Julio César Martínez Olvera

Expediente 914/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
914/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Julio César Martínez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre del presente año por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento original que adjuntó al escrito inicial de demanda; apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I, DEL INCISO C, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre del presente año por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento original que adjuntó al escrito inicial de demanda; apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *************, quien acude en su calidad de hijo a defender los bienes de su progenitor*************, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 914/2018-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, es menester destacar que en el presente asunto ***********, acude en su calidad de hijo a defender los bienes de su progenitor *********** a esta instancia constitucional reclamando: La puesta de sellos de aseguramiento en la propiedad de su finado padre, ordenada dentro de la carpeta de investigación **********, por parte del Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de esta localidad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de los antecedentes referidos por el propio quejoso en su escrito de demanda, a los que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende lo siguiente: a) Que el veintiséis de septiembre del presente año, falleció su padre quien en vida respondiera al nombre de Antonio Martínez González. b) Que con fecha dieciocho de octubre del año en curso, compareció ante el Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos de esta localidad, en virtud de que en la propiedad de su finado padre Antonio Martínez González, se colocaron unos sellos en las puertas de acceso y que por tal motivo se había abierto la carpeta de investigación 101427/2018. c) Que el quejoso comparece al presente juicio en aras de proteger los bienes de su padre, sin que hasta el momento se haya aperturado el respectivo juicio sucesorio intestamnetario. De lo que se sigue que el hoy quejoso, al acudir a esta instancia promoviendo el presente juicio, por su propio derecho, no se encuentra legitimado para proteger los bienes de su progenitor en esta vía constitucional. Lo anterior es así, en atención de que la puesta de sellos de aseguramiento en la propiedad de su finado padre, por parte del Agente del Ministerio Público Especializado en robo de vehículos de esta localidad, por sí mismo no le irroga perjuicio alguno al promovente del amparo, sino únicamente a la sucesión del finado que en su caso se llegue a promover. Se precisa lo anterior, en virtud de que la figura de "Albacea", es concebida como una institución jurídica equiparada al mandato; esto es, se considera como una relación jurídica de representación, que básicamente se encarga de realizar todos los actos tendientes a procurar los intereses generales de la sucesión. Lo que se corrobora con lo establecido en el Código Civil Adjetivo del Estado de Guanajuato, en su artículo 580 que dice: "el representante legal en las sucesiones es el albacea, en todo lo que se refiere a los intereses generales. En cuanto a los particulares de cada heredero o legatario, son éstos parte para ejercitar sus respectivos derechos." Asimismo, el artículo 2944 del Código Civil del Estado de Guanajuato, textualmente establece: "Artículo 2944. Son obligaciones del albacea general: "..VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; .." Como se vislumbra, estas disposiciones atienden, precisamente a la naturaleza especial de los juicios sucesorios, en la que, como se ya dijo, el legislador dotó de facultades a los albaceas a fin de que representen los intereses generales de la sucesión, pero, en lo concerniente a los intereses particulares de cada heredero, ellos mismos están legitimados para ejercer sus derechos. Lo que se traduce en que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, en defensa de los intereses generales de la sucesión, es atribución propia y exclusiva del albacea. De tal suerte que cuando algún asunto verse sobre actos que afecten los intereses generales de la sucesión, el albacea es el único que podrá ejercer la representación legal a fin de evitar un perjuicio al haber hereditario; verbigracia: cuando se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento judicial de desahucio, donde fue demandada la sucesión a bienes del cujus, quien en vida tuvo la calidad de arrendatario; o bien, como acontece en el caso. Bajo este contexto se puede colegir que cuando un particular acuda al juicio de amparo únicamente en su carácter de heredero, esto es, por su propio derecho, a litigar algún acto en el que afecten a los intereses generales de la sucesión, no está legitimado para solicitar la protección de sus derechos constitucionales, ya que dicho acto no le genera alguna afectación en sus intereses, pues, la actuación reclamada exclusivamente genera afectación a los intereses generales de la sucesión, y por ende, exclusivamente el albacea será el legitimado para interponer el juicio de garantías. Tiene puntual aplicación, la tesis aislada sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de 1991, página 215, cuyo rubro y texto se leen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL QUEJOSO NO COMPARECE COMO LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Si el quejoso compareció ante el juez Federal en lo personal y no en representación de la sucesión a bienes del de cujus, reclamando cuestiones que afectan directa y exclusivamente a ésta, es evidente que no tiene interés jurídico para ello, pues en todo caso las violaciones que implique el acto que se combatió en el juicio de amparo sólo podían reclamarse por quien se ostente ser el legítimo representante de la sucesión y no por quien comparezca a juicio sólo en forma personal. Por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías establecida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual forma, ilustra lo anterior la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, página 566, cuyo rubro y texto refieren: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto." Bajo este contexto se arriba al convencimiento de que el quejoso no está legitimado para solicitar la protección de sus derechos constitucionales, ya que dicho acto no le genera alguna afectación en sus intereses, pues, este acto exclusivamente genera afectación