Julio César Muñiz Rodríguez

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Julio César Muñiz Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía interconexión por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual informa que el magistrado presidente del órgano de su adscripción aceptó la competencia plateada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***************, en su carácter de apoderado legal de ***************. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo citado, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con las constancias que adjunta del juicio laboral de origen ********************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 453/2023-V. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal, y las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso concreto, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de ********************, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del juicio ordinario laboral ******************** de su índice, en la que decretó la caducidad de dicho juicio. Entonces, al constituir el acto reclamado una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, es inconcuso que es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto el quejoso reclama la resolución de ********************, dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en la que decretó la caducidad del juicio laboral ********************; por lo que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la resolución que decide la caducidad de la instancia, por tratarse de una resolución que pone fin al juicio, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, dado que dicha resolución no admite recurso alguno. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, del Decimosexto Circuito, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala, por así haberlo solicitado. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II,0 del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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