Julio Cesar Orantes Avalos
Expediente 1080/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Cesar Orantes Avalos
- Juan Aguirre Lagos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 1080/2019 y testimonio de la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la inconformidad administrativa ********************de la que se advierte que se declaró infundada la inconformidad planteada por el quejoso contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediste oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la actuaria de del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró con el número 5/2021. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos por la autoridad responsable. Mediante sentencia de doce de marzo de dos mil veinte, se otorgó a la parte quejosa la protección federal, para que la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve emitida en el expediente JA-R-00120/2019-III. 2. Dicte una nueva, con libertad de jurisdicción, en el que atienda las consideraciones plasmadas en esta sentencia." Lo anterior, en razón de que este Juzgado consideró que la autoridad responsable transgredió el principio de congruencia al dictar la resolución reclamada, en virtud de que omitió pronunciarse en relación a los motivos de disenso atinentes a desvirtuar el cumplimiento defectuoso atento a las pruebas que aportó para demostrar las acciones que llevó a cabo para tal efecto; asimismo, tampoco se avocó en relación a aquéllos argumentos dirigidos a demostrar las cargas de trabajo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por oficio recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el cuatro de noviembre del año en curso, dentro del expediente JA-R-00120/2019-III, por el cual dejó insubsistente la resolución emitida el treinta de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar dictó una nueva, con libertad de jurisdicción, en el que atendió las consideraciones plasmadas en la sentencia pronunciada dentro del presente juicio. Ello porque respecto al primer aspecto, la responsable precisó que era inoperante lo alegado por la recurrente en el sentido de que sí dio cumplimiento a la sentencia, ello pues consideró que no atacó los puntos medulares en los que se basó la Sala Instructora, puesto que: ".nada dijo en relación a lo alegado sobre que del contenido de las constancias exhibidas se desprendía que tales actuaciones iban encaminadas a iniciar con el trámite del cumplimiento de la sentencia, sin embargo, que no existía constancia alguna que diera certeza jurídica y se materialice de que efectivamente se hubiera realizado la liquidación y cobro mediante bonificación por lo que ve a los contratos de suministro de los actores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los domicilios señalados en los recibos exhibidos por los referidos actores, conforme a las tarifas previstas para el año dos mil quince y los subsecuentes donde persista dicha clasificación, menos aún que se haya calculado los costos de los servicios prestados a los actores, conforme el nivel 1, presidiendo de considerar la clasificación de la Colonia Misión del Valle de la ciudad de Morelia, Michoacán, como Zona Media o nivel 3 tres o bien nivel 2 dos; por el período de vigencia del decreto tarifario para el cobro de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2015 y los subsecuentes donde persistiera dicha clasificación por los servicios prestados a los actores; ni tampoco se encontraba demostrado que la autoridad demandada hubiera modificado o efectuado la corrección de los contratos de adhesión de los actores usuarios el servicio de agua para que se le aplicara la tarifa de zona popular no solo por el ejercicio fiscal dos mil quine, sino por todo el tiempo que perdurara esa clasificación habitacional de la Colonia Misión del Valle de Morelia realizada por el órgano del Estado competente; ni tampoco se encontraba acreditado que se hubiera bonificado a los actores el saldo que hubiera resultado a favor de cada uno de ellos como pago de lo indebido por la diferencia que derive de la aplicación de la tarifa de dos mil quince, conforme al nivel socio económico 3 y 2, respecto de aquellos pagos que se encontraran acreditados ante dicha demandada que hubieran realizado los actores con base en el nivel tres o bien en el nivel dos. En este sentido, es menester señalar, que cuando la parte recurrente se concreta únicamente a repetir en esencia los agravios expresados con anterioridad y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la sala responsable para confirmar el acuerdo recurrido, dichos agravios deben ser declarados como inoperantes. Lo anterior, derivado de que si los argumentos no atacan las consideraciones medulares del acuerdo recurrido, este Tribunal no se encuentra en condiciones de estudiar su legalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley". Esto es, respecto a los motivos de disenso atinentes al cumplimiento defectuoso atento a las pruebas que aportó para demostrar las acciones que llevó a cabo para tal efecto, la responsable determinó que los agravios formulados devenían inoperantes, en razón de que nada dijo en relación a lo alegado sobre que del contenido de las constancias exhibidas se advertía que tales actuaciones estaban encaminadas a iniciar con el trámite del cumplimiento de la sentencia. Calificativa, con la que evidentemente la responsable se pronunció en relación