Julio Cesar Lopez

Expediente 1704/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1704/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar Lopez
  • JULIO CESAR LOPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1704/2023, promovido por ********************, contra actos de la Delegada del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Delegada del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en la omisión de continuar el trámite administrativo para la expedición y entrega del título de propiedad y cédula catastral de una parcela. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, la demanda se envió a este Juzgado Sexto de Distrito. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1704/2023; y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes con justificación. En auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación a la demanda, en la que se señaló como nueva autoridad responsable al Registrador Integral, adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, y se tuvo como acto reclamado la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, y se requirió el informe con justificación. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. (...) TERCERO. Certeza del acto reclamado En su informe con justificación, la Encargada del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida, y el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de continuar el trámite administrativo; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues en autos del expediente de marras se acreditó su existencia. Lo anterior, ya que las responsables destacaron que la resolución a la solicitud de las personas quejosas se emitió el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, esto es antes del veinticuatro de julio del año en curso, en que se ejerció la acción de amparo, emparo, dicha resolución se notificó durante el trámite del juicio constitucional, por lo que el suscrito considera que la omisión de las responsables subsistía al momento de la presentación de la demanda de amparo, ya que no había concluido el procedimiento administrativo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Además, la existencia de la calificación registral negativa se corrobora con la fotocopia certificada del expediente administrativo natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. (...) SEXTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. Ahora, en el caso, respecto de la omisión de continuar el trámite administrativo de la solicitud número ********************, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que se solicitó la expedición y entrega del título de propiedad correspondiente a la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, Yucatán, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa reclamó de las autoridades agrarias la omisión resolver dicha solicitud, no obstante de las constancias del juicio de amparo, se desprende que el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, emitió la calificación registral negativa; determinación que se notificó hasta el veintiuno de septiembre del año en curso, con lo cual se concluyó el procedimiento administrativo. En ese sentido, han cesado los efectos de la omisión reclamada, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, respecto de este acto reclamado no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Principio de definitividad respecto de la negativa. En otro orden de ideas, el Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, hace valer la causa de improcedencia consistente en que la parte quejosa no observó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicho planteamiento es infundado. Se afirma lo anterior, en virtud que la negativa reclamada se señaló como acto reclamado en la ampliación de demanda de amparo, dado que a la parte quejosa se le notificó esa respuesta durante la tramitación de este juicio de amparo, de ahí que no era necesario observar el principio de definitividad. Ciertamente, es verdad que la resolución reclamada se emitió el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, antes de la presentación de la demanda de amparo el veinticuatro de junio del año en curso; sin embargo, su contenido se notificó a las personas quejosas hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, con motivo del trámite del juicio constitucional; de ahí que no se actualice dicha causa de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo en lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 206/2022, en sesión de veintitrés de enero pasado, en donde en un caso análogo, determinó que en efecto, en casos como éste, es innecesario observar el principio de definitividad, en los términos siguientes: "En ese contexto, es que tampoco asiste razón al recurrente cuando refiere que indebidamente la Juez de Distrito le dio oportunidad al quejoso de ampliar su demanda, pues estaba obligada a actuar de esa manera, en virtud de que la ampliación es una prerrogativa de los quejosos de conformidad con el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que la demanda inicial podrá ampliarse cuando el quejoso tenga conocimiento de nuevos actos de autoridad estrechamente relacionados con los inicialmente reclamados, lo cual se actualiza cuando la autoridad rinde su informe justificado como en el caso aconteció. De ahí que contrario a lo que señala la recurrente sea correcto que en la sentencia impugnada se desestimara la causal hecha valer con apoyo en el criterio de referencia, que además resulta obligatorio tanto para la Juez de Distrito como para este órgano colegiado, en términos del artículo 217 , párrafo primero, de la Ley de Amparo". En ese contexto, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la calificación registral negativa en la solicitud ********************, de la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, emitida el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado En este considerando se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, cuya transcripción es innecesaria, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición así lo establezca para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, basta con su estudio y respuesta vinculada a los planteamientos propuestos por la parte quejosa. En la ampliación a la demanda de amparo, la parte quejosa refiere que la resolución del Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, vulnera el derecho humano de legalidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Expone que el dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la Asamblea del Ejido de ********************, les otorgó la autorización de asumir pleno dominio de la parcela ********************; por lo tanto, dice, resulta contrario a derecho que la responsable haya rechazado su solicitud con base oficio ********************, de veintidós de enero de dos mil trece, emitidos por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En atención la causa de pedir es fundado el concepto de violación, toda vez que para la expedición del título de propiedad de origen parcelario, es innecesario que se lleve a cabo o se tome en cuenta un dictamen u opinión con objeto de verificar si en la parcela existen bosques o selvas. En efecto, en la circular 3/2017, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estableció que ese dictamen es necesario cuando el trámite a realizarse tenga por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas; lo que excluye la necesidad de contar con ese dictamen cuando se solicite la expedición del título de propiedad de origen parcelario. La citada normativa es del tenor siguiente: "CIRCULAR NÚMERO 03/2017, RELATIVA A LOS TRÁMITES QUE REQUIEREN DICTAMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCÍÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y SUELOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). F*****, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4° y 27 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 12, 16, 23, fracciones VIII y X; 56, 59, 148 y 154 de la Ley Agraria; y 8, 11, 13, 14, fracción VII, 22, fracción III, inciso c) y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y considerando que: a) Prohibición para asignar parcelas en bosques o selvas tropicales y para destinar a áreas parceladas, tierras en las que se ubiquen bosques o selvas tropicales. EI artículo 59 de la Ley Agraria (LA) establece que será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. Esta asignación de parcelas o, en otros términos, esta asignación de derechos parcelarios sobre una parcela es, conforme al primer párrafo del artículo 56 de esa ley, una facultad de la asamblea de ejidatarios, resultado de una acción de parcelamiento, de un reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho o, finalmente, de la regularización de la tenencia de los posesionarios. Las tres acciones anteriores se efectúan sobre áreas previamente destinadas por la asamblea a áreas parceladas, quien las destina, precisamente, para asignar los derechos a los sujetos agrarios que tienen un parcelamiento económico o, de hecho, a los que tienen una posesión, o a los que no teniendo parcelamiento económico o de hecho o posesión alguna, determine asignarle tales derechos y otorgarle la calidad de ejidatario o de posesionario. En cualquier caso, destinar tierras del ejido a área parcelada solo puede tener como propósito asignar derechos parcelarios a los sujetos agrarios, razón por la cual y conforme a una interpretación sistemática de la ley, la prohibición para asignar parcelas en bosques o selvas tropicales conlleva también la prohibición para destinar tierras, en las que se ubiquen bosques o selvas tropicales, a áreas parceladas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano a un ambiente sano, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 1 º de dicha Constitución Federal en el sentido de que todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de su competencia, a respetar, promover y garantizar los derechos humanos, así como en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la que prohíbe la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, es necesario que el Registro Agrario Nacional consulte a la autoridad competente para ello, la existencia de bosques o selvas en los trámites registrales que tengan por objeto la constitución del área parcelada de los ejidos. AI respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la autoridad competente para determinar la existencia de bosques o selvas en tierras ejidales, de acuerdo con el artículo 32 bis, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que a dicha dependencia le corresponde fomentar la protección, restauración, conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano. Particularmente, con base en lo dispuesto por los artículos 2, fracción XXIV, 19 fracciones III y XX, así como 32, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) corresponde a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias o instancias gubernamentales, así como dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por la superioridad, en materia forestal de suelos. En el ámbito del Registro Agrario Nacional, de conformidad con el artículo 17, fracción II inciso a) de su Reglamento Interior, corresponde a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica la atribución de emitir un dictamen técnico en los trámites de cambio de destino de tierras ejidales y comunales, como otro de los elementos que el registrador debe considerar para calificar el cambio de destino. Por otra parte, y en atención a las características particulares de las denominadas áreas de infraestructura (que son áreas de uso común) no se requerirá para su cambio de destino, opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. b) Redestino de tierras de uso común La asamblea de ejidatarios tiene la atribución para asignar derechos parcelarios sobre las tierras del ejido destinadas a parcelas. AI respecto se efectúan las siguientes consideraciones. Un primer aspecto a tener en cuenta es que la voluntad de la asamblea general de ejidatarios no está por encima de la ley y de los fallos de los tribunales, porque sus decisiones no son absolutas, ya que están sujetas a la legislación aplicable y a la Constitución General de la República, así como a la resolución de las controversias jurisdiccionales que se dirimen ante los Tribunales Agrarios y ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, como órganos terminales de legalidad y constitucionalidad en nuestro sistema jurídico. Conforme al artículo 56 de la LA (sic), la asamblea de ejidatarios podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas. Determinado el destino, la asamblea tiene la facultad para asignar derechos sobre dichas tierras, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 57 y 58 de la LA (sic) y una vez asignadas, solo a los ejidatarios les corresponderán los beneficios sobre el uso y usufructo de las mismas (art. 62 de la LA) y, en su caso, enajenar sus derechos parcelarios (art. 80 de la LA) y, una vez obtenida la autorización para adoptar el dominio pleno, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas (art. 82 de la LA). Por otra parte, ni en el artículo 23 (relativo a la competencia de la asamblea) ni en ningún otro de la LA (sic), se faculta a la asamblea para cambiar el destino de las tierras formalmente parceladas, lo que sí acontece con las tierras de uso común, según lo dispuesto en el artículo 23, fracción X. Con base en lo anterior, la asamblea de ejidatarios solo está facultada para cambiar el destino de las tierras de uso común