Julio Cesar Mendoza Arevalo
Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Cesar Mendoza Arevalo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 652/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, ambos con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, compareció Julio César Mendoza Arévalo en su carácter de representante legal del menor C.M.D., a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se asignó un asesor jurídico al menor. Con posterioridad, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Fernanda Juárez Fishia y Claudia García García, al ser imputadas en el proceso penal de donde deriva el acto reclamado; asimismo a la Agente del Ministerio Público de Litigante de la Fiscalía Regional de Morelia Rosa María Solorio Camarena, y seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por Julio César Mendoza Arévalo en su carácter de representante legal del menor C.M.D., consisten en: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia: El auto de no vinculación a proceso pronunciado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 967/2021, que se inició a Claudia García García, por los hechos que la ley señala como delito de omisión de cuidado. Del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca XI-44/2022, mediante el cual confirmó el auto de no vinculación a proceso de Claudia García García, decretado en resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 967/2021. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con en toca penal XI-44/2022, así como con el disco magnético que remitieron como complemento a su informe justificado, en las que obran algunas constancias por escrito, así como la audiencia oral llevada a cabo por el Juez de Control. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Este juzgado de Distrito advierte que respecto del acto reclamado en la no vinculación a proceso de Claudia García García dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Ahora bien, es pertinente establecer que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b. Ello porque el acto que se estudia en el presente apartado [veintitrés de marzo de dos mil veintidós], fue apelado por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós (foja 57 del tomo de pruebas ), correspondiendo su conocimiento por razón de turno a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Órgano que resolvió el citado recurso, el veinte de mayo de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar el auto de no vinculación a proceso de Claudia García García y que constituye la materia del presente juicio constitucional. En ese tenor, es evidente que cesaron los efectos de dicho acto reclamado, pues el auto recurrido obtuvo ejecutividad y firmeza en cuanto se decidió el recurso de apelación; por lo que, la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós que resolvió el recurso de apelación sustituyó al auto de veintitrés de marzo de la anualidad que transcurre. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la tesis I.3o.C.769 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, Registro 165869: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la no vinculación a proceso de Claudia García García dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Así, toda vez que las demás partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Estudio del fondo del acto reclamado consistente, en la resolución pronunciada el veinte de mayo de dos mil veintidós. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ahora, la parte quejosa esgrime en esencia, que el Magistrado Penal responsable, vulnera su esfera de derechos, entre los que destaca, el interés superior del menor-respecto del cual realizó múltiples consideraciones tendentes a explicar en qué consiste y su función- así como la suplencia de la queja, en razón de que no salvaguardó, ni verificó las condiciones a la omisión de cuidados y lesiones que sufrió el menor C.M.D. Añade, que la responsable no justificó de manera razonable, la valoración de los datos de prueba en la probabilidad de que Claudia García García, hubiese participado de manera indirecta, en los hechos denunciados. De igual forma, que realizó una inexacta valoración de los datos de prueba, toda vez que omitió establecer, que pudieron ocurrir diversos supuestos a partir de inferencias y de la prueba circunstancial. Finalmente señala, que en la guardería denominada "El Carrusel de Fantasía", el menor quejoso fue víctima de lesiones, omisión de cuidado por omisión, así como comisión por omisión, y que el Magistrado no verificó dichas circunstancias, sin apegarse a la Constitución, tratados internacionales y leyes estatales y locales, dejándolo en estado de vulnerabilidad. Argumentos que devienen infundados. Lo anterior, toda vez que el peticionario de amparo, hace descansar sus motivos de inconformidad medularmente, en la suplencia de la queja atendiendo al interés superior del menor; sin embargo, ello no implica, que puedan vulnerarse el principio de contradicción, como uno de los ejes fundamentales del actual modelo de enjuiciamiento penal, en perjuicio del imputado. Para arribar a la anterior consideración, resulta necesario analizar en primer término el Interés superior de los niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de delitos en el proceso penal; y en segundo, el principio de contradicción. