Julio César Meza Ramírez

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Julio César Meza Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *******************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de los acuses de notificación a las autoridades responsables, del sobreseimiento decretado en el presente asunto, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicha determinación. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 21, incisos a) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo y acuerdo precitados, toda vez que se concedió la suspensión, por lo se deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como, el acuerdo de su archivo; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, en particular la demanda y el disco compacto que allegó el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base de Salvatierra, en alcance a su informe justificado, que contiene las audiencias y constancias relativas a la causa penal ********** de su estadística, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia pública el seis de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ***********, por la Jueza de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base de Salvatierra, en contra del quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violación espuria, previsto y sancionado por el artículo 181, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del infante de iniciales A.A.R.M. Por tanto, una vez llevado acabo el estudio de las constancias de referencia, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Lo anterior es así, dado que del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. Pues bien, con el objeto de justificar por qué se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que del disco compacto que allegó el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base de Salvatierra, que contiene las audiencias y constancias relativas a la causa penal ********* de su estadística, el cual adquiere valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se desprende que: El dos de diciembre de dos mil veintiuno, a través del formato de videoconferencia, la Jueza de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base de Salvatierra, dio inicio a la audiencia inicial de la causa penal **************, misma que se aperturó con la presencia de la Fiscalía, de la asesora jurídica y del propio imputado -ahora quejoso-. Al haber señalado el quejoso su derecho a la prórroga de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, se fijó para la reanudación de la audiencia las once horas con treinta minutos del seis de diciembre de la anualidad pasada, para su continuación. El seis de diciembre del año pasado, la jueza responsable reanudó la audiencia inicial de imputación en la causa penal ************, contando con la presencia de la Fiscal, la asesora jurídica, el quejoso -imputado- y su defensora pública, así como la representante del infante A.A.R.M. -victima-; por lo que, una vez escuchadas las partes decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violación espuria, previsto y sancionado por el artículo 181, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del infante de iniciales A.A.R.M., señalando además que las partes quedaban notificadas de lo ahí resuelto. De lo anterior se advierte que existe en autos datos objetivos y fehacientes de que el quejoso tuvo conocimiento directo, exacto y completo del auto de vinculación a proceso reclamado el propio seis de diciembre de dos mil veintiuno -en que fue dictado-. Por ello, se tiene la certeza que desde el seis de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo conocimiento del auto de vinculación que ahora impugna en esta instancia constitucional. De ahí que se afirme que dicho conocimiento fue directo, exacto y completo, y no con base en deducciones o presunciones. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, para impugnar el auto de vinculación a proceso de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal ******** de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con Sede y Base de Salvatierra, Guanajuato, transcurrió del ocho al veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que le surtido efectos, conforme a la ley la notificación del acto, a saber, ocho de diciembre de dos mil veintiuno, esto de conformidad con el artículo 82, fracción I, inciso a), último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece: Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." II. Fueron inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de diciembre de la anualidad pasada, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama el quejoso no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, pues no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral; y el recurrente promovió la demanda hasta el dieciocho de enero de dos mil veintidós; es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), consultable en página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2009174, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra, en alcance a su informe justificado; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base de Salvatierra, mediante el cual en alcance a su informe justificado, allega un disco compacto que contiene las audiencias y constancias relativas a la causa penal *****************; por tanto, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertándolo como prueba de su intención, por lo que en términos de la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se admite y se tiene por desahogado, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, mismo que se deja a disposición de las partes para que se impongan de su contenido.

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