Julio Cesar Lopez
Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Lopez
- Genaro Castillo Bolio
- JULIO CESAR LOPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 1149/2023-V-A, promovido por ********************y********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado, comparecieron ********************y********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de la Dirección General de Registro y Control Documental y la Dirección en Jefe ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables. Así mismo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado, se hizo consistir en: - La omisión de dar respuesta a la petición realizada por los quejosos, mediante escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán el trece de abril de dos mil veintitrés, creándose la solicitud número ********************de la misma fecha, en la cual se requirió la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva ********************, Yucatán, así como la expedición y puesta a disposición de los títulos de origen parcelario correspondientes. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad [registro 12935], pues así lo señaló al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado. Lo que se corrobora además, con las constancias que obran en autos, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Máxime que, con base a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la facultad de la indicada responsable de expedir, ordenar, inscribir y poner a disposición de la parte quejosa el certificado parcelario respectivo, de conformidad con el artículo 84 del indicado reglamento, surge una vez emitida la calificación registral positiva, lo que en el caso no ocurrió, pues como en adelante se expondrá, de las constancias allegadas por las diversas responsables, la calificación registral emitida fue en sentido negativo, de ahí que no exista acto alguno atribuible a la indicada responsable. Así, ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad, consistente en la expedición y puesta a disposición de los títulos de origen parcelario correspondientes, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que indica: "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama del Director en Jefe [registro 14247] y Director General de Registro y Control Documental [registro 15837], ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no obstante que lo hubiesen negado al momento de rendir sus respectivos informes justificados, toda vez que del contenido de ellos se advierte que realizan manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de las responsables de acordar el escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés, por el que solicitaron la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva ********************, Yucatán. Al respecto, de las constancias que anexaron las autoridades responsables a su informe justificado, se advierte que con base a la solicitud número ******************** el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se emitió la calificación registral solicitada por los quejosos, en sentido negativo. Determinación que se notificó a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Circunstancia que surgió durante la substanciación del presente juicio de amparo, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la cual fue promovida el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta de turno relativa. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador realizar pronunciamiento alguno en torno al concepto de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, en contra del acto reclamado al Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, en contra del acto reclamado al Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito signado por los quejosos Julio César López, Genaro Castillo Bolio, Daniel Iván Campos Agüero y José González Pérez, presentado en desahogo a la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, con el que pretenden ampliar su demanda constitucional. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones que realizan, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 111, 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se les haga del presente proveído, cumplan con lo siguiente: Indíqueseles que deberán ajustar su escrito de ampliación de demanda a los requisitos que señalan los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, toda vez que el escrito de mérito carece de las exigencias contempladas en los citados preceptos. Esto es, deberán estructurar correctamente su ampliación de demanda conforme a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley Amparo, como son: a) El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; b) La autoridad o autoridades responsables; c) La norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame; d) Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; e) Los preceptos que, conforme al artículo 1º de la propia legislación, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; y f) Los conceptos de violación. Éstos además de los previstos en el ordinal 114 de la ley de la materia. Lo anterior, con el fin de que las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación, se encuentren en aptitud de justificar su actuar, circunscribiéndose al acto tildado de inconstitucional. Apercibida la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos señalados con anterioridad, dentro del referido plazo, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la ampliación de que se trata y las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta serán tomadas como alegatos de su parte al momento de resolver el presente juicio. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia VI.1o.A. J/51, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Página: 1027 y Registro: 163890, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ACLARACIÓN DE LA. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO. Existe pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no obstante que la ampliación de demanda no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, resulta indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto planteado por el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo, con apoyo en el artículo 17 constitucional; criterio plasmado en la jurisprudencia 12/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.". Por otro lado, el artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando la demanda sea irregular o deficiente por alguna de las causas que prevé, es obligación del Juez de Distrito de prevenir al quejoso para que si lo estima pertinente la subsane o la aclare dentro del término de tres días, con el apercibimiento correspondiente. Ahora, si bien dicho precepto legal se refiere a la demanda de amparo, sin embargo, también debe aplicarse a su ampliación, si es que en ésta no se expresó con precisión el acto reclamado, o incluso si hubiera alguna otra irregularidad, y prevenir al quejoso para que subsane tal imprecisión o irregularidad, con el apercibimiento que el propio artículo contempla, pues sólo así, después de dar al promovente la oportunidad de aclararla, el juzgador podría dar una solución adecuada al conflicto planteado por el impetrante". Asimismo, hágase saber a la parte impetrante, que deberá adjuntar cuatro copias de su escrito aclaratorio de ampliación de demanda para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia; las cuales las cuales se distribuirán de la siguiente manera: tres para las autoridades responsables y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Finalmente, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en los que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, en razón de lo anterior, no fue posible celebrar la audiencia constitucional de este asunto, la cual se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para ese día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el informe justificado rendido en representación del Director en Jefe y de la Directora General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y anexo, y relaciónense en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. En consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe de ley, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se agrega el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación, Yucatán, mediante el cual hace del conocimiento la notificación y entrega de la calificación registral negativa relativa a la solicitud 31230005770, realizada al quejoso Julio César López, en fecha veintiuno de septiembre de este año, remitiendo la constancia respectiva. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo anterior y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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