Julio Cesar Lopez
Expediente 1970/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1970/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1970/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************contra actos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El doce de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************contra actos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En providencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó su alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad judicial, con consecuencias de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS a) DELEGADA DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. b) DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL c) DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite ******************** presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, correspondiente a la parcela colectiva ********************, del ejido de tetiz, municipio de Tetiz, Estado de Yucatán, así como de expedir y entregar el título parcelario correspondiente. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos al Dirección General de Registro y Control Documental, y Director en Jefe, del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, pues negaron la existencia de los actos reclamados, de sus manifestaciones se advierte su existencia, por tanto se tiene por ciertos. Certeza que se debe hacer extensiva a la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, pues no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión reclamada, lo cierto es que indica que mediante oficio ********************de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se remitió al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, la solicitud de la parte quejosa, con el fin de que prosiguiera con el trámite respectivo. Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se aprecia que su participación en la conformación del acto reclamado aún no concluye. Manifestaciones que evidencian la certeza de la omisión que se les reclama, lo cual desvirtúa la negativa expresada. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovido en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Procedencia de la acción intentada La demanda de amparo es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al ordinal 107, fracción II, de la Ley de Amparo, virtud a que la parte quejosa reclama omisiones de autoridades distintas de las judiciales dentro de un procedimiento administrativo, cuya ejecución es de difícil reparación. SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues además de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa relativo al principio de impartición de justicia pronta y expedita que refiere el artículo 17 constitucional, el cual resulta suficiente para conocer el amparo y protección de la Justicia Federal. En principio conviene precisar que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, el derecho humano que resulta vulnerado con las conductas omisivas de las autoridades responsables, es el reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, relativo al acceso a la justicia, ya que la solicitud formulada por la parte quejosa forma parte de un procedimiento no contencioso seguido ante la autoridad administrativa. Ahora, a fin de demostrar la ilegalidad de la conducta de la autoridad, conviene tener presente el artículo 17 Constitucional que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el asunto que se analiza, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión del conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 42/2007 que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Expuesto lo anterior, respecto a la calificación registral para la inscripción, en el caso, de derechos parcelarios, y por consiguiente, la expedición del certificado correspondiente, cuya omisión reclama el peticionario de amparo, su tramitación, una vez emitida la calificación registral positiva, se encuentra prevista en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, concretamente en los artículos 45 y 81. De dichos numerales se desprende que el procedimiento registral del acuerdo de asamblea de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales, inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones, quien a su vez la remitirá a la Dirección General de Registro y Control Documental, quien realizará la calificación registral, con el fin de que el Director en Jefe autorice la apertura de clave en el sistema informático. Y que, hecho lo anterior, se remitirá el expediente correspondiente a la Delegación para su inscripción y expedición de los títulos respectivos. En este orden de ideas, como se dijo, devienen esencialmente fundados los conceptos de violación, pues si bien en se informó que con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se emitió la calificación registral positiva y mediante oficio DGRCD/DP-2905/2023 se solicitó al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, la apertura de clave en el sistema informático para realizar la inscripción de la calificación registral, sin que haya exhibido probanza alguna relativa al cumplimiento a ese oficio. Lo anterior, ocasionó, en consecuencia, que la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, no le sea posible realizar la inscripción de los trámites de dominio pleno, quien finalmente turna a la Delegación del Registro Agrario Nacional de Estado de Yucatán, para realizar la impresión del título correspondiente y ordenar su inscripción. En esas condiciones, es incuestionable que se ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues se incumplió con la función registral que les está encomendada. No pasa inadvertido para este juzgado que no transcurrió de manera completa el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo respecto del informe justificado agregado en esta fecha; sin embargo, se acreditó la vulneración al ordinal constitucional en mención. Por ende, a ningún fin práctico conllevaría esperar la vista a que alude el indicado numeral con ese informe si, al final, el resultado sería el mismo. En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para los efectos siguientes: a) El Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, de inmediato deberá continuar con el procedimiento de inscripción respecto a la solicitud solicitud de trámite ******************** presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, correspondiente a la parcela colectiva ********************, del ejido de tetiz, municipio de Tetiz, Estado de Yucatán, esto es, autorizar la apertura de claves en el sistema informático. b) Hecho lo anterior, la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, deberá realizar la inscripción de los trámites de dominio pleno, y túrnalo a la Delegación correspondiente. c) Hecho lo anterior, la Delegación del Registro Agrario Nacional de Estado de Yucatán, deberá realizar la impresión del título correspondiente y ordenar su inscripción, siempre y cuando no exista impedimento legal para ello. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************contra actos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por los motivos indicados en el considerando séptimo de este fallo, para los efectos referidos en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos promoviendo por el Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, dado que en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés se acordó lo relativo a dicho informe. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista con dicho informe y anexo a las partes en este juicio y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo informado por la Secretaria en la certificación y la cuenta que antecede en el sentido de que hasta la presente fecha no obran en autos los informes justificados que se solicitó a las autoridades responsables Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, ni los acuses de recibo de los oficios 27720/2023 y 27721/2023, de trece de septiembre de dos mil veintitrés por el cual se les solicitó. Para dar margen a lo anterior y tomando en consideración que las citadas autoridades responsables tienen su residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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