juicio, de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público se desprendía que se había cometido el hecho materia de la imputación, y que existía la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación pues se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público y los cuales, en oposición a lo manifestado por el quejoso, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. En esa virtud, en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que el juez responsable -contrario a lo que argumenta el quejoso- tuteló en todo momento a favor del quejoso el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado participó en su comisión; sobre todo porque en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron dos meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Se sostiene lo anterior porque, -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada la responsabilidad del quejoso en el hecho que se le imputó, sino sólo tiene como consecuencia hacer de su conocimiento los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, aunado a que todavía tiene dos meses para presentar las pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. Como apoyo a lo antes argumentado, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, registro digital 2014800, del epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto del acto de vinculación reclamado. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio César Orozco González, por las razones que quedaron precisadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la agente del Ministerio Público Maribel Alejandra Lara Vega (tercera interesada) se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por último, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que no fue posible emplazar a la agente del Ministerio Público Maribel Alejandra Lara Vega, en el correo electrónico litiqacionfrz@octtlook.es, dado que la actuaria adscrita al momento de remitirlo le señalaba error de dirección. Ahora bien del disco compacto que remitió el juez de control responsable diverso correos en donde puede ser emplazada la agente del Ministerio Público Maribel Alejandra Lara Vega, los cuales son los siguientes litigacion1@zamora.fiscaliamichoacan.gob.mx y MARIBEL_LARA_VEGA@hotmail.com; por tanto, se ordena emplazar a la referida agente en dichos correos en términos del proveído de veintiséis de mayo del presente año. Por otro lado, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, dado que el veinticinco de agosto del presente año se tuvo por recibida la comunicación oficial del índice de este juzgado y se acordó lo relativo a su contenido. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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