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de delitos en el proceso penal. Respecto al Interés superior de los niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de delitos en el proceso penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2902/2014, precisó que la tutela constitucional de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que sean partes del proceso penal, se sostiene en los artículos 1° y 4° de la Constitución, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que bajo el anterior parámetro de control de regularidad constitucional, el interés superior del niño es un principio de primer rango derivado de los derechos fundamentales inherentes a la infancia. Sin embargo también determinó, que en materia penal, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes requiere una necesaria ponderación bajo los principios rectores del sistema penal garantista propio de un Estado democrático de derecho. Lo anterior implica, en primer término, partir de la propia naturaleza jurídica del proceso penal ordinario, incluso, diversa a otros, como es la materia civil y familiar (en que fundamentalmente se han venido desarrollando de manera progresiva los criterios de esta Primera Sala sobre el interés superior de la infancia). En orden siguiente, aterrizar en su calidad especial como parte en el proceso penal, al tener el trato distinto de víctima. Bajo tales premisas, esa Primera Sala señaló que ha sostenido que no es jurídicamente admisible que bajo la aducida tutela de los derechos de una de las partes en el proceso penal, como es la víctima -incluso, bajo su eventual coadyuvancia con el ministerio público -, pudieran vulnerarse los derechos fundamentales del imputado. Incluso, aun en los casos más extremos, como lo apunta el propio Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y La Utilización de los Niños en la Pornografía , se dispone en lo conducente: "Artículo 8 6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos. De igual forma adujo, en relación con la Evolución de la víctima como parte en el proceso penal, que debe tenerse presente que los anteriores lineamientos constitucionales deben analizarse, a su vez, en armonía con los principios y derechos fundamentales en que se ha fincado el sistema penal garantista, tales como la defensa adecuada, el debido proceso penal y la obtención de prueba lícita, y de manera preponderante, la presunción de inocencia, que se salvaguardan a su vez bajo los principios de acusación, equilibrio procesal e imparcialidad, como ejes rectores de nuestro sistema penal garantista. De este modo, la tutela de los extremos anteriores implica la convergencia de los derechos tanto de la víctima como del imputado en el proceso penal bajo los principios rectores del garantismo penal. Así, la Primera Sala sostiene que no es jurídicamente admisible que bajo la aducida tutela de los derechos de una de las partes en el proceso penal, como es la víctima pudieran vulnerarse los del imputado. Lo anterior se torna aun más grave, si atendemos la eventual coadyuvancia de la víctima con el ministerio público. Esto significa que no es constitucionalmente admisible que puedan rebasarse las funciones del órgano acusador o suplirse su actuación, como tampoco que pueda contravenirse cualquier otro principio constitucional que rige el proceso penal propio de nuestro Estado Democrático y de Derecho. Principio de contradicción. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en Revisión 6888/2018 precisó, que el actual modelo de enjuiciamiento penal, de corte acusatorio y oral, tiene como fundamento los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, contenidos en el artículo 20 de la Constitución, los cuales se constituyen como ejes fundamentales del quehacer jurisdiccional que deben regir en cada una de las etapas del procedimiento. Dichos principios son interdependientes y su observancia permite la plena garantía de los derechos de inculpados y víctimas frente al sistema de justicia penal. Por tanto, los mismos son directrices a seguir tanto para los legisladores secundarios como para los operadores jurídicos al aplicarlo a casos concretos. Además, ha considerado que, en la vigencia del principio de contradicción, las partes -todas y no nada más el acusado- del proceso penal encuentran el fundamento que les asegura el derecho y la razonable oportunidad de hacer oír sus argumentos y ofrecer sus pruebas, así como la de refutar y controlar las del adversario. Típica característica de los sistemas adversariales, en los cuales son las partes quienes tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, razón por la cual son ellas las que deben investigar los hechos y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten, interpretándolos de la manera más favorable a los intereses del Estado -si se trata del Fiscal- o del acusado -si se trata de la defensa-. Que en ese sentido, la observancia del referido principio exige que toda afirmación, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ponerse en conocimiento de la contraria para que ésta pueda expresar su conformidad u oposición manifestando sus propias razones. Desde este enfoque, el principio en estudio niega la posibilidad de que exista prueba oculta. El conocimiento de los elementos probatorios y de la evidencia física, que serán objeto de prueba en el juicio, es la condición que permite el ejercicio del contradictorio en la audiencia de juicio. De manera que las pruebas practicadas a espaldas de las partes, que se conserven en secreto o que sean conocidas solamente por el juez antes de la sentencia, carecerán de valor probatorio; por vulnerar el derecho de defensa de la parte a quien perjudique. De ahí que el principio de contradicción consiste, esencialmente, en el indispensable interés de someter a refutación y contra argumentación la información, actos y pruebas de la contraparte, en un proceso jurisdiccional, en igualdad de condiciones. Aplicación al caso concreto. Ahora, el Magistrado Penal responsable al abordar el análisis de los motivos de disenso expuestos vía apelación, señaló en esencia: Que el inconforme aquí quejoso omitió precisar cuál dato de prueba se omitió analizar o tomar en consideración en el auto apelado. Que no obstante señaló varias conductas que consideró de omisión