a los intereses generales de la sucesión que en su caso se llegue a promover, lo que hace de suyo que, en ese caso, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 6 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia aludida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por *************, quien acude en su calidad de hijo a defender los bienes de su progenitor*************, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 914/2018-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, es menester destacar que en el presente asunto ***********, acude en su calidad de hijo a defender los bienes de su progenitor *********** a esta instancia constitucional reclamando: La puesta de sellos de aseguramiento en la propiedad de su finado padre, ordenada dentro de la carpeta de investigación **********, por parte del Agente del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos de esta localidad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de los antecedentes referidos por el propio quejoso en su escrito de demanda, a los que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende lo siguiente: a) Que el veintiséis de septiembre del presente año, falleció su padre quien en vida respondiera al nombre de Antonio Martínez González. b) Que con fecha dieciocho de octubre del año en curso, compareció ante el Agente del Ministerio Público especializado en robo de vehículos de esta localidad, en virtud de que en la propiedad de su finado padre Antonio Martínez González, se colocaron unos sellos en las puertas de acceso y que por tal motivo se había abierto la carpeta de investigación 101427/2018. c) Que el quejoso comparece al presente juicio en aras de proteger los bienes de su padre, sin que hasta el momento se haya aperturado el respectivo juicio sucesorio intestamnetario. De lo que se sigue que el hoy quejoso, al acudir a esta instancia promoviendo el presente juicio, por su propio derecho, no se encuentra legitimado para proteger los bienes de su progenitor en esta vía constitucional. Lo anterior es así, en atención de que la puesta de sellos de aseguramiento en la propiedad de su finado padre, por parte del Agente del Ministerio Público Especializado en robo de vehículos de esta localidad, por sí mismo no le irroga perjuicio alguno al promovente del amparo, sino únicamente a la sucesión del finado que en su caso se llegue a promover. Se precisa lo anterior, en virtud de que la figura de "Albacea", es concebida como una institución jurídica equiparada al mandato; esto es, se considera como una relación jurídica de representación, que básicamente se encarga de realizar todos los actos tendientes a procurar los intereses generales de la sucesión. Lo que se corrobora con lo establecido en el Código Civil Adjetivo del Estado de Guanajuato, en su artículo 580 que dice: "el representante legal en las sucesiones es el albacea, en todo lo que se refiere a los intereses generales. En cuanto a los particulares de cada heredero o legatario, son éstos parte para ejercitar sus respectivos derechos." Asimismo, el artículo 2944 del Código Civil del Estado de Guanajuato, textualmente establece: "Artículo 2944. Son obligaciones del albacea general: "..VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; .." Como se vislumbra, estas disposiciones atienden, precisamente a la naturaleza especial de los juicios sucesorios, en la que, como se ya dijo, el legislador dotó de facultades a los albaceas a fin de que representen los intereses generales de la sucesión, pero, en lo concerniente a los intereses particulares de cada heredero, ellos mismos están legitimados para ejercer sus derechos. Lo que se traduce en que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, en defensa de los intereses generales de la sucesión, es atribución propia y exclusiva del albacea. De tal suerte que cuando algún asunto verse sobre actos que afecten los intereses generales de la sucesión, el albacea es el único que podrá ejercer la representación legal a fin de evitar un perjuicio al haber hereditario; verbigracia: cuando se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento judicial de desahucio, donde fue demandada la sucesión a bienes del cujus, quien en vida tuvo la calidad de arrendatario; o bien, como acontece en el caso. Bajo este contexto se puede colegir que cuando un particular acuda al juicio de amparo únicamente en su carácter de heredero, esto es, por su propio derecho, a litigar algún acto en el que afecten a los intereses generales de la sucesión, no está legitimado para solicitar la protección de sus derechos constitucionales, ya que dicho acto no le genera alguna afectación en sus intereses, pues, la actuación reclamada exclusivamente genera afectación a los intereses generales de la sucesión, y por ende, exclusivamente el albacea será el legitimado para interponer el juicio de garantías. Tiene puntual aplicación, la tesis aislada sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de 1991, página 215, cuyo rubro y texto se leen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL QUEJOSO NO COMPARECE COMO LEGÍTIMO REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Si el quejoso compareció ante el juez Federal en lo personal y no en representación de la sucesión a bienes del de cujus, reclamando cuestiones que afectan directa y exclusivamente a ésta, es evidente que no tiene interés jurídico para ello, pues en todo caso las violaciones que implique el acto que se combatió en el juicio de amparo sólo podían reclamarse por quien se ostente ser el legítimo representante de la sucesión y no por quien comparezca a juicio sólo en forma personal. Por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías establecida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual forma, ilustra lo anterior la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, página 566, cuyo rubro y texto refieren: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto." Bajo este contexto se arriba al convencimiento de que el quejoso no está legitimado para solicitar la protección de sus derechos constitucionales, ya que dicho acto no le genera alguna afectación en sus intereses, pues, este acto exclusivamente genera afectación a los intereses generales de la sucesión que en su caso se llegue a promover, lo que hace de suyo que, en ese caso, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 6 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia aludida, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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