a tierras parceladas o a área de asentamientos humanos, por lo que no deberá admitirse ningún trámite por el que se solicite cambiar el destino de tierras parceladas. De acuerdo con las anteriores consideraciones y fundamentos, en los trámites de cambio de destino de tierras de uso común se deberá observar lo siguiente: Primero. Los trámites que tengan por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, requerirán para su calificación registral el dictamen u opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.. Segundo. EI dictamen técnico catastral que emita el Registro Agrario Nacional, por conducto de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica deberá considerar la opinión o dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, y será negativo en los casos y para las superficies o parcelas que, conforme a dicha opinión o dictamen, determine la existencia de bosques o selvas". En la circular en comento se estableció que el Registrador debe tomar como un elemento para calificar el cambio de destino de tierras ejidales y comunales el dictamen técnico que emita la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, la que, a su vez, en ese dictamen, debe considerar la opinión o dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y se concluyó que los trámites que requieren de ese dictamen son los que tengan por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, que será negativo para las superficies o parcelas que conforme a esa opinión o dictamen se determine la existencia de bosques o selvas. En ese sentido, fue desacertado que la autoridad responsable apoyara su determinación en el oficio ********************, de veintidós de enero de dos mil trece, emitido por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues conforme a la circular 03/2017 del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, esa opinión solamente se requiere cuando se vaya a calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, siendo que en el caso, la solicitud de inscripción versó sobre un contrato de enajenación de derechos parcelarios. De ahí que, se insiste, resulta incorrecto que la autoridad responsable hubiera dictado la calificación registral negativa reclamada en virtud de la existencia de un dictamen de gabinete que no constituye requisito para la calificación e inscripción de ese documento. Es así, toda vez que se insiste, ese dictamen solamente se requiere cuando se va a calificar e inscribir el acta de asamblea de cambio de destino de tierras de uso común a parceladas, conforme lo dispone la circular 3/2017 y que en el caso, se insiste no aconteció. Asimismo, de conformidad con los artículos 51, 52, 53 y 54 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se obtiene que el procedimiento registral se inicia con la solicitud ante las Delegaciones o en los Centros de atención correspondientes; debiendo los registradores bajo su responsabilidad examinar los documentos para determinar si reúnen los requisitos de fondo y forma que exige la norma que los rija; las calificaciones serán positivas o negativas y se producirán en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Las resoluciones de calificación deberán constar por escrito debidamente fundado y motivado, debiendo contener la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición y la respuesta debe ser integral; siendo que el boletín registral se difundirá en la página Web del Registro y en él se incluirán las calificaciones positivas, las denegaciones, prevenciones, rectificaciones de asientos, y los asuntos concluidos para el conocimiento de los solicitantes del servicio. Y de los diversos numerales 13, 14, fracción IV, 22 fracción IX, 81 y 84 del propio Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se aprecia que la Delegación del Registro Agrario Nacional tiene, entre otras, la atribución de llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda. Por tanto, contrario a lo resuelto por la responsable en la resolución reclamada, para la expedición del título de propiedad de origen parcelario, es innecesario que se efectúe o se tome en cuenta el dictamen de gabinete en el que se indicó que la parcela pudiera estar en zona de selva, toda vez que como ya se vio, en la circular 3/2017, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se estableció que ese dictamen es necesario cuando el trámite a realizarse tenga por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas. En esas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje sin efecto la calificación registral negativa en la solicitud ********************, de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que se solicitó la expedición y entrega del título de propiedad correspondiente a la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, emitida el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Siguiendo los lineamientos expuestos en esta resolución, emita otra en la que prescinda de considerar el oficio ********************, de veintidós de enero de dos mil trece, emitidos por la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la calificación y expedición de título de propiedad de origen parcelario es innecesario tomarlo en cuenta. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda y hágase del conocimiento a la parte quejosa, lo determinado por la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra actos que reclama del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en la omisión de continuar el trámite administrativo para la expedición y entrega del título de propiedad de una parcela, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a ********************, contra actos que reclama del Registrador Integral Adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, consistentes en la calificación registral negativa en la solicitud ******************** de la parcela ********************, del Ejido de ********************, del municipio de ********************, emitida el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado con motivo de la ampliación de la demanda rendido vía telegráfica por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos, así como en representación del Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud de que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con quince minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Asimismo, se advierte que no obra el acuse del oficio 29919/2023 dirigido al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, de nueve de octubre de dos mil veintitrés por medio del cual se le requirió su informe justificado. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO LEGAL. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIA. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan NOTIFÍQUESE.

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