de cuidado; sin embargo, no las vinculó a los hechos que la fiscalía imputó en la audiencia inicial, en específico a la imputada Claudia García García; es decir, no explicó qué conducta de acción u omisión precisada en los hechos de la imputación, podía considerarse prevista en la ley como delito de omisión de cuidado. Ello, porque la ratio decidenti de la resolución impugnada es, que de la información producida en la audiencia inicial, no se estableció que Claudia García García hubiese incurrido en una omisión derivada de alguna obligación que tuviera en cuanto directora de la institución en que ocurrieron los hechos y que por ello produjera un resultado, como tampoco alguna relación con las lesiones causadas a la víctima o bien con omisión de cuidado a la misma; y que por tanto, no se justificó su intervención en los hechos. Que frente a esas consideraciones, la inconformidad más que exponer argumento para combatirlas y controvertirlas, transcribió dos rubros de tesis de jurisprudencia, pero sin explicar el por qué eran aplicables y cómo lo asentado en ellas respaldaba sus argumentos de impugnación. Que el apelante no expuso las cuestiones específicas del debate que no fueron consideradas o porqué consideraba vulneración al principio de taxatividad; ni las razones por las que estimó inexactamente aplicado el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que no dijo, el motivo por el que resulta aplicable los artículos 14, 1 y 20 de la Constitución, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en especial por considerarlo parte de un agravio. En concordancia con lo anterior, debe decirse que opuesto a lo señalado por la parte quejosa, el Tribunal de Alzada, no vulneró los derechos fundamentales ni el principio de interés superior del menor, al desestimar los agravios expuestos ante esa instancia, ni analizar los datos de prueba y las conductas que le reprocha a Claudia García. Se dice de este modo, toda vez que el Magistrado responsable se encontraba imposibilitado para abordar el estudio de los datos de prueba que no fueron tomados en consideración por el a quo, las conductas no vinculadas a los hechos imputados, la aplicabilidad de los criterios que invocó, las cuestiones de debate que no fueron consideradas, así como verificar las condiciones o la omisión de cuidados que sufrió el menor, ni las inferencias que pudiesen derivar de la prueba circunstancial; toda vez que al respecto, el quejoso no ejerció su derecho de contradicción, que implica concebir al proceso penal como un debate, en el que se presentan las partes con pretensiones opuestas a alegar y probar, mediante argumentos y contra argumentos, en igualdad de condiciones jurídicas. Esto, porque como se observó, el principio de contradicción protege, en términos generales, la igualdad en el proceso y la representación adecuada, y obliga a la autoridad a vigilar que se cumplan esos derechos. Esto, por más que se alegue el interés superior del menor, toda vez que atento a lo expuesto en párrafos anteriores, los principios de acusación, equilibrio procesal e imparcialidad, implican la convergencia de los derechos tanto de la víctima como del imputado en el proceso penal, bajo los principios rectores del garantismo penal. Por lo que es inadmisible, que bajo la aducida tutela de los derechos del menor quejoso, pudiera vulnerarse los del imputado, en la vertiente de los principios y derechos fundamentales en el que se ha fincado el sistema penal -defensa adecuada, debido proceso penal, obtención de prueba lícita, presunción de inocencia- que salvaguardan a su vez los principios de acusación, equilibrio procesal e imparcialidad. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. XXIII/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1402, Materias(s): Constitucional, Penal, Décima Época, Registro digital: 2019421, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD IDENTIFICADA COMO VÍCTIMA DEL DELITO. DEBE PONDERARSE FRENTE A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEFENSA ADECUADA Y DEBIDO PROCESO PENAL DE LA PERSONA IMPUTADA. La tutela constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sean partes en el proceso penal se sostiene en los artículos 1o., 4o. y 20 de la Constitución, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; todo ello bajo la tutela prevalente de su interés superior, especialmente, cuando se les identifica como víctimas de delitos. Sin embargo, en materia penal, dicho interés superior requiere una necesaria ponderación bajo los principios rectores del sistema penal garantista propio de nuestro Estado democrático de derecho. Esto implica partir de la propia naturaleza jurídica del proceso penal, incluso, diversa a otros, como lo son las materias civil y familiar. Así, deben respetarse los derechos humanos de debido proceso penal y de defensa de la persona imputada, así como el principio de presunción de inocencia, en armonía con la tutela de ambas partes en equilibrio procesal, especialmente, frente al poder represivo del Estado; lo que se torna más grave bajo la coadyuvancia de la víctima con el ministerio público. Lo anterior implica que es inconstitucional el hecho de que puedan rebasarse las funciones del órgano acusador o suplirse su actuación, como tampoco contravenirse cualquier otro principio constitucional que rige el debido proceso penal. Bajo tales premisas, es inadmisible que bajo la aducida tutela de la persona identificada como víctima puedan vulnerarse los derechos de la persona imputada. Incluso bajo el principio del interés superior de la infancia y adolescencia, y aún en los casos más extremos, como lo establece el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, en su artículo 8, número 6, nada de lo dispuesto en el propio instrumento se entenderá en perjuicio de los derechos de la persona acusada