Julia Esther Garcia Benitez Lopez

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Julia Esther Garcia Benitez Lopez
  • Gobernador Constitucional del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. ORDEN DE ARCHIVO. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ el presente juicio, y en su segundo punto resolutivo, CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".29. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Gobernador del Estado, de inmediato, autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio 2312/2022, presentado ante la autoridad responsable el diez de noviembre de dos mil veintidós, en autos del expediente 158/2022 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa ***, y en atención a su contenido, no es el caso realizar pronunciamiento al respecto en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 681/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos del Gobernador del Estado y de la Consejería Jurídica del Estado. (...) SÉPTIMO. Causas de improcedencia y sobreseimiento En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al margen de que las partes no las hicieron valer, este órgano federal no advierte alguna que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis ahí descritas. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado Es fundado el motivo de disenso aducido por la parte quejosa respecto a que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho ordinal constitucional, señala en lo conducente: [.] El precepto constitucional antes transcrito, garantiza en favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, porque la indicada garantía constitucional se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Lo anterior, conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de derecho fundamental es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª.LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: [.] Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que por oficio 2312/2022 de tres de noviembre de dos mil veintidós, girado en autos del expediente 158/2022 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se solicitó al Gobernador del Estado, el auxilio de la fuerza pública a fin de desalojar a ***, del terreno identificado con la letra A, ubicado dentro del Tablaje ***, en esta ciudad; sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio solicitado. Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue presentado ante la responsable (diez de noviembre de dos mil veintidós) hasta la emisión de la presente resolución, es evidente que el proceder de la responsable se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Ello, ya que la omisión del Gobernador del Estado de tomar las medidas necesarias, así como proporcionar la fuerza pública no está sustentada en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial. Lo anterior implica la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional que prevé como garantía de todo individuo, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de datos de localización, rubro y texto: [.] En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. NOVENO. Efectos del fallo protector En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Gobernador del Estado, de inmediato, autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio 2312/2022, presentado ante la autoridad responsable el diez de noviembre de dos mil veintidós, en autos del expediente 158/2022 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra la omisión de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por el motivo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra la omisión del Gobernador del Estado, por la razón señalada en el considerando octavo de esta sentencia, para el efecto indicado en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.

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