a los agravios que la parte quejosa expresó, aunque desestimándolos, lo que implicaba soslayar el fondo. Por otro lado, en relación al segundo aspecto -argumentos dirigidos a demostrar las cargas de trabajo- el Tribunal responsable consideró que eran infundados los motivos de disenso, atento a que: ".Entonces, si la Sala Instructora, en acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dio el término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surtiera efectos la autoridad para acreditar el cumplimiento de la sentencia emitida en autos, y ésta fue notificada el seis de febrero de dos mil diecinueve, -como bien lo señaló la instructora- el plazo le empezó a correr el día ocho de febrero de dos mil diecinueve, (descontándose los días nueve, diez, once, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro de febrero, todos del dos mil diecinueve, al ser inhábiles conforme al calendario del tribunal). Por lo tanto, si la ahora recurrente presentó los oficios con los que pretendió dar cumplimiento a la sentencia el ocho de marzo de dos mil diecinueve, lo hizo evidentemente fuera del plazo que se le requirió, y por ende incumplió lo ordenado en el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; de ahí que no se puede considerar ilegal la multa impuesta en ese sentido, dado que derivó del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de juicio principal; pues es claro que si el requerimiento quedó inobservado y no se acató en sus términos en su debida oportunidad, la sanción es legal. Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta sala -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo- que si bien la recurrente, señaló que compareció en forma extemporánea al cumplimiento de la sentencia, como consecuencia de la carga de trabajo que en esta fecha tenía el Departamento Jurídico esa autoridad dada la insuficiencia del personal que laboraba en dicha área, pues contaba con solo cuatro auxiliares jurídicos para la tramitación de múltiples actividades, para lo cual anexó la certificación del reporte de bitácora electrónica de asuntos recibidos del Departamento en la cual consta que en el período comprendido del seis al veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad recibió trescientas cincuenta y nueve solicitudes y escritos varios para su atención; sin embargo, lo cierto es, que de las constancias del recurso, a la fecha de emisión del acuerdo recurrido, no se desprende la existencia de los documentos en los que basa el argumento; esto es, al catorce de marzo de dos mil diecinueve, no obraba en autos los documentos referidos por la autoridad demandada en donde acredita que el cumplimiento extemporáneo fue justificado derivado del exceso en la carga de trabajo y el escaso personal con que contaba a la fecha. Por tal motivo, la segunda Sala Administrativa de este tribunal, al emitir el acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, no podía tomar en cuenta constancias que no tenía a la vista en este momento." Es decir, la responsable estimó que eran infundados los agravios expuestos, en atención a que los oficios con los que el recurrente pretendió dar cumplimiento a la sentencia, lo realizó fuera del plazo en que se le requirió y que a la fecha de la emisión del acuerdo recurrido, no se advertía la existencia de los documentos en los que basó su argumento atinente a que compareció en forma extemporánea como consecuencia de la carga de trabajo, consideraciones de la responsable, que implican una respuesta a sus motivos de inconformidad. Sin que impida estimar lo anterior, la manifestación del peticionario de amparo en el sentido de que la responsable omitió pronunciarse en relación a la aplicabilidad a la jurisprudencia con número de registro 2007916 -del rubro: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN."- y que tampoco nada dijo en relación a que desde el momento en que fue notificado de la sentencia, realizó actos tendentes al cumplimiento. Esto, porque el Tribunal responsable, al señalar que a la fecha de la emisión del acuerdo recurrido, no se advertían los documentos que apoyaban su argumento relativo a que compareció en forma extemporánea como consecuencia de la carga de trabajo, implícitamente dio respuesta a sus motivos de disenso, bajo la respuesta toral consistente en la falta de los documentos que sustentaban su justificación al cumplimiento extemporáneo debido a la carga de trabajo. Asimismo, en caso de que exista una contestación deficiente, en todo caso constituiría un vicio en el razonamiento, lo que sería materia en dado caso, de un diverso juicio de amparo que promoviese en contra de la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte. Además, la jurisprudencia del rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN." en que respaldaba la obligación de la responsable para pronunciarse sobre la aplicabilidad al caso concreto de la tesis que citó en sus motivos de disenso -"CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN.- fue emitida atendiendo las reglas del juicio de amparo; motivo por el que la jurisprudencia que dice fue inobservada por parte de la autoridad, es aplicable únicamente en el dictado de las sentencias dictadas en el juicio constitucional, y no en los juicios administrativos como del que emana el acto reclamado. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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