a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos." Sin que tampoco se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha figura jurídica opera tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución a través de sus garantías, como en materia penal serían la vida o la libertad personal, valores que no se trastocan en la especie, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso sólo se fija la materia de la investigación y del eventual juicio que pudiera seguirse contra el imputado, surgiendo así su derecho a una adecuada defensa. En apoyo a lo anterior, es de citar -en lo que interesa-la tesis XVII.2o.P.A.38 P, consultable en la página 1412, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia Común, Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, registro: 161239, que dice: "PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL IMPUTADO PRETENDE HACER VALER CUESTIONES QUE NO EXPUSO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, EL JUZGADOR DE AMPARO NO DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, SIN QUE SE OPONGA A ELLO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. En el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra, entre otros principios, el de contradicción, conforme al cual el agente del Ministerio Público y el imputado pueden debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de su contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos; de ahí que si el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso y el imputado no ejerció su derecho a la contradicción, no es dable que pretenda hacer valer en el juicio de amparo cuestiones que no expuso ante el Juez de Garantía, pues si éste no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, menos podrá hacerlo el Juez de Distrito, toda vez que ello implicaría que se sustituyera en atribuciones propias de la autoridad de instancia. Sin que se oponga a lo considerado que subsista la suplencia de la queja deficiente, conforme a los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha figura jurídica opera tratándose de violaciones directas a derechos fundamentales que tutela la Constitución a través de las garantías individuales, como en materia penal serían la vida o la libertad personal, valores que no se trastocan en la especie, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso sólo se fija la materia de la investigación y del eventual juicio que pudiera seguirse contra el imputado, surgiendo así su derecho a una adecuada defensa." De igual forma sirve de sustento, la tesis 1a/J.17/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del tomo I, Abril de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." En consecuencia, al no estar demostrada la violación de derechos humanos, ni en suplencia de la queja, a que autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julio Cesar Mendoza Arévalo en su carácter de representante legal del menor C.M.D., contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Segundo. Por las razones expuestas en el considerando quinto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio Cesar Mendoza Arévalo en su carácter de representante legal del menor C.M.D., contra el acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en dicho apartado. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y toda vez que el veintidós del mes y año en curso, se tuvo a la parte tercera interesada apersonándose al presente juicio, por ende, el término correspondiente empezó a correr a partir del día de hoy. Por tanto, resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsable y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 04/04/24 17:27:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1e.a9 KARLA MARTINEZ ARENAS Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista.
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Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado, remite constancia que acredita que el licenciado Gerardo Francisco Barragán Estrada, es defensor particular de las terceras interesadas Claudia García García y Fernanda Juárez Fishea, dentro del toca de apelación XI-44/2022 del índice de la responsable. Ahora bien, toda vez mediante escrito presentado el doce de agosto del año en curso, la parte tercera interesada se apersono al presente juicio de amparo, señaló domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones y formuló alegatos, mismo que se reservó hasta en tanto obrara constancia de que el licenciado Gerardo Francisco Barragán Estrada, es el defensor particular de las citadas terceras interesadas, lo cual ya aconteció. En tal virtud, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene al licenciado Gerardo Francisco Barragán Estrada, como defensor particular de las terceras interesadas Claudia García García y Fernanda Juárez Fishea, apersonándose al presente juicio de amparo. Por otro lado, como lo solicita la parte tercera interesada, en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Asimismo, téngasele por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Gerardo Francisco Barragán Estrada, quien se ostenta como defensor privado de las terceras interesadas Claudia García García y Fernanda Juárez Fishea, mediante el cual pretende apersonarse al presente juicio de amparo. Por lo que previo a reconocer algún carácter, se requiere al Magistrado y juez responsables para que dentro del plazo de tres días informe si Gerardo Francisco Barragán Estrada, dentro de expediente de origen tiene reconocido el carácter de defensor de las terceras interesadas, en cuyo caso, también deberá remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del artículo 14 de la ley de la materia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3443/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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